Otras razones para liquidar LFC

La contabilidad que se esgrime como argumento para justificar la extinción, ha estado arreglada, artificialmente, ya que toma un precio de venta de la electricidad, como si LFC fuese un consumidor de tarifa de alta tensión, no como parte del sistema de empresas estatales, esta y CFE, encargadas, por ley, del Servicio Público de Electricidad. El precio promedio de la electricidad en estos meses, en tarifa de alta tensión, ha sido del orden de 1 peso por kWh; la sola reventa a clientes de tarifa de alta tensión, ya implica pérdida; las otras tarifas horarias, HS, HM y hasta la OM, tienen casi el mismo nivel que la tarifa de alta tensión (HTL), así que ahí también se pierde. Por último la Tarifa 1, para uso doméstico, tiene en este mes, un valor de 68 centavos por kWh, LFC la vende con pérdida de 32 centavos por kWh. De hecho, la Tarifa de alta tensión tiene un precio de 1.26 pesos por kWh en el horario de punta, que es el que registra la mayor demanda de usuarios domésticos. LFC sólo tiene margen en las tarifas llamadas comerciales y para servicios públicos. O sea, que la pretensión del gobierno federal, es, o era: generar barato en CFE, vender caro a LFC, que no puede vender con margen, y la diferencia convertirla en numerito del balance para inventar una quiebra.

La obsolescencia de las redes, y en general del equipo de LFC, ha sido responsabilidad del gobierno federal, quien siempre ha fijado, en el presupuesto de egresos de la federación, el presupuesto, o falta de él para la empresa. Otro jueguito perverso: “te quito presupuesto y te acuso del deterioro”. Esta gracia no es de ahora, viene de varios sexenios atrás.
Las pérdidas, que se dice que son del orden de 33%, y que apenas en estas horas, el gobierno federal cuantifica en 25,000 millones de pesos al año, son para empezar, responsabilidad de los funcionarios, más aún, cuando vemos que nunca hubo un plan para reducirlas. Ya el SME había acusado al actual director, de negarse a proponer un plan de reducción de pérdidas desde que asumió su cargo hace tres años. Esos 25,000 millones de pesos, suponiendo que estén bien contabilizados, provienen de energía ya producida, pero no cobrada, así que aún con el truco de la venta a precio de consumidor, a alguien habría que hacerle cargos.
Fuente: Observatorio Ciudadano de la Energía

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