Sindicato espera resolución de Borja

Gregorio Guadalupe Díaz Moreno, secretario del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SUTEUAEH), aseguró que están a la espera de la resolución que tome la universidad al pliego petitorio que se entregó a las autoridades, donde demandan entre otras cosas el aumento de más del 100 por ciento en los vales de despensa, el 100 por ciento de aumento en bono salarial, aumento de 30 días de aguinaldo y 25 por ciento de aumento al salario.
El secretario del SUTEUAEH manifestó que el pliego petitorio ya se entregó a las autoridades universitarias, por lo que indicó que se encuentran a la espera de una respuesta favorable, que de no concretarse iniciará un paro de labores a partir del próximo martes 2 de marzo, el cual dijo afectará a varios sectores de la universidad.
“Se afectaría no sólo a estudiantes, sino a académicos, y administrativos, esto sería en perjuicio de toda la comunidad universitaria, lamentaríamos mucho no llegar a un acuerdo favorable; pedimos la comprensión de nuestros estudiantes, porque nuestra lucha es justa y con fundamento en nuestra revisión contractual”.
Díaz Moreno dijo que con estas acciones lo que se busca es la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la Autónoma, además de que se respeten las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.
“Ojala lleguemos a una resolución para evitar la huelga. Hasta el momento nos hemos reunido en seis ocasiones con las autoridades universitarias, pero sólo han ofrecido el 4.5 de aumento salarial, y el 2.5 en prestaciones”.
El secretario del SUTEUAEH dijo que las autoridades universitarias no han emitido respuesta sobre la revisión de contrato de los más de mil trabajadores que integran este sindicato, el cual fue solicitado el pasado mes de noviembre ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
“Hasta el momento, la UAEH no ha ofrecido ninguna propuesta sustancial”, dijo Díaz.

Fuente: Milenio Hidalgo 28 de febrero de 2010

Denuncian electricistas subterfugios para evitar que los contrate CFE

A casi cinco meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los ex trabajadores de este organismo que cobraron su liquidación y pretenden ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan inmersos en un engorroso proceso administrativo y en cursos de capacitación que, para muchos de ellos, resultan ociosos respecto al perfil especializado que tenían en LFC.
Electricistas consultados hojean, decepcionados, el programa que les imparte el Servicio Nacional de Empleo, con información elemental que ya dominan.
Por ejemplo, relatan, los instructores se concentran en explicar los fundamentos de electricidad básica de Tales de Mileto (electrostática) y poco o nada en aspectos prácticos o de verdadero adiestramiento que supuestamente requerimos para estar al nivel de las nuevas tareas que tendríamos que dominar en CFE.
Entrevistados por La Jornada, afirman que están ante una táctica dilatoria del gobierno no sólo para debilitar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para mantener a raya, esperanzados a miles de trabajadores en un largo proceso de selección y capacitación de quienes buscan reinsertarse en la vida laboral con una plaza en la CFE.
El especialista referido solicitó el anonimato, porque aunque hasta el momento ningún ex trabajador de LFC ha sido recontratado en la CFE, a todos los tienen ubicados no sólo en sus aspiraciones de recuperar un empleo formal, sino en sus domicilios, adonde les llegan notificaciones de todos los trámites y vueltas en las que nos traen sin resolvernos nada, aun cuando ya han pasado muchos meses desde la extinción de LFC.
También pide que no se detalle la forma en que ahora se gana la vida, una ocupación informal, por cuenta propia, producto del dinero que le quedó de su liquidación, luego de pagar los préstamos personales que tenía en LFC y quedar con un adeudo de su crédito hipotecario.
Con los documentos bajo el brazo que avalan su nivel de especialización, el referido ex trabajador de LFC señala que las autoridades encargadas del proceso no les han informado de los supuestos pasos que les faltarían para resolver, en definitiva, quién será admitido.
“Hay total incertidumbre. Llenamos la solicitud en la Concanaco y nada más. No nos han llamado a exámenes sicométricos, médicos. Nada. Sólo nos dijeron ‘vayan al curso y luego les hablamos’.
Cuando preguntamos algo de este proceso de supuesta selección y capacitación, nadie sabe nada. Los de la Secretaría del Trabajo nos dicen que es asunto de la CFE, señalaron.
Otros ex empleados de LFC consultados aseguraron que, ante la incertidumbre del curso de la supuesta contratación –prometida por el gobierno federal, como alternativa para que los electricistas aceptaran su liquidación–, ya ronda gente de CFE que ofrece contratos temporales de 11 meses a cambio de 10 mil pesos o más.

Fuente: La Jornada 28 de febrero de 2010

Impartirá SME curso de resistencia civil pacífica ante "el creciente acoso oficial"

Ante el "creciente hostigamiento del gobierno federal", el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) impartirá a sus agremiados un taller de "resistencia civil y pacífica".

En el curso se difundirá información acerca de las garantías básicas y otros derechos constitucionales que salvaguardan, afirman los dirigentes del SME, el plan de acción de esta organización gremial, opositora a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace casi cinco meses. También se discutirán estrategias defensivas, porque los integrantes de este sindicato advierten peligro creciente de represión contra líderes y representados que va desde el uso de la fuerza pública hasta el encarcelamiento de electricistas.

Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del SME, dijo que el gobierno federal tiene una campaña de criminalización de los movimientos laborales.

"El grado de hostigamiento de la Policía Federal en los campamentos [de electricistas] se ha intensificado; hemos observado que, para el gobierno, la salida es reprimirnos y provocar una confrontación."

Sin embargo, agregó, "pese al ambiente hostil hacia nuestro movimiento de resistencia, hemos definido una nueva etapa en el plan de acción, con el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones sociales, porque estamos convencidos de que alcanzaremos la victoria mediante la lucha jurídica y la actividad política y social con la población".

Además de la estructura de coordinación e información que impulsa el SME para detectar, en coordinación con los ciudadanos, fallas en el suministro de energía eléctrica, los electricistas protagonizarán acciones durante las siguientes dos semanas, previas al 16 de marzo, día en que vence el emplazamiento a huelga que intentan hacer efectivo.

Ese día concluye también la vigencia del contrato colectivo en LFC y, antes de la extinción de este organismo, el SME solía intensificar la negociación con la dirección de esta empresa a fin de conseguir alza salarial y prestaciones.

Sin embargo, ante el nuevo contexto (el decreto presidencial da por concluidas las relaciones laborales, pero no ha podido hacerse efectivo por los amparos en curso en juzgados y tribunales), el SME interpuso un atípico emplazamiento a huelga, trámite que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ante ello, el sindicato interpuso un amparo adicional por esta causa, el cual analiza un juzgado de distrito, de ahí que los líderes del gremio consideran que tienen el derecho de avanzar hacia el estallamiento de huelga en LFC y, con ello, los trabajadores impedirían –bajo esta lógica– las labores en las instalaciones de esta empresa, operada desde el pasado 11 de octubre por la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que subcontrató para atender la zona central del país, aun la ciudad de México.

En esa dinámica, el SME aprobó el jueves pasado celebrar asambleas departamentales y seccionales para informar a los agremiados las tareas a realizar "hasta alcanzar la victoria".

El plan incluye más visitas a delegaciones y municipios; brigadeos en la población y seguir promoviendo la suspensión de pagos de las facturas de la CFE.

El 3 de marzo, está programada una "asamblea magna" de los más de 20 mil jubilados de LFC y, un día después, un mitin en la plaza central de Nezahualcóyotl, estado de México.

El 7 de marzo, el SME y representantes de otras organizaciones viajarán a Cananea, Sonora, para celebrar la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, con el fin de expresar su solidaridad a los mineros en conflicto laboral desde hace más de dos años.

El 11 y 12 de marzo el SME sesionará con enviados de organizaciones laborales internacionales como la Federación Sindical Mundial, la estadunidense AFL-CIO y la Unión Internacional de Trabajadores de la Energía.

Ello antes de la estrategia preparatoria a la "huelga en LFC", el 16 de marzo.

Fuente: La Jornada 28 de febrero de 2010

Reforma laboral, justicia al revés

Al preguntarnos si es necesario reformar el modelo laboral actual para que sea más eficiente y justo, la respuesta sería afirmativa, porque es urgente cambiar una realidad que salta a la vista: el empleo cada vez es más escaso, crece la informalidad, la mayoría de trabajadores perciben salarios por debajo de sus necesidades básicas y se ven obligados a ampliar las jornadas de trabajo para subsistir; a los trabajadores de nuevo ingreso se les despoja de los derechos más elementales; los medios de representación y defensa colectiva se sujetan a controles y prácticas de corrupción y la justicia laboral es lenta y parcial.
Ante la interrogante de si la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) soluciona, al menos parcialmente, estos problemas, la respuesta es no. El proyecto se orienta básicamente a fortalecer, por un lado, los vicios corporativos y reducir derechos colectivos por supuestas razones de seguridad jurídica y, por el otro, a limitar la estabilidad en el empleo, promoviendo el despido libre, el pago por horas y la contratación temporal. Se ofrece precariedad laboral para supuestamente atraer más inversión y productividad.
Uno de las propuestas centrales de la STPS, atendiendo sugerencias de abogados empresariales que buscan por esta vía favorecer sus intereses, se refiere al tema de los salarios caídos, aquellos que los trabajadores dejan de percibir durante el tiempo que dura un juicio por despido. Conforme a nuestra ley laboral vigente, en caso de que éste sea declarado injustificado, corresponde al patrón cubrir el pago. Es importante subrayar que cuando la separación del trabajador es justificada no recibe cantidad alguna por ese concepto.
Los juicios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje son excesivamente lentos y tortuosos, y tienen una duración promedio de cuatro años, ocasionando graves daños tanto a trabajadores como a patrones, provocándoles temor y desconfianza cuando deben desahogar controversias en estos tribunales tripartitos. Imaginemos la afectación que implica para una persona que vive de su trabajo soportar dicha espera; también para los patrones, sobre todo personas físicas o pequeños empresarios, conlleva un riesgo el verse obligado a cubrir salarios de varios años.
Una verdadera reforma laboral debería lograr que los juicios concluyeran en un periodo corto, en los tiempos que la propia ley señala, de un máximo de tres meses; sin embargo, para lograrlo deben existir órganos de justicia eficientes, imparciales y que cuenten con los medios necesarios para resolver los juicios de manera pronta y expedita como lo señala nuestra Carta Magna. Esas instancias no pueden ser las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que por su composición tripartita, sometimiento al Poder Ejecutivo y falta de presupuesto están condenadas a la ineficacia. Este tripartismo es falso, porque prevalece la voluntad del tercero en discordia, que es el representante del gobierno. Los designados por el sector obrero y patronal están de adorno, su participación se limita a hacer más difícil el proceso, porque no asisten con regularidad, atrasan sus firmas, esconden los expedientes y obstaculizan los procedimientos conforme a sus particulares intereses. Sus salarios podrían ser utilizados para mejorar el servicio.
Lo deseable es que el proyecto de la STPS propusiera un sistema de justicia diferente, apoyado en jueces confiables, imparciales, como operan en cualquier sistema legal para dar certidumbre a patrones y trabajadores. Como dicha dependencia no quiso asumir el reto, optó por otra salida: limitar los salarios caídos hasta un máximo de seis meses más intereses por nueve meses de salarios. De esta manera, los salarios que excedan ese tiempo serán por cuenta de los trabajadores, quienes sufrirán las consecuencias de la lentitud de los juicios, aún cuando el culpable al final, sea el patrón. Una especie de justicia al revés, cuyas consecuencias son evidentes. Si el juicio dura cuatro años, el patrón sólo cubrirá la octava parte de ese periodo y el trabajador, que se friegue: quién le manda andar reclamando justicia.
La propuesta de cubrir salarios hasta seis meses es absurda, lo único que provocaría es que los patrones despidan a los trabajadores sin temor ni recato alguno, ya que en caso de ser demandados por ellos, les ofrecería, si mucho, un par de meses, so pena que les hagan esperar varios años para cobrar, sólo si el despido resulta injustificado y después de amparos y todas las dificultades que en la práctica operan, incluidos los mecanismos del propio cobro.
Los abogados patronales que sustentan la propuesta de limitar el pago a seis meses, sostienen que su origen deviene de la legislación española, donde a los trabajadores se les cubre únicamente tres meses de salario, de manera que los mexicanos saldrían ganando el doble. Sin embargo, una lectura cuidadosa de dicha legislación contradice tal argumento. Primero, porque los órganos de justicia son distintos a los nuestros, se trata de jueces que resuelven con imparcialidad y rapidez y; segundo, porque los salarios caídos que exceden de tres meses los paga el propio Estado porque la lentitud es imputable a éste. El artículo 57 de la ley laboral española denominada Estatuto de los Trabajadores, señala que cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 60 días hábiles, el empresario podrá reclamar al Estado los salarios dejados de percibir por el trabajador correspondiente al tiempo que exceda de dichos 60 días.
Lo que la reforma debe garantizar, entre otros temas, es que los juicios laborales duren menos de seis meses, así se apoyará a trabajadores, patrones y al país entero, pero de ninguna manera cargarle el costo sólo a los trabajadores cuando no son responsables de su despido, ni de la ineficiencia del sistema de justicia.

Fuente: La Jornada 27 de febrero de 2010

Alerta FAT de sindicatos fantasmas en ramo textil

El Frente Auténtico del Trabajo denunció la creación de contratos de protección en la industria textil en detrimento de los derechos laborales de miles de trabajadores del ramo.
Beatriz Luján, integrante de la Coordinación Nacional del FAT, acusó a Fermín Lara, representante de los trabajadores de la Coalición Nacional de Sindicatos de la Industria Textil, de haber renunciado a los derechos fundamentales del contrato ley de este sector.
“Este dirigente negoció con las autoridades laborales y la parte patronal un verdadero atraco a lo ya ganado en el contrato ley de esta industria, dejando fuera de los beneficios a los futuros trabajadores de cualquier acuerdo en este sector”, aseguró.
Luján explicó que en octubre de 2009 Lara aceptó que la coalición renunciara a todos los derechos para futuros trabajadores del ramo dejándolos sin cláusulas que amparen los tabuladores salariales, prestaciones y condiciones de trabajo.
Por segunda ocasión, en febrero de 2010, en el ramo de la seda y toda clase de fibras artificiales y sintéticas, repitió la estrategia y a nombre de la coalición renunció a todos los derechos y ahora negociarán sólo el salario para futuras revisiones.
Los contratos ley de estos dos ramos aglutinan a 20 mil trabajadores que en un futuro no podrán negociar, pues sus revisiones solamente incluirán salarios y prestaciones básicas que marca la ley, dejando a un lado las luchas por las que han pasado miles de empleados para acceder a condiciones más dignas de trabajo y vida.
“Ahora resulta que tenemos contratos ley con sólo el salario y las condiciones mínimas. Esto es una vil traición y burla a los trabajadores textiles”, aseveró Beatriz Luján.
La integrante de la dirigencia del FAT, organismo que agrupa a sindicatos nacionales independientes, entre ellos, uno de la industria textil, afirmó que acuerdos de este tipo no se han visto en ningún país del mundo.

Fuente: Milenio Hidalgo 27 de febrero de 2010

Efectúan mítines en respaldo al SME y mineros

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones y sindicatos afines marcharon ayer en Morelia desde la casa de gobierno de Michoacán a la plaza Melchor Ocampo, para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pronunciarse contra las reformas laborales y educativas que ya cocina el gobierno.
Jorge Cázares Torres, líder de la sección 18 de la CNTE, dijo que los paros convocados por la corriente democrática del magisterio en apoyo a la próxima huelga nacional del SME serán escalonados, y exigió que se restituya la legalidad constitucional violentada por el gobierno en materia social y educativa, mientras los participantes entonaban consignas a favor de los trabajadores electricistas y mineros, junto a grupos ecologistas opuestos a introducir una vialidad en la reserva Loma de Santa María.
Apoyo de cenecistas
A su vez, el diputado federal priísta Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), anunció en Chilpancingo, Guerrero, que su organización apoyará la huelga nacional convocada por el SME en apoyo a los mineros de Cananea, Sonora.
El dirigente encabezó una reunión de bases cenecistas, y manifestó que si bien los campesinos no pueden ir a la huelga, por no estar sindicalizados, de todos modos los mineros tienen todo nuestro respaldo, e incluso hemos participado en sus manifestaciones.
En el acto Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata y representante de la CNC en Anenecuilco, Morelos, reconoció que los campesinos viven ahora la misma situación que dio lugar al alzamiento encabezado por su abuelo, por lo que hace falta una nueva revolución, pero sin armas; esta sería una última instancia, porque hay gente campesina preparada en espera de que los ideales del Plan de Ayala se cumplan algún día...
Entretanto, en la capital de Oaxaca cientos de estudiantes adheridos a la Coordinadora de Escuelas Normales del Estado (CENEO) retuvieron unidades de transporte urbano y bloquearon la calzada San Felipe y otras vialidades, como medida de presión para que sean cancelados la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y el Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (Pefen).

Fuente: La Jornada 27 de febrero de 2010

Continúa huelga en el Colegio de Posgraduados

El Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados denunció que el estallamiento de la huelga en esa casa de estudios –la cual cumple una semana– se debe a la ineptitud e incapacidad del director, Félix González Cossío, para gestionar recursos ante la Secretaría de Hacienda que permitan continuar el proceso de homologación salarial. El gremio dijo que luego de la protesta realizada el miércoles en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fueron atendidos en la oficialía mayor, cuyos funcionarios se comprometieron a convocar a las autoridades a negociar.

Fuente: La Jornada 27 de febrero de 2010

Despide maquiladora de Juárez a 300 obreros a raíz de protesta

La maquiladora de capital taiwanés Foxconn comenzó a despedir a alrededor de 300 empleados que la semana pasada participaron en una protesta en la cual quemaron el comedor de la empresa y apedrearon los dormitorios de los gerentes.
Jesús Sánchez, representante legal de Foxconn, dijo que a raíz de los problemas con los trabajadores, un cliente decidió cancelar un contrato de proveeduría, por lo que fue necesario recortar a los trabajadores del área que producía dicha mercancía.
La mañana de este jueves unos 70 obreros protestaron fuera de la compañía porque en el turno de la noche les notificaron sin explicación alguna que estaban despedidos, y para evitar protestas fueron desalojados por agentes del Centro de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La maquiladora se encuentra a 20 kilómetros de la mancha urbana, en el sector de Santa Teresa, y ensambla computadoras.
El 20 de febrero, aproximadamente 300 obreros del turno nocturno quemaron el comedor y rompieron vidrios de los dormitorios de los directivos cuando éstos trataron de obligarlos a trabajar tiempo extra después de la medianoche. En esa ocasión no llegaron los autobuses que a las 12 llevan a los trabajadores a sus hogares y éstos dijeron que estaban retenidos contra su voluntad.
La empresa aseguró que no habría represalias contra los empleados, pero ayer por la noche dio a conocer el despido de todo el turno nocturno.
Jesús José Díaz Monárrez, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Norte, de filiación cetemista, anunció que este jueves se emplazará a huelga a la maquiladora porque la planta ha violado los derechos de los trabajadores. Asimismo cuestionó la actuación viciada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al averiguar lo ocurrido durante la protesta en Foxconn. La supervisión se llevó a cabo en presencia de los jefes inmediatos de los trabajadores, quienes se inhibieron para externar sus inconformidades por temor a que los despidieran, como sucedió hoy. El también diputado local priísta pidió que el Congreso local cree una comisión para defender a los obreros.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, más de 900 trabajadores están en la incertidumbre porque cuatro maquiladoras cerraron sin pagar liquidaciones, informó la Dirección de Trabajo y Previsión Social. Rogelio López Pompa, titular de la dependencia estatal, indicó que tres empresas desaparecieron a finales de 2009 y afectaron a 800 obreros de los municipios de Reynosa, Matamoros y González. La cuarta cerró este año en Reynosa, en perjuicio de 180 trabajadores.
La Junta de Concialiación en Reynosa aplicó un embargo precautorio de bienes y entabló un juicio. Si la empresa no responde se pondrá a la venta la maquinaria, advirtió.

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2010

Desempleo y responsabilidad oficial

De acuerdo con cifras dadas a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en enero del presente año la tasa de desempleo en el país se ubicó en 5.87 por ciento de la población económicamente activa, incremento de más de un punto porcentual respecto del mes anterior: esto significa, según cálculos del propio organismo, que en los primeros 31 días de 2010 más de 500 mil personas se quedaron sin trabajo y que el número total de desocupados en el país asciende 2.76 millones de personas.
Los datos referidos permiten ponderar el nivel de postración en que se encuentra inmersa la economía nacional, la cual tuvo, el año pasado, uno de los peores desempeños de su historia –con una caída de 6.5 por ciento en el producto interno bruto– y hoy enfrenta, en la contracción del mercado laboral, uno de los lastres principales para su recuperación.
En adición a lo anterior, debe señalarse que detrás de este incremento de más de medio millón en el número de desempleados, se encuentran otras tantas historias de sufrimiento personal y familiar, ante las cuales el gobierno federal tendría que mostrar, por consideraciones éticas fundamentales, por sentido político y hasta por razones de imagen, un mínimo de sensibilidad.
Sin embargo, y a pesar de la evidencia de que la mayoría de la población continúa enfrentando una situación de crisis económica, las autoridades se empeñan en conducirse con la indolencia y la arrogancia tecnocrática que les ha caracterizado: ayer mismo, al comentar las cifras dadas a conocer por el Inegi, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, calificó como normal el incremento registrado durante enero en la tasa de desempleo, y lo justificó como “un efecto que se da todos los años (…) debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La declaración del funcionario pasa por alto el sentir de incertidumbre y zozobra que dicho incremento representa para decenas de miles de familias, y es, además, improcedente, porque omite señalar que las estadísticas del desempleo en nuestro país suelen encerrar en sí mismas una distorsión, por cuanto no consideran al subempleo y a la informalidad: al respecto, son significativos los datos aportados por el propio Inegi en el sentido de que la población que se emplea en el sector informal ascendió, al cierre de 2009, a 12.6 millones de personas, cifra sin precedente en el país.
Por lo demás, es claro que las autoridades no pueden culpar del incremento del desempleo a los ciclos económicos, cuando ellas mismas, en su empeño por trasladar el costo del gobierno –injustificada y desmesuradamente alto, por lo demás– a los sectores mayoritarios, han alentado la aplicación de medidas que constituyen un obstáculo para la creación de nuevas fuentes de trabajo: tal es el caso del incremento en los precios de combustibles, gas, energía eléctrica y demás tarifas públicas, y el aumento generalizado en los impuestos al salario y al consumo, medidas que, en conjunto, afectan la demanda de bienes y servicios, merman las inversiones productivas y llevan al cierre de pequeñas y medianas empresas, todo lo cual genera más desempleo.
Ante tal circunstancia, resulta impostergable que el gobierno federal asuma la responsabilidad que le corresponde en la configuración de este círculo vicioso, que conlleva un enorme costo social para el país, abona al deterioro en el nivel de vida de los segmentos mayoritarios de la población y profundiza los rezagos sociales.
Es necesario, en suma, que la actual administración reoriente sus prioridades y utilice los recursos económicos de los que dispone en la creación de programas y medidas de apoyo inmediato a las franjas afectadas por la contracción en el mercado laboral, y que emprenda, de una vez por todas, la siempre postergada reactivación de la economía y el mercado internos, sin la cual difícilmente podrá garantizarse la creación de puestos de trabajo suficientes y bien remunerados en el país.

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2010

Inegi: en enero, 503 mil mexicanos entraron al desempleo; suman 2 millones 761 mil 360

La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año.
La dependencia agregó que posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país, precisó el analista.
Luego, advirtió: Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales. Destacaron que sus previsiones apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2010

Sindicato alterno de Pemex, arrinconado de manera ilegal

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) denunciaron que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se ha negado a reconocer su carácter de nueva organización gremial adscrita a la paraestatal.
Por su parte, Jesús Zambrano (PRD), vicepresidente de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo –que se turnó a la Junta de Coordinación Política– para demandar al funcionario que acate el amparo concedido a favor de la UNTPP y la toma de nota que en diciembre le otorgó la Secretaría del Trabajo.
En conferencia de prensa, el secretario general de la unión, Didier Marquina Cárdenas, denunció que la mayoría de los afiliados y sus dirigentes han sido desalojados de los edificios e instalaciones de Pemex por agentes armados.
Pemex cuenta con una gerencia de servicios de seguridad física, con personal que se encarga de resguardar las instalaciones, que tiene instrucción militar y porta armas de uso exclusivo del Ejército. Son paramilitares dispuestos a disparar y los utilizan las direcciones de recursos humanos y corporativa de administración para sacarnos de nuestros puestos de trabajo, informó.
Refirió que la unión contaba con más de 3 mil afiliados, pero el registro más reciente –inscrito en la Secretaría del Trabajo– es de sólo 260, en contra de quienes la dirección general de Pemex se ha ensañado, llamándolos uno por uno, en sus centros de trabajo, para presionarlos a que firmen su renuncia.

Mientras, Zambrano sostuvo que la negativa de Suárez Coppel a reconocer las relaciones laborales con la unión se debe a la relación con la mafia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ejerce un indiscutible peso en las decisiones que asume la empresa.
A pesar del reconocimiento a esta organización, continúa una campaña de agresiones, amenazas, despidos y violaciones flagrantes a distintas disposiciones legales y al propio fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que favorece a los trabajadores, señaló.
Refirió que a una de las afiliadas a la unión se le suspendió la atención médica, mientras otro de los dirigentes gremiales fue despedido.
Se ha llegado al grado de, con descaro absoluto, circular opiniones desde los altos mandos de Pemex, en el sentido de que la desaparición de la unión es un asunto de Estado y de supervivencia de la empresa, seguramente por pactos con la mafia petrolera.

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2010

Aclarar datos sobre LFC, ordena el IFAI a Presidencia

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República rendir cuentas y/o entregar los documentos en los cuales Felipe Calderón se basó para sostener que la corrupción e ineficiencia motivaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre pasado.
De acuerdo con la resolución 5843/09 del IFAI, a cargo de la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén, la Presidencia declaró la inexistencia de esa información en sus archivos y remitió al solicitante de los documentos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Energía (Sener) y de la Función Pública (SFP).
Derivado de las consultas documentales que realizó el IFAI –entre ellas el decreto de liquidación de LFC y la información difundida por la Presidencia y las declaraciones de Calderón, en octubre pasado–, se pudo comprobar que el mandatario se refirió en reiteradas ocasiones a la supuesta corrupción e ineficiencia en las operaciones de la paraestatal como las principales causas del declive del organismo.
En el recurso referido se asienta también que, efectivamente, por los ámbitos de su competencia, la SHCP, la Sener y la SFP estuvieron involucradas en la extinción de la paraestatal, tanto en el acto mismo como en el proceso correspondiente, por lo que resultan ser las indicadas para conocer del tema. Sin embargo, la Presidencia deberá buscar los elementos o datos sobre los cuales en su momento se construyó el discurso que emitió Calderón ante la nación, aunque declare formalmente la inexistencia de documentos en sus archivos, consignó la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard.
En la resolución avalada por los cinco comisionados del IFAI, en reunión previa a la sesión pública de este miércoles, esa entidad del Ejecutivo debe dirigirse a la Consejería Jurídica para obtener la información referida o cualquier registro oficial sobre el tema.

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2010

Decidirá la Corte en definitiva reconocimiento a líder minero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva si concede o niega el amparo con el que Napoleón Gómez Urrutia busca echar abajo la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para reconocerlo como líder del sindicato minero.
Marco Antonio del Toro, uno de los abogados del líder minero, informó ayer a La Jornada que la segunda sala de la Corte aceptó la petición del ministro Salvador Aguirre Anguiano para atraer el caso de la toma de nota que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, le negó a Gómez Urrutia, y todo parece indicar que el proyecto de dictamen que en su momento discutirán los ministros nos dará la razón.
Explicó que “al momento de ejercer su facultad de atracción, la SCJN dijo: ‘nosotros ya nos habíamos pronunciado en el pasado respecto de que la STPS tiene facultades para cotejar documentos contra estatutos. Pero en el caso de la toma de nota (negada a Napoleón) es diferente, por eso lo atraemos’.
Aquí, lo que va a determinar la Corte es si la Secretaría del Trabajo tiene facultades para interpretar unos estatutos de un sindicato en detrimento de la autonomía sindical. En ese sentido, la pregunta que va a resolver la SCJN es: ¿puede la STPS invalidar los estatutos de un sindicato aun cuando eso sea en contra de la autonomía sindical? La respuesta es evidente: ¡claro que no puede! La autonomía sindical está en un convenio, que es el 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que está por encima de las leyes federales de nuestro país y únicamente por debajo de la Carta Magna, puntualizó Del Toro.
En ese contexto, funcionarios de alto nivel de la Corte consultados ayer explicaron que se ejerció la facultad de atracción en este caso porque la mayoría de los ministros de la segunda sala consideró que el amparo solicitado por Gómez Urrutia es de trascendencia e importancia excepcionales, ya que permitirá a la SCJN fijar criterios sobre el alcance de las facultades de la STPS en materia de toma de nota de dirigencias sindicales, un tema que la Ley Federal del Trabajo no define y que en los últimos meses ha ocasionado problemas constantes.
Las fuentes consultadas en la Corte añadieron que es muy probable que el asunto sea enviado al pleno del máximo tribunal, para que sean los 11 ministros los que analicen, discutan y resuelvan el litigio.
El amparo fue negado en primera instancia por una juez federal, que en marzo pasado resolvió que Gómez Urrutia nunca ha sido acreditado como trabajador de base de alguna empresa minera, y por tanto no puede fungir como secretario general de ese gremio.

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2010

Mantiene OMS alerta por gripe A

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que aún no se ha superado al punto álgido de la pandemia de la influenza A H1N1, por lo que se mantendrá la fase seis de alerta.
En conferencia de prensa desde Ginebra, Keiji Fukuda, asesor especial de la OMS sobre la pandemia de la influenza A H1N1, informó que tras la reunión del comité internacional de expertos en emergencia que se realizó el martes 23 se llegó a la conclusión de que aún es muy pronto para declarar que la epidemia está en un periodo denominado “post pico”.
“Basados en la evidencia que se presentó en esa discusión y en las subsecuentes discusiones y los puntos de vista del Comité de Emergencias, la directora general decidió que es apropiado no hacer ningún cambio en la fase actual de la pandemia en este momento y ella podría reconvocar al Comité de Emergencias en las próximas semanas para revisar la situación de la pandemia”, explicó.
Una de las preocupaciones del Comité de Emergencias, agregó, es que pronto empezará el invierno en el Hemisferio Sur y este es un periodo en el que la actividad de la influenza puede dispararse, incluyendo la gripe pandémica.
El virus pandémico podría resurgir en el sur, advirtió Fukuda, incluso con una actividad superior a la que normalmente se aprecia con la gripe estacional.
“Un segundo punto es que nosotros notamos que en algunos países ha habido dos significativas olas de actividad, mientras que en otros países ha habido una sola ola de actividad, la cual aún ocurre”, explicó. El funcionario subrayó que la influenza A H1N! aún presenta intensa actividad y alto nivel de contagio en regiones como África, especialmente Mauritania y Senegal.
Bajar la guardia, advirtió asimismo Fukuda, “debilitaría los esfuerzos realizados por los países para hacer frente a la pandemia”.
Según dijo Fukuda, la OMS mantiene tres recomendaciones básicas: no cerrar las fronteras, mantener la alerta para monitorear la influenza y la neumonía, y retrasar los viajes en caso de registrar síntomas de la enfermedad. Un aspecto positivo que destacó el asesor de la OMS es que, en comparación con otras pandemias del siglo pasado, la severidad de la influenza A H1N1 no parece ser tan alta.
Hasta ahora, la OMS confirmó que el virus ha causado la muerte de 16 mil 226 personas.
Fukuda recomendó a la gente, y en particular a los grupos de mayor riesgo, aplicarse la vacuna contra la influenza A H1N1. Hasta la fecha, 300 millones de personas han sido vacunadas contra la gripe A H1N1 en el mundo, con una efectividad, dijo, “de entre 70% y 75%

Fuente: El Universal 25 de febrero de 2010

PGR teme que mineros compren droga si libera sus cuentas bancarias

La fiscalía antilavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) respondió hace dos días a un juzgado en materia de amparo –que en tres ocasiones había ordenado descongelar diversas cuentas del sindicato minero– que no podía cumplir el mandato judicial, supuestamente porque si liberaba el dinero los trabajadores podrían utilizarlo para adquirir narcóticos.
El juzgado quinto de distrito de amparo avaló el dicho de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por lo que unas seis cuentas bancarias a nombre del gremio, que amparan inversiones millonarias, continúan aseguradas.
Es la peor de las mentiras, es una locura, una suposición absurda que la SIEDO no acompañó con el menor indicio que comprobara su dicho. Por eso tuvimos que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que corrija al juzgado y se pueda actuar contra la PGR, reveló ayer a La Jornada el penalista Marco Antonio del Toro, del equipo de abogados del líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
Incrédulo con el argumento de la PGR, el litigante refirió que “en su respuesta al juzgado, lo que dijo la SIEDO es que cancelar el aseguramiento sería algo muy riesgoso, porque a lo mejor el dinero podría ser destinado para la adquisición de drogas.
“Pero más allá de lo absurdo de ese argumento, hay que aclarar que la SIEDO lo que está investigando es dinero de procedencia ilícita, no recursos con destino desconocido.
“Entonces, qué pasaba, pues que el sindicato mandaba dinero a cuentas de trabajadores de la minera de Cananea (Sonora) y éstos, a su vez, lo retiraban en efectivo. ¿Para qué lo retiraban en efectivo? Para distribuirlo entre las familias de los trabajadores.
“La verdad es que esto de insinuar que el dinero no debe ser liberado porque los mineros podrían destinarlo para adquirir drogas, sin sustentar su dicho ni siquiera con indicios, ya ha llegado al absurdo total que confirma la persecución política contra Napoleón Gómez Urrutia. Únicamente es un pretexto de la PGR para violentar los tres amparos que ya ganamos contra el aseguramiento de las cuentas bancarias”, puntualizó Del Toro.
Se trata de cuentas abiertas en Banamex y Bancomer, entre otras instituciones bancarias, con inversiones cercanas a 25 millones de pesos.
A finales de noviembre pasado, la unidad especializada en el combate a delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita de la PGR ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento precautorio de las cuentas sindicales, mientras se desahoga y resuelve una averi- guación previa abierta ante la SIEDO, a raíz de varias denuncias interpuestas por mineros contrarios al líder Napoleón Gómez Urrutia, quienes acusaron que existían movimientos bancarios irregulares de entre 1.5 y 3 millones de pesos mensuales.

Fuente: La Jornada 25 de febrero de 2010

Avanza la ofensiva contra el SME

Víctor Andrade López, dirigente de la sección 52 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), informó que está en marcha el proceso mediante el cual 15 mil afiliados a este gremio se harán cargo de las labores que realizaban los 44 mil empleados que Luz y Fuerza del Centro tenía al momento de su liquidación y que formaban parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Hasta ahora se han comisionado 168. Cada uno de los enviados será basificado en un plazo no mayor de 120 días.

Fuente: La Jornada 25 de febrero de 2010

Demandan a Grupo México en Estados Unidos por el caso Pasta de Conchos

Familiares de los mineros fallecidos hace cuatro años en la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, presentaron esta semana una demanda en una corte federal de Estados Unidos contra Grupo México y sus compañías asociadas por "daños y perjuicios".

La demanda fue presentada por la Unión de Trabajadores del Acero en una corte de distrito de Phoenix, en nombre de tres viudas cuyos maridos estaban entre los 65 mineros muertos, y en ella se alega que Grupo México y otros demandados se negaron a tomar las medidas necesarias para prevenir el desastre, aun cuando conocían que la mina presentaba riesgos para la vida de los trabajadores.

La Federación Estadunidense del Trabajo-Congreso de Asociaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) dio a conocer este proceso y señaló que en dicho requerimiento se argumenta que Grupo México y los otros demandados habían sido advertidos por autoridades gubernamentales y los propios mineros de las condiciones de inseguridad que presentaba el yacimento y, sin embargo, el corporativo hizo caso omiso de estas alertas y no hizo nada para evitar el siniestro que le costó la vida a los trabajadores.

Se trata, según esta organización, de un "flagrante y temerario desprecio por las vidas de los mineros de Pasta de Conchos", por lo que se argumentará en este proceso legal que los demandados son responsables bajo la ley federal y la estatal por daños y perjuicios.

Dichas denuncias "incluyen a Americas Mining Corp., propiedad del Grupo México con base en Phoenix, y a Southern Copper Corp., propiedad de Americas Mining, también con base en Phoenix".

Los procesos fueron presentados ante cortes estadunidenses, debido a que “los demandantes no tienen un foro apropiado para llevar el caso en México y tienen miedo a las posibles represalias, incluso asesinato, de grupos armados del país, señala la información ofrecida por el director de esta representación, Ben Davis.

Puntualizó que según esta central obrera internacional, las viudas de los mineros no tienen acceso al sistema legal mexicano para presentar sus quejas, ya que éste se ha "mantenido cautivo" por los poderosos intereses económicos del Grupo México.

También indicó que el sindicato nacional minero, la estadunidense Unión de Trabajadores del Acero y otros gremios alrededor del mundo temen que el gobierno de México use la fuerza contra los trabajadores mineros mexicanos en huelga, dado que una corte mexicana recientemente ordenó que mil 200 trabajadores que están en huelga fueran despedidos.

"La estadunidenses Unión de Trabajadores del Acero teme que haya derramamiento de sangre si esto ocurre (si el gobierno emprende un desalojo forzoso de trabajadores)," dijo Ken Neumann, director nacional en Canadá de la unión, en una carta entregada a Stephen Harper, primer ministro canadiense.

Fuente: La Jornada 25 de febrero de 2010

Anuncian paro en apoyo a las huelgas en Sonora y Guerrero

El representante del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular (ANRP), Juan Carlos Escalante, anunció que esta agrupación efectuará un paro nacional el 16 de marzo en apoyo al movimiento de huelga de los trabajadores mineros de Cananea, Sonora, y Taxco, Guerrero, además de los propios electricistas que se manifiestan en contra de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dijo que se sumarán al menos 25 entidades con la participación de sindicatos, telefonistas y universidades. Acompañado de dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y del Sindicato del Metro, entre otros, Escalante explicó que la ANRP sesionará este 27 de febrero en Cananea para definir los detalles. Camilo Valenzuela, del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que del 22 al 24 de mayo se efectuará una consulta nacional para la revocación de mandato de Felipe Calderón Hinojosa.

Fuente: La Jornada 25 de febrero de 2010

Busca el Colpos que la JFCA declare inexistente la huelga, afirma el sindicato

Después de cuatro días de que estalló la huelga en el Colegio de Posgraduados (Colpos), el Sindicato Independiente de Académicos de dicha institución (Siacop) denunció que, en lugar de realizar gestiones con el gremio para destrabar la situación y llegar a un acuerdo que respete lo pactado en 2009 para continuar la homologación salarial de los académicos, la directiva del colegio ha recurrido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que declare inexistente el cese de labores.
En entrevista, Lenin Guajardo, secretario general del Siacop, precisó que violando la autonomía sindical, el equipo legal del Colpos arguye ante la JFCA que el gremio no reunió el quórum necesario (50 por ciento más uno de los asistentes a la asamblea) para estallar la huelga, y alegan que las instalaciones no fueron cerradas al mediodía del viernes, sino hora y media después, lo cual no es verdad.
Guajardo subrayó que la intención del Colpos, dirigido por Félix González Cossío, es no sólo negar el acceso a la homologación, sino asestar un golpe definitivo al sindicato para poder imponer su reforma educativa, que viola el contrato colectivo de trabajo y el decreto de creación del colegio.
Detalló que la intención es dar más peso a la investigación que a la docencia, que es lo que ordena el decreto de creación original, además de establecer profesores por cátedra, por asignatura, y que el sindicato acepte que si los académicos no cumplen los parámetros de productividad se les pueda bajar a la categoría anterior, a lo que nos oponemos.
Precisó que ante la negativa del Colpos a solucionar el problema, hoy al mediodía realizarán una manifestación afuera de la Sagarpa para demandar que la dependencia intervenga. El secretario Francisco Mayorga es el presidente de la junta directiva del colegio y tiene capacidad para obligar al director a que aplique los 24.3 millones de pesos para la homologación de los 619 académicos, refirió.
El líder del Siacop destacó que González Cossío no ha mostrado mucha disposición a negociar en los conflictos, pues ha tenido cuatro huelgas seguidas; confió en que en esta ocasión la situación sea diferente.
Precisó que con el acuerdo de 2009 para la homologación, este año se destinarían 17.3 millones de pesos directos al salario, sin restricciones y repartidos de manera proporcional entre los académicos, y los 7 millones restantes se distribuirían según la productividad académica individual.

Fuente: La Jornada 24 de febrero de 2010

CFE no ha contratado a un solo ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro: Víctor Fuentes

El líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Víctor Fuentes, informó que a cuatro meses de haberse decretado la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha contratado a uno solo de los trabajadores despedidos.
En entrevista, dijo que ya pasaron dos bimestres del decreto presidencial y a la fecha la CFE no ha manifestado al sindicato requerimiento alguno de contratación de trabajadores que laboraban en LFC.
Incluso ninguno de los trabajadores de la CFE ha atendido los servicios regulares y las urgencias de la zona centro del país, todo lo han hecho con contratistas, ya que se ha pagado a empresas privadas para estas tareas, las cuales llevan a su propio personal.
Ni uno solo de los trabajadores del SUTERM ha prestado hasta el momento sus servicios en el Distrito Federal, estado de México, o en zonas de Morelos, Puebla e Hidalgo que estaban asignadas a LFC, pues la CFE no ha pedido a este personal que atienda esta zona central, dijo el dirigente.
Víctor Fuentes fue abordado por la prensa en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), durante la sesión previa de su congreso nacional que tuvo lugar ayer, y en este contexto indicó que ni uno solo de los trabajadores de LFC que fueron despedidos ha sido contratado.
Según sostuvo, la Comisión Federal de Electricidad tendría que presentar los requerimientos de trabajadores por medio del sindicato, lo cual no se ha llevado a cabo. Explicó además que todas las nuevas contrataciones tendrían que ceñirse al contrato colectivo de trabajo del SUTERM.

La forma más rápida, mediante terceros
Hasta el momento, dijo, este sindicato se ha mantenido totalmente al margen de este problema, y entiende que la CFE está tratando de resolver la situación de la forma más rápida, que es mediante contratistas, pero la regulación total del servicio se llevará tiempo, ya que no es sencillo dar servicio a 6 millones de usuarios de la noche a la mañana.
También aseguró Víctor Fuentes no estar prejuiciado con los trabajadores de LFC, y que no va a obstaculizar su contratación. No me voy a oponer; por el contrario, en lo que pueda ayudar lo voy a hacer con mucho gusto, no importa de dónde vengan, son trabajadores, son ciudadanos mexicanos que tienen derecho al trabajo. Sin embargo, la contratación se hará conforme a las necesidades y requerimientos de personal que presente la empresa y se hará con personas que estén aptas para este trabajo.
Esto es, porque según planteó, en el SUTERM sí hay productividad, y esa es su regla principal, ya que esta es la única forma de preservar el empleo. Incluso este sindicato tiene en el país tres universidades, para que los trabajadores se capaciten y no entren a laborar de manera improvisada, sino ya preparados.
Por último, no quiso responder si en la Comisión Federal de Electricidad pudieran coexistir dos sindicatos.

Fuente: La Jornada 24 de febrero de 2010

Líderes del SME esperan una escalada de agresiones por parte de las autoridades

Líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) calificaron la detención del subsecretario general de la sección de Necaxa, Domingo Aguilar Vázquez –realizada el domingo pasado por fuerzas policiacas–, como el inicio de la persecución judicial de las principales cabezas de este gremio y señalaron que el gobierno no conforme con haber violado todos sus derechos laborales, ahora quiere criminalizar su movimiento.
Es la amenaza cumplida del gobierno federal de que se va a proceder penalmente contra los líderes y también es la respuesta oficial al llamado que están haciendo diversas organizaciones sindicales, entre ellas el SME, para llevar a cabo la huelga nacional el próximo 16 de marzo, sostuvo Martín Esparza, dirigente de este sindicato.
En tanto, ayer ocurrieron varios plantones y manifestaciones en Puebla, tanto en el zócalo de esa ciudad como en el principal acceso a la subestación de energía El Salto, en Nuevo Necaxa; así como en el centro de rehabilitación social de esa ciudad, por la detención, de carácter político y artera, de Aguilar Vázquez.
Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general del SME de la división Nuevo Necaxa, obtuvo su libertad al pagar una fianza de 5 mil pesos por el supuesto delito de robo con agravio cometido contra la Comisión Federal de Electricidad, ya que, de acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/PUE/HU/197/09, el pasado 14 de diciembre de 2009 un grupo aproximado de 100 personas encabezadas por Aguilar Vázquez llegaron a las oficinas de correos en la comunidad de Nuevo Necaxa, donde fueron sustraídos cerca de 3 mil recibos de la CFE.
La delegación Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la orden de aprehensión contra el dirigente fue cumplimentada por ocho elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) el pasado domingo en el centro histórico de esta ciudad, durante la realización de una protesta pacífica. María Leonor Pacheco Figueroa, juez novena de distrito en Puebla, fijó una fianza de 5 mil pesos para la liberación de Aguilar Vázquez.
En Toluca, integrantes del SME acusaron a las fuerzas federales de violar las garantías individuales de electricistas tras el desalojo violento realizado la madrugada del sábado del plantón que mantenían desde octubre pasado en el exterior de la central de servicio de Luz y Fuerza del Centro ubicado en esta ciudad.
Los electricistas se manifestaron hoy frente a la sede del Congreso local, donde además se quejaron de que el comisionado de los derechos humanos de la entidad, Marco Antonio Morales Gómez, se ha negado a intervenir en el asunto, a pesar del sinnúmero de peticiones que le han hecho.
Al respecto, el secretario del exterior del SME, Fernando Amezcua, planteó que el sindicato ha hecho denuncias de robo de material, equipo, camionetas, recursos económicos y otros objetos de las estaciones, subestaciones y oficinas de LFC, y ninguna autoridad ha hecho nada; sin embargo, ahora actúan presurosamente para detener a uno de los líderes acusado de robo, que no se ha comprobado, lo que evidencia que se trata de otro golpe a esta organización y los trabajadores que siguen en lucha.

Fuente: La Jornada 23 de febrero de 2010

Los mineros siguen en alerta

El sindicato nacional minero se mantiene en alerta, ya que, advirtió, de un momento a otro se podría intentar un desalojo violento de los trabajadores de Cananea, quienes mantienen una huelga legítima, la cual fue declarada existente en tres ocasiones por distintos tribunales.
En tanto, diversas secciones del sindicato refrendaron este fin de semana su disposición a seguir apoyando a los huelguistas, entre ellas las 21 y 22, ubicadas en Tayoltita, Durango, que en estos días lograron un alza salarial de 8 por ciento. La negociación se llevó a cabo con la empresa Gold Corp.
La organización sindical detalló que, aun cuando se encuentra esta situación difícil por lo ocurrido en Cananea y hay alerta en todo el sector porque se podría agredir a los trabajadores, se continúan llevando a cabo las revisiones salariales. Éstas, según la agrupación, continúan siendo encabezadas por el dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, desde Canadá.

Fuente: La Jornada 22 de febrero de 2010

En marzo podría suspenderse alerta por A H1N1: Ssa

José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud del gobierno federal, dijo que en la actualidad la influenza A H1N1 se encuentra en fase endémica y que, de seguir así, entre marzo y abril próximos se podría suspender la alerta epidemiológica.
En un comunicado, informó que la suspensión dependerá de lo que determinen las 650 unidades de vigilancia epidemiológica, de acuerdo con la circulación del virus. Dijo que con la aplicación de 30 millones de vacunas que compró México disminuirá la capacidad de contagio.

Fuente: El Universal 21 de febrero

Más represión contra sindicatos y sus miembros

El que esto se vaya generalizando muestra que es una política oficial. La represión contra trabajadores de todo tipo, profesionistas, técnicos, obreros, campesinos, etcétera, está en el orden del día.
A la expulsión, incluso con las armas, de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas; a los intentos sucesivos de romper huelgas mineras, en especial ahora la de Cananea, y otras acciones similares, se suma una nueva oleada de despidos, jubilaciones forzadas y expulsiones por la fuerza de sus lugares de trabajo, en Pemex, de miembros de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP). Todo esto, en medio de presiones para que firmen la renuncia a esta unión y soliciten por escrito la cancelación de su registro.
Ello, a pesar de que esta organización ya cuenta con el registro legal, y la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional de la misma. Con esto se viola el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: Queda prohibido a los patrones: (...) IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura.
En este y los otros casos, el gobierno federal ha violado no sólo la Ley Federal del Trabajo, sino la Constitución y tratados internacionales que México ha firmado.
Eso no quiebra la lucha de los petroleros por: la reinstalación de los despedidos, el establecimiento de relaciones laborales entre Pemex y la unión, y el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
No es raro que en otros sindicatos, como el de telefonistas, se haya dicho que ellos también participan en movilizaciones y otros actos, no sólo por solidaridad, sino porque pueden ser los que siguen. De hecho, donde no ocurren este tipo de atropellos es en sindicatos controlados por el gobierno a través del llamado charrismo. Ahí, los trabajadores generalmente sólo pueden mantener su empleo sometiéndose.
Y todavía hay funcionarios que se presentan a sí mismos como defensores de la democracia. Si en una elección no dudan en comprar votos, en usar fondos públicos para promoverse, etcétera, y llamarle a eso democracia, en la vida diaria, negando a los trabajadores sus más elementales derechos, muestran cómo la democracia cotidiana y sindical no existe para ellos.
En la mayoría de los casos hasta el momento, estas agresiones contra el sindicalismo democrático se han dado en entidades públicas. Y se dan como parte de una política encaminada a destruir, de golpe como con LFC o gradualmente como con Pemex y la CFE, a estas entidades, estratégicas y vitales para el país.
Uno de los casos más recientes de esa destrucción gradual de Pemex son las disposiciones administrativas publicadas el pasado 6 de enero en el Diario Oficial, de las que hablamos en este espacio el domingo pasado. Incluye el derecho de adjudicar, por tramos de territorio, zonas petroleras a grandes empresas privadas. El PRI, que hablaba de sumarse a la controversia constitucional, finalmente se plegó con el PAN a las posiciones del gobierno federal y, como sucedió con el aumento del IVA y otras medidas similares, aprobó lo que había criticado. Al no permitir la discusión del punto, en el último día del plazo para la controversia, acabó, nuevamente, sumándose al PAN, a pesar de que se habían quejado de que les habían mentido para que aprobaran el paquete presupuestal a finales del año pasado.
Como vemos, están muy relacionados los aspectos de represión a los trabajadores democráticos con los de la entrega del país y de sus áreas estratégicas. No es la primera vez en la historia en la que se golpea a núcleos sindicales democráticos para facilitar la entrega de entidades estratégicas del país. Y, claro, estos y otros trabajadores se oponen y se opondrán a esa entrega.

Fuente: La Jornada 21 de febrero de 2010

El Estado como parte de los conflictos laborales

No cabe duda de que en estos tiempos hemos presenciado la manera como el Estado se convierte en parte en los conflictos laborales que le interesan. Usualmente utiliza los instrumentos tradicionales: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de manera preferente en los asuntos laborales, y si se ofrece, como ha ocurrido últimamente, a jueces federales propicios a atender sus intereses.
De ello resulta, ciertamente, que en materia laboral no basta tener la razón si del otro lado hay intereses empresariales o del Estado mismo que anulan, en cierto modo, la autonomía del Poder Judicial, para someterlo a los requerimientos del Estado y sus aliados, las empresas que representan valores con los que el Estado coincide.
En estos tiempos la primera manifestación ha consistido en la expedición del Decreto de 9 de octubre de 2009 mediante el cual, asumiendo facultades que no le corresponden, el Ejecutivo, con el pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Es sabido que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89 constitucional que se otorga al Ejecutivo está subordinada a la existencia de una ley dictada por el Congreso de la Unión. En el caso no existe tal ley que faculte para liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, una juez de Distrito negó el amparo al SME y el tema se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión por un tribunal colegiado.
El segundo tema, de la misma o mayor importancia, se ha dado con motivo de la huelga de Cananea, que sin fundamento alguno fue invocada como pretexto para promover la terminación de las relaciones de trabajo por supuesta fuerza mayor y en la que el segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo, por mayoría de votos en contra de la ponencia de la presidenta del tribunal resolvió negar el amparo al sindicato minero. Lo único cierto es que el procedimiento especial que siguió la empresa con la total simpatía de la JFCA no tiene fundamento alguno.
Está pendiente la entrega de la copia de la sentencia. El tribunal se está tomando su tiempo. Pero lo que es evidente es que el supuesto despido de los trabajadores mineros de Cananea no tiene fundamento alguno. Tan es así que la empresa –como ya lo ha dicho su principal aliado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano– se apresta a reanudar los trabajos, con lo que pone en evidencia que no existió, salvo en la imaginación de las autoridades, la fuerza mayor: destrucción de sus instalaciones, que se alegó como motivo.
Lo curioso es que el secretario del Trabajo, personaje principal en todo este drama, en una circular fechada el día 14 de este mismo mes se ha encargado de afirmar que la consecuencia del despido es el fin de la huelga, en lo que, como en tantas otras cosas, está rotundamente equivocado. No sería malo regalarle una Ley Federal del Trabajo para que lea su artículo 469, en el que se precisan los motivos de terminación de una huelga, entre los que no se encuentra el invocado por el señor ministro. Cabe recordar que la LFT establece que si un trabajador es despedido en el periodo de prehuelga, tiene derecho a participar en el recuento, en su caso (artículo 931-III).
El asunto no ha llegado a su final. Falta mucho por recorrer. Ya nos llegará el anteproyecto de LFT que anuncia el propio secretario, y podemos imaginar con qué intención ha sido preparado.
La solidaridad de los sindicatos independientes se hace cada vez más necesaria. Si los conflictos laborales se deben resolver por organismos dependientes de los poderes ejecutivos, nunca será posible, al menos en este régimen reaccionario, mantener los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si el Congreso lo tolerara, la ambición de quienes tienen el poder sería derogar el artículo 123 constitucional y la LFT.
Hay, naturalmente, los obstáculos tradicionales. El principal desde el punto de vista sindical es nuestra tradición de confederaciones sindicales aliadas con el Estado. Serían capaces de participar en la eliminación de las disposiciones constitucionales y reglamentarias propicias a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo mismo, lo indispensable es la unidad de los sindicatos democráticos y el apoyo de los organismos internacionales. Afortunadamente, se cuenta con ellos.

Fuente: La Jornada 21 de febrero de 2010

Las Afore, contra el patrimonio de los trabajadores

Informes recientes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ponen en evidencia la injusticia y el rotundo fracaso que se han desprendido de la aplicación del modelo vigente de pensiones y jubilaciones, basado en cuentas de retiro individualizadas bajo la administración de empresas financieras privadas: las administradoras de fondos para el retiro (Afore). De acuerdo con cifras de ese organismo regulador, en enero del presente año se registró en el país una minusvalía –eufemismo para referirse a pérdidas– de 4 mil 400 millones de pesos en los fondos de pensión, atribuida a la inestabilidad en los mercados accionarios internacionales.
A mayor abundamiento, debe señalarse que esta pérdida se produce a pesar de que en el primer mes de este año se registró, de acuerdo con datos de la propia Consar, la mayor captación de recursos en los fondos de pensión desde abril de 2008, unos 13 mil millones de pesos. Es decir, a pesar de que los trabajadores en conjunto aportaron más dinero a sus cuentas de retiro, el monto global de las mismas acusó una baja como resultado de los vaivenes especulativos a que esos recursos son sometidos por las administradoras.
Con semejante evidencia de la falta de responsabilidad, sensibilidad y visión por parte de las empresas financieras encargadas de administrar esos fondos –para lo cual, además, los trabajadores deben pagar comisiones de las más altas en el mundo–, las autoridades tendrían que emprender procesos de revisión y ajuste del actual sistema de pensiones y jubilaciones. Dicho modelo, cabe recordarlo, fue adoptado en el país en tiempos de Ernesto Zedillo, en medio de la euforia tecnocrática por el desmantelamiento de las funciones estatales y por el traslado de éstas al sector privado. Más tarde, en marzo de 2007, el gobierno calderonista negoció la aplicación de un régimen similar para el manejo de cuentas de retiro de los trabajadores del Estado –la llamada reforma a la Ley del ISSSTE–, el cual fue avalado con el apoyo de la expresión legislativa de la alianza política gobernante: los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza.
Lo cierto es que, a más de una década de la implantación de tal sistema en el país, y a juzgar por los datos anteriormente referidos, no parece haberse cumplido con el objetivo entonces expuesto por el gobierno zedillista (proporcionar a la ciudadanía un sistema de pensiones eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro), pero sí se ha creado, con la conversión de los dineros de los trabajadores en instrumentos de especulación en el mercado bursátil, una oportunidad de negocio inmejorable para las administradoras de estos fondos: a fin de cuentas, esas firmas no invierten ni arriesgan recursos propios –todo eso corre a cargo de los trabajadores–, y sí registran ganancias en su favor con tales operaciones.
El actual sistema de pensiones constituye, pues, un fiel reflejo de las implicaciones del programa económico neoliberal, que preconiza el recorte indiscriminado de las potestades del sector público y la generación de prebendas para el sector privado, particularmente el financiero. Ante la ofensiva que esto representa para los asalariados y sus familias, se hace cada vez más manifiesta la necesidad de corregir las desviaciones existentes en el modelo de pensiones vigente y encontrar una fórmula que garantice a la población el acceso a una jubilación digna, sin que ello implique poner en riesgo su patrimonio.

Fuente: La Jornada 21 de febrero de 2010

Trabajadores perdieron en las Afore $4 mil 400 millones en enero

Los recursos de los trabajadores en manos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) perdieron 4 mil 400 millones de pesos, revelan informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). La merma fue atribuida a la inestabilidad de los mercados accionarios internacionales.
Según los informes, las Afore captaron en enero de 2010 la mayor captación de recursos de los trabajadores en los pasados 21 meses.
El grupo financiero Banamex, con base en estadísticas de la Consar, precisó que en enero de este año el empleo formal registró una caída anual de 0.13 por ciento, pero al ajustar esa cifra por estacionalidad, el empleo formal presentó un ligero incremento mensual de 0.03 por ciento, que equivale a una creación de 4 mil 192 empleos durante el primer mes del año.
Lo anterior refleja una mejora paulatina en el mercado laboral formal, así como una ligera reactivación del empleo, lo que benefició la entrada de aportaciones al sistema, que en enero ascendió a 13 mil millones de pesos, la mayor cifra desde abril de 2008.
Retroceso en mercados
Las Afore cerraron enero con un rendimiento mensual conjunto de apenas 0.09 por ciento, que en términos anualizados equivale a un rendimiento de 1.12 por ciento, menos de una cuarta parte del índice de inflación proyectado por el gobierno para este año de 4.7 a 5.2 por ciento.
Este modesto rendimiento es resultado del mal desempeño de las carteras de renta variables como consecuencia del retroceso en los mercados accionarios globales.
Pese a que los recursos invertidos en los mercados accionarios sólo representan 13 por ciento del total de activos administrados, las plusvalías adquiridas en las carteras de deuda no fueron suficientes para compensar los retrocesos en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) básicas 4 y 5, para personas hasta de 36 años de edad, cuyos rendimientos mensuales fueron –0.17 y –0.32 por ciento, respectivamente.
Históricamente, las Afore se han caracterizado por mantener una posición mayoritariamente en instrumentos de deuda, principalmente gubernamental (Cetes, Bondes, bonos IPAB), la cual cerró enero con una participación de casi 67 por ciento, seguida de la inversión en papeles corporativos con 16.6 por ciento y deuda internacional con 4.1 por ciento. La posición total en el mercado accionario local e internacional finalizó enero con una representación conjunta de casi 13 por ciento del total de activos en custodia.
De esta manera, las Afore terminaron enero con una posición total en renta variable de 146 mil 200 millones de pesos, monto que representa una reducción de 1.6 por ciento comparada con los 148 mil 600 millones registrados al cierre de 2009.
La posición en el mercado accionario local presentó un crecimiento mensual de 0.9 por ciento, al pasar de 102 mil 650 millones de pesos en diciembre de 2009 a 103 mil 500 millones en enero. Este aumento se debe a la entrada de flujos de inversión por 6 mil 400 millones de pesos, que lograron compensar en su totalidad las minusvalías estimadas en 5 mil 500 millones.
Por su parte, la posición total de las Afore en los mercados accionarios internacionales presentó una fuerte reducción de 7.2 por ciento como consecuencia del retiro de flujo de inversión por mil 500 millones de pesos, que se sumaron a las minusvalías obtenidas por el ajuste en los mercados accionarios internacionales, las cuales ascendieron a mil 800 millones.
Las Afore finalizaron enero con una posición de un billón 13 mil millones de pesos en instrumentos de deuda, lo que significó una crecimiento mensual de 1.1 por ciento, en virtud de las plusvalías en posiciones de bonos ocasionadas por descensos en rendimientos, así como por la baja en las tasas de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos.
El monto total de recursos de los trabajadores que fueron invertidos en instrumentos internacionales mostró una reducción mensual de 3.2 por ciento, al pasar de 93 mil 726 millones de pesos en diciembre a 90 mil 734 millones en enero de este año.

Fuente: La Jornada 21 de febrero de 2010

Trabajadores perdieron en las Afore $4 mil 400 millones en enero

Los recursos de los trabajadores en manos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) perdieron 4 mil 400 millones de pesos, revelan informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). La merma fue atribuida a la inestabilidad de los mercados accionarios internacionales.
Según los informes, las Afore captaron en enero de 2010 la mayor captación de recursos de los trabajadores en los pasados 21 meses.
El grupo financiero Banamex, con base en estadísticas de la Consar, precisó que en enero de este año el empleo formal registró una caída anual de 0.13 por ciento, pero al ajustar esa cifra por estacionalidad, el empleo formal presentó un ligero incremento mensual de 0.03 por ciento, que equivale a una creación de 4 mil 192 empleos durante el primer mes del año.
Lo anterior refleja una mejora paulatina en el mercado laboral formal, así como una ligera reactivación del empleo, lo que benefició la entrada de aportaciones al sistema, que en enero ascendió a 13 mil millones de pesos, la mayor cifra desde abril de 2008.
Retroceso en mercados
Las Afore cerraron enero con un rendimiento mensual conjunto de apenas 0.09 por ciento, que en términos anualizados equivale a un rendimiento de 1.12 por ciento, menos de una cuarta parte del índice de inflación proyectado por el gobierno para este año de 4.7 a 5.2 por ciento.
Este modesto rendimiento es resultado del mal desempeño de las carteras de renta variables como consecuencia del retroceso en los mercados accionarios globales.
Pese a que los recursos invertidos en los mercados accionarios sólo representan 13 por ciento del total de activos administrados, las plusvalías adquiridas en las carteras de deuda no fueron suficientes para compensar los retrocesos en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) básicas 4 y 5, para personas hasta de 36 años de edad, cuyos rendimientos mensuales fueron –0.17 y –0.32 por ciento, respectivamente.
Históricamente, las Afore se han caracterizado por mantener una posición mayoritariamente en instrumentos de deuda, principalmente gubernamental (Cetes, Bondes, bonos IPAB), la cual cerró enero con una participación de casi 67 por ciento, seguida de la inversión en papeles corporativos con 16.6 por ciento y deuda internacional con 4.1 por ciento. La posición total en el mercado accionario local e internacional finalizó enero con una representación conjunta de casi 13 por ciento del total de activos en custodia.
De esta manera, las Afore terminaron enero con una posición total en renta variable de 146 mil 200 millones de pesos, monto que representa una reducción de 1.6 por ciento comparada con los 148 mil 600 millones registrados al cierre de 2009.
La posición en el mercado accionario local presentó un crecimiento mensual de 0.9 por ciento, al pasar de 102 mil 650 millones de pesos en diciembre de 2009 a 103 mil 500 millones en enero. Este aumento se debe a la entrada de flujos de inversión por 6 mil 400 millones de pesos, que lograron compensar en su totalidad las minusvalías estimadas en 5 mil 500 millones.
Por su parte, la posición total de las Afore en los mercados accionarios internacionales presentó una fuerte reducción de 7.2 por ciento como consecuencia del retiro de flujo de inversión por mil 500 millones de pesos, que se sumaron a las minusvalías obtenidas por el ajuste en los mercados accionarios internacionales, las cuales ascendieron a mil 800 millones.
Las Afore finalizaron enero con una posición de un billón 13 mil millones de pesos en instrumentos de deuda, lo que significó una crecimiento mensual de 1.1 por ciento, en virtud de las plusvalías en posiciones de bonos ocasionadas por descensos en rendimientos, así como por la baja en las tasas de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos.
El monto total de recursos de los trabajadores que fueron invertidos en instrumentos internacionales mostró una reducción mensual de 3.2 por ciento, al pasar de 93 mil 726 millones de pesos en diciembre a 90 mil 734 millones en enero de este año.

Fuente: La Jornada 21 de febrero de 2010

Aceptan en Chapingo 4% de alza salarial

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo aceptó un 4 por ciento de aumento directo al salario y 1.2 en prestaciones, y se conjuró la huelga anunciada para el primer minuto de este sábado. Luis Ortiz Valdez, secretario general del gremio, informó que en la votación, 60 por ciento se opuso a la huelga y 24 estuvo a favor.

Fuente: La Jornada 21 de febrero de 2010

Insisten mineros de Cananea en que la maquinaria sí funciona

Por segunda ocasión, los mineros de Cananea echaron a andar las palas mecánicas, trituradoras y camiones de acarreo, entre otras máquinas para demostrar que está basado en pruebas falsas el fallo del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo que el 11 de febrero determinó el fin de la relación laboral por supuestos daños a la maquinaria.

Durante la clausura del 11 Foro Nacional Minero, que se realizó en el acceso principal de la mina, el dirigente nacional de los mineros Napoléon Gómez Urrutia, vía telefónica, hizo un llamado a los profesionistas, intelectuales, políticos, periodistas y obreros del país a tomar conciencia de lo que ocurre en México, donde un pequeño grupo de empresarios voraces aliados a un gobierno títere está acabando con los movimientos sindicales para poder saquear a la nación.

"No podemos permitir que en el país se violen reiteradamente las leyes, que al país lo tengan en esta situación actual y que se busque pisotear al movimiento minero", expuso Gómez Urrutia.

Señaló que el secretario del trabajo federal, Javier Lozano Alarcón, actúa de forma parcial e irresponsable al amenazar con reprimir a los mineros de Cananea y que ni con amagos sobre el uso de la violencia los trabajadores darán un paso atrás.

"Es una total irresponsabilidad lo que está declarando en la prensa este señor, que no ha sido otra cosa que un empleado más al servicio de Grupo México, como funcionario el no debería estar buscando la violencia, el debería estar, como nosotros sí los hacemos, buscando una negociación", añadió.

Por ello, dijo, los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana tomaron la decisión de echar a andar toda la maquinaria en Cananea a la vista de los asistentes al foro, que incluyó diputados federales, locales, representantes del gobierno de Sonora, 13 sindicatos nacionales y tres organizaciones internacionales de obreros.

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña dijo a su vez que la conciencia del pueblo está despertando ante el atropello que se gesta en Cananea y puso como ejemplo la presencia de diputados y políticos del PRI, PRD, PT y hasta del PAN en el acto con el que se cerró el 11 foro nacional minero.

"Me ha tocado estar en mítines con mucho sol, con lluvia y con viento, pero este frío (dos grados bajo cero) está cabrón, eh, pero está más cabrón aguantar dos años y siete meses en huelga; mi mayor reconocimiento por esta hazaña, pero no se me pueden ahogar en la orilla, por que tenemos que ganar esta lucha y tenemos que salir adelante por que viene la etapa más difícil, por que el gobierno usurpador coludido con los dueños de la mina ha declarado finalizada la relación laboral", expuso Fernández Noroña.

Indicó que han sido tan evidentes los manejos sucios en torno a la huelga de Cananea, de parte de Grupo México y de autoridades del gobierno federal, que diputados de todos los partidos se están uniendo para lograr que se retire la concesión de la mina a sus actuales propietarios.

Expuso que el viernes no pudo participar en la inauguración del foro porque elementos del Ejército Mexicano lo retuvieron por más de una hora en el punto de revisión carretero de Querobabi, 150 kilómetros al norte de Hermosillo, pero que hizo respetar su fuero para que ni él ni sus tres acompañantes lo revisaran. Anunció que llevará ese caso a la tribuna la próxima semana.

Apoyo magisterial

A su vez, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que en solidaridad con los mineros de Cananea y el movimiento obrero, y en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, esta semana realizará tres jornadas de movilizaciones en el país.

Además tiene previsto trasladarse, a la par que otras agrupaciones sociales, el próximo fin de semana al yacimiento de Sonora para solidarizarse con los trabajadores mineros de Cananea y evitar que "sufran una agresión del gobierno federal, porque tenemos conocimiento que soldados y la Policía Federal están a la espera de la orden de desalojo".

Fuente: La Jornada 21 de febrero de 2010

Un desastre, política y concesiones mineras

ratándose de la propiedad de la nación, en términos constitucionales, lo menos que puede esperarse de la autoridad encargada (algunos le llaman responsable) es que cuide y proteja los intereses de los mexicanos, que esté atenta y evite excesos, irregularidades e ilegalidades. Eso se supone que hace, por ejemplo, la Secretaría de Economía, obligada por ley y oficialmente responsable de la política en materia minera, y como parte de ella las concesiones que otorga a particulares.
Pues bien, entre el supuesto y el hecho el resultado es catastrófico, según lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que en su revisión de la Cuenta Pública 2008 deja en claro que la política y las concesiones mineras son un verdadero desastre, a tal grado que comprobó que de las 24 mil 713 concesiones mineras vigentes (hasta ese año) la Secretaría de Economía y áreas especializadas sólo realizó nueve visitas de inspección, lo que indica que la Dirección General de Minas no desempeña su facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, en términos del artículo 33, fracción 12, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, ya que en este rubro su eficiencia alcanzó 0.04 por ciento del total de concesiones.
La Ley Minera vigente, expedida en el salinato (26 de junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional), se reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica (una frase muy calderonista, pero utilizada 18 años atrás) a los concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005, con la finalidad de que se expida un solo título de concesión minera en sustitución de la práctica de expedir títulos para exploración o explotación, y el 26 de junio de 2006, cuando se le adicionaron reglas para la inversión extranjera. Entre otros grandes resultados destaca el que la explotación de las minas nacionales y la comercialización del producto obtenido beneficia en mayor medida a las grandes empresas, dejando a las pequeñas y medianas la rebanada más delgada del pastel.
Pero más allá de la concentración de la riqueza (la minera, en este caso), la revisión realizada por la ASF da cuenta del ostentoso incumplimiento de la Secretaría de Economía en materia minera, aunque no es la única instancia gubernamental dedicada a cuidarle el negocio al gran capital, en demérito de los trabajadores mineros, como Javier Loinsano Alarcón comprende a la perfección. Así funcionan la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Mateos y sus órganos especializados (la Coordinación General de Minería –CGM–; la Dirección General de Promoción Minera –DGPM– y la Dirección General de Minas –DGM). Por ello, va un rápido paseo por los hallazgos de la Auditoría en le referida revisión:
Para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, la Secretaría de Economía no formuló la política pública en materia minera, en incumplimiento de la ley respectiva, al tiempo que se detectaron actos u omisiones que podrían constituir responsabilidades administrativas. No sólo eso, sino que entre los incumplimientos sobresalen: no fijó indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras; no llevó a cabo acciones específicas para la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras; no fijó metas e indicadores en la promoción de la inversión; omitió la verificación de los requisitos, los cuales los solicitantes de concesión minera están obligados a cubrir; exceso en los plazos para la emisión de las proposiciones a titulo y expedición de los títulos de concesión minera; omitió verificar las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras, de pago de derechos por solicitud de concesión minera, y de pago de derechos por concesión minera; no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no realizó visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros; los procedimientos de cancelación de las concesiones mineras se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Economía, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Una joya de la eficiencia, con Ruiz Mateos en el trono, que no vigila el cumplimiento de la ley y en nada contribuye al bienestar de los mexicanos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2008 la CGM fijó una meta de 7 mil 200 nuevos empleos en el sector (5.2 por ciento más que en 2007). Sin embargo, la dependencia reportó la pérdida de 2 mil 228 empleos en el sector minero en el cuarto trimestre del citado año y justificó que la meta no se alcanzó por la caída, en el trimestre citado, de la demanda externa de minerales, la crisis económica y la baja en los precios de los metales. CGM no fue eficaz en la promoción de la generación de empleos en el ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
Por si fuera poco, con la revisión de los expedientes de la muestra de 114 concesiones vigentes en 2008, la ASF documentó que ni los concesionarios informan a la DGM ni ésta verifica que los concesionarios cumplan con las normas oficiales en materia de seguridad de minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; la Ley Minera señala que corresponde a la Secretaría de Economía verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles, e imponer las sanciones correspondientes; de lo anterior, concluye, sólo contó con la información de 3 de 114 concesionarios mineros, un índice de eficacia de apenas 2.6 por ciento. Además, se registraron pago de derechos (de por sí ridículos) por abajo de lo legalmente establecido; por medio del referido muestreo, se documentó que 11 concesionarios pagaron de menos y 18 omitieron los pagos conforme a la cuota que les correspondía en ese ejercicio fiscal, de acuerdo con las hectáreas concesionadas y la fecha del otorgamiento de la concesión.
Y así por el estilo. Eso sí, a la hora de madrear mineros son puntuales y siempre están en primera fila.

Fuente: La Jornada 20 de febrero de 2010

Estalla la huelga en el Colegio de Posgraduados

Debido a que las autoridades del Colegio de Posgraduados se echaron para atrás con los recursos destinados a la homologación salarial, el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Posgraduados (Siacop) estalló ayer la huelga.
La institución cuenta con siete campus y prepara a 2 mil alumnos en doctorados y maestrías relacionadas con el agro.
Lenin Guajardo, secretario general del Siacop, precisó que restando 50 minutos para el término del plazo de la negociación, las autoridades del Colpos, encabezadas por Félix González Cossío, les señalaron que se retiraba la propuesta de canalizar 24.3 millones de pesos para continuar con el proceso de homologación y que sólo quedaba en la mesa la oferta de 4 por ciento de incremento salarial.
La explicación dada al gremio fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había autorizado el monto y por tanto se cancelaba la homologación. Ante esto, los 619 académicos del Colpos acordaron colocar las banderas rojinegras en los planteles.
El año pasado la institución estuvo en paro de labores durante 97 días debido a la negativa del Colpos de acceder a la homologación; finalmente las partes acordaron realizar dicho proceso en un plazo de cinco años. Sólo un año se cumplió el acuerdo.

Fuente: La Jornada 20 de febrero de 2010

Intervendrán legisladores para resolver el conflicto de Cananea

Cananea, Sonora,19 de febrero. El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, dijo este viernes que los mineros de Cananea demostrarán que el fallo del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, que da por terminada la relación laboral entre Grupo México y los obreros, estuvo basado en pruebas falsas.
Gómez Urrutía dio una videoconferencia desde Canadá, durante la inauguración del 11 Foro Nacional Minero que se realiza en esta ciudad.
El líder minero aseguró que el socavón de Cananea está en condiciones de producir cobre en cualquier momento y que eso lo van a demostrar los mineros de este lugar. Han inventado una serie de mentiras, calumnias y difamaciones que una a una se han venido cayendo, actúan con una complicidad sin precedente, como una verdadera mafia, empresarios terroristas que no habíamos visto antes en el país; han sido cuatro años de lucha contra esa hermandad secreta del PAN, el Yunque, que quiere acabar y destruir a las organizaciones sindicales del país, dijo Gómez Urrutia.
Durante el encuentro, al que acudieron líderes de los sindicatos de telefonistas, electricistas, diferentes bancos y organizaciones civiles, así como organismos y sindicatos internacionales, el dirigente minero puntualizó que las pruebas que presentó Grupo México ante las autoridades del tribunal colegiado –que falló contra los mineros– son videos y fotografías de viejas zonas de la mina de Cananea que están en desuso.
Añadió que la persecución de los mineros se recrudeció hace exactamente cuatro años, tras la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, tragedia que generó en el sindicato mayores demandas en materia de seguridad, mismas que encolerizaron a los accionistas de Grupo México, entre ellos a Feliciano Larrea Mota Velasco.
Por su parte, Francisco Hernández Juárez, líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), señaló que más de 230 diputados federales del PRI junto con los legisladores de izquierda, tomarán acciones desde el Congreso para evitar que se dé una acción represiva contra el sindicato minero en Cananea, y obligarán a Grupo México a sentarse a negociar una salida pacífica al conflicto.
Afortunadamente, en la Cámara de Diputados hay un nivel de conciencia que me tiene sorprendido; el día de hoy apareció un desplegado firmado por los 237 diputados del PRI apoyando a los trabajadores de Cananea... En la sesión del martes vamos a presentar una iniciativa, que van a apoyar la mayoría de los diputados, salvo los del PAN, para crear una comisión plural que busque una solución pacífica al problema de los trabajadores mineros, añadió.
Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 del sindicato minero, expuso que han sido meses difíciles los que han vivido los mineros en Cananea, sin servicios básicos y en medio de bajas temperaturas; los obreros están convencidos de que su lucha triunfará... todos quieren ir a trabajar, pero no a morir en la mina ante las irresponsables medidas de seguridad, que podrían causar en Cananea una tragedia como la de Pasta de Conchos.
En el 11 Foro Nacional Minero, también participó un grupo de 30 miembros del sindicato de trabajadores mineros de América del Norte, los Steelworkers.

Fuente: La Jornada 20 de febrero de 2010

Pasta de Conchos: cuatro años de ofensiva antiobrera

Hoy hace cuatro años, una explosión ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, cobró la vida de 65 mineros que quedaron atrapados en el yacimiento. El saldo del episodio va más allá de esas irreparables muertes y del sufrimiento de los deudos de las víctimas: en todo este tiempo, el país ha asistido a la demostración, como uno de los signos de continuidad entre las dos administraciones federales panistas, de un empleo sistemático y faccioso del poder público en defensa de los intereses empresariales.
Como han señalado los deudos y diversas organizaciones sociales y humanitarias, lo ocurrido en Pasta de Conchos pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su obligación de prevenir, o en su caso sancionar, la cadena de negligencias e incumplimientos a las normativas de seguridad laboral cometidos por Grupo México, propietario de la mina siniestrada.
Al respecto, cobra especial relevancia la evidencia documental de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había detectado, 19 meses antes de los hechos, una treintena de irregularidades que ponían en riesgo la salud y la vida de los obreros en Pasta de Conchos y, sin embargo, fue hasta siete meses antes del accidente cuando exigió a la compañía que realizara las adecuaciones correspondientes en el yacimiento, las cuales, de cualquier forma, no se efectuaron.
En los días posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las indignantes condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal en la tragedia. En el colmo de la indolencia y la irresponsabilidad, el entonces presidente Vicente Fox llegó a afirmar, cuando ya resultaba innegable que los trabajadores estaban muertos, que continuaban los trabajos de rescate para abastecerlos de oxígeno y de alimentos, y el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, señaló que las condiciones de seguridad en la mina eran excelentes hasta antes de la explosión, en un intento inaceptable por otorgar una exculpación anticipada a la compañía propiedad de Germán Larrea.
Pero el agravio y la infamia en contra de los mineros fue más allá, el gobierno foxista aprovechó la coyuntura para emprender una ofensiva en contra del sindicato minero y su dirigencia, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, quien criticó abiertamente la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos. En respuesta, el foxismo, que hasta entonces había mantenido buena relación con el líder minero, resucitó viejas y conocidas acusaciones en contra de Gómez Urrutia por presunto desvío de fondos e inició una campaña de acoso judicial en su contra, además de una injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, al grado de pretender imponerle, por conducto de la STPS –entonces a cargo de Francisco Salazar Sáenz–, una dirigencia espuria.
Con el tránsito del foxismo al calderonismo no sólo no se revirtió el empecinamiento oficial en contra de los mineros y su sindicato, sino que se recrudeció: así lo demuestra la persistencia del acoso judicial en contra del dirigente máximo del gremio y la ofensiva emprendida, a instancias del actual titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, contra la huelga que la sección 65 del sindicato mantiene desde julio de 2007 en la mina de Cananea, Sonora. Por añadidura, la cruzada antisindical del calderonismo se ha ampliado hacia otros gremios, como actualmente puede observarse con el acoso en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y con el designio gubernamental de extinguir, vía decreto, al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, privando así a la organización de su materia de trabajo.
Según puede verse, el gobierno de Felipe Calderón se empeña en llevar a un nuevo nivel la premisa neoliberal: para que un país sea atractivo para los capitales foráneos es necesario adoptar medidas en perjuicio de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales. Resulta obligado preguntarse si a ello se refería el michoacano cuando hace unos días, en el contexto de su visita a Davos, Suiza, garantizó a ejecutivos de empresas trasnacionales que su gobierno seguirá impulsando la competitividad y la certidumbre jurídica en el país, a efecto de atraer inversiones.
La tragedia que hoy se conmemora constituye, pues, un punto de inflexión a partir del cual se han degradado profundamente las condiciones laborales en el país, se ha pervertido el ejercicio del poder público en beneficio de los intereses del capital y se ha generado, en suma, un panorama de incertidumbre y zozobra crecientes para los asalariados y sus familias.

Fuente: La Jornada 19 de febrero de 2010