Gremio de la Lotería deja filas de la FSTSE

El sindicato de la Lotería Nacional anunció ayer su salida de las filas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), a la que perteneció durante varias décadas, ya que –según indicó– esta central obrera ya perdió dirección y rumbo y ha iniciado su irreversible desintegración. En conferencia de prensa, Armando Valente Juárez Arroyo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, indicó que los trabajadores tomaron la decisión de abandonar la FSTSE, que encabeza Joel Ayala Almeida. Explicó que una de las razones es que nunca encontraron apoyo de la federación a sus conflictos y demandas, ya que que Ayala Almeida nunca recibió siquiera al comité ejecutivo de este sindicato.

Fuente: La Jornada 1 de abril de 2011

Acepta la OIT denuncia por sindicalismo blanco en México

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió su 359 Informe del Comité de Libertad Sindical, en el que señala que fue admitida la queja que presentaron diversas organizaciones contra el Estado mexicano por permitir la práctica extendida de los contratos colectivos de protección patronal o sindicalismo blanco.

En sesiones realizadas en Ginebra, Suiza, el 3, 4 y 11 de marzo del presente año, y luego de una amplia investigación, el organismo emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la solicitud al gobierno de México para que se inicie un diálogo constructivo con las organizaciones querellantes –entre ellas centrales obreras internacionales y nacionales– y se examine la situación de los sindicatos de protección en el país.

Asimismo, la OIT indicó al gobierno que se revise la representatividad mínima de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente, y la falta de imparcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, además pidió a la representación mexicana que le informe de las reuniones que se lleven a cabo y de los resultados de este diálogo.

La demanda número 2679 contra el Estado mexicano fue presentada por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), apoyada por la Confederación Sindical Internacional y diversas organizaciones sindicales mexicanas, como la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos Petroleros, el Sindicato Minero y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Prácticas gansteriles

Se presentaron diversos casos de sindicalismo de protección en México y sus prácticas gansteriles: la represión, los recuentos amañados y las resoluciones en contra de los trabajadores en las juntas de Conciliación y Arbitraje.

El gobierno federal respondió que no existen en el país contratos de protección porque la ley no lo permite, mientras organizaciones –como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)– que apoyan la postura del gobierno también declararon que las denuncias por la existencia de sindicalismo blanco son exageraciones de la prensa local, que está acostumbrada a mentir y a exagerar en algunas cuestiones.

En contraparte, ante la OIT los demandantes calificaron de cinismo extremo esas declaraciones del gobierno mexicano, y resaltaron el caso de seudolíderes sindicales como Ramón Gámez Martínez, prófugo de la justicia, quien aun así detenta la titularidad de una amplia red de sindicatos.

Gámez obtuvo buena parte de sus contratos colectivos por sus relaciones con el despacho Baker & Mackenzie. Entre los centros de trabajo controlados por el Justo Sierra se incluye la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s y planteles de la Universidad del Valle de México.

En tanto, la OIT señaló que existen múltiples pruebas de la existencia de los contratos colectivos de protección patronal como práctica generalizada, aun cuando el gobierno mexicano en su primera respuesta lo negó.

La Concamin también criticó a los académicos que han hablado sobre el tema y considera que se exhiben una serie de documentos periodísticos y académicos que no tienen ninguna relación con la libertad sindical y que además no pueden tomarse por válidos, pues no representan un hecho cierto indubitable, que por la experiencia que se tiene en México de las publicaciones periodísticas y académicas, en la inmensa mayoría de los casos, modifican, tergiversan o deforman lo expresado por los supuestos declarantes.

Ante ello, el Comité de Libertad Sindical de la OIT invitó al gobierno de México a que tome medidas para iniciar un diálogo constructivo con las organizaciones de trabajadores (incluidas las querellantes) sobre la aplicación de la legislación laboral y sindical, a fin de examinar las cuestiones relacionadas con los contratos de protección, diálogo que debe incluir las cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical de exclusión, y la presunta falta de imparcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras.

Fuente: La Jornada 30 de marzo de 2011

El PRI contra los trabajadores

Todo mundo ha podido saber del modo tortuoso en que transitó la reforma laboral del PRI. Su bancada en la Cámara de Diputados presentó, en diciembre de 2010, un proyecto que, en su momento, fue ampliamente discutido, sobre todo por los profesionales del derecho del trabajo. No era perfecto (nada lo es), pero al menos todavía se compadecía de la esencia del derecho laboral. Se sabe que el mediocre que coordina la fracción, en lugar de discutir la iniciativa con los representantes de los demás partidos, fue sumisamente a someter el proyecto a los abogados de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial.

Los abogados patronales deshicieron la iniciativa y la corrigieron en todo su texto. Rojas, como un beodo, aceptó todas las observaciones patronales e impuso a su bancada el proyecto corregido y aumentado por los representantes patronales. No le importó que su famélico sector obrero protestara por la imposición ni, tampoco, que la opinión pública se le echara encima por su villanía. Se dice que no es más que un gato de Salinas. Sí es cierto, pues Salinas es el verdadero promotor de esta infame reforma laboral que trastoca todos los principios de justicia social que informan al derecho del trabajo. Eso, en realidad, ya no puede extrañar a nadie.

También es ya harto sabido que la iniciativa reaccionaria del PRI es casi una copia de la que presentó en su momento el gorila que despacha en la Secretaría del Trabajo. No hay, luego entonces, misterio alguno en la intención de los priístas de obsequiar las exigencias de los patrones en materia laboral. Se les está haciendo la faena y preparando la mortaja de los trabajadores de México que, de aprobarse esta reforma, quedarán, sin medios términos, en la más completa indefensión. El PRI ha echado marcha atrás del modo más ignominioso y desvergonzado que pueda imaginarse respecto de su propuesta de diciembre pasado.

Tres son los pilares de la propuesta priísta: uno, la legalización para todos los efectos de la terciarización, subcontratación, intermediación o outsourcing, como se le prefiera llamar, que consiste en contratar mano de obra que se vende a un tercero, llamado beneficiario. Eso es una vieja práctica laboral en Estados Unidos, pero en México nunca existió hasta que, por la vía de los hechos, empezó a darse, precisamente, desde la época de Salinas. El nuevo artículo 15 bis que propone el PRI define y legitima legalmente esa forma de obtención de mano de obra. Establece, desde luego, que deberá formalizarse por escrito, estableciendo la manera en que se garantizarán los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores involucrados.

El problema es que, en la práctica, no hay modo de constatar que esos derechos quedarán garantizados, porque la relación se reduce a un vínculo puramente personal del trabajador con su intermediario y no puede constar en un contrato formal de trabajo. Además, existe ya una práctica muy amplia en la que la informalidad de las relaciones de trabajo intermediado domina en todos los aspectos. Es ahí donde podemos ver la importancia que reviste la contratación colectiva, vale decir, el acuerdo que se establece entre un patrón y un representante legal y reconocido de los trabajadores, o sea, el sindicato. En la intermediación el trabajador queda totalmente desamparado, no sólo porque carece de instrumentos eficaces para su defensa, sino porque no puede contratar sobre sus derechos, puestos en la inopia total.

Mediante la intermediación, el trabajador es convertido en una miserable carne de cañón que es vendida no por el trabajador poseedor de su fuerza de trabajo, sino por uno que se sustituye a su voluntad y que es el intermediario. El que contrata es éste y no el trabajador. El que decide del destino de la relación laboral es el intermediario, no el trabajador. Mediante ese modo de contratación, el trabajador es despojado de todos sus derechos y sólo puede reclamarlos ante uno que no puede darle ninguna satisfacción, vale decir, de nuevo, el intermediario. Que el PRI, partido al que todavía pertenece la mayoría de los sindicatos del viejo movimiento obrero presente esa iniciativa, está aceptando que los sindicatos, incluidos los suyos, ya no sirven absolutamente para nada.

El segundo pilar de la iniciativa priísta radica en la anulación de los derechos de defensa de los trabajadores en los conflictos laborales y en la limitación de la representatividad de las organizaciones de los trabajadores. Sin presentar propuestas que fijen la obligatoriedad de acortar el tiempo en que los juicios laborales deben ser resueltos, la iniciativa priísta acorta a un año (la propuesta panista fijaba el término en seis meses) el pago de salarios caídos. Como se ha comentado, sobre todo por parte de abogados laboralistas, el término de duración de un juicio va siempre en torno de los cinco años. Ello significa despojar a los trabajadores de todo medio de resistencia.

La iniciativa priísta va contra la representación sindical efectiva en más de un sentido, pero, en particular, contra los sindicatos gremiales que, como todo mundo sabe, son la inmensa mayoría de los sindicatos, sobre todo del PRI. El artículo 388 establece que un contrato colectivo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores de las empresas o establecimientos no podrá dividirse para cada gremio. Basta que los empresarios decidan con quienes quieren contratar para que su voluntad se haga ley. En Monterrey, el reino de los sindicatos blancos, eso es el verdadero orden del trabajo. Y hoy los priístas nos lo proponen como la regla general de la contratación colectiva del trabajo.

El tercer pilar de la iniciativa priísta de reforma laboral es la preservación del régimen sindical que es propio del PRI y que, en otras épocas, hizo la clave de su sistema de dominación de masas. La propuesta panista, por lo menos, esbozaba unos cuantos lineamientos de democratización de la vida sindical. Desaparecían, por ejemplo, las votaciones abiertas que se prestaban a la manipulación de la voluntad de los trabajadores y se establecían diversos mecanismos de control de la vida sindical que, en apariencia, tendían a democratizar y transparentar la vida sindical. A los priístas, muy naturalmente, les parece que debe preservarse el viejo aparato sindical con todos sus vicios y su modo arbitrario y autoritario de funcionamiento.

Se podrían citar muchos otros detalles de la propuesta priísta de reforma laboral que provocarían náuseas. Cuando se denuncia la derechización del PRI, sobre todo, desde la época de Salinas, nada viene a reforzar esa idea como esta iniciativa que a los mismos priístas pone los pelos de punta. Aunque a ellos no les debe importar mayormente, acciones como la que da lugar a esta iniciativa y, en particular, los entretelones en medio de los que se cocinó, demuestra palmariamente que los priístas son tan reaccionarios y derechistas como los mismos panistas y, muchas veces, como en su línea sindical, peores que ellos. Cuando decimos que el PRI y el PAN son lo mismo, estamos en lo cierto. El único problema es saber, en cada caso, cuál de ellos es el peor.

Fuente: La Jornada 27 de marzo de 2011

Reforma laboral y la OIT

En tan sólo unos días la iniciativa priísta de reforma laboral provocó una condena generalizada del sindicalismo democrático, académicos, organizaciones no gubernamentales, abogados, analistas y sectores diversos de la sociedad civil; también de dirigentes y legisladores del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI), unos reclamando que su texto no coincidía con el presentado en el cónclave celebrado en Acapulco en enero pasado; otros, reconociendo que aprobarla en sus términos era darse un balazo en el pie, porque los trabajadores, cuyo despido facilita la propuesta, nunca se los perdonarán.

Una pregunta que no resulta fácil responder está relacionada con los motivos por los cuales el PRI cambió radicalmente de rumbo en tan sólo tres meses, pasando de aquella iniciativa presentada en diciembre de 2010 a una que destruye los cimientos del derecho laboral, del que presumen haber sido constructores. Tuvieron la oportunidad, y aún la tienen, de regular de manera distinta al menos, los dos aspectos más lesivos: la subcontratación (outsourcing) y las reglas para el despido.

En relación con la subcontratación, al igual que el colesterol, hay una mala y otra buena. La primera tiende a simular relaciones de trabajo ocultando la responsabilidad del verdadero patrón receptor del servicio, busca reducir salarios y ampliar la indefensión, trastoca dos principios elementales del derecho laboral: el que reconoce la calidad de patrón al que recibe un servicio personal subordinado y el principio de igualdad trabajo-salario entre los propios trabajadores. Por otro lado, el bueno es aquel, de carácter excepcional, justificado por aportar al proceso productivo un insumo especializado que no forma parte de las tareas ordinarias de la empresa beneficiaria. Asumirlo tendría un costo que afectaría su viabilidad y competitividad. Por ello, la subcontratación debe ser regulada adecuadamente, acotar los elementos que la justifiquen, registrarla y someterla a inspección y vigilancia para evitar abusos, que dañan no sólo al trabajador, sino también al sistema de seguridad social y al fisco.

Respecto de la justicia laboral, los legisladores tienen la oportunidad de resolver un añejo reclamo en el que coinciden empresarios, trabajadores y sociedad en su conjunto: contar con un sistema de justicia que resuelva con rapidez e imparcialidad los conflictos de trabajo. Si nos atenemos a los plazos de ley los juicios deberían concluir en tres meses y no en cuatro o cinco años, como sucede en la práctica, pero para lograrlo hay que identificar las causas que generan la tardanza y no endilgar a los trabajadores su costo, como propone la iniciativa priísta, al señalar que de estos cinco años sólo se debe pagar al trabajador máximo uno, si se espera, si gana el juicio y si logra cobrar.

Una justicia laboral imparcial y eficiente sería aplaudida por toda la sociedad, así lo ha demostrado la consulta nacional que llevó a cabo en años pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, se deben identificar las causas que la hacen parcial y lenta, reconocer que el carácter tripartito de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) es anacrónico y ficticio; es caro, porque hay que pagar salarios a representantes sectoriales cuya presencia no se justifica; lento e ineficiente, pues buena parte de la tardanza deviene del incumplimiento y conducta burocrática de dichos delegados gremiales; y parcial, porque responde a las consignas del Poder Ejecutivo federal y locales. Un segundo factor se origina en su falta de recursos presupuestales, trabajan con carencias materiales y humanas y al ver crecer su cúmulo de trabajo, simplemente alargan los procesos. Existen JCA que entre un trámite y otro duran seis meses o difieren por más de dos años juicios ya concluidos sólo para dictar resolución.

Un tercer elemento está relacionado con las medidas de prevención para evitar el exceso de juicios, que podrían resolverse de manera más sencilla, por ejemplo, a través de la inspección laboral, como sucede en otros países y que en el nuestro es casi inexistente. En este escenario, la propuesta priísta resulta un crimen, ya que en lugar de acortar el tiempo de juicio, será un incentivo para alargarlo aún más, salvo que el trabajador doble las manos desde un principio.

El mismo miércoles 23 de marzo que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados discutía la iniciativa priísta, se conoció la noticia de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) daba a conocer en Ginebra, Suiza, la resolución sobre la queja presentada contra el modelo laboral mexicano, por considerar que violaba integralmente los convenios y compromisos internacionales relativos a la libertad de asociación sindical, acceso a una justicia imparcial y expedita y, particularmente, porque promovía los contratos de protección patronal, caso 2694. Se trata de un proceso presentado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), organización que agrupa a las centrales más grandes del orbe, por la dinámica Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y organizaciones sindicales mexicanas.

A pesar de las tretas del gobierno mexicano, apoyado en testimonios de las cámaras patronales y de centrales obreras de corte corporativo, la OIT, por conducto del Comité de Libertad Sindical, ha emitido una serie de consideraciones y recomendaciones que deberían darse a conocer en todo el país. Plantea al gobierno mexicano la necesidad de resolver temas centrales, como la participación de los trabajadores en la firma de los contratos colectivos, la parcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, excesiva duración de sus procedimientos y la necesidad de generar un diálogo con todos los sectores de la sociedad; su contenido aparece en la página web de la OIT, en la 310 reunión del consejo de administración.

La reforma laboral y el gobierno mexicano deben atender sin excusas esta histórica resolución. Recordemos que conforme a nuestra Carta Magna, los convenios internacionales tienen una jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo.

Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2011

Pide AFL-CIO a Calderón que frene propuesta laboral del PRI

El presidente de la central obrera más grande de Estados Unidos (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), Richard L. Trumka, envió una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa para solicitarle que haga uso de sus facultades para que no prospere la iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI el 10 de marzo.

El dirigente de más de 12 millones de trabajadores en el vecino país dijo que esa propuesta (apoyada por el PAN) afectará los derechos de los trabajadores mexicanos y, además, no fue el resultado de un proceso de consulta previa con todas las partes relevantes de la sociedad, incluyendo a los sindicatos independientes.

Trumka enumeró lo que a su juicio son inconvenientes para la situación de los trabajadores en México, en caso de aprobarse dicha reforma.

Lo exhortamos a que utilice su cargo para asegurar el retiro de la iniciativa del PRI y en su lugar fomente la elaboración de una nueva propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, mediante un proceso verdaderamente tripartita, que incluya empresas, funcionarios de gobierno y representantes sindicales independientes y no independientes, se lee en la misiva del dirigente sindical estadunidense.

Trumka señala en la carta con fecha 23 de marzo que una enmienda de ese tipo afectaría la estabilidad laboral, por lo que esta central se unirá al movimiento internacional que apoya a diversos gremios mexicanos.

Lamenta que no se hayan tomado en cuenta los rezagos en materia de procedimientos jurídicos y, por tanto, se intente preservar el marco legal que da pie a los contratos de protección, de dominación patronal.

No incluir estos cambios significa que los trabajadores continuarán enfrentando obstáculos casi insuperables para el establecimiento de sindicatos libres y democráticos, señaló.

Destaca que el Presidente de la República debe tomar en cuenta que la iniciativa del PRI promueve una gran inestabilidad en el empleo, al ampliar el uso de subcontratistas (outsourcing) así como los contratos temporales o de prueba.

En conclusión, añade Trumka, lo exhortamos a que asegure el retiro de la iniciativa del PRI y en cambio fomente un proyecto que remedie las deficiencias de la propuesta actual, especialmente para la protección de los trabajadores y en favor de una estrategia industrial sustentable y eficiente.

El dirigente de la AFL-CIO agregó que estará al tanto del desarrollo de la pretendida reforma laboral en México y plantea que sería oportuno discutir en el futuro sobre este tema.

Esta central estadunidense ha manifestado su apoyo a sindicatos mexicanos como el minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, o el Mexicano de Electricistas.


Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2011

Portal: alto índice de discrecionalidad en manejo de fondos para salud y educación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que a pesar de los aumentos constantes al gasto educativo y de salud que ejercen los estados y la federación, los índices de calidad en la atención y el número de personas beneficiadas no corresponde a los autorizados por la Cámara de Diputados.

Detalló que aun cuando en 2009 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 200 mil 930 millones 557 mil 665 pesos, 23 por ciento de las escuelas no tenían agua potable, bancas o pizarrón; sólo 20 por ciento de los profesores obtuvieron certificación, y que por los resultados de las pruebas Enlace y Pisa, los alumnos sólo aprenden lo elemental.

Al continuar la revisión de la Cuenta Pública 2009, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara que prevalece un alto índice de deserción escolar, y que existe un alto grado de discrecionalidad en el manejo de los fondos federales para educación, seguridad y salud.

Detalló que en el gasto federalizado se encontró que en los fondos para el sistema educativo, apoyos sociales y de infraestructura para comunidades marginadas que estados y municipios utilizan los recursos para fines distintos a los autorizados, efectúan pagos no relacionados con la educación, no emiten comprobantes o bien las secretarías de finanzas no entregan los recursos a tiempo.

En materia de salud, resaltó que aún hay 9 por ciento de la población nacional que no cuenta con atención médica y que en el caso del IMSS y del ISSSTE sus pasivos continúan presionando las finanzas de ambas instituciones.

El auditor refirió que las irregularidades en el ejercicio del gasto no deben quedar impunes año tras año, y dijo que por ello se planteó a la Cámara de Diputados aprobar una ley que regule el gasto federalizado y separe éste de la Ley de Coordinación Fiscal.

Juventino Pineda, titular de la dirección de auditoría a los recursos federales en estados y municipios, dijo que las reiteradas irregularidades en el gasto se cometen en las entidades porque no hay castigo que impida la recurrencia de las observaciones año con año.

Los manejos discrecionales en los fondos a los estados generaron un debate. El diputado panista Daniel Ávila puso de ejemplo del uso discrecional de los fondos al estado de Yucatán. Refirió que la ASF encontró pagos a aviadores y comisionados del SNTE por 210 millones de pesos, pero como el gobierno (de Ivonne Ortega) devolvió el dinero antes del cierre de la auditoría, el dictamen salió limpio. Pero de todos modos, el delito se cometió.

Los priístas le respondieron que la única denuncia de hechos presentada por la cuenta pública fue al ayuntamiento de Atizapán, que gobernó el PAN. Y también hay irregularidades en los de Ecatepec e Ixtapaluca, que fueron gobernados por el PRD.

Fuente: La Jornada 24 de marzo de 2011

La reforma laboral es un golpe de muerte para los trabajadores, advierte Bouzas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está dando un balazo en el pie derecho con su propuesta de reforma laboral, porque la iniciativa significa un golpe de muerte para los trabajadores, cuando los pilares fundamentales de ese partido han sido el sector obrero, los sindicatos y sus centrales corporativas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM); además, absurdamente presenta este lesivo proyecto cuando está por iniciar la carrera presidencial.

El abogado y catedrático especializado en el tema laboral Alfonso Bouzas planteó lo anterior en entrevista, y detalló que la reforma del PRI, lo primero que desataría sería un despido masivo de trabajadores de mayor antigüedad, los que tienen 15, 20 o más años laborando en muchas empresas, las que preferirían correrlos injustificadamente, irse a juicio, ya que en caso de perder, sólo estarían obligados a pagarles un año de salarios caídos. Sería la debacle laboral.

Al cuestionarle al abogado si la reforma del PRI va contra los principios de la Ley Federal del Trabajo, respondió: no sólo contraviene esta ley si no el mismo artículo 123 constitucional, y va contra una de las conquistas más sentidas del sector obrero, que es la estabilidad en el empleo.

La reforma del Revolucionario Institucional, al incluir modalidades de contratación flexibles, como son contratos por temporada, por capacitación y a prueba, deja abierto que los patrones puedan tomar esto no como excepción sino como regla, y para evitar que los empleados hagan antigüedad podrán contratar en forma eventual indiscriminadamente, sin obligación de dar empleos permanentes.

Se le preguntó a Bouzas cómo calificaría la reforma priísta, a lo que respondió: como un rosario de errores y contradicciones, ya que plantea la libertad total para la terciarización o subcontratación de trabajadores; no defiende la permanencia de los empleos; acaba con las prestaciones; no incluye el incremento a las sanciones económicas que tienen los patrones cuando cometan viola- ciones laborales; finge establecer caminos para evitar el acoso sexual, pero en realidad es una copia fiel de la reforma panista.

Respecto de si la reforma laboral del PRI está en la lógica empresarial y no de los derechos de los trabajadores, Bouzas planteó que esta iniciativa absurdamente es propatronal y, al parecer, lo único que cuidaron los legisladores del tricolor es no meterse con aspectos como el manejo de los dineros de los sindicatos, sus elecciones y demás. Pero como a los panistas no les quita el sueño la democratización de las organizaciones, no les importó esta parte.

En cuanto a si la iniciativa es la puntilla para los trabajadores, en este sexenio en el que los sindicatos han señalado que hay una abierta política antilaboral de parte del Estado, planteó el catedrático que es el golpe de muerte de derechos fundamentales de los trabajadores, el cual rompe con el artículo 123 Constitucional, mediante de reformas a una ley secundaria como lo es la del Trabajo y lo hace el partido que dice que emanó de la Revolución.

También resulta inaudita la pasividad de los trabajadores de las organizaciones independientes y que incluso, aunque no es del agrado de las bases cetemistas, los dirigentes no levanten la voz, contra esta iniciativa que dejará en una dramática situación los derechos de los trabajadores, agregó Bouzas.

Consideró que limitar el pago de salarios caídos a un año en los juicios laborales fue una petición de los patrones por conducto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y que el Revolucionario Institucional, abriendo una puerta equivocada, les dio la razón y, a la vez, asesta un brutal golpe, porque ahora serán los propios patrones los más interesados en que se alarguen los juicios laborales, para ver si en cinco o más años que duran estos procesos, al final le pagan a los trabajadores que los demandaron apenas un año de salarios caídos y adiós.

El PRI tendría que releer su iniciativa, o se convertirá en el verdugo de quienes lo respaldaron durante décadas: los trabajadores.

Fuente: La Jornada 23 de marzo de 2011

En Gobernación, abusos y despidos injustificados, acusan trabajadores

En la Secretaría de Gobernación se violan las normas más elementales en materia laboral y se obliga a los trabajadores a firmar por anticipado renuncias voluntarias. Lo anterior, a pesar de que la dependencia es la responsable de vigilar el cumplimiento de la ley y de garantizar la estabilidad interna del país.

Según documentos oficiales y testimonios de afectados, desde la llegada de Francisco Blake Mora a la dependencia (en julio de 2010) trabajadores de diversas áreas, incluyendo personal de la oficina del secretario, han sido despedidos y sus prestaciones disminuidas.

Los denunciantes –vía tribunales, ante la opinión pública o en cartas entregadas a este diario– tenían plazas designadas de servicio profesional de carrera o de confianza hasta con 15 años de antigüedad. Muchos han sido cesados y a otros les fueron cambiadas sus plazas por contratos de honorarios, con el precedente obligatorio de firmar renuncias anticipadas.

Señalan que el titular de Gobernación ejerce su función con base en toda clase de excesos; concede plazas a sus amigos, amigas y paisanos procedentes de Tijuana, Baja California, quienes perciben altos salarios. Ojalá que alguien avise al presidente Calderón”, expresan.

“Desde la llegada de Blake todos somos sus sirvientes, no trabajadores. Utiliza recursos de la dependencia para asuntos personales. Además, ordenó remodelar y comprar mobiliario para sus oficinas del Palacio de Covián, pese a que en el gobierno federal se afirma que hay planes de austeridad.

Además despide con mecanismos ilegales a quienes denuncian las irregularidades.

Para ejemplificar lo dicho presentaron cartas de renuncias anticipadas que fueron expedidas con copia para Gustavo Manríquez Flores, director general de recursos humanos de la dependencia.

En esos documentos –que signan los empleados como única alternativa para no perder su trabajo– se lee: “Me permito informarle que por decisión propia y por convenir a mis intereses profesionales que, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo de la cláusula décimo segunda del contrato de prestación de servicios profesionales que tengo celebrado con la Secretaría de Gobernación en este ejercicio fiscal, dejaré de prestar mis servicios independientes al finalizar el plazo de 30 días naturales determinados en el instrumento legal de referencia, contados desde el día siguiente de la fecha de la presente.

Asimismo, hago constar que la Secretaría de Gobernación no me adeuda cantidad alguna por concepto de honorarios, por lo que en este mismo acto libero a la dependencia de cualquier reclamo judicial o administrativo, por lo que bajo protesta de decir verdad no me reservo acción legal alguna que pueda derivar en controversia judicial o administrativa, extendiendo el más amplio finiquito por los honorarios profesionales recibidos.

Los nombres de los denunciantes y de quienes entregaron los documentos no se hacen públicos a petición suya y para evitar más represalias.

Las irregularidades en materia laboral, hostigamiento y discrecionalidad en la asignación de recursos y salarios comenzaron en 2008 con denuncias públicas de empleados de la Subsecretaría de Gobierno. Siguieron otros casos en la de Asuntos Jurídicos. En esta última fueron cesados varios abogados, precisamente en el área donde se procesan las demandas laborales contra Gobernación. Enseguida hubo inconformidades en la de Asuntos Legislativos, porque les hicieron firmar guardias que significaban un aumento sin precedente en la jornada laboral, sin retribución extraordinaria. Sólo nos decían que debíamos permanecer trabajando hasta que se retiraran el secretario y el subsecretario. Varios firmamos bajo protesta.

Fuente: La Jornada 22 de marzo de 2011

ANAD: la propuesta de reforma laboral priísta parece "ley de comercio obrero"

La iniciativa de reforma laboral que presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) legaliza el fraude de las empresas outsourcing, incentiva la contratación eventual, genera inestabilidad en el empleo, modifica la tabla de enfermedades y la convierte en un apartado de derechos administrativos. Además, no sanciona las renuncias en blanco que obligan empleadores a firmar y quita a los patrones la obligación de mantener el empleo mientras haya materia de trabajo.

Es una propuesta que va a provocar más miseria. No sólo tendrá consecuencias laborales, sino afectará los derechos humanos, porque estará conduciendo a una degradación del trabajo, señaló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representante legal de sindicatos como el Mexicano de Electricistas y de diversos gremios independientes.

El también consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló en entrevista que dicha iniciativa es realmente de, por y para los empresarios, no para los trabajadores, y abaratará más el salario y depauperará a los empleados.

–¿Cuál es la peor parte?

–Toda. Es inimaginable el alcance que tendrá sobre los derechos laborales y la pobreza que generará. Afectará a todos los empleados, independientemente de si están en el apartado A o B, de si tienen décadas en una empresa o van a empezar a buscar trabajo. Afectará particularmente a los jóvenes, y por eso están tratando de acelerar su aprobación, antes de que la gente y las organizaciones se den cuenta de su impacto.

–¿En qué aspectos favorece a la patronal?

–Son innumerables. Por mencionar algunos, propone que los patrones puedan modificar de manera discrecional los horarios, días de trabajo y actividades de los trabajadores, según las necesidades de producción. Además, se cancelan derechos adquiridos desde el punto de vista de que se facilitan los despidos injustificados. Se anula la estabilidad en el empleo y se mantiene la injerencia del Estado en la vida interna de los sindicatos, porque los organismos laborales que otorgan la llamada toma de nota podrán seguir decidiendo a qué sindicato se da registro y a cuál dirigente se reconoce.

Por ello la iniciativa, más que reforma laboral, parece una nueva ley de comercio obrero, porque ahora las necesidades de la producción, o sea las del patrón, pesarán más sobre los derechos laborales.

–¿Por qué el PRI, que rehusó aprobar la modificación impulsada por Javier Lozano, ahora busca una más dura?

–Reciclaron la de Lozano (secretario del Trabajo). Fue una negociación. No es que sea más dura. En realidad, la reforma propuesta por el PRI retoma la peor parte de la del PAN. Es evidente que el Revolucionario Institucional negoció con los panistas y con sectores empresariales. Es copia de la panista, y fue muy mala negociación.

–¿En qué puntos favorece el despido de los trabajadores?

–Hay varios cambios que así lo hacen ver. Por ejemplo, propone que no sea obligatorio que se entregue el aviso de rescisión de contrato a los trabajadores de manera personal, sino mediante correo certificado o de las juntas de Conciliación y Arbitraje. Lo fundamental: establece que en los juicios sólo se pague un año de salarios caídos, lo cual abarata los despidos.

–¿Hay más?

–Otro aspecto delicado es que se quita la obligatoriedad de que el patrón mantenga los empleos mientras haya materia de trabajo. También se fomentarán las renuncias en blanco, ya que no se sancionará esa práctica, muy frecuente en las pequeñas y medianas empresas.

La reforma, incluso en las partes donde habla sobre derechos de la mujer, como despidos contra quienes cometan hostigamiento sexual, no es positiva, porque las trabajadoras tienen que demostrar el hecho con testigos y el patrón no está obligado a despedir a quienes lo cometan. Además, deja intacto lo que se refiere a sanciones a patrones por violaciones laborales.

–¿Qué papel tendrían los sindicatos con esta reforma laboral?

–Se van a debilitar, porque no van a tener armas para preservar los derechos de los trabajadores y su esencia misma se va a modificar, porque ¿qué van a defender? En cambio, se van a fortalecer los sindicatos blancos, corporativos y de protección.

Por ello, para Manuel Fuentes Muñiz la propuesta es alta traición del PRI a los trabajadores y a los sindicatos.

Fuente: La Jornada 22 de marzo de 2011

La reforma laboral priísta es un "paraíso para los despidos", advierte jurista

La reforma laboral presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es más nefasta y ominosa para los trabajadores que la que planteó en su momento Acción Nacional (PAN). La iniciativa del tricolor –defendida abiertamente por el secretario del Trabajo, Javier Lozano– es peor, porque literalmente pretende borrar de la Ley Federal del Trabajo los principales derechos laborales de los mexicanos.

Fueron cinco abogados del sector empresarial, entre ellos los de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los que negociaron y le metieron mano a esta iniciativa del PRI, junto con representantes del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México. La premisa de esos encuentros fue que los abogados patronales no tocaran lo que se refiere a sindicatos, manejo de recursos y elecciones, y lo demás era negociable.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados (ANAD) y experto en sector laboral, el abogado Arturo Alcalde desmenuzó los aspectos más letales del proyecto del Revolucionario Institucional y consideró que el planteamiento de limitar el pago de salarios caídos en los conflictos laborales a sólo un año y la legalización el outsourcing son los dos golpes más fuertes de esta iniciativa, los que darán al traste con la defensa de los derechos de los obreros.

Limitar el pago de salarios caídos a un año en el caso de conflictos laborales es la carta abierta para que sean despedidos injustificadamente, por ejemplo, trabajadores que tienen 20 o 25 años laborando en una empresa y, cuando ellos quieran demandar, el patrón les diga perfecto, hazlo y si me ganas en tres o cinco años, yo sólo te pago uno de salarios caídos y me resulta muy barato hacerlo, puntualizó el abogado.

–¿Es peor la iniciativa de reforma del PRI que la del PAN?

–Definitivamente. Incluso en sesiones que tuvieron en la Escuela Libre de Derecho, abogados patronales manifestaron que la reforma priísta era el camino para el paraíso de los despidos. Porque con argumentos de que así se van a tener juicios rápidos, se restringe el pago de salarios caídos a un año, lo abaratará la liquidación de trabajadores.

Algo similar se quiso introducir en la llamada reforma Abascal y el ya fallecido funcionario se negó a aceptarlo, porque dijo en ese entonces que eso era castigar al inocente y premiar al infractor.

–¿Qué otros aspectos son igualmente graves de esta reforma para los derechos laborales?

–La subcontratación de trabajadores que, podrán hacer ahora libremente y sin restricción las empresas, otorgando salarios bajos y cero prestaciones, al amparo del outsourcing: las modificaciones al régimen de contratación para dar trabajo hasta temporal en varias vertientes y muy barato; en materia de titularidad de un contrato colectivo, los padrones de votación se van a integrar sólo con la información que den las empresas. Además se rasuran prestaciones, quitan la inspección del trabajo y mucho más.

–¿Qué más esconde esta iniciativa del tricolor, al parecer llena de sorpresas para los trabajadores?

–Un asunto igualmente grave es que se limita y prácticamente imposibilita la creación de sindicatos gremiales. Esto es porque modifica las reglas en casos de disputa por titularidad, y señala que si el patrón tiene firmado un contrato colectivo que abarque a trabajadores de varios ramos, ya no se puede demandar la creación de otro sindicato de gremio, como por ejemplo los pilotos, sobrecargos, académicos, que tienen su propia organización.

Esta fue una petición concreta de los empresarios del sector aeronáutico, como Interjet o Volaris, que lo pidieron expresamente, pero pega a los gremios universitarios, en los que no van a poder tener organizaciones gremiales de académicos.

–¿Por qué el PRI modificó la propuesta de reforma laboral que había presentado anteriormente y al parecer la endureció?

–La anterior iniciativa tricolor tenía un concepto que molestaba demasiado al sector patronal y era su propuesta de reducción de jornada laboral a 40 horas, pero ni siquiera los dejaron subirla a tribuna. Los legisladores se echaron para atrás y la llevaron a la mesa de negociaciones con abogados también del Consejo Coordinador Empresarial, que lo primero que hicieron fue rasurarle las prestaciones que proponía, como ampliación de vacaciones y otras, y aprovecharon para cambiar algunas cosas que resultaron ser verdaderas bombas para la LFT.

–¿También incluye afectaciones para los sindicatos?

–Son implícitas, porque ahora los patrones para qué van a necesitar restringir sindicatos, si podrán despedir injustificadamente y de manera barata a los trabajadores que quieran, incluso a los mismos dirigentes. No les importará irse a juicio, porque ahora les saldrá muy barato, a largo plazo y sin intereses. Esto va a provocar una debacle en el mundo laboral. Es grotesco.

Alcalde planteó que hay inconformidad de los líderes sindicales no sólo del sector independientes sino de los mismos charro corporativos, pero hay la orden desde los dirigencias del CT y de la CTM de que tienen que apoyar la propuesta.

“Qué negociaron a cambio?, no se sabe, pero ahora el PRI le está haciendo el trabajo sucio al PAN. La iniciativa se está manejando como un acuerdo cupular y por ello impulsa su aprobación fast track; no quieren discusión ni debate. Lo quieren imponer a toda costa y los empresarios patronales están felices porque se les cumpliría todo lo que han soñado, ya que el Revolucionario Institucional está aceptando y promoviendo la destrucción del carácter protector de la Ley Federal del Trabajo.

Fuente: La Jornada 21 de marzo de 2011

El PRI y los trabajadores

A principios de los años 70, siendo secretario general del PRI, Enrique González Pedrero definió a ese partido, no como un partido de clase, sino de clases. La expresión le resultó redonda al entonces dirigente priísta. En sus largos años de dominación estatal, el antiguo partido oficial (se llamara PNR, PRM o PRI) no tuvo jamás una identidad clasista, en el sentido que le daban al término los viejos marxistas. Más que de clases, era sin clase. El viejo partido, en efecto, sólo se representaba a sí mismo y, como el Estado que gobernaba, su estilo era colocarse por encima de todas las clases sociales. Sólo representaba al poder del Estado y a todos los que se le sumaran.

Los trabajadores asalariados y también los del campo o los empleados clasemedieros jamás se han dado una representación partidista. Más bien se las han dado otros. Los primeros, los asalariados, tuvieron en México sus momentos de gloria como clase independiente. Fue a partir de 1932, cuando, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano y organizados en la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), pudieron convertirse en un auténtico movimiento obrero independiente. Eso se prolongó con la fundación, en febrero de 1936, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Entonces, el movimiento obrero fue apolítico, en el sentido de que no se identificaba con ningún partido político.

Y lo fue de verdad. Al llegar al poder, el general Cárdenas tuvo que tratar con ese movimiento y sus dirigentes en pie de igualdad y proponiéndoles un plan de alianza política, no de sumisión. Lombardo le propuso a Cárdenas el pleno respeto de los derechos laborales consagrados en la Constitución. Y apechugó. Como extra, le pidió que cerrara todos los casinos y antros de juego. Y apechugó. Eran los tiempos de gloria, cuando el movimiento obrero era de verdad independiente y trataba de igual a igual con el gobierno. Todo ello lo echó a perder el propio Lombardo cuando aceptó, en 1937, que en la campaña electoral de ese año los dirigentes sindicales se convirtieran en diputados del partido oficial.

Ese hecho convirtió a la dirigencia sindical en un grupo de poder del Estado y dentro de él. Cuando Cárdenas impulsó la refundación del partido oficial como PRM, la conversión de los dirigentes sindicales en personeros del Estado se dio en automático. Entonces los sindicatos se convirtieron en verdaderas cárceles corporativas de los trabajadores y éstos perdieron su independencia política y, también, su poder de negociación al tratar con los patrones o con el Estado los problemas relativos a su condición de asalariados. La solución a esos problemas dejó de ser materia de trato entre las dos clases fundamentales de la sociedad y pasaron a ser simples disposiciones políticas de gobierno.

Antiguos derechos como la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho irrestricto de huelga, los salarios caídos sin límite, durante y luego de una huelga, la seguridad social (aun antes de que se estableciera el régimen de seguridad social con el IMSS), pensiones que aseguraban el retiro con dignidad y, en general, el trato de igual a igual entre los trabajadores y sus empleadores, eran plenamente reconocidos por el gobierno y por las clases patronales. En las reformas laborales no siempre se fue adelante y hubo muchos retrocesos y suspensos obligados para el derecho del trabajo. Pero éste era una roca que permanecía más o menos incólume. Y eso ocurrió durante los regímenes priístas.

Con la reforma de 1970, que modificó a fondo la vieja ley de 1931 y en cuya relaboración participó activamente el maestro Mario de la Cueva, el derecho del trabajo persistió con todas sus instituciones fundamentales. Los gobiernos priístas, aunque lo quisieron y dieron innumerables muestras de ello, no pudieron acabar con las clases trabajadoras. Sus derechos se mantuvieron íntegros y, aunque el derecho laboral no fue el mismo de antes, en su esencia se mantenía tal cual. Los gobernantes priístas jamás han estado del lado de los trabajadores. Lo demostraron por el modo en que manejaron la justicia del trabajo. Con ese adefesio inmundo de las juntas de Conciliación y Arbitraje, siempre supieron estar del lado de los patrones y del suyo propio. Los trabajadores siempre perdieron con ellos.

Los sindicatos, por supuesto, después de los años 30 dejaron de ser lo que habían llegado a ser: verdaderas organizaciones de resistencia del trabajo asalariado y de defensa de los intereses de los trabajadores. Se convirtieron en entes extraños a esos intereses. Fueron, desde entonces, organizaciones al servicio del Estado y fuentes de poder para los líderes que el Estado mismo reconocía como sus personeros. Los trabajadores, como tales, fueron anulados en el juego político que desarrollaban los sindicatos y sometidos, muchísimas veces por la violencia, a la voluntad de sus dirigentes corruptos y vendidos. No podemos culparlos del papel de peones serviles y dóciles que eran acarreados a las concentraciones priístas o se les conducía a votar por los candidatos oficiales. Estaban dominados.

Los líderes sindicales priístas estaban en jauja y sólo se atenían a sus compromisos directos con el presidente de la República y al usufructo de su poder sindical, dominando y sometiendo a los trabajadores a sus fines políticos y de lucro personal. En la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970, ninguno de ellos tuvo nada que decir y, más bien, se cuidaron de expresar sus temores porque sus privilegios pudieran ser afectados, cosa en la que de verdad sacaron las uñas. Esa reforma fue, en gran parte, favorecedora de los intereses patronales y el mismo maestro De la Cueva lo puso muy en claro. Fue por eso que Díaz Ordaz la aceptó.

El PRI, en los hechos, ha sido siempre un enemigo descarado de los intereses de los trabajadores. Su cliente, por así decirlo, son sus dirigencias sindicales, tan traidoras y sucias respecto a esos intereses como las mismas dirigencias priístas. No hay hecho que nos diga que los priístas se han comprometido con los trabajadores y sus necesidades. Todo lo contrario: no hay hecho que no nos diga que los priístas sólo han traicionado a los hombres que trabajan y han hecho todo lo posible por someterlos a los peores sistemas de explotación y de opresión. Entre ellos y sus dirigentes sindicales se encontraron los mayores opositores a la reforma de 1970, por la razón, muy obvia, de que temían perder sus privilegios.

Los proyectos de reforma laboral que los priístas presentaron en el curso del año pasado los aproximó al viejo derecho del trabajo, planteando una defensa razonable de los derechos de los trabajadores. Sus propuestas fueron rechazadas tajantemente por los grupos patronales. Doblaron las manos y acaban de presentar una iniciativa que será la vergüenza del PRI para siempre: pro patronal y antisindicalista a fondo; negadora de todos los tradicionales e históricos derechos de los trabajadores.

Hice un poco de historia para fundamentar lo que me propongo escribir sobre esa malhadada iniciativa en mis próximas colaboraciones. Tal vez ya será tarde, pero valdrá la pena desenmascarar esta felonía del actual priísmo.

Fuente: La Jornada 20 de marzo de 2011

La iniciativa es un robo a los obreros: expertos

La iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI legaliza el outsourcing, facilita a los patrones el despido injustificado de trabajadores a su libre arbitrio, evitándoles el pago de las indemnizaciones mínimas de ley; limita el pago de salarios caídos a un año; da manga ancha a la flexibilización laboral con contratos a prueba o por temporada y precariza la mano de obra mexicana, por lo que es un robo a los derechos de los trabajadores, que quedarán totalmente desprotegidos.

Con esta iniciativa el PRI da la espalda a las luchas obreras y populares que le dieron vida, además de que es aberrante que esta iniciativa cuente con la anuencia y la traición de mafias como las dirigencias de Confederación de Trabajadores de México el Congreso del Trabajo y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Tras analizar la reforma priísta, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) apuntaron lo anterior y señalaron que la premura con la que se busca su aprobación da cuenta los obscuros intereses que la promueven.

Señalaron incluso que también resulta muy significativo y sospechoso que un día antes de entregar su propuesta, el presidente del PRI, Humberto Moreira, se haya reunido con Felipe Calderón. ¿Qué negociaron? Ahora, en coro, empresarios, políticos panistas y hasta el secretario del Trabajo, Javier Lozano, la avalan y aplauden con bombo y platillo, luego de esperar por ella más de 20 años.

Estos organismos llamaron la atención respecto de que el pretexto de definir y normar el outsourcing, lo que en realidad hace la propuesta priísta es legalizar la tolerancia a esta práctica perversa de la subcontratación que, de facto, arrebata a las y los empleados sus prerrogativas a un salario justo, beneficios sociales y al derecho de organización, señalo el Cilas.

Planteó que el pueblo mexicano es, nuevamente, víctima de una negociación turbia, pues en contubernio y haciéndole el juego sucio a Felipe Calderón, Javier Lozano y Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una iniciativa de reforma laboral propatronal que abarata la mano de obra y pone fin a la estabilidad en el empleo, por lo que se hace urgente que las y los trabajadores, especialmente los jóvenes, que son los más afectados, se movilicen y rebelen de forma masiva contra quienes buscan legalizar la violación de su derechos laborales.


Fuente: La Jornada 18 de marzo de 2011

Powered By Blogger

Seguidores

Datos personales

Numero de Visitanes

En este momento nos visitan: