Por JENARO VILLAMIL
El asunto no es sindical ni de eficacia económica. El tema es de intereses corporativos y de alianzas políticas. Cada día se va prefigurando el verdadero objetivo de este golpe policiaco-militar: tomar el control de una compañía que puede representar un jugoso negocio para quienes obtengan la concesión de la instalación de las redes de fibra óptica en el área del Valle de México, el mercado más importante, por volumen poblacional y por nivel de ingresos, para el negocio del triple play, es decir, la transmisión de datos, audio y video a través de una red alterna.
En entrevista con la reportera Rosalía Vergara en la última edición de Proceso, Martín Esparza aporta elementos suficientes para dimensionar el nivel de los intereses en juego:
"Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de uno por ciento del territorio nacional. Tenemos una fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e Internet (triple play) con una respuesta muy rápida".El SME y el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 30 de junio de 2009, un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios de triple play. Ahora sabemos o intuimos que este desafío de un sindicato y de la empresa paraestatal afecta los intereses de quienes andan tras un negocio que está valuado en 6 mil millones de dólares, si tomamos en cuenta el nivel de licitación de la CFE de sus dos pares de fibra óptica.Estamos hablando de la poderosa trasnacional española Telefónica –dirigida por Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda--; de Cablevisión –propiedad de Televisa y con un mercado dominante en el Distrito Federal---; de Telmex, el gigante telefónico al que la SCT no le ha dado aún el cambio de título de concesión para que pueda competir en el triple play contra Televisa y Telefónica y, por supuesto a otros jugadores intermedios.Entre esos jugadores intermedios se menciona a la compañía WL Comunicaciones que obtuvo en 1999 del exsecretario de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo, Carlos Ruiz Sacristán, una concesión para operar servicios de este tipo en la LFC. El círculo se puede cerrar si recordamos que durante la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, quien jugó un papel fundamental fue el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón. El actual titular del Trabajo, efectivamente, está más interesado, desde entonces, en los negocios derivados de la convergencia tecnológica que de la democratización sindical.Esparza declara en la misma entrevista que la compañía WL Comunicaciones –cuyos accionistas son dos destacados empresarios del panismo--, acudió a los servicios del despacho de Diego Fernández de Cevallos para frenar que el negocio por venir en el Valle de México se le otorgara a la paraestatal y al sindicato. La huella de Fernández de Cevallos ha estado presente en las últimas y más polémicas decisiones adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón. Por eso no extraña que su aliado, exsocio y actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparezca en conferencias de prensa y en entrevistas con Televisa, argumentando más como un integrante del Consejo de Administración de una gran empresa por venir y no como el responsable de la política interior y de la gobernabilidad del país.No es la eficacia del servicio de energía eléctrica lo que importa detrás de la medida adoptada frente al SME. Los apagones que se están registrando en delegaciones como Milpa Alta, en municipios mexiquenses como Atizapán y Ecatepec, o en entidades como Hidalgo y Puebla, nos habla de que la medida fue adoptada sin pensar en el servicio y en los consumidores, sino en el control corporativo de la empresa para los negocios por venir.
Fuente Proceso
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