Exigirá la UNT renuncia de Lozano en la marcha del Día del Trabajo


Las principales consignas de la marcha de este primero de mayo son el rechazo total a la reforma laboral del PAN y el repudio a la política en el rubro del presidente Felipe Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien ha criminalizado la protesta obrera y cancelado, con procedimientos arbitrarios inconstitucionales e ilegales, las conquistas sociales contenidas en los contratos colectivos.
A esta movilización concurrirán organizaciones sindicales, campesinas y sociales, que marcharán desde el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Colón y el Hemiciclo a Juárez, hasta el Zócalo, informaron ayer organizaciones que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que hicieron además un diagnóstico de cómo llega el sector a este día y lo resumieron en una sola frase: muy golpeado.
En la sesión plenaria de la UNT, esta central dio a conocer los planteamientos que se llevarán en el Día del Trabajo, y sostuvo que hay coincidencia de las organizaciones en demandar que renuncie el secretario del Trabajo, Javier Lozano; señalaron que la posición antisindical del actual gobierno tiene su expresión más acabada en la iniciativa de reforma laboral que el PAN presentó en la Cámara de Diputados, a la que todas las organizaciones de esta unión se oponen.
Los dirigentes informaron que en el Día del Trabajo de este año marcharán todas las agrupaciones que conforman el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos y las Libertades Democráticas, entre los que están además de la UNT, la Confederación Nacional Campesina; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y el Frente Sindical Mexicano, entre otras organizaciones.
Para la UNT, también es fundamental dejar en claro en este primero de mayo que hay respaldo total de las organizaciones a los sindicatos de electricistas y de mineros, e incluso se estima que un representante de este último sindicato tome la palabra en el mitin que iniciará a las 11 de la mañana en el Zócalo.
Al respecto, Agustín Rodríguez, de la presidencia colegiada de la UNT, explicó que se trata de dar en esta fecha un posicionamiento político más enérgico de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales, pues no se puede mantener una postura pasiva, ante los posibles funerales de la Ley Federal del Trabajo y de los propios trabajadores.
Se cuestionó que el gobierno no vea lo que está pasando en el sector laboral, en el que continúa la cancelación de plazas de trabajo y ya hay más de un millón de personas que han perdido su empleo en este sexenio. Los salarios están en el piso, hay una migración permanente de desempleados hacia el sector informal de la economía, ya que no hay, por más que se insista en el discurso oficial, un palpable crecimiento económico, finalizó Rodríguez.
Fuente: La Jornada 29 de abril de 2010

Se suman seis trabajadores más a la huelga de hambre del SME


Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre, luego de que ayer seis más se sumaron al ayuno en el Zócalo. En paralelo a esta protesta, integrantes del gremio han emprendido movilizaciones e incluso ayer mismo marcharon hasta la Torre Mayor para impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaban a inversionistas privados propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Este gobierno está subastando el sector y sus bienes, las empresas públicas y el país, denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina, la cual les impidió el paso al edificio al que pretendían ingresar. No obstante, la reunión que se realizaba en el noveno piso se suspendió.
Los electricistas han emprendido diversas acciones para acompañar la huelga de hambre de sus compañeros. También este miércoles realizaron una marcha en las inmediaciones del Zócalo; rodearon de flores blancas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la víspera hicieron un camino de velas blancas que iba desde su campamento hasta el máximo tribunal.
Para hoy, señaló Esparza, se tiene previsto que los jubilados realicen un mitin en el Senado en protesta porque quieren pasar sus regímenes jubilatorios al esquema del IMSS. En tanto, en la Cámara de Diputados, legisladores están impulsando un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el enorme saqueo que ha permitido en LFC.
No puede quedar impune el saqueo que se ha cometido contra la paraestatal, el SME tiene el inventario de los vehículos, materiales y herramientas que debería haber en cada uno de los centros de trabajo, los cuales prácticamente ya fueron vaciados, y de ello tendrá que responder el encargado del SAE, aseguró el dirigente.
Defendió que en este cuarto día de huelga de hambre, los trabajadores están realizando una acción extrema para sensibilizar a la SCJN y al pueblo de que es necesario restablecer el estado de derecho en el país y devolver a los ciudadanos las garantías individuales secuestradas por los gobernantes, quienes están representando sólo los intereses de la oligarquía del país.
Llamó la atención respecto de que este gobierno ha puesto un sinnúmero de cortinas de humo para que la población no vea el saqueo que está cometiendo con los bienes nacionales, la venta de los sectores estratégicos y el posicionamiento económico y negocios de los amigos del régimen. Dijo en este sentido que los problemas nacionales del país han sido relegados por el régimen y hay un verdadero rezago de las tareas gubernamentales, así como un desprecio a temas sensibles.
Por su parte, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que ayer se integraron a la huelga de hambre y que son: Rodolfo Cisneros Reza, Gerardo del Canto Pérez, Marco Antonio Moreno Aranda, Miguel Ángel Domínguez León, Miguel Ángel Pérez López y David Guzmán Rojas.
También informó que el SME está invitado a participar en la conmemoración del primero de Mayo en Chicago, precisamente la cuna de la defensa de los derechos laborales, y en este acto se llevará la denuncia de lo que está pasando en México en materia laboral.
Fuente: La Jornada 29 de abril de 2010

SME: los saldos de una digna resistencia


A más de seis meses del golpe fascista del gobierno de Calderón en contra del SME, al decretar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado de 43 mil 720 trabajadores electricistas y la indefensión de 22 mil 256 jubilados, los saldos favorables de la heroica resistencia electricista están a la vista; sobre todo para quienes apostaban por un desenlace rápido, violento y represivo (véanse al respecto los documentos secretos de Calderón) en contra de uno de los sindicatos más antiguos, democráticos, nacionalistas y precursor, junto con los mineros de Cananea, de los derechos obreros plasmados en el artículo 123 constitucional.
1. Pese a la campaña de linchamiento y provocación, 18 mil 10 trabajadores electricistas resolvieron no ser liquidados; se buscaron empleos temporales o se dedicaron al comercio ambulante; vendieron pertenencias, se volvieron mil usos, todo, menos rendirse, conscientes de que la razón constitucional y legal les asiste. A esta franja, que representa 41.2 por ciento del total, se le sumó en los últimos meses un número aproximado de 12 mil trabajadores que, bajo presión y con engaños, fueron llevados a aceptar una liquidación voluntaria, con la promesa de primero liquídate y después te recontratamos. Pero pasaron semanas y se acumularon los meses y el engaño quedó al desnudo y finalmente demandaron la figura de patrón sustituto en la JFCA. La suma de ambos segmentos de trabajadores asciende a 30 mil 10 trabajadores que representan 68.6 por ciento de los 43 mil 720.
2. Como se recordará el punto de partida de la agresión fascista en contra del SME fue la negativa de toma de nota a la mitad del Comité Central y Comisiones Autónomas encabezada por su secretario general Martín Esparza Flores. Como esta violación a la autonomía y libertad sindical no prosperó, pues la base del SME cerró filas, dejando sola a la fracción sindical disidente promovida y apoyada por Calderón y Lozano, el primero de diciembre de 2009 el presidente de la JFCA emitió un laudo declarando la nulidad del proceso electoral del SME y condenando al SME a reponer las elecciones. Sin embargo, el 19 de marzo de 2010 el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió dar la razón a la queja presentado por la dirección del SME, otorgándole una suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto en el juicio de amparo (pg. 34 y 35). En palabras llanas reconocieron que Martín Esparza Flores y 12 miembros de la dirección del SME continúan ocupando sus cargos sindicales. Esta suspensión provisional implicó un durísimo golpe al objetivo de Calderón-Lozano de dejar sin cabeza al SME.
3. El 24 de marzo pasado, mediante el comunicado de prensa 082/2010 la SCJN informó que su segunda sala determinó reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y agremiados, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. La decisión la fundó por tratarse de un asunto de importancia excepcional, pues involucra el análisis del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el estudio de la constitucionalidad del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Agregando que la resolución que se tome sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados es también trascendente, pues el criterio que en su caso llegue a sustentarse repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros (las cursivas son mías) y precisando que no es impedimento a lo anterior, el que en el caso de hayan formulado agravios en los que se combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, los cuales en principio debieran ser analizados por el Tribunal Colegiado respectivo. Por supuesto esta decisión de la SCJN constituyó también un revés al propósito de Calderón-Lozano que, en días previos y a través de la PGR buscaran, infructuosamente, que la SCJN ejerciera su facultad de atracción, para separar la materia constitucional de la laboral y de esta forma extender la duración del conflicto.
4. La creación del grupo plural de diputados el 25 de marzo introdujo un elemento que el gobierno de Calderón había descartado, desde que en noviembre de 2009 la Cámara de Diputados abdicó de su facultad constitucional de interponer una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LFC. El rompimiento de la alianza entre el PRI y el PAN abrió la posibilidad de creación del grupo de diputados, que sin embargo fue boicoteada por el PAN, pues distorsiona y altera los planes originales de Calderón-Lozano, al permitir supervisar y monitorear todo el asqueroso y corrupto proceso de extinción de LFC y entre cuyas funciones está la de coadyuvar en la búsqueda de una solución política, negociada, legal y constitucional al conflicto electricista.
Con estos elementos a su favor el SME ha resuelto ir a una huelga de hambre masiva, que por supuesto contará con el respaldo de amplios sectores del pueblo de México y de decenas de movimientos de resistencia social en todo el país. En rechazo al decreto de extinción de LFC y por una solución justa y digna, apegada al marco constitucional y legal.
Fuente: La Jornada 25 de abril de 2010

Integrantes del SME inician huelga de hambre en el zócalo capitalino





Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciarán hoy domingo una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
Esta forma extrema de protesta es para exigir la reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y pedir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una valoración justa del problema que enfrenta el gremio, el cual presentó ante el Poder Judicial pruebas de la inconstitucionalidad del decreto presidencial del pasado 11 de octubre, que dejó sin empleo a más de 44 mil empleados de LFC.
El ayuno será escalonado y permanente. Cada día se sumarán electricistas, incluidos dirigentes, como el vocero Fernando Amezcua. De acuerdo con el líder del gremio, Martín Esparza, hoy 10 trabajadores comenzarán y un número similar se agregará diariamente, con el fin de tener un respaldo para esta acción, en previsión de que se alargue.
Los compañeros van a ofrendar su vida. Esta huelga es parte de la desobediencia civil de quienes han sido despojados de sus garantías laborales básicas, dijo.
De forma simultánea, reforzarán la difusión internacional de la violación a los derechos humanos y laborales del gobierno de Felipe Calderón. Organizaciones políticas y sociales de otros países se comprometieron a transmitir imágenes de la huelga masiva en la Plaza de la Constitución, la víspera del primero de mayo.
El SME envió un representante a Chicago para participar en la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo.
Durante la preparación del plan de acción, unos 5 mil electricistas manifestaron su interés de ayunar, de los cuales 2 mil 300 fueron sometidos a exámenes médicos. Alrededor de 600 los aprobaron y, hasta el momento, 150 ya están preparados física y anímicamente para empezar la huelga.
El plan de acción inicia con una misa oficiada por Carlos Rodríguez, de Pastoral Laboral, quien explicó que para la doctrina social de la Iglesia, el gobierno mexicano incurrió en un acto inmoral al dejar sin empleo a miles de trabajadores y al no colocar el bienestar social como política pública prioritaria.
Para la doctrina social de la Iglesia, los derechos de los trabajadores son sagrados, agregó el sacerdote.


Fuente: La Jornada 25 de abril de 2010

Dos visiones del mundo laboral


La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de abril no fue improvisada: es resultado de un largo proceso de reflexión y propuesta de los sectores productivo, sindical, académico y ciudadano, además de que actualiza la presentada en 2002, con los aportes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Se trata de una perspectiva que confronta a la generada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), conocida como iniciativa Lozano.
Son muchas las diferencias entre una y otra iniciativas; la promovida por el PRD-UNT está vinculada a un proyecto de modernización integral del país en una línea de ganar-ganar. La iniciativa Lozano, en cambio, más allá de los discursos, propone en lo concreto abaratar la fuerza de trabajo, reducir su estabilidad e incrementar el control empresarial de los derechos colectivos, como una supuesta solución a los retos de la globalización. El análisis de estas propuestas es un ejercicio necesario, sin olvidar que la oficial debe evaluarse en el contexto de su desempeño cotidiano. Cuatro aspectos permiten destacar las diferencias.
El primero se relaciona con el ámbito constitucional de las reformas. La propuesta PRD-UNT incluye temas ignorados por la iniciativa Lozano, vinculados al sistema de justicia, la fijación de los salarios mínimos, como parte de la política económica, y la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público. Sin modificación constitucional estos cambios no podrían ser abordados.
Un segundo tema se refiere a la fijación de las condiciones de trabajo para responder a las necesidades del mercado y la recuperación salarial. La propuesta Lozano facilita el despido libre, la contratación precaria y hace referencia a un conjunto de medidas de contenido más cosmético que real, puesto que ya están contenidas en la ley. Es el caso de las reglas en materia de promoción, ascenso, flexibilidad en las funciones de los puestos y productividad por capacitación. En este capítulo introduce dos aspectos muy lesivos para los trabajadores. La ocurrencia patronal consistente en hacerles pagar las consecuencias de la lentitud de los juicios laborales, limitando los salarios caídos a seis meses, en el supuesto de laudos dictados en su favor. No afronta el reto de disminuir el tiempo de los juicios, por el contrario, mantiene sus vicios y hace pagar el costo a la parte más débil. También incluye la contratación por horas, que aplicada como medida general tendría un impacto negativo en el modelo, habida cuenta de los bajos salarios que imperan en nuestro país.
La propuesta PRD-UNT parte de la premisa de que la ley sólo fija las garantías y reglas básicas del juego, en un entorno laboral diferenciado que requiere de un mínimo de diálogo y concertación para adecuar las condiciones de trabajo a un esquema de auténtica racionalidad productiva y de beneficios compartidos. No se limita a una visión parcial en favor de los trabajadores, entiende que el desarrollo productivo es una exigencia para lograr la viabilidad del país en su conjunto. Para ello, propone que el ajuste de jornadas, intensidades, adecuación con nuevas tecnologías, duración de la relación laboral, esquemas de remuneración, de capacitación y tercerización justificada, se ubiquen en el contexto complementario de la contratación colectiva, como sucede en los países altamente competitivos del mundo. Agrega una protección inexistente en la propuesta panista, el seguro de desempleo, regulado de manera realista con fondeo compartido y en el marco del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un tercer tema se vincula a la democratización sindical y la contratación colectiva auténtica, instituciones íntimamente relacionadas. La propuesta PRD-UNT adquiere carácter estructural en la medida que enfrenta la problemática de control, simulación y corrupción vigentes. Coincide con la propuesta panista de incluir el voto secreto en los procesos sindicales, tanto de elección como de diferencias intergremiales; sin embargo, no comparte la estrategia de debilitamiento gremial y de la contratación colectiva por la vía de nuevos mecanismos de control básicamente de corte empresarial. La diferencia en materia de firma y titularidad de los contratos colectivos es clara. La propuesta PRD-UNT hace efectivas las garantías de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen libre tipología sindical, supresión de la toma de nota, autonomía en las formas de organización y radio de acción, condiciones necesarias para un fortalecimiento de la contratación colectiva, institución clave en cualquier modelo laboral sustentable y productivo; en esta línea, propone acuerdos por sector, rama de actividad y cadena productiva, apoyándose en experiencias exitosas a escala internacional.
La propuesta PRD-UNT sugiere crear un registro público de contratos colectivos y sindicatos que favorezca una real autonomía y el desarrollo de un sindicalismo decente, utilizando el término de la OIT, una especie de IFE pequeño. Ambas coinciden en la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, aunque la del PRD-UNT considera sancionar la intromisión patronal en la vida de los sindicatos.
Un cuarto aspecto hace referencia a la justicia laboral, reclamo consistente y generalizado en favor de una autoridad imparcial, calificada y eficaz que resuelva los conflictos en periodos cortos. La iniciativa Lozano le da vuelta al tema y mantiene la estructura viciada de las juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras el PRD-UNT retoma el reclamo de un sistema moderno de justicia, por conducto de jueces laborales en el ámbito del Poder Judicial.
Este primero de mayo es una oportunidad para que la población exprese su posición frente a la reforma laboral que necesitamos. Marchemos juntos.
Fuente: La Jornada 24 de abril de 2010

Se perdió en México 20% del poder adquisitivo en 2009: BM y FMI


El ingreso promedio de los trabajadores mexicanos perdió una quinta parte de su valor en 2009, como consecuencia de la crisis económica. Se trata de la mayor caída en América Latina y la séptima más importante entre las naciones de desarrollo similar, indicó un reporte conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) dado a conocer hoy en esta ciudad.
La magnitud de la caída en el poder de compra de los trabajadores mexicanos ocurrió mientras el estrato de población del país que se ubica en la punta de la pirámide del ingreso aumentó su participación en la renta nacional, según datos divulgados esta semana por el BM.
El impacto de la crisis de 2009 en el mercado laboral fue severo, indicó el reporte, al referirse a la situación específica de 41 países de desarrollo medio, entre ellos México. El número de empleos y la tasa de ocupación fueron negativamente afectados, aunque el daño fue mayor en la calidad de los empleos y el ingreso de los trabajadores, indicó el informe.
Aumenta concentración
En México, el monto de salarios pagados se redujo en 20 por ciento, una quinta parte, en 2009, respecto del nivel previo a la crisis. La mayor caída entre los países de desarrollo medio, según las clasificaciones del Banco Mundial, ocurrió en Letonia, con 25 por ciento. Siguieron: Ucrania, Lituania, Federación Rusa, Sri Lanka y Serbia, en un rango de 24 a 22 por ciento.
Comparado con naciones de ingreso medio en América Latina, la pérdida de ingreso de los trabajadores mexicanos fue la más pronunciada en 2009. En todos los casos incluidos en el grupo de 41 países la merma fue menor a 10 por ciento: Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y Chile. Del total de naciones consideradas en ese conjunto, sólo en tres casos ocurrió un aumento de la nómina pagada: las áreas urbanas de China, Argentina y la República de Macedonia.
Esta semana, el Banco Mundial reveló que la concentración del ingreso en México aumentó en los últimos cuatro años. La décima parte de los mexicanos en la punta de la pirámide de la riqueza concentró ingresos por el equivalente a 439 mil 597.2 millones de dólares, 41.3 por ciento del ingreso total nacional. Cuatro años antes, la participación de este grupo en el ingreso nacional fue de 35.4 por ciento.
La décima parte de los mexicanos más pobres participó con 1.2 por ciento del ingreso total, una disminución respecto del 1.5 por ciento que tuvo cuatro años antes, de acuerdo con los datos del organismo.
Los datos sobre la evolución del mercado laboral en 41 países de desarrollo medio están incluidos en un reporte más amplio sobre las consecuencias de la crisis económica en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), conjunto de metas planteadas al inicio de este siglo y que buscan de manera general reducir la pobreza en el mundo en 2015 a la mitad de los niveles existentes en 1990.
La crisis económica mundial generó una desaceleración en el ritmo de la reducción de la pobreza en los países en desarrollo y afecta el progreso en relación con el cumplimiento de los demás ODM, según el Informe sobre seguimiento mundial 2010: los ODM después de la crisis, elaborado de manera conjunta por el FMI y el BM.
El Banco Mundial calculó el miércoles pasado que 10 millones de latinoamericanos cayeron en pobreza en 2009. Según el gobierno mexicano, el año pasado el número de pobres en ese país aumentó en 5 millones.
La crisis ha generado un gran sufrimiento para millones de personas en el mundo, dijo hoy Murilo Portugal, subdirector gerente del FMI, en la presentación del reporte.
Como consecuencia de la crisis, en 2015 –el plazo fijado para el cumplimiento de los ODM– habrá 53 millones de personas en condiciones de extrema pobreza más de las que habría de no producirse la crisis, indica el reporte. Sin embargo, el informe estima que la cantidad de personas en extrema pobreza llegará en ese año a 920 millones, prácticamente la mitad de los mil 800 millones que vivían en esa condición en 1990.
Así, la meta de reducir a la mitad la pobreza en el mundo estaría en vía de ser cumplida, pero no así otras establecida en la misma Declaración del Milenio. Es muy poco probable, indica el reporte, que se cumpla el ODM fundamental de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas que sufren hambre, dado que actualmente más de mil millones de seres humanos siguen teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades humanas.
Otra meta de difícil cumplimiento es la desnutrición entre niños y mujeres embarazadas. Según el Banco Mundial de 2009 a 2015 habrá 1.2 millones de muertes adicionales de niños menores de cinco años por causas relacionadas con la crisis.
Fuente: La Jornada 24 de abril de 2010

"Lo que menos queremos es violencia, pero estamos fatigados", dicen mineros


Lo que menos queremos es la violencia, pero ya estamos fatigados. Son demasiadas arbitrariedades, señalaron ayer dirigentes del sindicato minero en representación de trabajadores Cananea. Explicaron que por eso los sonorenses están dispuestos a hacer estallar la mina si intentan desalojarlos con la fuerza pública en apoyo a Grupo México.
Expresaron temor de que el fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea el pretexto para que la huelga que se inició hace dos años nueve meses sea terminada abruptamente.
Reiteraron que no lo permitirán. Dijeron que han soportado violencia, muerte de compañeros, fallos inexplicables, injustos y el hambre y el dolor de sus familias. Si la mina no vuelve a ser nuestra fuente de trabajo, no será de nadie, advirtieron.
Debido a que están acostumbrados a manejar explosivos, de uso común en su labor, señalaron que han colocado cargas en puntos estratégicos del socavón, y dejaron en claro que esta determinación es de los mil 100 trabajadores de Cananea, no del sindicato.
En conferencia de prensa, Sergio Beltrán, secretario del interior, exterior y actas, así como Javier Zúñiga García, secretario de trabajo, y Juan Luis Zúniga Velázquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia del gremio, se sumaron a las posturas de los mineros sonorenses dadas a conocer a los medios nacionales.
Los integrantes del comité ejecutivo nacional criticaron el fallo de la SCJN y recibieron el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (Fitim).
Precisaron que están dispuestos a defender Cananea con uñas y dientes porque la mina significa mucho más que una fuente de trabajo, es su vida, la cual ha sido destruida por una arbitrariedad tras otra.
Como trabajador me ofrezco a prenderle la mecha a los explosivos, pero no como secretario de trabajo, abundó Zúñiga García, quien aseguró que “si el gobierno y la empresa nos dicen que mañana nos esperan en tal parte para negociar, porque ellos tienen una propuesta concreta del sindicato minero para resolver las tres huelgas –Cananea, Taxco y Sombrerete–, llegaríamos a buenos términos en una negociación, porque Cananea se muere día a día por la irresponsabilidad de una empresa”.
Apoyo internacional
Acompañados por Jyrki Raina, secretario general de la Fitim, quien aseguró que esta central da apoyo total y solidario porque lo que padece el gremio se deriva de que es un sindicato incómodo al gobierno, los mineros representantes de la sección de Cananea insistieron en que la violencia no es su opción, pero dejaron en claro han sido la empresa y el gobierno los que comenzaron la agresión. Violencia genera violencia, y nos están orillando a hacerla detonar.
Agregaron que los trabajadores de Cananea están dispuestos a destruir la maquinaria que está dentro del socavón y utilizar los 6 mil litros de gasolina de un camión cisterna que se encuentra en la mina.
Manifestaron que su vida, y sobre todo la de los mineros de Taxco y Sombrerete, ha cambiado radicalmente, pues sus posibilidades económicas se redujeron drásticamente, lo que los ha obligado a sacar a sus hijos de las escuelas y a hacer lo que se pueda para sostener a la familia.
Insistieron que están dispuestos a continuar las huelgas hasta tener una respuesta a sus demandas, y afirmaron que no lo hacen por defender a su líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, sino por la causa de los trabajadores y por la libertad sindical.
En Cananea, los muchachos tenían un nivel de vida muy bueno con un ingreso de 5 a 6 mil pesos por semana; sus hijos estudiaban en colegios particulares bilingües, y todo eso se acabó, abundó Zúñiga.
Expuso que si van a tu casa a quererse meter, ¿a poco te vas a quedar con los brazos cruzados? Te tienes que defender, y la gente se ha preparado.
Mediante un comunicado, el sindicato remarcó que la solución al conflicto debe ser por la vía del diálogo, con estricto respeto a la autonomía sindical y al derecho de los trabajadores.
Destacó que las decisiones de la base trabajadora de la mina de Cananea son producto de la frustración que en ella provoca la falta de sensibilidad, voluntad y capacidad de Grupo México y del gobierno.
En la rueda de prensa, Zúñiga García criticó los oídos sordos del gobierno federal hacia las demandas mineras y recordó las ocasiones en que han sido provocados por empresa y gobierno.
Cuando los niños tienen hambre lloran, y la mamá pronta va y los atiende; cuando a los mineros no se les escucha estallamos las minas.
Fuente: La Jornada 23 de abril de 2010

En Cananea hay desesperación ante tantas arbitrariedades, advierte Gómez Urrutia


Los mineros de Cananea, Sonora, están desesperados después de tantas arbitrariedades. Son casi tres años en huelga, de vivir en una situación precaria, de padecer dificultades y carencias junto con sus familias, con sus hijos y, en contraste, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, lejos de hacer algo para resolver el conflicto, celebra todas las resoluciones contrarias a los derechos de los trabajadores; es aberrante lo que está haciendo.
Vía telefónica desde Vancouver, Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, señaló lo anterior y sostuvo que no deja de sorprender la actitud y celebración de Lozano ante cada resolución que afecta a los trabajadores.
El dirigente hizo referencia a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya segunda sala resolvió como improcedentes las reclamaciones interpuestas por los trabajadores de Cananea y confirmó que concluyeron las relaciones laborales en la empresa, como ya había decidido la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Sin embargo, aclaró que ése no es un fallo definitivo ni es un caso concluido, por lo que no tienen por qué entregar la mina.
A pesar de que no ha finalizado al asunto, el encargado de la política laboral se apresuró a celebrar porque no le importan los derechos de los trabajadores, insistió Gómez Urrutia.
Agregó que la falta de voluntad del secretario para resolver el conflicto lo ha complicado más, y apuntó que su actitud servil a las empresas es vergonzosa; no esconde que representa los intereses patronales, en este caso por encima de los mineros que han entregado toda su vida, su esfuerzo y su sacrificio en una mina tan difícil y complicada que ha enriquecido a Grupo México.
Respecto de los señalamientos de algunos trabajadores de que estaban dispuestos a hacer estallar la mina de Cananea por defenderla como su fuente de trabajo, el dirigente aseveró que son palabras de desesperación, y dijo que aun cuando son entendibles estas expresiones, con madurez evitaremos que se llegue a estos extremos.
Gómez Urrutia alertó que si se desata la violencia en Cananea y hay un estallido –pero social– será porque el gobierno federal y la empresa otra vez arman una estrategia para desalojar a los obreros, con apoyo de fuerzas militares o policiacas, porque los trabajadores están acompañados en la mina con sus familias, con estudiantes, representantes sindicales internacionales y nacionales, por lo que si toman esta decisión sería retroceder más de 100 años.
Por lo anterior, hizo otra vez un llamado al presidente Felipe Calderón para que intervenga directamente en la búsqueda de una salida negociada al conflicto.
Añadió que, contrario a lo ha querido hacer ver la Secretaría del Trabajo, estamos muy lejos de haber terminado este asunto; todavía hay otras instancias y juicios de amparo promovidos por trabajadores de confianza que ya obtuvieron una suspensión definitiva del acto reclamado y que impiden que la JFCA ejecute el laudo que da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Son amparos indirectos y falta que se resuelvan, y en última instancia, si vienen en contra, faltaría el recurso de revisión.
Así, la resolución de la SCJN no significa el final, y los obreros no van a entregar la mina. Reiteró que también hay procesos ante instancias internacionales. Se va a ampliar la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso podría llegar a la Corte Interamericana, señaló.
Al preguntarle si no está cansado de toda la maraña jurídica que ha tenido que enfrentar con demandas y contrademandas, respondió: no me he cansado y no me voy a cansar, porque lo que está pasando en México es una aberración, se ha creado un conflicto sindical, social, económico y político para favorecer a una empresa.
Fuente: La Jornada 23 de abril de 2010

Contrarreforma laboral


El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo recientemente que la iniciativa de reformas laborales presentada por su jefe el pasado 18 de marzo busca regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al margen de la ley. Con ese criterio habrá que ir pensando en despenalizar los levantones y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta donde se sabe, la tarea de las autoridades es hacer cumplir las leyes, no adulterarlas para dar gusto a quienes las infringen, que son, significativamente, los patrones.
Este gobierno nunca ha aplicado la legislación laboral vigente en favor de los trabajadores y de sus organizaciones independientes. Más aún, los ha perjudicado en forma sistemática mediante interpretaciones sesgadas, facciosas y abusivas, como la disposición de la toma de nota a las dirigencias sindicales. Ahora viene a vendernos, como beneficios para los asalariados, el acotamiento del derecho de huelga, el fin de la certidumbre en el empleo y la eliminación del derecho a indemnización. Esto no es una reforma, sino una contrarreforma. Miente Felipe Calderón cuando afirma que busca una Ley Federal del Trabajo renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI. Lo que pretende, en realidad, es retroceder a los albores del siglo XX, cuando se permitía la sobrexplotación de los peones acasillados y cuando se asesinaba a los obreros en Cananea.
Contratación por horas; trabajo a destajo; pérdida de salarios caídos, de derecho a la reinstalación, de ascenso escalafonario, de conquistas sindicales; incertidumbre y desprotección ante el despido injustificado. ¿Qué otra cosa pedirán los patrones para abaratar aún más este enorme mercado de mano de obra miserable? Parece ser que a quienes controlan el poder público les interesa reducirnos a un hato aterrorizado por el naufragio de la seguridad, atomizado y desinformado, sometido a los caprichos y a las gulas de consorcios nacionales y extranjeros que podrán venir a comprarnos a granel: por individuo, por pieza, por hora, por kilo, por litro de sangre.
Ya a principios de los años 90 del siglo pasado, teóricos estadunidenses como Richard Reich e Ira Magaziner tomaban distancia de la barbarie neoliberal y señalaban que la principal riqueza de Estados Unidos no era la infraestructura y la planta industrial, porque se volverían obsoletas, ni la bolsa de valores, porque los capitales iban y venían como les daba la gana. La riqueza inamovible del país, señalaban, era la población, y en ella había que invertir.
Qué contraste: mientras en México tenemos que enfrentar un intento de reforma laboral regresiva y depauperadora de la población, en España se está planteando, para hacer frente al desempleo –y con severas críticas de las centrales sindicales–, medidas como la reducción de la jornada de trabajo con el pago mínimo de 67 por ciento de las horas no laboradas; medidas como la absorción por el erario de parte de las indemnizaciones que se paguen a quienes sean despedidos con 33 días por año trabajado; el subsidio fiscal a empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral. Y a nadie le ha pasado por la cabeza argumentar que tales propuestas atentan contra la productividad.
Aquí, nos dicen, las arcas públicas no dan para más. Bueno, reconozcan que dan para un poquito más: ¿Cuánto dinero ha invertido el calderonato en publicidad para justificar su no inversión en la gente? ¿Cuántas camionetas blindadas de un millón de pesos se habrán comprado este año los representantes populares? ¿Cuántos miles de millones de dólares se regalan a Repsol por contratos mafiosos de abasto de gas natural a la CFE? ¿Cuántas carretadas de dinero entrega el Conacyt a las trasnacionales para que financien investigaciones que sólo benefician a sus accionistas? ¿Cuánto dinero sigue repartiendo el Procampo entre narcos y funcionarios del sector agrario? ¿A cuánto ascienden los subejercicios en las dependencias del gobierno federal?
Es dable exigir que las autoridades hagan cumplir las leyes laborales tal como son, no sólo porque es su obligación, sino también porque ello es indispensable para reactivar el mercado interno, reducir el sector informal y restituir la confianza de los trabajadores mexicanos en su país, en sus instituciones y en su propio futuro.
La contrarreforma laboral propuesta por el calderonato es un acto de cinismo, una inmoralidad y una nueva agresión a una masa trabajadora sacrificada y devaluada durante décadas para impulsar la riqueza extrema de unos cuantos. Los asalariados no deben permitir que se haga realidad.
Fuente: La Jornada 20 de abril de 2010

Se desploma 82% el poder adquisitivo


En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, la caída del poder adquisitivo del salario es mayor a la registrada en la llamada década perdida, señala el reporte de investigación número 86 del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Expone que los incrementos a varios productos, entre ellos gasolina, electricidad y gas, han provocado que el salario siga acumulando pérdida de poder adquisitivo, que ya es de 82 por ciento.
El costo de la canasta básica ha tenido un incremento acumulado de 93 por ciento del primero de diciembre de 2006 a abril de 2010, mientras el salario mínimo únicamente ha crecido 17 por ciento en dicho periodo. Los resultados muestran claramente la política salarial que el capital ha impuesto a los trabajadores, condenándolos a enfrentar un sistemático y cada vez mayor deterioro del nivel de vida, indica.
El análisis, elaborado por los investigadores Luis Lozano Arredondo, David Lozano Tovar, Mariana Juárez y Jaime Vázquez, entre otros, plantea que el minisalario ha tenido una pérdida de poder adquisitivo de 47 por ciento en el actual gobierno, la cual rebasa la reportada en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y parte del de Carlos Salinas de Gortari.
Así, la gestión de Calderón, a más de tres años de iniciada, ha agravado el problema de la precarización de las condiciones laborales y de vida de los mexicanos, señala la investigación. Añade que en dicho periodo se han deteriorado las condiciones de los trabajadores, que han sufrido un proceso de despojo, explotación y represión.
En cuanto a la canasta básica recomendable, explica que ésta fue definida por el investigador Abelardo Ávila, del Instituto Nacional de Nutrición, y su comportamiento se mide con base en encuestas elaboradas por el CAM. Así se determinó que el costo de ésta pasó de 80.83 pesos a 156.76, acumulando un incremento de 93 por ciento.
Fuente: La Jornada 19 de abril de 2010

Firme rechazo de obreros a la reforma laboral panista: CT


La dirigencia del Congreso del Trabajo (CT) advirtió ayer que hay firme rechazo del movimiento obrero organizado a la reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), llamó a los trabajadores a cerrar filas contra esa iniciativa y sostuvo que los derechos obreros son inamovibles.
En el mismo sentido, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) señaló que las organizaciones gremiales ya dijeron no a dichos cambios, que van contra los intereses de los trabajadores y tocan la esencia del artículo 123 constitucional.
En la toma de protesta de la nueva directiva del CT de Veracruz, en la cual estuvieron representantes de las confederaciones de Trabajadores de México, Obrero Revolucionaria, Regional Obrero Mexicana y la CROC, los líderes de las centrales obreras se manifestaron contra la iniciativa panista.
El vicepresidente del CT, diputado federal y líder del Sindicato Ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, señaló que la organización repudia los cambios planteados por el blanquiazul. El derecho de huelga y de autonomía sindical son inamovibles, así como las prestaciones sociales y la contratación colectiva, resaltó.
Llamó a los trabajadores a cerrar filas y consolidar el movimiento obrero en la lucha por mejores condiciones de vida, la recuperación del poder adquisitivo y la reactivación del mercado interno.
Flores Morales tomó protesta a la nueva directiva del CT en Veracruz, la cual queda presidida por Antonino Baxzi, quien dijo que son inadmisibles los retrocesos en la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Isaías González, secretario general de la CROC, afirmó: no es justo que por los intereses de unos cuantos, que no saben qué es lo que necesita el sector productivo, se quieran borrar los derechos consagrados en el artículo 123, de ahí que el movimiento obrero y los legisladores en el Congreso de la Unión ya dijeron no a esa propuesta.
Fuente: La Jornada 19 de abril de 2010

Frenar a toda costa plan panista de reforma laboral, acuerdan gremios


Frenar a toda costa la iniciativa de reforma laboral del PAN, defender la Ley Federal del Trabajo y exigir la inmediata renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, por ser factor de confrontación con el sector obrero, son algunos de los resolutivos tomados por gremios y organizaciones independientes, en el foro que para analizar dicha iniciativa coordinó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la Cámara de Diputados.
En tanto, Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), informó que este miércoles se presentará en San Lázaro la propuesta perredista de reforma laboral, la cual será apoyada por diversas organizaciones de esta central sindical.
Adelantó que dicha iniciativa propone medidas como seguro de desempleo y eliminación del requisito de toma de nota que otorga la STPS a los gremios. En la mesa de la UNT, el también presidente colegiado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, tomó distancia de la propuesta que presentará el PRD. Señaló que para el gremio que representa no hay condiciones para impulsar ninguna reforma progresista.
Mientras esta discusión ocurría en el seno de la UNT, en el SME se dieron a conocer los resolutivos tomados durante el foro de análisis de la propuesta panista de reforma laboral, entre los que también destaca el acuerdo de diversas organizaciones sindicales de unificarse en una gran movilización este primero de mayo, en defensa de los derechos laborales y contra la iniciativa armada y elaborada por el secretario del Trabajo; mantener la solidaridad con los mineros de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, así como reclamar que se solucionen los conflictos con el SME y con el sindicato minero.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio electricista, dio a conocer los acuerdos del foro en el que participaron organizaciones del Frente Sindical Mexicano, de la UNT, centrales campesinas, abogados laboralistas, organizaciones sociales y civiles, así como diputados de PRI y PRD. Señaló que los gremios coinciden en que “la reforma laboral, antes Abascal, ahora Lozano-PAN, sintetiza todas las aspiraciones de la Coparmex. Es una intentona por legalizar la subcontratación, pretende abaratar más los salarios de los mexicanos, contraviene el texto constitucional y esconde la intención de ofrecer en charola de plata a los patrones las conquistas logradas por los trabajadores en décadas de lucha.
En la UNT, cada gremio manifestó su postura sobre el proyecto de reforma laboral que presentará hoy el PRD. Hernández Juárez comentó que los legisladores perredistas coinciden en que se debe parar a toda costa la iniciativa presentada por el PAN, la cual ya no tiene ninguna posibilidad de que se discuta y analice en este periodo legislativo. En torno al proyecto del PRD, aclaró que participaron los abogados Héctor Barba, Arturo Alcalde y Alfonso Bouzas, así como la catedrática Graciela Bensusán.
Fuente: La Jornada 15 de abril de 2010

Seguro Popular; gasto negligente

El capítulo de irregularidades detectadas en la elaboración de las credenciales para afiliados al Seguro Popular, y cuyos protagonistas fueron directivos de alto nivel de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), continúa sin finalizar hasta ahora.
Tres de los cuatro funcionarios que fueron inhabilitados y sancionados económicamente por la Secretaría de la Función Pública presentaron un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Si los tres ex funcionarios ganan ese juicio, se cancela su inhabilitación y se librarían de pagar, en conjunto, 450 millones 975 mil 927 pesos.
En 2007, a partir de denuncias ciudadanas, Función Pública comenzó una serie de investigaciones sobre el contrato que en 2005 estableció la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) con la empresa Image Technology México, SA de CV, para elaborar las credenciales Tu Salud para los afiliados al Seguro Popular.
El contrato fue acordado en 368 millones 460 mil pesos.
Esta credencial, se dijo entonces, permitiría identificar a los afiliados al Seguro Popular, comprobar la vigencia de sus derechos, automatizar los registros de información y agilizar los trámites administrativos de las unidades médicas.
En la revisión del ejercicio fiscal del 2006, la Auditoria Superior de la Federación encontró que no se tuvo evidencia de la distribución y entrega de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de tales módulos, sobre los cuales se realizaron pagos por un monto de 330 millones de pesos.
En 2006, la CNPSS otorgó un nuevo contrato a la empresa, por 465 millones de pesos, para elaborar nuevas credenciales para los afiliados del Seguro Popular. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública ordenó en 2007 que dicho contrato se suspendiera.
De viaje con el seguro
Las irregularidades encontradas en los contratos para las credenciales del Seguro Popular provocaron que la Secretaría de la Función Pública abriera expedientes en contra de cuatro funcionarios de la CNPSS, durante 2007 y 2008. En mayo de 2007, presentó la primera resolución sobre el caso.
Juan Antonio Fernández Ortiz, el primer titular de la CNPSS, fue inhabilitado para ejercer cargos en el gobierno federal durante diez años.
Además, la Secretaría de la Función Pública estableció en aquel entonces que el ex comisionado tenía que pagar una multa de 454 mil 528 pesos por las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Seguro Popular.
La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública encontró que Juan Antonio Fernández Ortiz utilizó recursos del Seguro Popular para viajar a Hong Kong, Singapur y Tokio. El motivo del viaje era visitar las instalaciones de Gemplus Industrial, empresa subcontratada por Image Technology, SA de CV para fabricar las credenciales del Seguro Popular.
Fernández Ortiz realizó su viaje junto con Rocío Herrera, entonces directora general adjunta de la CNPS.
Sin embargo, ese viaje no fue autorizado y “existían problemas de justificación. El daño patrimonial fue de alrededor de 200 mil pesos, pero se le impuso una multa de 400 mil pesos”, explica en entrevista Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
Fernández Ortiz es uno de los tres ex funcionarios que presentaron un juicio de nulidad de la inhabilitación y de la sanción económica.
Convenios voluntarios
Manuel Martínez Olguín, quien fue director general de procesos y tecnología de la CNPSS, es otro de los ex funcionarios federaels que presentaron el juicio de nulidad de las sanciones impuestas por Función Pública.
En marzo del 2009, Función Pública determinó que Martínez Olguín cometió una “negligencia administrativa”. Lo inhabilitó por 15 años y sancionó económicamente con una multa por 242 millones 593 mil 892 pesos.
Además, en agosto del 2009, Función Pública resolvió que Martínez Olguín también era responsable de la “violación de procedimientos de contratación”, por lo que le dio una nueva inhabilitación para ejercer un puesto público en la administración federal durante 15 años. También se le notificó que tenía otra multa por 103 millones 963 mil 753 pesos.
Pese a la inhabilitación, Manuel Martínez Olguín fue titular de “Innovación gubernamental”, en el Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California.
Por lo menos, ese es el cargo con el que se le identifica en los boletines de prensa que distribuyó el Ayuntamiento de Ensenada los días 26 y 29 de mayo del 2009; así como en el comunicado de prensa que se distribuyó posteriormente el 10 de junio del 2009.
Alfonso Sáenz Ramírez, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de Función Pública, explica que no existe un impedimento legal para evitar que los funcionarios inhabilitados a nivel federal sean contratados por los gobiernos estatales o municipales.
Para evitar estas prácticas, la Secretaría de la Función Pública estableció convenios de colaboración con gobiernos estatales, para que conozcan quienes son los inhabilitados a nivel federal.
Sin embargo, sólo queda como una acción “voluntaria” el que un gobierno estatal o municipal establezca como norma no contratar a un funcionario inhabilitado por la federación.
EL UNIVERSAL buscó a Manuel Martínez Olguín. Personal del Ayuntamiento de Ensenada informó que se le podía encontrar en la Unidad de Espacios Públicos. En esa oficina, la secretaria Elvia Ruth respondió que el señor Martínez Olguín “sólo viene a checar sus recados y se va”.
El pasado 9 de abril, Manuel Martínez Olguín respondió a la petición de entrevista que semanas atrás le realizó este periódico. El ex funcionario federal aseguró que en cuanto recibió la notificación de su inhabilitación, “platiqué con el alcalde de Ensenada y me retiré del cargo” como funcionario municipal.
Martínez Olguín asegura que se dedica a ejercer su profesión de abogado en Baja California. También señaló que se defenderá, a través de los mecanismos legales, de las sanciones que le impuso Función Pública, porque, asegura no cometió ninguna irregularidad.
“Sí hubo irregularidades”: SFP
Carlos Cabrera Hidalgo, ex director general de afiliación y Operación del CNPSS, también forma parte de la lista de ex funcionarios inhabilitados y sancionados económicamente por el caso de las credenciales del Seguro Popular.
El 14 de agosto del 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud lo inhabilitó durante 15 años por “violación de procedimientos de contratación”. También estableció que el ex funcionario tenía que pagar un monto de 103 millones 963 mil 753 pesos.
Cabrera Hidalgo también presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Rocío Herrera, ex directora general adjunta de la CNPSS, también fue inhabilitada por un año y se le fijó una sanción económica por 2 mil 480 pesos.
Además, el 6 de mayo de 2009, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud presentó en su contra una “amonestación pública” en su contra por “incumplimiento en declaración de situación patrimonial”.
De los cuatro ex funcionarios del Seguro Popular investigados por Función Pública, Rocío Herrera fue la única que pagó el monto económico. Ella no impugnó la sanción.
Al interponer un juicio de nulidad, los tres ex funcionarios consiguieron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “suspenda, por el momento, la ejecución del cobro (de la sanción económica impuesta por Función Pública), mientras dicta su resolución”, explica Sáenz Ramírez.
Un juicio de nulidad puede durar, en promedio, entre seis meses a un año. Aunque hay casos que han durado hasta cinco años. Según cálculos de la misma Secretaría de la Función Pública, del 100% de las resoluciones contra ex funcionarios; 30% son impugnadas.
Cuando el Tribunal decreta nulidad de una sanción, explica Sáenz Ramírez, no es porque “no haya existido corrupción o un acto administrativo irregular”, sino porque el acusado realizó una buena defensa o porque no se integró en forma adecuada el expediente.
“No hay casos perfectos y a veces es complicado documentar con plenitud todas las irregularidades”, acepta.
Sobre los casos de corrupción en el Seguro Popular, Sáenz Ramírez apunta que las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública “están respaldados con pruebas, con documentos.
La Secretaría determinó que había responsabilidades y están respaldadas con documentos... Espero que estos procedimientos queden firmes”, agregó el funcionario entrevistado.
El punto final para este capítulo lo colocará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Fuente: El Universal 14 de abril de 2010

Llueven críticas en San Lázaro al proyecto laboral de Calderón

"Abaratar más la ya depauperizada mano de obra" es el objetivo central de la reforma laboral preparada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, la cual fue presentada por el Partido Acción Nacional, ya que todo lo que plantea esa iniciativa es "disminuir los costos laborales" para los patrones.

Incluso la joya de la corona de la reforma es la propuesta de establecer el pago por hora, lo que terminaría con prestaciones y seguridad social, la estabilidad en el empleo y hasta con la sindicalización.

Así lo alertaron ayer los abogados Carlos de Buen y Arturo Alcalde Justiniani en el Foro de análisis sobre la reforma laboral, celebrado en la Cámara de Diputados, donde el líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez, advirtió que los señalamientos de que la iniciativa permitirá mayor competitividad, "es una vil justificación para crear condiciones de mayor explotación a los trabajadores".

Pedro Miguel, articulista de La Jornada, apuntó que el empobrecimiento de los salarios en México es tal, que a la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, Germán Larrea, principal inversionista de Grupo México, ofreció una indemnización de casi 82 mil pesos por minero muerto a las familias de los mismos, equivalente al costo de un autómovil Atos austero; "eso es lo que vale la vida para un empresario que el año pasado obtuvo ganancias por 4 mil millones de dólares, pero el calderonato no tiene medida y quiere más, más pobreza de los trabajadores, éste es el sentido de la reforma laboral", dijo.

En nombre de la Confederación Nacional Campesina, el diputado del PRI Gerardo Sánchez sostuvo que los legisladores campesinos del tricolor van a consensuar con otras fuerzas para que la iniciativa ni siquiera se analice y mucho menos sea votada.

De Buen planteó que cuando se dice que esta reforma señala que se busca facilitar el acceso al mercado laboral, en realidad lo que propone es abaratar más los ya bajísimos costos laborales en el país. Señala que nada en esta propuesta es nuevo; es la misma reforma Abascal reciclada, que fue elaborada por la Coparmex desde hace años. Se conoce hace mucho el contenido del documento y su intención de que los trabajadores mexicanos sean los peor pagados de todo el mundo "los más baratos".

Alcalde Justiniani planteó que sí es necesario reformar no sólo la Ley Federal del Trabajo, sino todas las instancias alrededor del sector obrero, ya que, por ejemplo, no hay verdadera justicia laboral, sólo uno de cada 10 trabajadores en México pertenece a un sindicato real, es casi imposible crear nuevos sindicatos y hay una persecución feroz de las organizaciones independientes. Señaló que muchas de las defensas que se hacen del documento son mentiras, ya que, por ejemplo, cuando se plantea que se quiere fortalecer la procuración e impartición de justicia mediante el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga, lo que se quiere es tener una disposición legal para, por ejemplo, acabar con huelgas como la de los mineros.

Indicó que es una vergüenza que ahora el secretario del Trabajo quiera hacer ver que la intención de la reforma es "acabar con el abuso de los sindicatos" y hacerlos más transparentes, cuando es el gobierno precisamente el que ha permitido la expansión y auge del contratismo de protección, de los sindicatos blancos, de la subcontratación, de la falta de justicia laboral.

A esta mesa llegó también la voz de los trabajadores informales, ya que la Organización de Trabajadores sin Salario, representada por Fernando Sánchez Ramírez, dio a conocer la posición de quienes perdieron su empleo y pasaron a actividades como el comercio ambulante, "propineros", y hasta actividades ilícitas para ganar el sustento. "Somos millones en un submundo que el gobierno no quiere ver, ni hace nada para resolver esta problemática, sólo ve por los intereses del gran capital, de las trasnacionales, por los amigos del presidente y sus negocios multimillonarios", dijo.
Fuente: La Jornada 14 de abril de 2010

Seguro Popular, un año más sin logros

Seguro Popular, derroche sin resultados

Los compromisos que marcaron el nacimiento del Seguro Popular siguen pendientes, entre ellos asegurar que sus afiliados cuenten con servicios médicos de calidad. Analistas señalaron que profundiza algunos de los males que pretendía combatir, entre ellos, la fragmentación de los servicios de salud y el desigual acceso a la atención médica.
El Seguro Popular, creado durante la administración de Vicente Fox y reforzado durante el gobierno de Felipe Calderón, busca otorgar servicios de salud a las personas de bajos recursos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, que no tienen empleo o que trabajan por su cuenta.
EL UNIVERSAL recorrió clínicas y hospitales de Chiapas, Guerrero, estado de México y el Distrito Federal. En todos los lugares encontró historias de decepción, enojo y frustración porque las promesas no se cumplen.
Las quejas fueron recurrentes: desabasto de medicamentos, clínicas y hospitales deterioradas, personal insuficiente o no existen los equipos para prestar servicios de calidad.
Los males no son por falta de recursos, advirtieron especialistas. En la administración de Felipe Calderón el presupuesto se triplicó. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 se le destinaron 52 mil millones.
Hace unas semanas el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares para que el Seguro Popular “sea más eficiente y llegue a mayor parte de la población”.
Para investigadores y organizaciones no gubernamentales, aunque se tenga más presupuesto, la falta de eficacia seguirá porque los problemas del Seguro Popular están en su diseño y en la administración de los recursos.
Con el Seguro Popular, también se crearon Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para el manejo del programa en las entidades. Pero cada estado diseñó el REPSS a su gusto. Actualmente 24 entidades cuentan con regímenes dependientes de las secretarías de Salud locales, por lo que no tienen capacidad técnica ni autonomía de gestión para administrar los recursos.
Alejandro González, de la organización Gestión Social y Cooperación, expresó que “no está garantizado el uso eficiente de recursos”.
Salomón Chertorivski, titular de la instancia que administra los recursos del Seguro Popular, aseguró que este año el gobierno impulsará una “segunda generación de reformas” para homogenizar los modelos de Seguro Popular que existen en los estados.
Briseida Lavielle Sotomayor, de Fundar, lamentó que no haya “mucha información pública” sobre el uso de recursos del Seguro Popular. Por su parte, John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que hay una separación “muy grande” entre los recursos que se asignan y la prueba de que se transformen en servicios de salud.
Fuente: El Universal 13 de abril de 2010

La fragmentación del sistema de salud

México sufre un mal crónico: la incapacidad de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos. Para hacer frente a esta enfermedad se creó el Seguro Popular. El remedio no tuvo el efecto prometido, al contrario, el sistema de salud se fragmentó más, sigue siendo falto de equidad y deficiente.
La investigadora Nuria Homedes, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, lo explica así: “El sistema de salud de México ya tenía al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud que atendía a toda la población abierta. Pero con el Seguro Popular, ahora se suma otra segmentación más: las personas que tienen Seguro Popular y las que no”.
Esta fragmentación, coinciden especialistas, provoca una ineficiencia en el uso de recursos públicos destinados al sector salud del país.
Por ello, concuerdan, el sistema de salud mexicano requiere con urgencia una intervención profunda, una “reforma integral”. Sólo así, advierten, será eficiente la inversión, se podrá elevar la calidad de los servicios y se garantizará el derecho a la salud de todos los mexicanos.
La necesidad de un cambio profundo del sistema de salud se puso en la mesa desde el sexenio de Vicente Fox.
Entonces se advirtió sobre la urgencia de crear un mecanismo que permitiera acceder a los servicios de salud a la población que no estaba asegurada al IMSS o al ISSSTE.
En la revista Salud Pública de México, publicada en noviembre de 2004, Julio Frenk dice que una opción que tenían para incorporar un seguro público universal era “montarlo sobre el Seguro de Salud para la Familia”, que ya existe en el interior del IMSS. “Se concluyó con el director del IMSS (en ese entonces Santiago Levy) que no era una buena idea”.
Nuria Homedes, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, piensa lo contrario: “Hubiese sido más lógico aprovechar la infraestructura del IMSS, que crear una infraestructura nueva dentro de la Secretaría de Salud”.
Especialistas en el tema coinciden en que no se hizo a través del IMSS, porque no se quiso enfrentar al sindicato.
El cabildeo de Julio Frenk
Se optó por crear el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido como Seguro Popular, y montarlo en el sistema de salud. Para ello, Julio Frenk realizó un fuerte cabildeo —de casi dos años— con secretarios de estado, gobernadores, legisladores y líderes de partidos políticos. Así lo explica en la revista Salud Pública de México.
Ahí mismo cuenta cómo logró que la reforma fuera aprobada por mayoría en el Congreso. Y confiesa: “Fue muy importante plantear desde el principio el compromiso de que aquí, todos nos íbamos colgar la medalla”.
Así, el Seguro Popular comenzó a funcionar como programa piloto desde 2003. En 2004, arrancó formalmente.
EL UNIVERSAL pidió una entrevista con Frenk, para pedirle su evaluación del Seguro Popular. Hasta ahora no hay respuesta de su oficina en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, donde fue nombrado decano en 2009.
En su artículo “Twenty-five years of Convoluted Health Reforms in México”, publicado en agosto de 2009 en la revista PloS Medicinemm, Nuria Homedes y Antonio Ugalde critican al Seguro Popular, al considerar que “fragmentó y estratificó aún más el sistema de salud”.
En entrevista, ambos dicen: “Se creó un modelo que no es adecuado para responder a las necesidades de México”.
En la revista Economía Informa, de noviembre de 2006, Leonardo Lomelí, actual director de la Facultad de Economía de la UNAM, señaló que “las reformas fragmentarias solamente han reforzado la segmentación original de la seguridad social en México, ofreciendo soluciones de corto plazo que acarrean mayores costos y complicaciones a largo plazo”.
El rompecabezas del seguro
Uno de los grandes problemas del Seguro Popular, mencionan Homedes y Ugalde ha sido que los estados, “al implementar el seguro, no siempre siguieron los lineamientos del esquema”.
Y es que con el Seguro Popular, también se crearon Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS). Pero resulta que cada entidad creó su REPSS a su gusto.
La muestra de ello es que 24 estados cuentan con regímenes que están bajo el mando directo de las secretarías de salud estatales, por lo que no tienen capacidad técnica ni autonomía de gestión para administrar los recursos.
Mientras que seis estados tienen REPSS que forman parte de la estructura de las Secretarías de Salud estatales, aunque cuentan con autonomía para el manejo de sus recursos. Sólo Baja California y Veracruz tienen REPSS descentralizados, con personalidad jurídica, autoridad y capacidad de decisión.
Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, señala que el Seguro Popular duplicó las estructuras de las estructuras de las secretarías de salud, lo que hace más difícil el control de los recursos. “Los gobiernos estatales reciben el dinero del Seguro Popular y lo usan como quieren y esos recursos no llegan al frente de operación, que es donde se necesitan”.
Desde 2007, una evaluación del Instituto Nacional de Salud Pública alertaba de la necesidad de definir las funciones y competencias entre las Secretarías Estatales de Salud y los REPSS. Sobre todo porque señalaba que “la autonomía legal de los REPSS no necesariamente los mantiene a salvo de presiones para el manejo discrecional de los recursos”.
Esta “diversidad” de modelos también ha tenido un impacto en la forma en que se distribuyen los recursos destinados al Seguro Popular.

Desigualdad geográfica
Homedes y Ugalde resaltan “que el intento del gobierno federal por equilibrar las desigualdades geográficas de la salud, no ha funcionado”.
Su afirmación cobra sustento cuando se revisan las aportaciones realizadas por la CNPSS a los estados, por conceptos de Cuota Social (número de afiliados) y Aportación Solidaria Federal (cantidad que se calcula por las necesidades de salud, esfuerzo estatal y desempeño de la entidad en el Seguro Popular).
En 2008, nueve estados no recibieron Aportación Social Federal, entre ellos Yucatán, Sonora, Nayarit y Campeche. Mientras que los estados que más recursos recibieron por este concepto fueron Veracruz (mil 201 millones, 755 mil pesos), estado de México (mil, 185 millones 342 mil pesos) y Guanajuato (mil 219 millones 53 mil pesos).
Alejandro González, de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), dice que al analizar las aportaciones que, por ley, deben hacer los estados, se ha visto que “las entidades no está aportando dinero de sus arcas para el Seguro Popular”.
Nuria Homedes y Antonio Ugalde señalan que los estados más pobres son los que más población no derechohabiente tienen, por lo que, en teoría, serían los que deberían tener los padrones con mayor número de afiliados y, por lo tanto, aportar más recursos para el Seguro. “Pero estos estados no tienen la capacidad financiera para hacerlo”, señalan.
Las desigualdades geográficas que buscó combatir el Seguro Popular aún siguen vigentes. Estas cifras las muestran: en la Montaña de Guerrero mueren 89 niños por cada mil nacidos vivos, cuando el promedio nacional es de 28. Además, 281 mujeres indígenas mueren por cada 100 mil partos; el promedio nacional es de 51, según datos de la organización Fundar.
Además, 10 estados del país concentran poco más de la mitad (56.3%) de los hospitales que están acreditados por el Seguro Popular para atender enfermedades consideradas como generadoras de “gastos catastróficos”, es decir, gastos que empobrecen a una familia.
Las entidades que concentran estos hospitales son: el Distrito Federal (22), Jalisco (13), Chihuahua (11), Guanajuato (10), Chiapas, estado de México, Tamaulipas, Michoacán (9), Veracruz y Aguascalientes (8).
“Con estas condiciones, el sistema público de salud es incapaz de proveer de una verdadera cobertura universal”, menciona Briseida Lavaille, de la Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Además se propicia que existan afiliados de primera y de tercera, todo depende del estado en donde vivan.
Atención heterogénea
El mismo Salomón Chertorivski, titular de la CNPSS, reconoce en entrevista que se tienen “modelos de Seguro Popular y de atención a la salud heterogéneos... existen diferentes prácticas y modelajes que han desarrollado los estados”.
Para combatir estas diferencias, la Comisión tiene como objetivo impulsar “una segunda generación de reformas al Sistema de Financiamiento a la Salud”, para homogenizar los modelos estatales de Seguro Popular.
Sin embargo, especialistas y organizaciones coinciden: lo que se necesita es una reforma “profunda e integral”. Sobre todo, aseguran, si es que se desea tener una cobertura universal.
Reforma integral
A finales de 2006, la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud señaló que “idealmente, la reforma integral del sistema de salud debería hacerse con base en una concentración de los sistemas actuales (IMSS, ISSSTE, Salud), para generar la mayor eficiencia... hacerlo puede llevar años sino décadas debido a los predecibles obstáculos políticos”.
En ello coincide John Scott, del CIDE. “Con una reforma integral la mayoría de la población saldría ganando, pero sí habría algunos perdedores, sobre todo los sindicatos, porque varios de los privilegios que tienen serían difíciles de sostener con una reforma integral”.
Scott resalta que el reto mayor es quitar la separación que existe entre la seguridad social y los programas de protección social. “Es un problema de visión política y que un gobierno tome la iniciativa de realizar esa reforma que es muy compleja, pero que sí es factible realizar”, asegura.
Y explica por qué es posible: “Si tomamos todo el gasto en salud que el país realiza, el que se ejerce vía seguridad social y vía población abierta, sería suficiente para financiar un seguro universal de salud para la población en su conjunto”.
El problema, dice John Scott, es cómo se está ejerciendo ese gasto. “Actualmente, se ejerce en un sistema muy fraccionado y dividido en instituciones de seguridad social”.
Briseida Lavaille, de Fundar, menciona que se requiere una reforma que garantice el derecho a la salud de los mexicanos, lo cual implica que el Estado cuente con un número suficiente de bienes y servicios públicos de salud.
Para Nora Lustig, quien fue presidenta de la hoy desaparecida Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud, cualquier reforma que México realice tiene que contemplar la mejora en la calidad de los servicios y los mecanismos de rendición de cuentas.

Fuente: El Universal 13 de abril de 2010

Exigen auditoría a programa de salud

Diputados federales exigieron auditar el gasto creciente del Seguro Popular y denunciaron que, como una muestra del desastre de ese programa, millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo van a la incineración.
El PRI dijo que la investigación de EL UNIVERSAL sobre el derroche e ineficacia del Seguro Popular, confirma que se trata de un programa “populista y electorero”. Junto con el PVEM y el PT, el PRI dijo que en el presupuesto de egresos 2011 se debe corregir el esquema del programa.
El PT afirmó que la seguridad social debe ser brindada por el Estado a través de un solo organismo en el que se fusionen los existentes.
El fracaso del Seguro Popular es vergonzoso, dijeron los diputados de oposición integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y afirmaron que el responsable del incumplimiento es el secretario Ernesto Cordero cuando presidió Sedesol.
Ricardo López Pescador (PRI) dijo que su bancada prepara una reforma para que la Cámara de Diputados vigile y supervise el ejercicio del gasto público del Ejecutivo federal; esos instrumentos permitirán conocer las fallas en el desempeño de programas como el Seguro Popular, que es un barril sin fondo.
Por ahora, lamentó, “apenas revisamos la Cuenta Pública 2008”, así nunca vamos a corregir las actuales fallas.
Pablo Escudero (PVEM), quien preside la Comisión de la Función Pública, dijo que el Seguro Popular no tiene parámetros de medición; carece de las estadísticas de los servicios y los recursos que se asignan no tienen retorno al sector Salud.
Además arrastra grandes subejercicios. Propuso que este programa sea asumido por el IMSS-Solidaridad.
Mario Di Costanzo (PT) culpó al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de haber llevado a la política social al fracaso, cuando fue titular de la Sedesol, y en ese paquete de frustraciones, el Seguro Popular es una pérdida por la que debe renunciar y ser sujeto a juicio político.

Fuente: El Universal 13 de abril de 2010

Sindicatos frenan seguro universal de salud

Expertos advirtieron que el sistema de salud mexicano requiere una “reforma integral”, pero reconocieron que los sindicatos serían “los grandes perdedores”.
John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expresó que la población ganaría con una reforma integral, “pero habría algunos perdedores, sobre todo los sindicatos, porque varios de los privilegios que tienen serían difíciles de sostener con las eventuales modificaciones”.
Nuria Homedes, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, cuestiona por qué la instauración del Seguro Popular, en 2004, no se dio sobre la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialistas en el tema responden a la investigadora: no se utilizó el andamiaje del IMSS porque las autoridades no quisieron enfrentar al sindicato.
Homedes aseguró que la aparición del Seguro Popular vino a fragmentar más el acceso a los servicios de salud y a ocasionar una ineficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al sector: “El sistema mexicano ya tenía al IMSS, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud, que atendía a toda la población abierta. Pero con el Seguro Popular, ahora se suma otra segmentación más: las personas que tienen Seguro Popular y las que no”
Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, señala que el Seguro Popular duplicó las estructuras de las secretarías de salud estatales, lo que complicó el control de los recursos: “Los estados reciben el dinero del Seguro Popular y lo usan como quieren”, mencionó.
Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia que administra los recursos del Seguro Popular, reconoce que los estados desarrollan diferentes modelos de atención, por lo que se impulsa una “segunda generación de reformas” para unificar las prácticas estatales.
En la Cámara, legisladores de PRI, PVEM y PT exigieron una auditoría al gasto del Seguro Popular que se ha triplicado desde 2006. Como una muestra del “desastre”, expusieron que millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo tienen como destino la incineración.
En León, Guanajuato, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, rechazó el fracaso del Seguro Popular. “A veces los programas que son exitosos tratamos de demeritarlos”, dijo.
Afirmó que de acuerdo con encuestas realizadas por terceros, los índices de satisfacción de los usuarios están por encima de 95%.

Fuente: El Universal 13 de abril de 2010

Competitividad, sin mención en reforma laboral

La reforma laboral que presentó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, a la Cámara de Diputados está llena de claroscuros, pues a pesar de tocar puntos fundamentales deja varios temas pendientes, aseguraron expertos en la materia.
El socio fundador del Bufete Sales Boyoli, Jorge Sales Boyoli, destacó que son cuatro aspectos importantes en cuestión de competitividad que no son abordados en la iniciativa.
“La reforma no contempla la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU), las consecuencias económicas en caso de despido, el pago de tiempo extraordinario y los incentivos patronales para el empleo de personas discapacitadas y de la tercera edad”, dijo el abogado laboral.
Explicó que en el primer caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un tema que aún no distingue a los empleados más productivos y la repartición de ese beneficio responde más a temas de antigüedad y salarios, cuando en otros países éstas van amarradas a la productividad.
Además calificó que más allá de la espectacularidad con la que se pretenden modificar o suprimir algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, se trata de cambios que la misma jurisprudencia ha actualizado sin necesidad de reforma.
“Por ejemplo, en la práctica ya se abordan temas tales como el pago electrónico de salario, la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión y el voto secreto en el recuento, aunque en la ley no estén expresamente regulados o lo muestre en forma deficiente”, detalló.
Por su parte, el gerente del área laboral de Ernst & Young, Jesús Marcín, reconoció que no es una reforma que quite derechos a los trabajadores, pero que se trata de una iniciativa que pudiera ser más perfectible.
Sostuvo que una necesidad de avanzar en el tema es la parte de flexibilización para alcanzar niveles de competitividad con el resto del mundo.
“La tendencia a la flexibilización en las relaciones laborales es mundial, no nos podemos sustraer; si queremos ganar competitividad y que el país sea atractivo para la creación de empleos y generación de riqueza es necesario avanzar en ese punto”, mencionó.
Agregó que la flexibilidad se puede lograr sin que esto quite derechos a los trabajadores, lo cual sería benéfico para el país al darle una posición más favorable para la inversión extranjera y doméstica.
Puntualizó que es necesario que las partes políticas logren avanzar en la reforma, pues de lo contrario la señal de no hacer nada desincentivará a empresas que contemplen invertir en México y que las ya instaladas busquen suerte en otras naciones con mejores condiciones laborales y de competitividad.
El director general de Consultoría para Latinoamérica de Hewitt Associates, Thierry de Beyssac, aseguró que la reforma contempla aspectos importantes como las relaciones con sindicatos, la productividad y competitividad; por ello, consideró un avance si se aprueba este año.
“De aprobarse esta reforma los beneficios se verán en materia de competitividad e inversión extranjera directa en nuestro país frente a naciones emergentes cada día más desarrolladas, como es el caso de Brasil, Chile, Colombia o India y China”, indicó.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al cierre del año pasado 12.6 millones de personas se encontraban en la informalidad, casi la tercera parte de la población económicamente activa del país.
Al respecto, Boyoli aseguró que la reforma no contempla tampoco algún punto que ayude a disminuir esta tendencia.
“Es otro gran tema que deja pendiente la reforma, la iniciativa no fomentará la disminución de la informalidad porque una de las razones que incentiva este mal es el alto costo fiscal y ese no es un tema que toca la Ley Federal del Trabajo”, dijo.
Sin embargo, Marcín comentó que si bien la reforma laboral no es la solución completa a la informalidad, la medida podrá ayudar a cierta población excluida, como jóvenes y mujeres, a integrarse dentro de la legalidad.


Fuente: Milenio Hidalgo 12 de abril de 2010

Sindicatos rechazan transformar la LFT

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino y diversos sindicatos se opusieron a que se modifique la Ley Federal del Trabajo (LFT), pues se vulnerarán los derechos de los trabajadores, por lo que el secretario de la dependencia local, Benito Mirón, retó a su homólogo federal, Javier Lozano, a debatir sobre el proyecto presentado por la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.
“Hacemos un llamado al secretario a que enfrente la situación, que no se avergüence de lo que proponen. Nosotros estamos a su disposición para sentarnos públicamente a debatir la reforma que sugieren”, aseveró.
En conferencia de prensa conjunta, la Unión de Juristas de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM coincidieron en que no hay condiciones para llevar a cabo una reforma laboral, así como que no es conveniente que los sindicatos independientes presenten una contrapropuesta al proyecto del PAN y de la STPS.
Cabe recordar que el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y diputado federal del PRD, Francisco Hernández Juárez, anunció que en los próximos días presentará una iniciativa de reforma laboral que haga contrapeso a la del PAN, la cual sí prevé la modificación del artículo 123 constitucional.
De ahí que el STUNAM y la CNTE aseguraron que de presentarse otro proyecto se estará dando apertura a cambios que no serán favorables para la clase trabajadora, pues la composición actual del Congreso es mayoritariamente de derecha, por lo que habrá que esperar a que se realicen nuevas elecciones a fin de que haya más diputados con tendencias de izquierda.
Para el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, la propuesta panista pretende eliminar los derechos conquistados en más de un siglo de lucha obrera, a través de anular la estabilidad en el empleo con la aplicación de modalidades flexibles de contratación.
Asimismo, propone los mismos esquemas de reforma que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado, ya que al responder a una estrategia globalizadora únicamente han beneficiado al capital transnacional y propiciado la pérdida de derechos laborales y la restricción de los sindicales.
“En la esencia, lo que va a producir es incremento de la informalidad, precarización del empleo, pérdida de los derechos de los trabajadores y, por supuesto, mayor desempleo”, aseveró Mirón Lince.
En tanto, Daniel Avila, del Comité Político de la CNTE, aseguró que los trabajadores mexicanos no han solicitado una reforma a la ley laboral, y lo que exigen es que se cumpla la que está vigente.
“La defensa de las plazas de base, la estabilidad laboral y los contratos colectivos son nuestra prioridad; debemos luchar por un incremento salarial que recupere nuestro poder adquisitivo, y por evitar cambios que pasen por encima de la Constitución”.
Fuente: Milenio Hidalgo 12 de abril de 2010

La ofensiva patronal


El maestro Ignacio Burgoa (lo llamo así porque era, de verdad, un maestro; siendo doctor en derecho y, además y muy merecidamente, profesor emérito de nuestra Facultad de Derecho) sostenía que los derechos sociales son de naturaleza pública. Estaba equivocado, pero daba sus razones. En lo tocante al derecho agrario y al derecho del trabajo, afirmaba que se trataba de una responsabilidad del Estado el proteger a los sectores sociales involucrados en su reglamentación, los ejidatarios y trabajadores agrícolas y los trabajadores asalariados en general. Estaba equivocado sólo porque no quería reconocer que los derechos sociales son una nueva especie de derechos que no encuadran en el derecho público, pero tampoco en el derecho privado. Están entre ambos.
Una visión humanista y de proyección social del derecho estima que el fin último del derecho es, precisamente, el de proteger a la sociedad y a sus diferentes sectores integrantes. Ahora, en la época del capitalismo salvaje, parece estar ya en desuso, pero tiene sus fines prácticos. La sociedad, por ejemplo, no puede ser sacrificada a intereses parciales o individualistas y hacer la riqueza de unos pocos y la pobreza y la miseria de los más. En su libro sobre las garantías individuales, sistematizador de la materia como también su obra sobre el juicio de amparo (lo reconocía Héctor Fix Zamudio hace ya cuarenta años), estimaba que las garantías sociales tenían, en efecto, el fin práctico de proteger a la sociedad y sus mayorías.
El maestro Mario de la Cueva decía que la mejor forma de tratar para los trabajadores en sus relaciones con sus patrones era a través del contrato colectivo de trabajo. La relación individual del trabajo, recordaba, es un enfrentamiento entre dos seres infinitamente desiguales. El trabajador aislado jamás podrá tratar en condiciones de igualdad con su patrón. Para eso, para tratar igualmente, se inventó el contrato colectivo de trabajo (o, más bien, los trabajadores organizados de todo el mundo lo impusieron a sus explotadores). Pero aun en el contrato individual debe prevalecer el espíritu protector del trabajador, por la sencilla razón de que sin él no es posible crear riqueza alguna.
Quisiera recordar también otra anécdota ilustrativa. Mi maestro de derecho procesal civil y derecho procesal del trabajo en la Universidad Michoacana, don Arturo Valenzuela, que tenía fama de ser un duro abogado patronal, un día se quedó pasmado cuando le pregunté en clase: ¿Cuál sería el ideal del patrón típico para contratar con sus trabajadores? Él me contestó, sonriente: Pues, la verdad, sería feliz si no hubiera sindicatos. Siempre será más fácil para él tratar con sus trabajadores en lo individual. Yo le repliqué que entonces los trabajadores estarían a merced de sus empleadores. Socarrón, me reviró: Bueno, qué, ¿no somos todos creyentes en el valor de la libertad individual? Yo, a mi vez, le dije: Si no somos iguales, no somos igualmente libres, y él, por supuesto, me remató diciéndome que me fuera a vivir a la Unión Soviética.
Claro que todos los regímenes priístas hicieron de los sindicatos verdaderas maquinarias de opresión de los trabajadores; pero lo chistoso del asunto es que los regímenes panistas no sólo han conservado esas maquinarias corporativistas, sino que las han convertido en engranajes ineliminables de su sistema de gobierno, si es que llega a tanto. Como ahora los panistas, los priístas supieron muy pronto que habían creado verdaderos monstruos imbatibles dentro de su régimen, sobre todo cuando entre los años setenta y los ochenta comenzaron a plantearse el tema de la flexibilización de las relaciones del trabajo y la necesidad, para ellos, de limitar y, de poderse, eliminar la contratación colectiva.

La flexibilización comenzó en aquellos tiempos y fue un ariete que hizo añicos los antiguos valores del derecho del trabajo. Se planteó, para empezar, que no podía sostenerse la jornada de trabajo, cuando muchas veces el trabajador no trabajaba y permanecía inactivo en la empresa, porque, además, debía empleársele sólo para ciertas tareas fijadas en el contrato colectivo. Debía eliminarse la jornada fija y establecer un sistema de uso de la fuerza de trabajo variable y también para otras tareas que no podían convenirse en el contrato. Gino Giugni, el gran laboralista italiano, aconsejó a las organizaciones italianas del trabajo que aceptaran la flexibilización, pero que pelearan porque quedara establecida en sus contratos y jamás rebasara los tiempos laborales por semana o por mes. Así resistieron los trabajadores la embestida patronal.
La esencia de la reciente propuesta panista de reformas a la Ley Federal del Trabajo (cuyo texto me consiguió mi amigo y camarada, el diputado federal Agustín Guerrero) lleva la impronta de la ideología anticolectivista de la patronal. No podrá haber en nuestro país verdadera competitividad ni inversión ni productividad ni exportaciones, así como tampoco auténtica generación de riqueza, si no se elimina el derecho colectivo del trabajo, se hace a menos de los sindicatos, se flexibilizan las relaciones de trabajo y se convierte al trabajador en un agente libre de verdad que trate directamente con su patrón y colabore con él en todo lo que sea necesario para alcanzar aquellos sacrosantos valores de la nueva iniciativa privada (que a Reyes Heroles y a los enemigos del no les fascinan).
Enseguida sólo unos ejemplos. Los nuevos artículos, 39 ordenados con letras, proponen contratos de trabajo (siempre individuales) de prueba, para ver si el trabajador es capaz de desarrollar la tarea (de tres y seis meses). Lo malo es que el único árbitro es el propio patrón y no es desechable la idea de que explote a su presunto futuro trabajador por ese tiempo y luego lo eche a la calle. Las relaciones de trabajo, en el actual derecho, son por tiempo indeterminado, vale decir, para siempre, mientras el cuerpo del trabajador aguante. En la reforma que se propone se flexibilizan al máximo, de modo que se pueden pactar (entre el ratón y el gato) labores discontinuas o fijas y periódicas o temporales, según las exigencias de la empresa.
En su fracción VIII del nuevo artículo 42 se permite suspender la relación de trabajo por temporadas. Se habla de los trabajadores de temporada, pero se ve con claridad que no habrá otro tipo de contrato. Nuestros trabajadores protegidos permanentemente, se volverán trabajadores temporaleros. Los salarios caídos, ya se ha comentado aquí, sólo se pagarán por seis meses, después de lo cual el trabajador dependerá sólo de sí mismo (artículo 48 propuesto). El artículo 51 cambia la denominación de trabajador por la de persona que trabaja. El cambio no puede ser inocuo. El 56 legitima, en fin, las labores conexas que, de hecho, convierten al trabajador en un milusos al servicio del patrón.
¿No es una belleza de reforma?
Fuente: La Jornada 12 de abril de 2010

Huelga de hambre masiva, nueva acción del SME contra el decreto de extinción


Hoy se cumplen seis meses de la publicación del decreto presidencial que ordenó el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Alrededor de 17 mil trabajadores (de una plantilla de 44 mil) no han cobrado su liquidación y, para continuar su lucha, cientos de ellos iniciarán en los próximos días una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
La huelga será indefinida. Unos 2 mil 300 compañeros se realizan análisis de laboratorio para definir si su estado de salud les permite participar en este esfuerzo, que no es un acto desesperado, sino muestra de que los electricistas lucharemos hasta el final, señaló Eduardo Bobadilla, secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Este nuevo plan se suma a otras acciones que han emprendido, como los juicios y análisis que se realizan en tribunales laborales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la validez constitucional del decreto del 11 de octubre de 2009.
En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han interpuesto miles de demandas por despido injustificado y otras tantas para exigir que se cumpla la ley en términos de patrón sustituto.
Es decir, que los integrantes del SME sean recontratados –en bloque– en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que hace medio año tomó la operación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país.
Después de decenas de marchas, asambleas, mítines y otras protestas, los 17 mil 247 trabajadores que no han cobrado su liquidación realizaron asambleas departamentales, seccionales, divisionales y una general para definir nuevas formas de protesta, las cuales, definieron ellos mismos, serán acciones contundentes y riesgosas.
De acuerdo con la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, hubo una respuesta muy amplia a la determinación de realizar una huelga de hambre masiva. En principio se dijo que, durante las asambleas, más de 5 mil habían manifestado su interés por participar, aunque en la fase de inscripción de interesados, para proceder a exámenes médicos, se apuntaron alrededor de 2 mil 300.
Eduardo Bobadilla dijo que un laboratorio particular –del cual se reservó el nombre– otorgó al SME un crédito, pagadero a fecha posterior al término del conflicto, para la realización de exámenes médicos y de química sanguínea a los interesados en participar en la huelga de hambre.
Precisó que hay trabajadores de diversas áreas y puestos inscritos; sin embargo, dijo, han demostrado un ímpetu especial y solidaridad los compañeros de los departamentos y funcionarios de menor nivel salarial en LFC.
Tras medio año sin cobrar salario, los agremiados acordaron realizar la huelga de hambre en la Plaza de la Constitución y, en ese sentido, Bobadilla aseveró que el mandato de las asambleas, desde las departamentales hasta la general, es que esta forma de protesta tenga carácter indefinido pese a los riesgos a la salud que ello implica.
Los trabajadores dijeron en las asambleas que no se retirarán de la huelga hasta que se resuelva el problema, precisó.
En tanto, comentó, ha iniciado el contacto con ministros de la SCJN, cuya segunda sala tiene a su cargo el análisis del amparo promovido por el SME en contra del decreto presidencial en referencia, luego de que Guillermina Coutiño Mata, titular del juzgado primero de distrito, resolvió no conceder este recurso a los electricistas, por considerar que el decreto no viola ninguna disposición constitucional.
A todos, trabajadores y abogados, nos sorprendió la decisión de la juez Coutiño, porque cuando le explicábamos los puntos que demuestran la ilegalidad del decreto, ella movía la cabeza en señal afirmativa, dando la razón a nuestros argumentos, dijo.
Nos queda claro que tenemos que seguir hasta el final. Si le dan palo al SME, seguro que mañana seguirá el sindicato del Seguro Social, luego el de los universitarios y así sucesivamente, señaló, quien ha firmado casi todas las gestiones, amparos y demás litigios porque a este conflicto se agrega que la autoridad laboral no reconoce a Esparza como dirigente del SME.
Fuente: La Jornada 11 de abril de 2010

Diputados, dispuestos a encontrar solución al conflicto de LFC

La comisión legislativa encargada de dar seguimiento al conflicto entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas se reunirá el jueves de la semana entrante para proponer alternativas de solución a la confrontación.
Después de recibir a los dirigentes de los ex trabajadores electricistas, encabezados por Martín Esparza, los diputados integrantes del grupo de trabajo se declararon listos “para encontrar una solución o encontrarla”.
Los legisladores federales se habían reunido ya con autoridades federales la semana pasada.
“El grupo ya escuchó la voz de ambas partes, por lo que el próximo jueves se reunirán los legisladores a fin de deliberar las posibles soluciones en un marco real de negociación”, puntualizó Armando Monroy, presidente de la instancia parlamentaria.
Durante su encuentro de ayer con los diputados, Esparza acusó al gobierno de Felipe Calderón de jinetear los recursos de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Sostuvo que el aguinaldo correspondiente a 2009 no ha sido pagado a los ex trabajadores y pidió a los legisladores hacer un pronunciamiento al respecto.
“Ojalá haya un exhorto para que ya no sigan jineteando nuestro dinero del aguinaldo, (porque) es la fecha que no lo han pagado y nosotros tenemos derecho a eso, además queremos que destraben nuestras cuentas de las cuotas sindicales”, indicó.
Monroy instó al dirigente a presentar una propuesta de solución al conflicto, para utilizarla como referencia en el proceso de negociación con el gobierno federal.
“Los invito a que del conflicto se busque por escrito un planteamiento, una probable solución, el problema está dado, y no buscamos evitar nada, los lastimados y el problema ya existen”, dijo.
Los legisladores acordaron reunirse el próximo jueves y revisar los planteamientos de las partes en conflicto, a fin de proponer alternativas reales de solución, sin asumir posiciones parciales o de carácter partidista frente a los actores.
Fuente: Milenio Hidalgo 9 de abril de 2010

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