Empleo precario y peor salario

Corren los días, pasan las semanas, transcurren los meses, se consumen los años y el cacareado bienestar en los bolsillos de los mexicanos brilla por su ausencia, por mucho que los integrantes del gabinetazo declaren aquí, allá y acullá que el país marcha de maravilla. Crecimiento económico que no alcanza para, siquiera, recuperar el nivel de 2008, poco empleo y de pésima calidad, constante pérdida del poder adquisitivo y demás realidades cotidianas adornan el florido optimismo del discurso oficial. Es la recuperación a paso de tortuga.

Por ello, va el recorrido que sobre la realidad económica nacional realiza periódicamente la Cámara de Diputados, por medio de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el cual advierte sobre el incremento de precios de las materias primas, particularmente petróleo y granos básicos, los cuales presionan aún más al índice inflacionario, situación que se repite en todo el mundo. Además, apunta, el Banco de México reconoce que existe el riesgo de una reversión en los flujos de capitales (especulativos) que llegan al país, que también puede traer efectos adversos sobre el tipo de cambio.

En febrero de 2011 el índice de confianza del consumidor (ICC) aumentó 1.61 por ciento con relación al mes anterior; de sus componentes se infiere que los consumidores aprecian que su situación económica es menos favorable actualmente comparada con la de hace un año, aunque esperan –como siempre– que mejore para los próximos 12 meses; además, perciben que la situación económica del país está mejor a la observada hace un año y confían en que mejore en el futuro; ante esta situación, consideran la posibilidad de adquirir bienes de consumo duraderos.

La percepción optimista de los consumidores y sus ánimos de adquirir bienes de consumo duraderos podrían incidir en la dinámica económica del país a través del fortalecimiento de la demanda interna; su impacto sería significativo en la medida que se dé mayor generación de empleos formales, se reduzca de manera importante la tasa de desocupación, haya una recuperación trascendental en el poder de compra del salario y mayor crédito al consumo.

Sin embargo, cabe recordar que la creación de empleos ha sido baja (por no decir raquítica): en febrero sólo se habían registrado en el IMSS 256 mil 166 trabajadores más desde octubre de 2008 cuando se observó su nivel más alto, y de estos, 25 de cada cien fueron empleos permanentes; los 75 restantes fueron plazas eventuales. En tanto, la tasa de desocupación, en enero de 2011, fue de 5.43 por ciento de la población económicamente activa (PEA), cifra por arriba de la tasa de 4.11 por ciento observada en octubre de 2008.

Al cierre de febrero de 2011 el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en el IMSS ascendió a 14 millones 732 mil personas, lo que representa un aumento mensual en el empleo asegurado de 0.71 por ciento. El número de trabajadores permanentes presentó un aumento mensual de 72 mil 571 cotizantes, con lo cual el total se ubicó en 12 millones 888 mil 745. Si se compara esta cifra con respecto a la de octubre de 2008, cuando empezó la recesión, se observa un aumento neto de sólo 64 mil 44 plazas. Los trabajadores eventuales urbanos registraron un incremento mensual de casi 32 mil cotizantes, con lo cual se alcanza un total de un millón 843 mil 256 plazas de este tipo; es de destacar que apenas 10.4 por ciento de ese total se crearon a partir de octubre de 2008. Por sectores de ocupación destacan la variación positiva mensual en las industrias de la transformación, particularmente la fabricación de equipo de transportación; los servicios sociales para personas, empresas y el hogar; los servicios sociales y comunales y los sectores comercio y de la construcción.

Por su parte, el salario medio real de cotización al IMSS presenta poco más de dos años perdiendo poder de compra; tan sólo en diciembre pasado cayó 0.48 por ciento con relación a igual mes de 2009; en tanto que en todo 2010 cayó 1.09 por ciento con relación al año pasado, lo que implicó su segundo año de caída consecutiva. Además, el crédito al consumo de la banca comercial apenas presentó, en enero de 2011, un incremento real de 1.96 por ciento con relación a igual mes de 2010, su primera variación positiva después de que exhibió 26 meses de bajas consecutivas; a pesar de ello, el saldo del monto real del crédito al consumo se ubicó 26.83 por ciento por debajo de su máximo en junio de 2008.

Mejoró la expectativa del sector privado sobre el crecimiento económico del país, según la encuesta mensual del Banco de México, pero se espera una desaceleración de su dinámica. Por el lado de la inflación para 2011, los empresarios anticipan un deterioro, al esperar que sea de 3.94 por ciento, superior en 0.03 puntos porcentuales a la de la encuesta previa; aunque para 2012 mejoran la previsión al estimar que sea de 3.79 por ciento, cuando en la encuesta pasada preveían un 3.86 por ciento. Si bien se pronostica que no se cumpla con la meta de inflación de 3 por ciento, sí se estima se ubique dentro de la meta oficial (de 2 a 4 por ciento).

Entre los principales factores que podrían limitar el ritmo de la actividad económica durante los próximos meses, de acuerdo con su importancia, están: problemas de inseguridad pública, ausencia de cambios estructurales en México, debilidad del mercado externo y de la economía mundial, incertidumbre sobre la situación financiera internacional, inestabilidad política internacional y aumento en los precios de los insumos y materias primas.

Respecto al precio promedio de la mezcla mexicana de exportación, los especialistas estiman que se ubique en 79.57 dólares por barril en 2011, cifra superior en 21.67 por ciento a la previsión oficial para este año aprobada en el paquete económico 2011. Sin embargo, sólo en enero pasado el precio promedio de la mezcla fue de 84.71 dólares, y el promedio de la plataforma de exportación de un millón 444 mil barriles diarios; esto significó una mayor entrada de ingresos en dólares a la economía mexicana por la venta de petróleo crudo, dado que se vaticinó una plataforma de un millón 149 mil barriles.

Fuente: La Jornada 14 de marzo de 2011


Peligrosa, la reforma laboral que busca el PRI: De Buen

La iniciativa de reforma laboral del PRI es una copia de la presentada por el PAN hace un año. Ambos proyectos son muy peligrosos, en especial para la contratación individual, advirtió el doctor Néstor de Buen, abogado en derecho laboral.

Mientras en la contienda electoral el PRI objeta de manera reiterada las alianzas (dice no compartir las propuestas y proyecto de gobierno del blanquiazul y de la izquierda), en los cambios y adiciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), reglamentaria del artículo 123 constitucional, van juntos.

La propuesta de enmienda presentada por el PRI la semana pasada es un avance empresarial, manifestó De Buen.

El litigante y académico busca llamar la atención de los opositores en San Lázaro para que analicen profundamente los artículos relacionados con la contratación individual, como la figura de periodo de prueba, que afecta la estabilidad en el empleo.

Es una barbaridad. El periodo de prueba le da al patrón el camino, en la ley, para deshacerse de los trabajadores sin pagar indemnización, y eso no puede aceptarse, dijo en entrevista.

Retoma proyecto panista

El 18 de marzo de 2010, el PAN presentó una iniciativa de reforma a la LFT. El proyecto, identificado con Javier Lozano, secretario del Trabajo, contiene diversos elementos que ahora el PRI retoma en su iniciativa, que podría ser dictaminada en breve por la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados.

Este texto busca también regular el outsourcing (cuando una empresa contrata trabajadores pero los pone a disposición de otra).

“El outsourcing es un verdadero contrato de ‘renta’ de empleados, lo cual no es posible admitirlo porque los trabajadores no son objetos”, advirtió.

En fin, tiene una serie de ventajas para los patrones que evidencian la alianza del PRI y del PAN. Es un proyecto absolutamente conservador que está siendo apoyado por algunos sindicatos corporativos como la CTM porque, en efecto, no afecta tanto a los sindicatos como a los derechos individuales de los trabajadores, dijo.

Es un proyecto que no va a ninguna parte y por ello el PRD debe combatirlo dentro de la Cámara, porque de otro modo la conclusión será muy negativa.

De Buen señaló que en materia procesal (los juicios que se desarrollan en las juntas de conciliación), éste es razonable, no así en lo que toca a la contratación individual.


Fuente: La Jornada 13 de marzo 2011

Peligrosa, la reforma laboral que busca el PRI: De Buen

La iniciativa de reforma laboral del PRI es una copia de la presentada por el PAN hace un año. Ambos proyectos son muy peligrosos, en especial para la contratación individual, advirtió el doctor Néstor de Buen, abogado en derecho laboral.

Mientras en la contienda electoral el PRI objeta de manera reiterada las alianzas (dice no compartir las propuestas y proyecto de gobierno del blanquiazul y de la izquierda), en los cambios y adiciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), reglamentaria del artículo 123 constitucional, van juntos.

La propuesta de enmienda presentada por el PRI la semana pasada es un avance empresarial, manifestó De Buen.

El litigante y académico busca llamar la atención de los opositores en San Lázaro para que analicen profundamente los artículos relacionados con la contratación individual, como la figura de periodo de prueba, que afecta la estabilidad en el empleo.

Es una barbaridad. El periodo de prueba le da al patrón el camino, en la ley, para deshacerse de los trabajadores sin pagar indemnización, y eso no puede aceptarse, dijo en entrevista.

Retoma proyecto panista

El 18 de marzo de 2010, el PAN presentó una iniciativa de reforma a la LFT. El proyecto, identificado con Javier Lozano, secretario del Trabajo, contiene diversos elementos que ahora el PRI retoma en su iniciativa, que podría ser dictaminada en breve por la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados.

Este texto busca también regular el outsourcing (cuando una empresa contrata trabajadores pero los pone a disposición de otra).

“El outsourcing es un verdadero contrato de ‘renta’ de empleados, lo cual no es posible admitirlo porque los trabajadores no son objetos”, advirtió.

En fin, tiene una serie de ventajas para los patrones que evidencian la alianza del PRI y del PAN. Es un proyecto absolutamente conservador que está siendo apoyado por algunos sindicatos corporativos como la CTM porque, en efecto, no afecta tanto a los sindicatos como a los derechos individuales de los trabajadores, dijo.

Es un proyecto que no va a ninguna parte y por ello el PRD debe combatirlo dentro de la Cámara, porque de otro modo la conclusión será muy negativa.

De Buen señaló que en materia procesal (los juicios que se desarrollan en las juntas de conciliación), éste es razonable, no así en lo que toca a la contratación individual.


Fuente: La Jornada 13 de marzo 2011

Iniciativa priísta, una traición a los trabajadores

En una línea radicalmente distinta a la contenida en su propuesta del pasado 15 de diciembre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó formalmente ante la Cámara de Diputados otra iniciativa de reforma laboral, ahora sometida en puntos claves a las exigencias de los abogados del Consejo Coordinador Empresarial.

Quedaron fuera las originales propuestas priístas de mejorar las condiciones de trabajo, reducir la jornada máxima, mejorar la prima de antigüedad, el sistema vacacional y suprimir la toma de nota, tema que en la primera versión consideraban fundamental para cumplir con los convenios internacionales. Obviamente, en materia de democratización, transparencia y rendición de cuentas no dejaron nada. Como se había advertido, se negoció con el sector empresarial conservar la protección al corporativismo y al esquema de corrupción y control gremial a cambio de admitir las prioridades patronales: libertad para subcontratar, ampliar los contratos temporales, pero sobre todo, facilitar el esquema de despido. La línea proempresarial del PRI, por encima de tenues protestas de algunos de sus líderes gremiales, se impuso; había que congraciarse con los empresarios frente al 2012, ellos a cambio admitirían que no hubiera reformas que lesionaran a los líderes. El Partido Acción Nacional por su lado haría causa común con esta negociación atendiendo la línea de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La iniciativa incurre en una gran contradicción entre el contenido de la exposición de motivos y el texto de sus artículos; la intención evidente es que la parte declarativa sea el material para los comunicados de prensa y los comentarios superficiales, ocultando el contenido real de la reforma.

Más allá de propuestas de trascendencia menor, conviene destacar en la iniciativa cuatro temas. El primero es el contenido del artículo 15 bis, que da carta de naturalización al llamado trabajo en régimen de subcontratación –outsourcing–, sin contemplar las garantías elementales para evitar el abuso de esta figura que ha generado precariedad, desigualdad, reducción de salarios, simulación e indefensión. La propuesta priísta omite incluir la protección necesaria para evitar abusos, como condicionar este sistema especial de prestación de servicios a principios de especialidad o a causas que lo justifiquen. La visión empresarial resulta evidente cuando se compara con la propuesta del propio PRI de hace tres meses, que incluía las figuras del fraude laboral, la intervención de la inspección del trabajo y el carácter doloso de la subcontratación, cuando se transfiera de manera deliberada, trabajadores de la beneficiaria a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. Todo ello se suprimió.

El segundo tema exhibe también el sesgo patronal del PRI al proponer que los trabajadores paguen por la tardanza y la lentitud de los juicios laborales aun en el caso de su despido injustificado, limitando los salarios caídos hasta un máximo de 12 meses. A pesar de que los líderes del sindicalismo de corte priísta habían criticado acremente esta propuesta empresarial, en virtud de que colocaba a los trabajadores en estado de indefensión, repentinamente este partido la hace suya. Como es obvio, los abogados empresariales están felices: “Con esta propuesta y el outsourcing nos basta –expresó el abogado representante de la Coparmex–; no necesitamos más”.

La idea de limitar los salarios caídos en caso de despido fue una ocurrencia de la STPS, supuestamente apoyada en la legislación española; lo que no consideró es que en ese país los salarios caídos producto de la tardanza en la impartición de justicia los paga el propio Estado, en virtud de que le es imputable no contar con un sistema de justicia eficiente. La propuesta priísta va incluso más lejos que la llamada iniciativa Abascal de 2002. En su momento, no fue aceptada esta absurda petición empresarial, en virtud de que quedó claro que el problema de fondo consistía en crear las condiciones para que los juicios terminaran en periodos cortos, no en los cuatro o cinco años a que llegan actualmente, y que sería injusto cargar a los trabajadores el costo de la tardanza; también porque en el caso de que el despido se considere justificado, el patrón no paga indemnización ni salarios caídos. Es evidente que de aceptarse la propuesta se generaría una lesión de corte transversal a todo el derecho laboral, porque motivaría reducir su nivel de cumplimiento, más despidos injustificados y un interés en alargar aún más los juicios, sobre todo porque en materia laboral no existen las figuras de daños y perjuicios o intereses moratorios. Se trata de un premio al infractor de la ley y un castigo a quien ha sido separado de su trabajo sin causa justificada.

Un tercer tema está referido a los contratos temporales, de prueba, temporada y capacitación, los cuales lesionarán la estabilidad laboral si no están acompañados de esquemas de concertación obrero-patronal legítimos, los cuales no fueron considerados en la iniciativa de reforma, con el fin de preservar el sistema de contratismo de protección patronal que agobia a los trabajadores en la mayoría de los centros laborales.

Un tema adicional que exhibe la conducta priísta contraria a los intereses de los trabajadores es la adición al artículo 388, que impide a los sindicatos gremiales, con dedicatoria especial a los sindicatos democráticos del sector aéreo de pilotos y sobrecargos –ASPA y ASSA–, afiliar a los trabajadores de otras líneas aéreas. Esta adición tiene su origen en la petición de los propietarios de las empresas aéreas de bajo costo a la STPS y a la sección 15 de la CTM, para garantizar la continuidad de los contratos de protección patronal en ese sector. Poco les importó contravenir los convenios internacionales, con jerarquía incluso superior a la ley, la propia Constitución Política y una reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al patrón, lo que pida.

Aún es tiempo para detener esta absurda iniciativa.

Fuente: La Jornada 12 de marzo 2011

PRI y PAN, y sus contrarreformas laborales

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó ayer un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el que se busca modernizar esa legislación, vigente desde 1970. Aunque en la exposición de motivos se asienta que el propósito de la reforma es generar más empleos sin alterar las conquistas y derechos de los trabajadores y sin vulnerar los principios plasmados en el artículo 123 de la Constitución, la propuesta priísta reviste aspectos sumamente ventajosos para los patrones y lesivos para los asalariados: entre otras cosas, abarata la mano de obra mediante la instauración de los contratos de prueba y la regulación de la subcontratación o outsourcing; facilita los despidos y prevé la notificación de éstos a las juntas de conciliación antes que a los propios empleados, restringe el derecho de huelga y mantiene intactos los mecanismos en que sustentan el control verticalista, opaco y mafioso del charrismo sindical.

Si se toma en cuenta que la iniciativa priísta tiene el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial –el cual, a decir de la coordinación del tricolor en San Lázaro, contribuyó en la elaboración del documento– es inevitable suponer que el proyecto presentado ayer es producto de una negociación entre las corporaciones sindicales priístas y el organismo cúpula de los empresarios. Los términos de ese canje están a la vista: el avance en la añeja pretensión de la patronal de flexibilizar en su favor el marco legal vigente en materia laboral a cambio de la preservación de privilegios y condiciones que se han traducido históricamente en prebendas, impunidades y tajadas de poder para las dirigencias gremiales del PRI.

Es imposible desvincular la iniciativa comentada de la que presentó, en marzo de 2010, la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, cuyo planteamiento es similar en lo que toca a la severa afectación de los derechos de los trabajadores: significativamente, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, saludó ayer la iniciativa priísta y dijo que tiene muchas coincidencias con la presentada por su partido. Así pues, el tricolor y el blanquiazul se erigen en defensores de un proyecto de reforma laboral contrario a los trabajadores y al mandato constitucional en la materia, y en el que se integran los aspectos más nocivos del neoliberalismo económico y del autoritarismo político.

En años recientes esa convergencia se ha expresado en el deterioro profundo de las condiciones de vida de los asalariados, en la falta de empleo formal, en la precarización de las condiciones laborales y en una injusta contención salarial –pactada, por cierto, con el aval de las organizaciones obreras oficialistas y de las cúpulas empresariales–, pero también en una ofensiva recurrente contra expresiones sindicales críticas e independientes.

En suma, con las propuestas de reforma laboral presentadas por el PRI y el PAN, el grupo en el poder ratifica su profundo espíritu antilaboral: parece que, para ese binomio partidista y para los gobiernos del ciclo neoliberal, la vida de los trabajadores carece de relevancia y sólo se les atiende cuando se trata de extraer votos en favor del oficialismo o de organismos sindicales antidemocráticos y clientelares como los que respaldan, ahora, la iniciativa del tricolor.

Fuente: La Jornada 11 de marzo 2011

"Bonos" por derechos sociales


El decreto que permite deducir las colegiaturas de los impuestos es un inequitativo subsidio a la educación privada. Varios analistas han señalado el riesgo de que sea el primer paso para la introducción de bonos educativos. El planteamiento atenta contra la escuela pública como espacio básico de socialización democrática. No es remoto que tengamos estos bonos que también se promueven en salud, como en el caso de los vales de medicinas del PVEM, o de hospitalización, como proponen senadores del PAN. Por ello, es muy importante analizar qué está detrás de esas propuestas y cuales serían sus efectos sobre la garantía de los derechos sociales constitucionales.

Inicialmente es de subrayar que no son soluciones pragmáticas a problemas emergentes, sino que corresponden a la concepción neoliberal que plantea que todos los ámbitos de la vida social deben sujetarse a las fuerzas del mercado y la competencia. Y para que ello ocurra es preciso que se subsidie a la demanda y no a la oferta, o sea a las instituciones públicas, sean éstas de educación o de salud. Esta concepción ha avanzado más en salud que en educación, en esta última la idea de que el Estado está obligado a proporcionarla gratuitamente es un valor social muy arraigado, aunque frecuentemente infringido.

Las autoridades de salud realizan un intenso cabildeo para generar la aceptación de una segunda reforma de salud, que consistiría en el aseguramiento universal y un nuevo impuesto, eliminando la cuota (obrero-patronal). Así se han trazado tres líneas de actuación: la portabilidad del seguro médico entre las instituciones públicas y privadas; la convergencia de los servicios, y el desarrollo del mercado.

Lo que no se ha explicado con transparencia es que esta reforma presupone definir un paquete de servicios cubiertos y calcular su costo. No se trata entonces de la reivindicación del derecho a los servicios necesarios, sino a una lista explícita de servicios, probablemente los que ofrece el Seguro Popular, que son mucho menos que los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La convergencia de los servicios no sería la integración de un sistema único de salud público, sino la aplicación de protocolos de tratamiento de los servicios del paquete proporcionados por los prestadores públicos y privados.

La creación del mercado de salud implica promover la competencia entre prestadores privados y públicos en condiciones desventajosas para éstos. Sin embargo, el mercado de salud también incluiría a los aseguradores privados en dos ámbitos. Por un lado, podrían vender seguros que cubren los servicios excluidos del paquete básico y, por el otro, administrar el financiamiento público y la compra de servicios para algunos grupos.

Esta predicción se desprende del análisis comparativo realizado particularmente con Colombia y Chile.

La política de salud colombiana tiene grandes semejanzas con la mexicana y ambas fueron trazadas por Londoño y Frenk durante su paso por el Banco Mundial, en los años 80. El sistema entró en una profunda crisis de cobertura, atención, costos y enfrenta cientos de miles de demandas legales, a pesar de un incremento notable (+2 por ciento del PIB) del presupuesto público del sector.

Para resolver el problema la propuesta del presidente colombiano es condicionar el derecho constitucional a la salud a la suficiencia de recursos fiscales y fijar el contenido del Paquete Obligatorio de Servicios en la ley de salud, así como multar a los médicos que den servicios y medicamentos no explícitamente incluidos. Además prevé un copago por servicios y medicamentos y un seguro adicional para los excluidos del paquete.

La propuesta del nuevo gobierno chileno va en la misma dirección. Pretende preservar el Fondo Público de Salud (Fonasa) sólo para los pobres o subsidiados y dar plena autonomía de gestión a los hospitales públicos, incluyendo su subrogación, para que compitan con los prestadores privados. El resto de la población tendría que elegir un asegurador, privado o público, que le compraría el Paquete Obligatorio a un prestador. Este sistema también cobrará un copago por los servicios y medicamentos, y ofrecería un seguro adicional para los servicios no incluidos en dicho paquete.

Estos sistemas de salud netamente comerciales, que canjean los derechos sociales por bonos, son muy redituables para las empresas del sector, pero se alejan de la igualdad en salud entendida como igual acceso ante la misma necesidad.


Fuente: La Jornada 9 de marzo de 2011

Entre 20 y 30%, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores

Los incrementos a los salarios contractuales son pulverizados de inmediato por los aumentos sin control que registran los productos y servicios básicos. Adicionalmente, los topes salariales que anualmente impone el gobierno al sector sindical han disparado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano –encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas–, sindicatos del sector universitario y la Alianza de Tranviarios señalaron que mientras se registra una escalada inflacionaria sin control, se castiga y estigmatiza a los gremios que no se resignan al tope salarial.

Sostienen que tan sólo en este sexenio la caída del poder de compra ha sido de entre 20 y 30 por ciento, dependiendo del gremio. Incluso la Confederación de Trabajadores de México (CTM) llamó al gobierno federal a poner un freno a las alzas de productos básicos de consumo generalizado, como la tortilla.

Según un análisis de las organizaciones que integran el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, se ha generado en el país un permanente empobrecimiento de los obreros mexicanos; en las familias cada vez se tienen que integrar más miembros al campo laboral para completar el gasto; productos como los medicamentos se han disparado hasta en 800 por ciento; la compra de básicos como la carne se han reducido de la dieta familiar, y más trabajadores se incorporan a la economía informal para completar sus ingresos.

Información del sindicato de telefonistas señala que por el encarecimiento de la canasta básica el poder adquisitivo de los obreros ha mermado 30 por ciento.

La Cooordinadora de Sindicatos Universitarios indicó que los salarios de los trabajadores del gremio han sufrido un deterioro de 18 por ciento tan sólo en este año, frente al encarecimiento del costo de vida en el centro del país.

La Alianza de Tranviarios planteó que se ha sometido al sector obrero a una camisa de fuerza, ya que los topes salariales se fijan siempre respecto del porcentaje de la inflación que se esperaba, y nunca sobre el incremento real de los precios, por lo que los ingresos se quedan cada vez más desfasados.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) advierte a su vez que el gobierno mantiene oídos sordos y ojos ciegos a las demandas obreras, como las planteadas en la marcha del 31 de enero pasado, en que el sindicalismo independiente reclamó un alto a la carestía.

El Frente Sindical Mexicano advirtió de la cacería que hay contra los gremios que quieren rebasar el tope salarial, mientras las felicitaciones del secretario del Trabajo son siempre para aquellos que se resignan y aceptan los limites impuestos por el gobierno federal.

Fuente: La Jornada 8 de marzo de 2011

Graves carencias en el Hospital de Cinta Larga

Trabajadores sindicalizados del Hospital Regional de Cinta Larga, denunciaron públicamente la serie de irregularidades que de manera permanente se registran en este nosocomio y exigieron la inmediata destitución del director Mario Islas Núñez, a quien acusaron de ser responsable de maltrato, acoso laboral y violencia psicológica en contra del personal médico.

Alrededor de 60 Médicos y enfermeras del Hospital de Cinta Larga, se manifestaron ayer miércoles en el nosocomio, en el que también exigieron que además de ser destituido el doctor Mario Islas Núñez, también se ordene el cese inmediato de la administradora Julia López Aguilar, quien señalaron, igualmente incurre en actos de prepotencia y maltrato, tanto en agravio del personal como de los pacientes que tienen la necesidad de acudir a solicitar un servicio.

Para escuchar las demandas de los manifestantes, acudió al nosocomio el subsecretario de Salud, Enrique Gerardo Macedo Ortiz, pero ante la falta de solución a la problemática existente, fue necesaria la presencia del secretario Jorge Felipe Islas Fuentes, ante quien los trabajadores dieron a conocer las muchas carencias que enfrentan para desempeñar su labor.

Encabezados por la secretaria general de la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sonia Ocampo Chapa y la representante sindical en el Hospital de Cinta Larga, Olivia Porras Juárez, señalaron que ante el descuido de los directivos, el nosocomio sufre la falta de personal médico y de enfermería, carecen de insumos y equipo electro-médico así como de monitores para la realización de su trabajo.

Indicaron que 60 trabajadores se manifestaban de manera pacífica, pero que el resto del personal sindicalizado que suma 120 personas, más 44 que laboran por contrato, seguían trabajando pero lo hacían bajo protesta, porque el hospital se encuentra en total abandono por parte de la Secretaría de Salud, en ocasiones no tienen material ni para realizar una curación, por lo que los pacientes tienen que ser trasladados a otro nosocomio y después regresar a este.

Con mantas y pancartas en las que expresaban su repudio al abuso de poder por parte del director, también señalaron que los jardines están olvidados, las lámparas de alumbrado externo no funcionan, algunas ventanas carecen de cristales, los plafones del acceso a urgencias se están cayendo, el equipamiento es escaso y deficiente y en muchas ocasiones ha dejado de ser útil, como lo era hace ocho años que el hospital inicio sus actividades.

Cabe destacar que el secretario de Salud, Jorge Islas Fuentes, se mostró molesto con los inconformes, les exigió que se mantuvieran en silencio y en tono agresivo se dirigió a quienes se encontraban presentes sin importar si formaban parte del personal o si se trataba de familiares de pacientes.

Ninguna de las demandas fue resuelta y los trabajadores sindicalizados que criticaron que en la entidad existan hospitales de primer y tercer mundo, informaron que seguirán laborando bajo protesta y haciendo públicas las constantes violaciones que el director y la administradora cometen en agravio de sus derechos laborales, así como las deficiencias estructurales de su fuente de trabajo.


Fuente: Radar Político 3 de marzo de 2011

"Dramático", el salario promedio de más de la mitad de los trabajadores

La mayoría de los mexicanos tiene un ingreso salarial dramático. Más de la mitad de los 44.5 millones de trabajadores registrados en el país ganan menos de 5 mil pesos al mes.

Josefina Morales, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó –con base en datos oficiales– que del total de trabajadores mexicanos, poco más de 25 millones tienen ingresos mensuales de uno a tres salarios mínimos, esto es, menos de 5 mil pesos.

La investigadora del IIE detalló que de los 44.5 millones de empleados mexicanos, 5.8 millones perciben sólo un salario mínimo y poco más de 10 millones ganan dos minisalarios al mes.

Los ingresos cada 30 días de otros 10 millones de mexicanos son de tres salarios mínimos y sólo 7.5 millones son los que tienen un ingreso mensual de entre tres y cinco salarios mínimos.

En contraparte, 4 millones de de privilegiados –esto es, menos de la décima parte de todos los trabajadores del país– superan ese nivel salarial.

Con 6 mil pesos mensuales, como aseveró el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, no alcanza para una hipoteca, un auto ni para pagar una escuela privada. Habría que preguntarle al señor cuánto gasta él en auto, hipoteca y escuela de sus hijos.

La investigadora resaltó que para vivir con las condiciones mínimas en este país se requiere de un ingreso mensual de entre cuatro y cinco salarios mínimos.

Por su parte, David Lozano, miembro de la Facultad de Economía de la UNAM, resaltó que la canasta básica actualmente representa un gasto de 4 mil 600 pesos mensual, por lo que muchas familias en el país no pueden adquirirla en su totalidad.

A esto se debe sumar el gasto mensual que la familia promedio (de cuatro a cinco integrantes) realiza en servicios básicos, como gas (700 pesos), renta (que de acuerdo con datos de bienes inmuebles en México oscila entre 2 mil 500 y 6 mil 300 pesos, según la zona), servicio de luz (entre 400 y mil 100 pesos), teléfono (el consumo promedio nacional es de 600 pesos) y pasajes, (cuyo gasto promedio al mes es de unos 700 pesos).

El académico subrayó que para cubrir todos los elementos que representan una vida digna, las familias mexicanas tendrían que tener percepciones de casi 27 mil pesos al mes, situación irreal para más de 80 por ciento de los mexicanos.

Resaltó que ante la precariedad salarial, para alcanzar condiciones de bienestar mínimas tienen que trabajar varios miembros de una familia.

Fuente: La Jornada 27 de febrero de 2011

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