Hospitales de asociación público-privada: caros e ineficientes


En el contexto de la discusión de la ley de Asociación Público Privado (APP) es importante revisar la situación de los hospitales contratados con este esquema, hasta ahora llamado Proyecto de Prestación de Servicios. Estos son tres Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) federales –el del Bajío; el Bicentenario, en Tamaulipas, y el de Ixtapaluca, en el estado de México– y uno estatal, en Zumpango, estado de México. El esquema APP es un contrato entre el gobierno y un socio privado que consigue el financiamiento, construye la obra y la administra a cambio de un pago mensual durante 25 años. El contratista es dueño de la obra y generalmente recibe del gobierno la concesión del terreno totalmente urbanizada (agua, drenaje, luz y vías de acceso).
Los argumentos para justificar estos contratos son tres: incrementarían la inversión en infraestructura; los privados se harían cargo de los riesgos de retraso y defectos en las obras, y los privados serían administradores eficientes. Ninguno de estos argumentos se sostiene y las evidencias de varios países, incluso México, los desmienten.
Es falso que la inversión en infraestructura aumente, sólo se encarece indebidamente. En los contratos APP el contratista privado consigue el financiamiento en el mercado y paga intereses más altos que el gobierno. Leys, de la Universidad Queens, de Canadá, calcula que el costo del capital de los hospitales ingleses APP se triplicó o cuadruplicó. En los contratos mexicanos la tasa de interés es de 8.3 por ciento al 9.1 por ciento anual más el ajuste por inflación, mientras un préstamo gubernamental tiene una tasa del orden de 3 por ciento anual. El aumento de costos lo paga el gobierno con los impuestos.
Además de los altos intereses, el gobierno paga una renta por el uso de la obra durante la duración del contrato, costo que no existiría si la obra fuera realizada por el gobierno. Pollack y Liebe, de la Universidad de Edinburgo, estiman este costo (availability charge) en un 59 por ciento del pago total, el costo del capital en 17 por ciento y el resto en administración. En el caso mexicano se nos ha negado la información, pero estimamos que el costo es similar al caso inglés, aunque con un mayor costo de administración. Éstos no incluyen la prestación del servicio médico que corre a cargo del presupuesto público.
El cuadro muestra el monto de los contratos de los HRAE, el costo de la obra con equipamiento, el costo que hubiera tenido con un crédito gubernamental a 10 años y el costo excedente del esquema APP, excluyendo el costo de administración. Suma 12 mil 13 millones o ¡el equivalente a otros 12 HRAE!
El contratista tampoco paga el riesgo de incremento de costos, defectos y retrasos en las obras. En Inglaterra, todos los hospitales APP se han encarecido sustancialmente y han llevado mayor tiempo de construcción. En México los dos hospitales federales de alta especialidad terminados no se concluyeron a tiempo y el arranque de prestación de servicios médicos es lentísimo.
El HRAE del Bajío se inauguró en marzo de 2007 y en agosto de 2010 a penas alcanzaba 35 por ciento de su meta de pacientes hospitalizados y 31 por ciento de su meta de consultas. El HRAE Bicentenario se inauguró en marzo de 2009, aunque no estuviera terminado ni equipado, pero la Secretaría de Salud firmó, fraudulentamente, que el contratista había cumplido. Para agosto de 2010 sólo había hospitalizado 349 pacientes de una meta de 5 mil y prestado 4 mil 536 de las 210 mil consultas programadas. La eficiencia administrativa del sector privado queda desmentida con estos hechos.
Aparte del alto costo de los hospitales APP, en México existe un sin número de irregularidades en el cumplimiento con los contratos y la aplicación de penalizaciones, algunos de ellos observados por la Auditoría Superior de la Federación, siguen sin sanciones para funcionarios y empresas. Es un negocio jugoso para los asociados del gobierno federal y del gobierno del estado de México, como por ejemplo, Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, y la empresa española Acciona.
De manera simultánea, la infraestructura de salud más urgente –los centros de salud y hospitales generales– no se construye. Las miles de acciones en salud presumidos por Calderón no son tales y la gente sigue sin poderse atender.
Fuente: La Jornada 6 de noviembre de 2010

Carta blanca a particulares


Entre las más famosas frases de su campaña electoral, Felipe Calderón no dejó de repetir la relativa a las manos limpias; presumía que él límpidas las tenía, que su gobierno las mantendría así y que combatiría abierta y decididamente la corrupción en el país. Pues bien, la realidad es contundentemente otra, como siempre, y esa bella expresión, acuñada por su creativo equipo propagandístico de importación made in Spain, también se incorpora al de por sí grueso inventario de incumplimientos que acumula el inquilino de Los Pinos.
Aunque parezca imposible, la corrupción en México es hoy mucho mayor que cuatro años atrás, cuando el de las manos limpias se instaló en Los Pinos. Con Calderón el país sobresale en el plano internacional, aunque no por sus logros económicos, políticos o sociales, su contribución a la ciencia o su aportación al desarrollo de la humanidad, sino por la brutal corrupción que corroe la estructura institucional, condiciona la toma de decisiones y se filtra a prácticamente en toda la sociedad.
¿Qué el inquilino de Los Pinos no ha hecho nada? ¡Momento!: de entrada, con una rapidez envidiable, logró que sus frases de campaña electoral terminaran en el cesto de la basura, con el consecuente retroceso en el nivel de bienestar de los mexicanos, y en el caso de las manos limpias ha hecho la hombrada de hundir a México en el índice internacional de corrupción: una caída de 28 escalones en sólo cuatro años, lo que ni siquiera Vicente Fox alcanzó a concretar en todo el sexenio (11 escalones para abajo).
Cuando Calderón se sentó en Los Pinos, en materia de corrupción México ocupaba el escalón número 70 entre la comunidad de naciones; cuatro años después cayó al escalón 98 (contra el 89 en 2009). Si se incluye el sexenio foxista, entonces el país pasó de la posición 59 a la 98, lo que confirma lo exitosos, decididos y cumplidores que han sido los gobiernos panistas.
Así, Felipe Calderón debería demandar penalmente a su creativo equipo propagandístico de importación, responsable de acuñar las célebres frases por él utilizadas tanto en tiempos de su campaña electoral como ya sentado en Los Pinos (de hecho, tendría que presentar demanda penal contra sí mismo), porque no ha dado una: de las manos limpias al presidente del empleo; del peligro para México al presidente de todos los mexicanos; del combate a la inseguridad al México ganador que todos queremos, sin olvidar todas las demás.
También en tiempos de campaña, así como en las primeras semanas de estancia en la residencia oficial, Felipe Calderón prometió abasto pleno de medicinas en las instituciones del sector salud, para lo cual anunció que se reasignarán recursos presupuestales para que en 2007 se cuente con mayores recursos para la adquisición de medicamentos y para tener abasto suficiente en todos las clínicas y hospitales públicas del país, lo que dicho sea de paso tampoco cumplió. Por el contrario, cada día que transcurre es más difícil para los derechohabientes lograr que le surtan sus recetas en las farmacias de, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Obvio es que el inquilino de Los Pinos también incumplió con eso de reasignar recursos presupuestales. Y como los diputados siempre están atentos de las necesidades de los mexicanos y de las carencias calderonistas, no encontraron mejor negocio… perdón, mejor salida que privatizar a plenitud el abasto de medicamentos al que por ley está obligado el IMSS. Mediante la llamada Ley Simi (lo mismo, pero más caro), la mayoría en San Lázaro, conformada por PRI, su rémora el PVEM, y el PAN, aprobó modificar el artículo 91 de la Ley del Seguro Social, con el fin de resolver el desabasto de medicinas en dicha institución, lo que encarecerá los medicamentos, incrementará la de por sí espeluznante corrupción en el Instituto y fortalecerá el oligopolio existente en la fabricación y distribución de medicamentos.
Bien por los diputados, quienes para celebrar la cada día más destacada posición de México en el índice internacional de corrupción, están decididos a desmantelar una de las más valiosas instituciones del país. A partir de ahora, la ecuación es sencilla: la directiva del IMSS estimulará el desabasto de medicamentos; como resultado de la modificación aprobada por el Legislativo, a los derechohabientes les entregará vales (como los existentes para gasolina, alimentos, etcétera), que deberán canjear en establecimientos particulares a precios de oro (que a partir de ahora tienden a ser de platino).
Todo ello en un escenario ideal y como adelanto de lo que provocará la Ley de Asociaciones Público-Privadas, porque nada tardará en aparecer el mercado negro de vales del IMSS para medicamentos y mucho menos el aumento de precios aplicado por productores y distribuidores de tan preciados productos, es decir, el grupúsculo de laboratorios trasnacionales y de empresas privadas que acapara este segmento del mercado mexicano (valuado en más de 10 mil millones de dólares), que venderán lo mismo, pero más caro, mientras el gobierno calderonista sigue desmembrando al IMSS y desmantelando la seguridad social. Falta que el Senado de la República dé su visto bueno a lo que los diputados ya palomearon, pero el negocio es de tal magnitud que los muchachos de Xicoténcatl ya se frotan las manos.
Semanas atrás la directiva del IMSS presumía, producto de la negociación directa con productores y distribuidores, el ahorro de mil 700 millones de pesos en las adquisiciones de medicamentos para el abasto de las farmacias de la institución. Pues bien, ese ahorro se traducirá ahora en pérdida directa para los derechohabientes, a quienes les clavarán los medicamentos a precios inflados, con la venia del Congreso y la enorme sonrisa del gobierno calderonista.
Información de la Comisión de Salud de la propia Cámara de Diputados revela que el oligopolizado mercado farmacéutico mexicano es controlado por diez laboratorios trasnacionales (Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, SheringPloug, de forma destacada), un grupúsculo de distribuidores (Casa Saba, Nadro y Mazram, principalmente, también dueños de cadenas de farmacias) y los grandes supermercados (Wal-Mart, específicamente), los que ni de lejos reducirán precios a los derechohabientes del IMSS. Otro éxito de la democracia a la mexicana.
Fuente: La Jornada 27 de octubre de 2010

Salud pública, negocio en puerta


Espléndido futuro para los mexicanos ha moldeado el inquilino de Los Pinos: no ha dado una en materia de crecimiento y desarrollo; ha cancelado cualquier posibilidad de lograr una vida digna a través del empleo y el salario; ha sublimado la inseguridad en el país y acumula 30 mil muertos en una guerra que nunca ganará, y que, como van las cosas, no tiene salida; ha rebajado a cero la de por sí desgastada credibilidad en las instituciones; la igualdad de oportunidades por él pregonada en tiempos de su campaña electoral, en los hechos se ha traducido en rásquense como puedan, y si no pueden qué más da; ha degradado al gobierno de la República a simple gerencia del gran capital, que nada aporta, pero con todo arrasa; ha privatizado los bienes nacionales, la infraestructura, la educación, la electricidad y lo que se acumule, y ahora, para vivir mejor y con la corrupción a tope, pretende borrar del mapa cualquier vestigio de seguridad social, comenzando con la salud pública. Eso sí, prepara un magno festejo del centenario de la Revolución, el movimiento social que reivindicó todo lo que él y los suyos han tirado al cesto de la basura.
En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (falta el visto bueno de los diputados, pero todo indica que es mero trámite), la cual permite, entre otras cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal. Con ello, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República democrática, representativa y federal, y legalmente pasará a funcionar abiertamente como una empresa privada.
La única tímida salvedad que establece la citada legislación es la relativa a la industria petrolera (la eléctrica queda libre) para evitar una posible privatización. De cualquier suerte los límites también límites: tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado. Después de eso, todo, absolutamente todo, queda abierto al capital privado, aunque en México queda claro quién es el capital privado (exclúyase al 98 por ciento de las empresas que son micro, pequeñas o medianas y no tienen mayor potencial que intentar sobrevivir a los embates gubernamentales), que no es otro que el beneficiario de la política privatizadora.
Y al mal paso darle prisa, porque tan sólo 48 horas después de aprobada la citada ley, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que “una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será ‘una gran reforma’ para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales”, con lo que adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud. Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero-patronales para seguridad social; es decir, explicó el funcionario, se podría desgravar la nómina y los empresarios no tendrían esta carga, a la vez se podría favorecer el desarrollo del empleo. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, con lo que en el futuro habrá un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez).
Que paguen los jodidos, porque la privatización de la salud pública es un pingüe negocio que no puede quedar fuera de la ya de por sí enorme canasta de prebendas que tiene el gran capital (cualquier duda, favor de preguntar a Olegario Vázquez Raña). Aterrizado el numerito, la gerencia de la República no tardaría en decretar la exención fiscal a los nuevos propietarios del sector, por tratarse de un asunto de interés nacional. También se privatizará el historial clínico de los usuarios del hasta hoy servicio público de salud. De acuerdo con Córdova, está en curso una licitación para que alguna empresa particular sistematice lo que llamó expediente clínico electrónico, de tal suerte que al término del gobierno calderonista se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema.
Enfermarse es un lujo que la mayoría de los mexicanos no puede permitirse; en el lejano caso que en una institución pública de salud reciban una atención médica medianamente llevadera para superar la enfermedad, falta por transitar el terrorífico camino de adquirir medicinas en farmacias privadas (tres aumentos de precio en el año, cuando menos), porque las del sector salud siempre están vacías. Añádase la intención del gobierno calderonista de privatizar el sector salud, y que la gente jodida pague por la atención médica, de acuerdo con el anuncio del secretario Córdova, con base en la propuesta de Funsalud, una institución privada al servicio de la comunidad, según su propio eslogan.
Entre los fundadores (1985) y los socios activos de dicha institución privada aparecen muchos de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (el poder tras el trono) y apellidos como Alemán, Azcárraga, Bailleres, Bours, Garza Lagüera, Madariaga Lomelín, Servitje, Slim, Azcárraga Andrade (el de Mexicana de Aviación), Aspe, González Laporte, Hank, Harp, Autrey, de Angoitia, Chico Pardo (Telmex) y Vázquez Aldir, por sólo citar algunos. Entonces, no hay que especular sobre quién explotaría la nueva industria de la salud pública.
Fuente: La Jornada 18 de octubre de 2010

Salud: esclarecimiento necesario


En décadas recientes, a la par de la aplicación y consolidación en México del modelo neoliberal y con el apoyo de los sucesivos gobiernos a partir del de Salinas de Gortari, el sistema de seguridad social en general, y el de salud pública en particular, han experimentado un profundo deterioro derivado del estrangulamiento presupuestario, el aniquilamiento de la industria y el trabajo formal, y el sistemático retiro del Estado en diversos ámbitos y potestades.
El pasado jueves, en el contexto de un encuentro organizado por la Fundación Mexicana para la Salud, el secretario José Ángel Córdova Villalobos insinuó lo que puede leerse como la profundización de ese proceso: el funcionario abrió la posibilidad de que en el futuro haya un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular. Adicionalmente, Córdova Villalobos adoptó la propuesta del sector privado de que, luego de que se alcance la cobertura universal de los servicios médicos, el siguiente paso sea llevar a cabo una gran reforma para que los mexicanos paguen por la atención clínica que reciban a través de impuestos generales, lo que implicaría la eliminación de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.
Las declaraciones son por lo menos inquietantes. Con ellas, el gobierno federal no sólo hace suyas las reivindicaciones empresariales de la eliminación de las aportaciones referidas en perjuicio de la carga impositiva de la gente, sino que también deja abierta la posibilidad de un golpe –acaso demoledor– al sistema de seguridad social vigente. Por añadidura, al no dejar en claro en qué consistirá la homologación en los servicios de salud a cargo del Estado –si se retomará el modelo del IMSS, que contempla la atención de todo tipo de enfermedades, o el del Seguro Popular, limitado al diagnóstico y tratamiento de los padecimientos más comunes– el funcionario incurre en una omisión grave: la superación de los rezagos en servicios de salud no sólo pasa por incrementar nominalmente la cobertura de los mismos, sino, ante todo, por lograr que éstos sean de calidad, y esto no parece posible en la medida en que se retome el ejemplo del Seguro Popular: un esquema de atención individualizado, demagógico y empleado incluso con fines electorales, que no garantiza, por añadidura, el acceso a los servicios médicos que requiere la población, como han señalado especialistas e integrantes de diversas organizaciones sociales.
En suma, es necesario que el gobierno federal esclarezca las interrogantes que se desprenden de lo que expuso su secretario de Salud. Las decisiones relacionadas con la salud pública y la seguridad social, dada su importancia, no pueden ser tomadas de manera unilateral y de espaldas a la población ni mucho menos con base en intereses particulares; para ello se requiere, en cambio, de un amplio consenso político y social, así como del respeto a la premisa fundamental de que la principal riqueza de un país está en su población.
Fuente: La Jornada 17 de octubre de 2010

Ssa: el pago de atención mediante impuestos, siguiente paso en salud


Una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será una gran reforma para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales, afirmó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Así adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero patronales para seguridad social; es decir, explicó Córdova, se podría desgravar la nómina. De esa manera los empresarios no tendrían esta carga y a la vez se podría favorecer el desarrollo del empleo. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, indicó.
El funcionario participó el jueves pasado en un seminario organizado por Funsalud, donde también comentó que la integración funcional del sector salud tiene la finalidad de hacer más eficiente la prestación de servicios con ahorros económicos, como los que ya se han obtenido en los pasados dos años por 800 millones de pesos, al postergar la prescripción de medicamentos de alto costo.
Señaló que en el primer semestre de 2011 se alcanzará la cobertura universal en salud, con la inscripción de 49 millones de personas al Seguro Popular. Quedará todavía un porcentaje mínimo de individuos que optarán por continuar atendiéndose en los servicios privados y lo siguiente será avanzar hacia la integración funcional del sector.
Explicó que en el futuro habrá un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.
No explicó si dicho paquete será como el que ahora otorga el IMSS para la atención de todo tipo de enfermedades, o el limitado al diagnóstico y tratamiento de las más comunes que ofrece el Seguro Popular.
La reforma mencionada, que de acuerdo con Córdova y dada la diversidad de aspectos que involucra, podría estar concretada en las siguientes dos décadas, incluye la creación de un marco normativo y contractual, con cambios a las leyes y la Constitución, así como adecuación de contratos colectivos y el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Salud (Ssa).
En su exposición ante funcionarios del sector y sus predecesores en el cargo, Guillermo Soberón, Jesús Kumate, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández y Julio Frenk Mora, el actual titular de la Ssa dijo que debido a la presente oferta diferenciada de servicios entre los tres principales esquemas de aseguramiento, es necesario buscar, como ya lo estamos haciendo, la homologación.
Dicha variabilidad se refleja en el tipo, calidad y calidez de los servicios, así como en su financiamiento. Una parte de los problemas por resolver, observados por Córdova, es la doble o triple afiliación. En Aguascalientes y Colima, donde se lleva a cabo un programa piloto para depurar los padrones de personas inscritas, se ha detectado que entre 6 y 8 por ciento accede a por lo menos dos de los organismos prestadores de atención médica.
En el camino a la homologación y dado el rezago en que se encontraban las clínicas y hospitales de la Ssa, se ha dado una elevada inversión en éstas, con mil 10 unidades médicas nuevas y 450 remodeladas. En lo que va de la actual administración se han invertido casi 21 mil millones de pesos y 3.8 mil millones en equipo, comentó el secretario.
En cambio, en el mismo periodo el Seguro Social apenas ha contado con el dinero necesario para tener 91 unidades médicas nuevas y 197 remodeladas, en las cuales se ha invertido 12 mil 200 millones de pesos y 1.4 mil millones en equipo.
A su vez, en el ISSSTE se han destinado 5.6 mil millones de pesos para la construcción de 39 unidades médicas nuevas y la remodelación de otras 121. Para la compra de equipo se ha erogado 0.9 mil millones de pesos.
Córdova también se refirió a otros aspectos, como el expediente clínico electrónico, para cuya concreción actualmente está en curso una licitación pública y el fallo se dará a conocer en los próximos días. Calculó que al término del gobierno calderonista se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema.
Fuente: La Jornada 17 de octubre de 2010

Falta decisión política para que el Seguro Social sea la base del sistema de salud: De la Fuente

En el Sistema Nacional de Salud faltan decisiones políticas para recuperar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como la base de un sistema universal de salud en el país, así como para terminar con la indefinición actual en que los servicios están descentralizados, pero el financiamiento depende totalmente de las autoridades federales, como en el Seguro Popular, advirtió Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud.
A su vez, el también ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Julio Frenk Mora, autor del proyecto de reforma a la Ley General de Salud que dio pie al Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular, señaló que el siguiente paso tiene que ser la construcción del Susalud (sistema universal de salud) en el que todas las personas tengan un seguro público médico, independientemente de su estatus laboral, con un paquete de servicios igual para todos.
El esquema tiene que ser público y disponer de un único mecanismo de financiamiento, a fin de crear la máxima agregación posible de riesgos para que haya solidaridad de los sanos con los enfermos, apuntó sin hacer referencia a los comentarios que antes hizo De la Fuente.
Ambos personajes participaron ayer en el seminario La salud de los mexicanos y Funsalud, organizado como parte de la conmemoración por el 25 aniversario del organismo creado por el también ex secretario de Salud Guillermo Soberón Acevedo, y la participación de 100 empresarios.
En el segundo y último día de trabajos, el foro congregó a quienes han encabezado la Ssa en los pasados 25 años, desde el propio Soberón hasta el actual titular, José Ángel Córdova Villalobos. Los ex funcionarios reconocieron la destacada participación que ha tenido la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) en el diseño de las políticas públicas del sector.
Desde ahí se planearon y discutieron con las autoridades sanitarias en turno varias de las estrategias actualmente vigentes, como la descentralización de los servicios de salud en los años 90, la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y del Instituto de Medicina Genómica, así como el establecimiento del mercado de medicamentos genéricos intercambiables.
Bajo el auspicio de Funsalud, Frenk Mora realizó la investigación Economía y Salud, que al cabo de los años se traduciría en lo que hoy es el Seguro Popular.
Cada uno desde su perspectiva, los ponentes reconocieron los avances que ha tenido el país en materia de salud, principalmente por la continuidad que ha habido de los programas, lo que a su vez ha favorecido la obtención de logros como las altas tasas de vacunación y la erradicación de enfermedades como la poliomielitis o el control de las principales vías de transmisión del VIH/sida.
Sin embargo, también advirtieron sobre los temas pendientes. De la Fuente señaló respecto a la Conamed, que ya deberían darse pasos hacia adelante para no quedarse como está. Llamó la atención que con el Seguro Popular, el sector se encuentra en una contradicción: Por un lado es un sistema federalista, descentralizado; pero por el otro, el principal financiamiento está centralizado.
Al respecto, el secretario José Ángel Córdova Villalobos, rechazó que esto sea así. Explicó que con la finalidad de garantizar la mejor eficiencia en el uso de los recursos, es indispensable que los estados de la República comprueben todos los gastos.
Si somos más eficientes en las entidades federativas, en la Federación no debe haber ningún problema. El dinero es para que lo gasten, pero como debe ser, de acuerdo con la ley, apuntó. Antes presentó los avances hacia la integración funcional del sector.
Para José Antonio González Fernández –quien estuvo al frente de la Ssa entre 1999 y 2000–, existe la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, mediante incrementos en sus percepciones, estímulos y reconocimientos a su desempeño. Lo anterior, con la finalidad de proteger a quienes a diario hacen realidad el derecho a la salud de los mexicanos. No se debe claudicar en ese esfuerzo, subrayó.


Fuente: La Jornada 15 de octubre de 2010

La conformación de sindicatos blancos, pingüe negocio al amparo de autoridades


La colusión entre autoridades del sector laboral, empresarios y seudolíderes sindicales ha permitido el crecimiento sin límites de los sindicatos de protección o blancos en México, que han construido monopolios que se volvieron prácticamente indestructibles y han hecho de la representación de los trabajadores un negocio que dejan millonarias ganancias.
Sin embargo, el origen de que 9 de cada 10 trabajadores estén en un gremio de membrete o blanco radica en el registro de sindicatos, que es otorgado por las autoridades federales y locales del sector laboral a los amigos o aliados, y restringido a quienes no les aseguran su complicidad.
El informe Contratación colectiva de protección en México, de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, plantea lo anterior y resume que en esta práctica participan organizaciones afiliadas a distintas centrales, como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Obrero Revolucionaria (COR), la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), entre otras, así como despachos de abogados laborales que operan por cuenta propia y cuyo caso más emblemático es el de Ramón Gámez.
Bajo estas prácticas, familias de seudodirigentes se designan secretarios generales de diversos gremios, sin elecciones y sin cumplir con la ley, y así han construido monopolios que se volvieron prácticamente indestructibles , señala el documento, en el que participaron abogados laboralistas como Alfonso Bouzas, la catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco Graciela Bensusán y la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM Aleida Hernández.
Los contratos de protección constituyen en México una práctica destinada a evitar los sindicatos democráticos, y aseguran a las empresas márgenes amplios de unilateralidad, y precariedad para los trabajadores, los cuales no tienen una representación legítima y en cambio padecen de bajos salarios, flexibilidad laboral o nulas huelgas, apunta el documento.
También detalla que la función básica de dichos contratos es abaratar el trabajo, a tal grado que se han convertido en uno de los mecanismos principales en el país para la concentración del ingreso y la riqueza, ya que las grandes empresas y consorcios se hacen de sindicatos de protección, a los cuales mediante una iguala mensual los seudorrepresentantes o líderes de los trabajadores les garantizan un control total sobre los mismos y posibilitan que la contratación colectiva responda a los intereses del patrón.
La investigación refiere que el punto de partida de los contratos de protección es el trámite del registro de los mismos y de las tomas de nota para los supuestos líderes. Se cuestiona: ¿cómo es posible que históricamente las autoridades laborales, a través de la Secretaría del Trabajo, hayan otorgado los miles de registros de sindicatos que hicieron posible los contratos de protección en México?, y ¿cómo y bajo qué condiciones y haciendo qué, líderes que no tenían el menor respaldo de las bases lograron ser reconocidos por la autoridad laboral?
Esto es porque aunque hay avances sustanciales en materia de acceso a la información, difícilmente existe en los archivos oficiales la documentación necesaria para asignar responsabilidades a los funcionarios y dependencias de la Secretaría del Trabajo, por el arbitrario otorgamiento de registro y tomas de nota de directivas complemente ajenas a los trabajadores.
Considera la investigación que esta práctica que se ha extendido tanto en México es un fraude a la ley; desvirtúa por completo el sentido de la contratación colectiva al convertirla en un instrumento de protección del empleador contra una auténtica sindicalización; impide la democratización de las organizaciones de trabajadores, y deja a éstos en estado de indefensión.
Concluye que la actual Ley Federal del Trabajo no sanciona esta práctica, pero la reforma laboral propuesta por el PAN tampoco la restringe y, por el contrario, la toma de pretexto para pretender controlar el ejercicio del derecho de huelga de las organizaciones verdaderamente democráticas.
Fuente: La Jornada 11 de octubre de 2010

Reactivar Mexicana implicaría recorte de 75% del personal; liquidaciones, en duda


El plan de negocios para el relanzamiento de Mexicana de Aviación significa no sólo un drástico recorte de personal (cerca de 75 por ciento de los empleados serían despedidos), sino el inicio de operaciones con nuevas relaciones laborales, es decir, sin los contratos colectivos de trabajo actuales.
Con ello, pilotos, sobrecargos y personal de tierra perderían múltiples prestaciones ganadas en los años recientes y que los colocaban como uno de los sectores mejor considerados entre los trabajadores que cotizan en el IMSS.
En tanto, los trabajadores advirtieron que la bolsa que tenían para hacer frente a esta suspensión de operaciones (desde el 28 de agosto pasado) está en condiciones críticas, porque ya no les pagaron la quincena correspondiente al 30 de septiembre.
Tripulantes y empleados en general se quejaron de la que la situación actual los ha dejado sin ninguna garantía; ello, porque no sólo se vieron afectados por una pésima administración de los anteriores accionistas, que adjudicaron la crisis al alto costo laboral, sino que ahora miles quedarán desempleados sin la certeza siquiera de ser liquidados.
Mientras se toma una decisión o se alcanza un acuerdo con los potenciales inversionistas, ya no les depositaron ni una cantidad mínima, como ocurrió en las dos quincenas anteriores.
El reclamo por la situación de la Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales Clik y Link es para el anterior accionista mayoritario (los trabajadores efectuaron el viernes una marcha y un mitin para protestar contra Gastón Azcárraga).
No obstante, desde hace cuatro semanas están en un proceso de negociación con los posibles inversionistas, como la única vía para evitar la quiebra de la empresa y reactivarla antes de que concluya el año.
Como se difundió, el punto que ha impedido la firma de las nuevas condiciones laborales es precisamente la supuesta falta de recursos suficientes para el pago de liquidaciones de más de 6 mil trabajadores, así como la forma en que procedería.
Por ejemplo, para el finiquito de los sobrecargos que serían despedidos (unos 925 de una plantilla de mil 300), los potenciales inversionistas proponen una bolsa de apenas 107 millones de pesos.
Asimismo se debe definir si ante el relanzamiento de esta acotada Mexicana de Aviación los finiquitos serían con base en el contrato colectivo de trabajo actual (bajo el concepto de liquidación) o si se aplica la figura de permiso sin goce de sueldo por un año, a la espera de que el nuevo negocio prospere. Sólo en caso de quiebra de la aerolínea se procedería a la liquidación con los pagos mínimos de ley.
Mientras tanto, pilotos, sobrecargos y personal de tierra, así como lo que algunos de ellos califican en las redes sociales como los afectados, expresan incertidumbre porque ya no cuentan por lo menos con el mínimo ingreso parcial. Hasta el 15 de septiembre a los pilotos les dieron cerca de 7 mil pesos, como salario; al personal de tierra, cifras variables, rondando los tres mil 800 pesos para los de más jerarquía, cantidad similar que recibieron los sobrecargos menos desafortunados.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dijo que no recibir salario no es sinónimo de estar despedido. En su cuenta de Twitter aseguró: Es un incumplimiento del patrón, pero la relación laboral permanece.
Fuente: La Jornada 3 de octubre de 2010

A la Ssa le urgen más recursos


A causa de las reasignaciones y restricciones presupuestales aprobadas por los diputados en 2009, los institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia trabajaron en este año con un déficit de mil 100 millones de pesos. Para cubrir las carencias y evitar la suspensión de cirugías, la Secretaría de Salud (Ssa) detuvo la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, cuya conclusión estaba prevista para este año.
También se suspendieron obras de remodelación y adquisición de equipos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en otros casos se ha tenido que bajar la velocidad en la edificación de la planta de vacunas de influenza del Laboratorio Biológicos y Reactivos de México, el laboratorio de alta seguridad del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, la torre de investigación del Hospital General Manuel Gea González y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
Así lo reconoció Fernando Chacón, director de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa. Para continuar con los proyectos originales que ya estaban previstos, las obras irían a paso lento y se requieren mil 400 millones de pesos, pero el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 prevé asignar solamente la mitad de ese monto, indicó.
Fuente: La Jornada 1 de octubre de 2010

Trabajadores mexicanos se unen a protesta mundial contra las "políticas antilaborales"


Como parte de la jornada internacional de movilizaciones contra la aplicación de políticas que atentan contra los derechos labores, que ayer tuvo lugar, cientos de trabajadores realizaron un mitin frente al Hemiciclo a Juárez en repudio a las medidas económicas que aplica el gobierno de Felipe Calderón, las cuales atentan contra los derechos plasmados en los contratos colectivos de trabajo.
En su declaración política, el Congreso Social –frente conformado por sindicatos y agrupaciones civiles y campesinas– se solidarizó con la lucha que iniciaron organizaciones mundiales, la cual –consideraron– es el primer paso para establecer en el orbe un gran frente único de los trabajadores del campo y la ciudad para evitar que la crisis la paguen los trabajadores.
Este esfuerzo pretende frenar las privatizaciones y la constante caída del nivel de vida y de los ingresos de la población trabajadora, denunciando a los partidos y a los políticos neoliberales.
Advirtieron que se espera un futuro incierto para el pueblo de México, donde la única salida es la construcción de un frente nacional que pueda hacer frente a las políticas neofascistas.
Las organizaciones participantes –como los sindicatos de la UNAM, de telefonistas, electricistas y tranviarios, así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y agrupaciones de la Unión Nacional de Trabajadores y Diálogo Nacional– denunciaron que la entrega del país al imperialismo tiene lugar mediante la concesión de recursos naturales y la entrega de las empresas nacionales a extranjeros.
También –dijeron–, mediante la firma de tratados comerciales, militares y policiacos –como el Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida–, que comprometen seriamente la independencia nacional e hipotecan la soberanía alimentaria.
Como parte de su plan de acción, adelantaron que en octubre realizarán movilizaciones en apoyo a los gremios afectados por el gobierno del empleo, como electricistas, pilotos, sobrecargos y mineros, entre otros. Para noviembre preparan un encuentro nacional para la integración de un nuevo Constituyente y una nueva Carta Magna.
Fuente: La Jornada 30 de septiembre de 2010

Sindicatos, cotos de poder individual: UNAM


El sindicalismo en México ha transitado por un esquema corporativo en el que los trabajadores perdieron a sus organizaciones gremiales y los líderes comprometieron sus intereses, aseguró José Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante la mesa Movimiento sindical en la coyuntura, el académico indicó que los gremios se han convertido en cotos de poder donde ser líder sindical se convirtió en profesión, lo que perjudica sobre todo a los trabajadores y favorece a la patronal.
El investigador aseveró que debido a los cambios legislativos de los años 30 del siglo pasado se puso freno a lasamplias libertades que la Constitución de 1917 dio al artículo 123.
Debido a esos cambios, a partir de que se es líder sindical, primero la muerte que la renuncia. Ser líder sindical se vuelve una profesión. Para que le damos vuelta, son muy pocos los sindicatos en que no dominó este esquema corporativo sobre la propia organización de los trabajadores. El líder gremial se convierte, en la historia de México, en un engrane muy importante en el aparato de gobierno y el empresarial. Éste negocia, concilia, compromete y a su vez controla a los trabajadores.
Ejemplificó con el caso de los telefonistas: Francisco Hernández Juárez llega a la secretaría general de ese gremio con la bandera de la no reelección y lleva más de 30 años en el puesto. Algo está pasando en las organizaciones sindicales que dejan de operar para los trabajadores y lo hacen en favor de las direcciones. Algo tenemos que hacer.
Dijo que hay varias tesis que implican riesgos para los sindicatos en el país, pues los consideran prescindibles por tres razones: el incremento del desem- pleo, la incapacidad de las organizaciones sindicales para encontrar alternativas y el fenómeno corporativo que pesa sobre los gremios desde su origen.
Por su parte, Genaro Arteaga Trejo, secretario de asuntos políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, hizo un recuento del conflicto de este gremio con el Grupo México y el gobierno federal.
Arteaga confió en una solución positiva para su organización. Ya tocamos fondo en la represión por parte del gobierno y no nos han podido acabar. Nosotros a lo largo de los años seguiremos siendo mineros; sin embargo, al gobierno sólo le quedan menos de dos años. Vamos a resistir
Fuente: La Jornada 21 de septiembre de 2010

Con posible síndrome de desgaste ocupacional, 40% de mexicanos


Mi casa es azul es una frase muy sencilla de entender. Más aún si quien la lee es una intérprete que domina el inglés y el francés. Fue precisamente ello lo que dijo a Yolanda que algo andaba mal. Un día ya no la pudo entender. Ni siquiera en español.
Entonces se dio cuenta de que el cuerpo le estaba pasando la factura: años de jornadas laborales de más de 12 horas; amaneceres trabajando cinco días a la semana; comer lo que fuera y cuando fuera; no hacer ningún ejercicio, y cancelar su vida personal por traducir una cuartilla más.
“Una vida de trabajo excesivo y sin rutinas ni límites definidos –define la misma Yolanda– terminó en hipertiroidismo y esclerosis múltiple.” Es un ejemplo extremo de hasta dónde puede llevar a alguien el síndrome de desgaste ocupacional (SDO) o burnout, padecimiento que tienen o podrían tener miles de mexicanos y que muchos detectan cuando ya es demasiado tarde.
Una filosofía laboral perversa
Aunque no es un fenómeno nuevo –comenzó a identificarse a mediados de la década de los 70 en Estados Unidos–, el burnout (que puede traducirse como estar fundido o quemado) es de estudio reciente en México.
Felipe Uribe Prado, especialista en temas laborales de la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha analizado las características de esa enfermedad en los últimos cuatro años, y descubrió que entre 35 y 40 por ciento de la población acepta haber tenido síntomas, aunque el número podría ser mayor.
“El burnout es estrés acumulado que se presenta aun cuando el sujeto ya no está frente a un estímulo estresante y puede hacer que la gente se quede en la cama 12 horas en fin de semana, deprimida, o tenga infartos en domingo, en vacaciones o los lunes por la mañana, cuando el organismo trata de regresar al equilibrio perdido.”
Para hablar con rigor de SDO deben presentarse tres características: fatiga crónica causada por trabajar en exceso o por pensar todo el tiempo en el trabajo; despersonalización de la gente con que se convive (tratar con desprecio a compañeros, clientes, pacientes), y la insatisfacción de logro, sentimiento de frustración y desencanto hacia la empresa por sentir que ésta no les retribuye lo que merecen.
La gente ya no lo nota porque se hace hábito cultural en las empresas, a tal punto que cuando una persona se va a su hora de salida lo ven mal, como burócrata. La filosofía laboral es muy perversa, y en esto las empresas mexicanas son particularmente terribles, señala Uribe.
Aunque puedan parecer lo mismo y en ocasiones se mezclen, la diferencia entre el burnout y los llamados workaholics es que mientras éstos asumen la carga de trabajo voluntariamente y la transforman en vicio, los trabajadores quemados lo viven como imposición agobiante en la que nunca dejan de pensar.
Consumirse poco a poco
El caso de Yolanda fue una combinación de ambas. Comenzó con jornadas extenuantes por gusto, pero también por la dinámica de su trabajo, en la que se gana más mientras más páginas se traducen.
Estaba obsesionada con el trabajo y con ganar dinero, aunque no sabía realmente para qué. Vivía estresada por la sobrecarga de trabajo, y angustiada cuando estaba haciendo algo distinto. Empecé a laborar de las 6 de la mañana a la medianoche, y si había mucho trabajo me quedaba hasta las 4, 6 o 10 del día siguiente, comenta en entrevista con La Jornada.
Esta sobrecarga laboral, aunada a la falta de ejercicio y a una dieta desbalanceada, le causó sobrepeso, dolores físicos, sensación crónica de fatiga, caída de cabello, pérdida temporal de la visión en un ojo y falta de sensibilidad en las extremidades, además de depresión, ansiedad y problemas para hablar o entender ideas sencillas.
Finalmente, en 2008 –con sólo 33 años de edad– le fue diagnosticada esclerosis múltiple, enfermedad en la que numerosas partes del sistema nervioso central se quedan sin mielina, sustancia que hace posible su funcionamiento normal, lo que perjudica la habilidad de conducir impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro.
Sólo reduciendo sus horas de trabajo, durmiendo bien, comiendo de manera sana y explorando sus problemas emocionales, Yolanda comenzó a superar los problemas físicos que le produjo el SDO y a recuperar su funcionalidad laboral y social.
Trabajar hasta la muerte
Susana pasó por un trance similar. Su trabajo en una empresa de publicidad la obliga a cumplir con metas de ventas diarias, semanales y mensuales. Ahí cada minuto es dinero, cada operación puede costar millones de pesos, y lo que no se hace hoy ya no se puede recuperar mañana.
A mí me encantaba mi trabajo, pero luego de un tiempo empecé con dolores de cabeza, gastritis, colitis y mareos. Después se me dormía el brazo, tenía zumbidos. Pensé que me iba a dar una embolia, porque sentía la quijada dormida y muy dura, recuerda.
“Empecé a sentirme realmente mal. No podía manejar, no podía levantarme. Me mandaron a urgencias diciendo que era algo del oído, pero el médico me dijo que no era eso, sino estrés. Fue la primera vez que alguien me lo dijo luego de 14 años de estar en la empresa.
Lo peor es que se vuelve un círculo vicioso y ya ni siquiera lo notas. En mi empresa un director falleció de un infarto, saliendo de trabajar, y en otra compañía supimos de un gerente que también murió por eso, y nadie se dio cuenta hasta el otro día, cuando vieron que seguía en su lugar y con la misma ropa del día anterior.
Ahora, dice, ya no me desgasto así. Hago el trabajo que pueda en ese día, y el que no, no lo voy a hacer. Sólo de esa forma, dice, irá recuperando poco a poco la salud y el equilibrio perdido.
Más salud, más dinero
Para evitar que esta enfermedad crezca, Uribe diseñó un cuestionario, en el cual identifica las cuatro etapas del SDO mediante la aparición de siete síntomas: problemas de sueño, trastornos siconeuróticos, sicosexuales o gastrointestinales, dolor muscular, adicciones o ansiedad.
Por lo regular, el burnout se cura simplemente con un buen periodo de descanso, combinado con alimentación adecuada, actividades deportivas y ejercicios de relajación, aunque hay algunos casos en los que el paciente debe ser medicado para controlar daños cerebrales o cardiovasculares.
“En muchas empresas –señala Uribe– sí han entendido que la salud de sus trabajadores equivale a más ganancias. Pero aquí la cultura empresarial es ‘explótalos hasta donde puedas’. Hay un descuido a propósito, y los que ganan son los empresarios, que utilizan a los seres humanos como objetos. Es un problema de salud pública que no quieren reconocer”.
Fuente: La Jornada 7 de septiembre de 2010

Llaman a evitar visión mercantilista en la atención médica de personas

Con sociedades que están “enfermas” por las condiciones de violencia y falta de inclusión social, los sistemas públicos de salud no pueden dejarse en manos de una visión mercantilista. La vida requiere de principios y derechos básicos que no deben estar sujetos a una comercialización, afirmó Carolina Tetelboin, coordinadora nacional del Congreso de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud (CALASS) 2010.
Al concluir el encuentro internacional, que reunió a especialistas de 16 países de Europa y América Latina, destacó que en los países latinoamericanos coexisten dos claros procesos de transformación de los sistemas de salud. “Uno que fortalece las instituciones públicas como en Brasil, Cuba, Venezuela y Costa Rica, y otros, como el caso de Chile, Colombia y México, que van por más reformas de corte neoliberal, que ven en el mercado la solución a la demanda creciente de servicios de salud”.
Tetelboin, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que en algunas naciones de la región hay un “achicamiento del papel del Estado como responsable de la atención de los servicios de salud, pero al mismo tiempo existen alternativas que rescatan el derecho a los servicios de salud como una responsabilidad del Estado. Es el caso de Venezuela, con su programa Barrio Adentro, pero también con las experiencias de Cuba, donde los índices de atención son de los más elevados de América Latina, y con uno de los costos promedio más bajos”.
En contraste, indicó, hay países que aún están “muy orientados a las políticas aplicadas desde finales de los años 90 del siglo pasado por el Banco Mundial, como ocurre con Colombia, Chile y México, en los que se busca orientar el sistema bajo políticas del mercado, aunque en los países sudamericanos ya se ha comprobado que no funciona. Ahora buscan corregir los errores del mercado, pero sin dar un cambio radical de rumbo”.
En México se habla de la universalidad del derecho a la salud, incluso desde la Secretaría de Salud, encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, pero “es evidente que este concepto no es el mismo para las autoridades y para los especialistas. Es un discurso con significados distintos: en los hechos con la creación del Seguro Popular, se han generado muchas críticas, pues se debilita a los sistemas e instituciones de salud pública, al tiempo que se busca garantizar la atención de los no asegurados, pero bajo una visión que no es realmente universal ni gratuita a largo plazo”.
La discusión sobre qué sistemas de salud deseamos como sociedades en América Latina y el Caribe, ante retos “muy claros como el envejecimiento de la población, una visión de atención y no de prevención, nos demanda mayor participación social”.


Fuente: La Jornada 5 de spetiembre de 2010

Peligra el sistema público de salud: Cristina Laurell

En México enfrentamos el riesgo de perder los servicios públicos de salud ante el embate para consolidar un sistema regulado por el mercado, aseguró Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo, quien destacó que es “necesaria una gran movilización social para frenar el desmantelamiento de las principales instituciones públicas de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.
En el segundo día de trabajos del Congreso de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud (CALASS) 2010, señaló que desde 1995 “inició un lento proceso de destrucción financiera y abandono de la infraestructura de los servicios de salud públicos, pues el objetivo final con el Seguro Popular, creado en 2003, fue introducir un verdadero caballo de Troya que acabe por destruir lo que queda de un sistema público que atiende a la mayor parte de la población”.
Al dictar la conferencia La reforma a la salud en México, ante especialistas de Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia, Rumania, Suiza y representantes de países latinoamericanos, aseguró que en México “vamos hacia la culminación de una reforma a los sistemas de salud que inicio en 1995, y que trajo como consecuencias profundas transformaciones financieras para el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y más tarde la creación del programa Seguro Popular para la población más pobre”.
En los pasados 15 años, agregó Laurell, “se ha venido deteriorando el presupuesto para las principales instituciones públicas de salud, y ahora se ven doblemente presionadas, pues hay una redistribución de los pocos fondos disponibles para el Seguro Popular que da atención de primer nivel, es decir, no de todo los servicios de salud, y tampoco tiene asegurada la infraestructura ni las condiciones para dar el servicio”.
En entrevista con La Jornada, detalló que la creación de un sistema de salud con cobertura universal, “debe iniciar con bases sólidas, pero no desmantelando lo ya existente”.
Agregó que, por una parte, “se ha debilitado al IMSS, y por otra se creó el Seguro Popular, como presión externa”.
Se trata de un esquema, indicó, en el que “se quiere dar entrada al capital financiero, es decir, a las aseguradoras, pues se mantiene una idea, nunca comprobada, de que la competencia da una mejor calidad de los servicios de salud, de acuerdo con las leyes del mercado. Situación que nunca se ha visto reflejada en la realidad en ningún lugar del mundo”.
Fuente: La Jornada 4 de septiembre de 2010

Al sector salud, alza salarial de 4.9%

El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, informó que concluyeron las negociaciones sobre incremento salarial para los trabajadores del sector salud con un aumento de 4.9 por ciento directo al salario y 1.5 por ciento en prestaciones.
Entrevistado antes de la entrega de reconocimientos a periodistas del Club Primera Plana, comentó que el incremento es retroactivo al primero de mayo y se pagará en la primera quincena de septiembre.
Esa alza, añadió, beneficiará a un millón 13 mil trabajadores de la rama médica y paramédica del sector público, y a partir del próximo miércoles se darán a conocer los nuevos tabuladores.
“Como ha sido la línea a seguir de la FSTSE en este renglón, se logró un incremento con avance gradual, el cual dará mayor capacidad de compra a los trabajadores. No debemos olvidar que la negociación se hizo con base en un tabulador que unifica el ingreso de los trabajadores de la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.”
Fuente: La Jornada 28 agosto de 2010

Por fin se da a conocer el aumento. Aumento de 4.9% a burócratas. Falta el area médica y paramedica

Más de un millón 300 mil trabajadores burócratas de las ramas administrativa y de servicios generales recibirán un incremento salarial de 4.9 por ciento, el cual será retroactivo al primero de enero de este año y se les pagará en la primer quincena de septiembre.
Tras acordar dicho aumento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), informaron las negociaciones duraron varias meses.
Según indicaron, gracias a las pláticas entre el titular de la SHCP, Ernesto Cordero, y el dirigente de la FSTSE, Joel Ayala, también se convino otorgar a los servidores públicos del país una ayuda mensual de 495 pesos para despensa, previsión social múltiple y ayuda por servicios.
De igual manera se otorgarán a estos trabajadores 800 pesos cada mes en apoyo a la capacitación.
El acuerdo dado a conocer anoche indica que el incremento salarial a los burócratas es similar al del año pasado, cuando también se les otorgó un aumento de 4.9 por ciento.
La FSTSE hizo ver que tiene la representación de 86 sindicatos ante el gobierno federal y puntualizó que el incremento salarial a los trabajadores de las ramas médicas y paramédicas todavía no se determina.
Asimismo planteó que se continúa con el proceso de apoyar más a los trabajadores de menores ingresos, que son los que más resultarán beneficiados con el incremento acordado para este 2010.


Fuente: La Jornada 12 de agosto de 2010

El "largo" camino a la esclavitud Trabajadores de Mexicana, dispuestos a ceder en salario, prestaciones y plazas

Los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) manifestaron su voluntad de ceder prestaciones, salario e incluso plazas (en el caso de los empleados de tierra), como vía para aligerar la crisis financiera de la aerolínea y evitar su cierre.
Los sindicatos de pilotos y sobrecargos ratificaron su participación en la mesa de diálogo convocada en la Secretaría del Trabajo pero lamentaron la ausencia del titular de Comunicaciones y Transportes.
Los pilotos definirán en asamblea el rango y características de lo que están dispuestos a ceder, mientras que el dirigente del sindicato de los trabajadores de tierra de CMA, Miguel Ángel Yúdico, aseveró que cerca de 150 empleados se acogerían a un retiro voluntario.
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) acordó en asamblea aceptar, incluso, un recorte a su contrato colectivo de trabajo (para llevar a la baja múltiples beneficios) a fin de permitir un ahorro para la Compañía por 24 millones de dólares al año.
Los y las sobrecargos están dispuestos a ampliar jornadas laborales (sin pagos extras), disminuir periodos de descanso y vacaciones y hasta sacrificar pensiones y jubilaciones.
Con tal de evitar recortes de personal, se propone “flexibilizar” las condiciones y rolarse las jornadas laborales.
Lizette Clavel, dirigente de la ASSA, dijo que más allá de la solución a esta etapa crítica, es necesario que los involucrados en el sector trabajen por una política aeronáutica de Estado que evite los recurrentes periodos críticos.
En el pasado, comentó en la conferencia de prensa conjunta con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y de dirigentes internacionales del sector, “se tomaron decisiones desafortunadas”, como vender por separado a Mexicana y a Aeroméxico cuando la tendencia mundial es la fusión de grandes empresas nacionales.
Lamentó que las concesiones en este sector se otorguen sin garantizar compromisos de inversión o de crecimiento y “hoy estamos viendo las consecuencias de estas decisiones porque se privilegió la rentabilidad por encima de la necesidad de brindar un servicio público con seguridad y calidad eficiente”.
Sobrecargos y pilotos reiteraron que no es el factor del costo laboral lo que originó la situación actual de la CMA.
“Afirmamos que lo que ocurre en Mexicana corresponde a una crisis mayor, la cual se origina en el diseño del sector con aeropuertos caros, altos impuestos, regulación insuficiente y sobre todo la falta de metas e incentivos tanto de metas como de modernización”, dijo.
Por la tarde, los sobrecargos – acompañados por otros sindicatos nacionales e internacionales- realizaron un mitin en el Hemiciclo a Juárez. Ahí, hablaron hijos de sobrecargos que definieron como “totalmente injusto” que a sus madres las dejen en el desempleo cuando se han entregado por años a su trabajo.
Una sobrecargo alzó una pancarta en la que se leía: “Nos quieren dejar sin trabajo, con los calzones abajo”, en referencia a que ante una quiebra, los trabajadores sólo tendrían opción de recibir una liquidación conforme a lo que marca la ley, no sus contratos colectivos.
Fuente: La Jornada 7 de agosto

El sindicato, la contratación colectiva y la huelga

Aveces, las trilogías no son temáticas diversas, sino una sola. Por ejemplo, no se entendería lo que es el sindicato de trabajadores si no lo pensamos en relación con su objeto, que es el contrato colectivo de trabajo, ni, tampoco, sin su medio de defensa y de presión, que es la huelga. El maestro Mario de la Cueva decía que esta relación podría representarse gráficamente como un triángulo equilátero, cuyos ángulos, todos idénticos en graduación, serían el sindicato, la negociación y contratación colectivas y la huelga, de tal manera que ninguna de las tres figuras de la trilogía podría faltar, porque desaparecería el triángulo (Nuevo derecho del trabajo, Porrúa, 1986, t. II, pp. 216-217).
Los sindicatos, nos decía el mismo De la Cueva, “son sociedades humanas naturales (…) son cuerpos sociales reales (…) que persiguen fines determinados, que no son una simple suma de intereses individuales” (p. 256). Son personas jurídicas en sí mismas. Cuando se da el sindicato, los individuos dejan de ser entes sueltos para integrar entre todos una nueva persona jurídica. Esta persona jurídica tiene intereses que la identifican como tal, diferentes de los de sus integrantes, porque ahora son los intereses generales de todos. Por eso el maestro definía a la libertad sindical como un derecho político, pues el sindicato viene a ser un auténtico contrato social de los ciudadanos trabajadores asalariados.
Néstor de Buen, a su vez, escribió que “los sindicatos (…) tienen personalidad jurídica y (…) son, por tanto, sujetos de lo que se ha llamado el derecho colectivo” (Derecho del trabajo, Porrúa, 1991, t. I, p. 475). A ese derecho el filósofo alemán del derecho Gustav Radbruch le llamó derecho social. Es un derecho de individuos privados, los trabajadores, que se reconocen por su ser colectivo, justo, en el sindicato que ostenta derechos colectivos. Podrá verse, entonces el despropósito que nos receta la iniciativa panista de reforma a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 356, que define al sindicato como una asociación de interés público. Los tontos que hicieron ese proyecto, como puede verse, equiparan al sindicato con el partido político, que es definido en la Constitución como entidad de interés público.
Fieles a su concepción individualista indeclinable, los panistas insisten en reducir las relaciones de trabajo a la forma individual de relación. No pueden concebir que el sindicato sea una persona única y que, en cuanto aparece, los trabajadores son parte del mismo. Ven en el proceso de contratación sólo a dirigentes sindicales y al conjunto de trabajadores como individuos aislados. Así se observa en varias disposiciones que proponen. En el artículo 364 hablan de una relación de trabajo suspendida. En derecho colectivo de trabajo es una burrada y por eso no aparece en el actual texto de la ley.
Cuando se trata del registro de los sindicatos, el artículo 365 propone que su documentación debe presentarse bajo protesta de decir verdad, requisito innecesario y abusivo que, junto con el que sugiere el siguiente artículo, que exige que esa documentación debe llevar índices actualizados de los sindicatos, ya no es un sistema de información sino de control que puede extremarse hasta llegar a excesos policiacos, pues no hay modo de oponérseles. El 368 de la iniciativa establece que el registro sindical produce efectos ante las autoridades laborales, pero también ante terceros. No se a qué idiota se le habrá ocurrido eso, pero sólo se puede imaginar que esos terceros son sólo sindicatos blancos o similares.
El proyecto panista se esmera puntillosamente en intervenir en las relaciones internas de los sindicatos, sea para su constitución y funcionamiento, sea para el proceso de contratación colectiva. La fracción IX del artículo 371 propone que la elección de directiva sindical sea por voto secreto o votación pública. La actual ley no se mete con esas cosas. En la doctrina del derecho del trabajo el titular del contrato colectivo es el sindicato. El último párrafo del 388 impondría que el titular sea la mayoría de todos los trabajadores. Tal vez así, piensan, se pueden pasar por el arco del triunfo al sindicato. El 395 propuesto elimina el último párrafo del vigente que dice que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante. Así los esquiroles estarán a salvo.
Con la huelga estamos peor. Aparte la impudicia del pretendido nuevo 48 que limita el pago de salarios caídos a seis meses, por ejemplo, la actual fracción IV del 469, que dice que la huelga terminará por laudo de la junta a petición de los trabajadores, se quiere cambiar por ésta: Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin que medie petición de los trabajadores. El gorila que padecemos en la Secretaría del Trabajo ya lo había expuesto antes.
En el 920 que se propone, el procedimiento se vuelve extremadamente farragoso. No sólo hay que enunciar pormenorizadamente el propósito de la huelga y las violaciones al contrato que se aleguen, antes de que se substancie el juicio, sino que la papelería que debe acompañar al proceso se vuelve una montaña gigantesca que sólo busca imponer un mayor control de los actores, señalándoles los pasos que deben seguir y sólo está destinada a interrumpir una posible negociación en medio del conflicto. El 924 que se sugiere y alegando derechos de terceros propietarios, establece que la junta tome las medidas necesarias para restituir la posesión de bienes afectados. Una junta, que ni siquiera es un auténtico tribunal, no puede tener semejante facultad.
Los abogados derechistas siempre apuntan a un blanco que creen es fácil presa de la chicanería de abogados o de las decisiones corruptas de jueces sin escrúpulos: el demostrar (siempre para la parte más débil) el interés legítimo que se alega y si se tiene personalidad jurídica para alegarlo. Eso es lo que hace el nuevo 927 propuesto. Y en esa vía, lo que se intenta es diluir hasta el infinito la personalidad jurídica del sindicato, para ver más bien a sus afiliados aislados. Esa es la finalidad que se adivina en el 931 de la iniciativa que se extiende en una serie de requisitos a cumplir que tienen siempre que ver con la constatación de la membresía del sindicato y su autenticidad como representante legal.
Es verdad que se establecen algunos controles que, en otras circunstancias, servirían para que los sindicatos actuaran con mayor transparencia. Pero todo va siempre en la misma dirección: aherrojarlos en una telaraña de papeleo, requisitos de trámite, condiciones previas de la acción sindical que fácilmente inhiben el ejercicio de la libertad sindical y de contratación, hasta la anulación de la libre expresión de la voluntad de las partes, por determinaciones autoritarias de las juntas de Conciliación y Arbitraje, que no aparecen en el texto vigente y que incluye el proyecto panista.


Fuente: La Jornada 2 de mayo de 2010

Día del Trabajo: nuevas amenazas y viejas problemáticas

L
a conmemoración del Día Internacional del Trabajo en nuestro país se realizó ayer en una circunstancia particularmente difícil para los trabajadores mexicanos y sus agrupaciones; en medio de una amplia crisis de representatividad política general, y ante una nueva intentona por escamotear derechos laborales históricos y por dar cobertura legal a la precarización del trabajo que se da de facto desde hace años.
Respecto de esto último, resulta significativa la afirmación hecha ayer por el dirigente de la bancada panista en el Senado de la República, Gustavo Madero, en el sentido de que los trabajadores necesitan de un nuevo marco jurídico que los proteja y les permita mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, y defendió, a continuación, el proyecto de contrarreforma laboral presentado por su partido en la Cámara de Diputados, cuya aprobación –dijo– no sólo protegerá los derechos de los trabajadores, sino permitirá la creación de los empleos que nos hacen falta.
La defensa, por parte del legislador blanquiazul, de una iniciativa que preconiza el deterioro de condiciones laborales como supuesta vía para el desarrollo y la creación de empleos; que entre otras cosas plantea obstáculos a la contratación colectiva y al derecho de huelga, y que parece, en suma, perseguir el beneficio de los patrones antes que el de los trabajadores, se incrusta en el proverbial desinterés del grupo que detenta el poder por el bienestar de los asalariados. Tal desinterés, por lo demás, se ve reflejado con la pronunciada caída del poder adquisitivo del salario –indicador que no ha repuntado desde principios de los años 80–, en la implacable contención salarial vigente desde entonces, y en el arrasamiento de conquistas, derechos y asociaciones laborales, algunos de los hilos de la continuidad que van de los gobiernos del priísmo postrero a las administraciones panistas de la última década.
El movimiento obrero, por su parte, se debate actualmente entre los remanentes del charrismo priísta –cuya representación más clara comparte ahora la Confederación de Trabajadores de México con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, controlado por Elba Esther Gordillo–, y la crisis de liderazgo y de consenso que exhibe el llamado sindicalismo independiente, el cual –pese a sus pronunciamientos críticos en torno a la política laboral vigente– no acierta a definir una propuesta de país, y cuyos dirigentes incluso parecieran contentarse con la obtención de curules legislativas y demás posiciones de poder. Un dato significativo, al respecto, es la ausencia, en la concentración de ayer en el Zócalo, del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, uno de los contingentes más combativos en las marchas de años anteriores y cuyo dirigente, Valdemar Gutiérrez –actual diputado federal por el PAN–, anunció recientemente su ruptura con la Unión Nacional de Trabajadores, y se desmarcó de las críticas que esa central obrera lanzó al proyecto de reforma laboral panista.
En tal circunstancia ha sido puesta de manifiesto una situación por demás exasperante, pues mientras los grandes capitales se han concentrado en los últimos años, en connivencia con el grupo que detenta el poder político, en avanzar una encarnizada lucha de clases en contra de los trabajadores –bajo la mascarada de la flexibilización del ámbito laboral–, éstos han sido sometidos, por distintos frentes, a un discurso que busca neutralizar –a través de lo que Noam Chomsky denominó la fabricación del consenso– algunas de sus reivindicaciones históricas en búsqueda de un desarrollo económico por demás incierto.
Con todo, en la circunstancia presente, el catastrófico desempeño oficial en el ámbito económico, y el intento actual por llevar las condiciones laborales a un nuevo nivel de precarización e incertidumbre, han acabado por tensar la paciencia de los trabajadores del país, y han sembrado una irritación social que se amplía y multiplica, y que puede, si no se atiende a tiempo, desembocar en escenarios indeseables de ingobernabilidad.


Fuente: La Jornada 2 de mayo de 2010

Más que día de fiesta debe considerarse de luto: CT


En un discurso inusual, las organizaciones que integran el Congreso del Trabajo (CT) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) conmemoraron el primero de mayo con críticas al secretario Javier Lozano, quien no actúa como funcionario público sino como militante de su partido.
Adelantaron que no van a apoyar la reforma laboral del PAN, porque quiere dejar hueco el artículo 123 constitucional y ofrecer al mejor postor los derechos de los trabajadores.
En el mitin, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, señaló que su partido sólo apoyaría una reforma en favor de los trabajadores, jamás una regresiva.
En la plancha del Zócalo capitalino los trabajadores de las organizaciones corporativas, citados desde temprana hora, de manera inusitada lanzaron una rechifla generalizada cuando se nombró al titular de la Secretaría del Trabajo.
El CT, la CTM, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación Regional Obrero Mexicana rechazaron la propuesta de reforma laboral del PAN, aunque algunas de estas organizaciones dejaron la puerta abierta para elaborar otra que respete los derechos laborales.
Con uniformes nuevos, empleados de los sectores automotriz y azucarero, de la Procuraduría General de Justicia del DF y gasolineros, entre otros, hicieron este primero de mayo una celebración diferente.
Fernando Salgado, secretario de acción política de la CTM, señaló que la clase trabajadora le ha cumplido al gobierno: en los años 80 del siglo pasado, con los pactos salariales; en los 90 cediendo los fondos de retiro, y ahora aceptando paros técnicos y la política económica gubernamental anticrisis. Sin embargo, por ignorancia, insensibilidad y prepotencia de los funcionarios, en lugar de reconocer el sacrificio del sector obrero, ahora quieren ofrecer al mejor postor los derechos de los trabajadores.
El secretario del Trabajo no actúa como funcionario público, sino como militante de su partido, promoviendo una reforma laboral que dejaría sin sustancia el artículo 123 constitucional y que quiere limitar derechos como la libertad sindical”, señaló Salgado mientras un coro de rechiflas acompañó su discurso.
Por el CT, su vicepresidente Amador Monroy, planteó que el sector sindical no tiene nada que festejar este primero de mayo, ya que se le han reducido prestaciones y la ley no se cumple, pues en cada familia hay de dos o tres desocupados. Más que un día de fiesta es un día de luto, porque este gobierno no ha encontrado la fórmula para generar empleos.
Fuente: La Jornada 2 de mayo de 2010

Miles, contra la reforma laboral; exigen renuncia de Javier Lozano


En la marcha del Día del Trabajo del primero de mayo de 2010, los sindicatos independientes del país señalaron al gobierno de Felipe Calderón como uno de los tres peores en toda la historia del país, equivalente a los de Antonio López de Santa Anna y Victoriano Huerta; manifestaron el rechazo unánime a la reforma laboral del PAN; condenaron el empobrecimiento masivo de los trabajadores mexicanos y votaron a mano alzada por la salida inmediata del titular de la secretaría del ramo, Javier Lozano Alarcón.
La movilización estuvo caracterizada por la ocupación de la plancha capitalina de los 72 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre; por el repudio unánime a la política laboral del gobierno, el cual decenas de organizaciones sindicales mostraron en mantas, carteles y playeras, así como por la ausencia de uno de los contingentes más combativos en este tipo de conmemoración: el del Seguro Social.
Entre las organizaciones imperó también la condena a la ley antimigrante de Arizona, incluso hubo un llamado a realizar un boicot a las empresas estadunidenses y se criticó la pasividad de Calderón y de su canciller por estar a la espera de lo que decida el gobierno de Estados Unidos respecto de su reforma migratoria, cuando debería ser un asunto de negociación bilateral.
La critica al gobierno de Calderón rebasó el ámbito local. Organizaciones extranjeras del Tribunal Internacional de Libertad Sindical condenaron la política sistemática del Estado mexicano para coartar la libertad de sindicatos, y señalaron que las autoridades del sector son parte de una red de corrupción con empresarios.
A nombre del jurado, Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, llamó al gobierno de México a no utilizar al Ejército o a la fuerza pública contra la histórica huelga de Cananea... de lo contrario, utilizaremos todos los recursos e instituciones a nuestro alcance para que los crímenes que se puedan cometer no gocen de impunidad alguna.
Con monigotes del presidente Felipe Calderón vestido de militar; figuras de mujer que representaban a la justicia vencida y tirada en el piso; mantas denostando la actuación del secretario Lozano; carteles del SME que decían sigo vivo; la entrega del premio a la sangre al dueño de Grupo México por tener las minas más inseguras de México, los manifestantes conmemoraron este día, bajo un inclemente sol que deshidrató a varios participantes, incluso hubo desmayados.
Los mayores contingentes fueron los de los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), telefonistas y tranviarios; también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo una amplia representación y marcharon junto a los del SME, los mineros, pilotos, integrantes de los gremios de industria nuclear, Bellas Artes, Chapingo, ferrocarrileros, del Colegio de México y Posgraduados, de la Universidad Iberoamericana, Nacional Financiera, Metro, Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Mexicano del Petróleo, así como a personalidades como el sacerdote Miguel Concha, entre otros.
Ante una plaza ocupada en su totalidad, tomaron la palabra entre otros los secretarios generales del STUNAM y del SME. El primero, Agustín Rodríguez, además de hacer un recuento de todas las afectaciones a los derechos laborales que contiene la reforma en el ramo presentada por el PAN, llamó a construir un frente amplio sindical y unitario para transformar la política económica de este país y que los trabajadores tengan una ruta crítica de acciones enérgicas más allá de los mitines y las marchas.
El líder electricista Martín Esparza, a su vez, fue quien pidió a todos los trabajadores asistentes que votaran por la salida y el desafuero de Lozano, y el Zócalo en pleno levantó la mano aprobando la moción. Fue quien comparó este gobierno con el de López de Santa Anna y el de Huerta. En su primera marcha del primero de mayo tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el dirigente criticó el cerco informativo que tienen las televisoras y varios medios de comunicación a la huelga de hambre de los electricistas, mientras destinaron horas al caso del huelguista Guillermo Fariñas, en Cuba.
Por la CNTE, el líder de la sección 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo, quien señaló que todas las organizaciones democráticas del magisterio reprueban la reforma laboral y dijo que sólo personajes como Elba Esther Gordillo pueden apoyar esta iniciativa porque le deben favores al régimen, el cual la ha entregado 80 mil millones de pesos, para programas culturales y de vivienda que no existen.
Del sindicato minero, Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, calificó de esclavista la reforma del PAN; dijo que ya llegó el momento de frenar el desastre de la política antilaboral del régimen de Calderón.
Quien habló del caso Arizona fue José Luis Andrade, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), al reclamar al gobierno de Calderón el inmediato establecimiento de una mesa de diálogo con Estados Unidos que resuelva el problema migratorio. En el mismo tono, Elvira Arellano, representante de migrantes, criticó que el Presidente se ha quedado callado ante este agravio y llamó a un boicot contra las empresas de Estados Unidos que operan en México.
El secretario adjunto del sindicato de telefonistas, Jorge Magaña, señaló que la de ayer fue una de las conmemoraciones más difíciles y dolorosas del Día del Trabajo, pues en un año se ha registrado una escalada de agresiones en contra de agrupaciones democráticas e independientes.
Fuente: La Jornada 2 de mayo de 2010

Exigirá la UNT renuncia de Lozano en la marcha del Día del Trabajo


Las principales consignas de la marcha de este primero de mayo son el rechazo total a la reforma laboral del PAN y el repudio a la política en el rubro del presidente Felipe Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien ha criminalizado la protesta obrera y cancelado, con procedimientos arbitrarios inconstitucionales e ilegales, las conquistas sociales contenidas en los contratos colectivos.
A esta movilización concurrirán organizaciones sindicales, campesinas y sociales, que marcharán desde el Ángel de la Independencia, la Glorieta de Colón y el Hemiciclo a Juárez, hasta el Zócalo, informaron ayer organizaciones que integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que hicieron además un diagnóstico de cómo llega el sector a este día y lo resumieron en una sola frase: muy golpeado.
En la sesión plenaria de la UNT, esta central dio a conocer los planteamientos que se llevarán en el Día del Trabajo, y sostuvo que hay coincidencia de las organizaciones en demandar que renuncie el secretario del Trabajo, Javier Lozano; señalaron que la posición antisindical del actual gobierno tiene su expresión más acabada en la iniciativa de reforma laboral que el PAN presentó en la Cámara de Diputados, a la que todas las organizaciones de esta unión se oponen.
Los dirigentes informaron que en el Día del Trabajo de este año marcharán todas las agrupaciones que conforman el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos y las Libertades Democráticas, entre los que están además de la UNT, la Confederación Nacional Campesina; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y el Frente Sindical Mexicano, entre otras organizaciones.
Para la UNT, también es fundamental dejar en claro en este primero de mayo que hay respaldo total de las organizaciones a los sindicatos de electricistas y de mineros, e incluso se estima que un representante de este último sindicato tome la palabra en el mitin que iniciará a las 11 de la mañana en el Zócalo.
Al respecto, Agustín Rodríguez, de la presidencia colegiada de la UNT, explicó que se trata de dar en esta fecha un posicionamiento político más enérgico de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales, pues no se puede mantener una postura pasiva, ante los posibles funerales de la Ley Federal del Trabajo y de los propios trabajadores.
Se cuestionó que el gobierno no vea lo que está pasando en el sector laboral, en el que continúa la cancelación de plazas de trabajo y ya hay más de un millón de personas que han perdido su empleo en este sexenio. Los salarios están en el piso, hay una migración permanente de desempleados hacia el sector informal de la economía, ya que no hay, por más que se insista en el discurso oficial, un palpable crecimiento económico, finalizó Rodríguez.
Fuente: La Jornada 29 de abril de 2010

Se suman seis trabajadores más a la huelga de hambre del SME


Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre, luego de que ayer seis más se sumaron al ayuno en el Zócalo. En paralelo a esta protesta, integrantes del gremio han emprendido movilizaciones e incluso ayer mismo marcharon hasta la Torre Mayor para impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaban a inversionistas privados propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Este gobierno está subastando el sector y sus bienes, las empresas públicas y el país, denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina, la cual les impidió el paso al edificio al que pretendían ingresar. No obstante, la reunión que se realizaba en el noveno piso se suspendió.
Los electricistas han emprendido diversas acciones para acompañar la huelga de hambre de sus compañeros. También este miércoles realizaron una marcha en las inmediaciones del Zócalo; rodearon de flores blancas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la víspera hicieron un camino de velas blancas que iba desde su campamento hasta el máximo tribunal.
Para hoy, señaló Esparza, se tiene previsto que los jubilados realicen un mitin en el Senado en protesta porque quieren pasar sus regímenes jubilatorios al esquema del IMSS. En tanto, en la Cámara de Diputados, legisladores están impulsando un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el enorme saqueo que ha permitido en LFC.
No puede quedar impune el saqueo que se ha cometido contra la paraestatal, el SME tiene el inventario de los vehículos, materiales y herramientas que debería haber en cada uno de los centros de trabajo, los cuales prácticamente ya fueron vaciados, y de ello tendrá que responder el encargado del SAE, aseguró el dirigente.
Defendió que en este cuarto día de huelga de hambre, los trabajadores están realizando una acción extrema para sensibilizar a la SCJN y al pueblo de que es necesario restablecer el estado de derecho en el país y devolver a los ciudadanos las garantías individuales secuestradas por los gobernantes, quienes están representando sólo los intereses de la oligarquía del país.
Llamó la atención respecto de que este gobierno ha puesto un sinnúmero de cortinas de humo para que la población no vea el saqueo que está cometiendo con los bienes nacionales, la venta de los sectores estratégicos y el posicionamiento económico y negocios de los amigos del régimen. Dijo en este sentido que los problemas nacionales del país han sido relegados por el régimen y hay un verdadero rezago de las tareas gubernamentales, así como un desprecio a temas sensibles.
Por su parte, el secretario del Interior del SME, Humberto Montes de Oca, dio a conocer los nombres de los seis trabajadores que ayer se integraron a la huelga de hambre y que son: Rodolfo Cisneros Reza, Gerardo del Canto Pérez, Marco Antonio Moreno Aranda, Miguel Ángel Domínguez León, Miguel Ángel Pérez López y David Guzmán Rojas.
También informó que el SME está invitado a participar en la conmemoración del primero de Mayo en Chicago, precisamente la cuna de la defensa de los derechos laborales, y en este acto se llevará la denuncia de lo que está pasando en México en materia laboral.
Fuente: La Jornada 29 de abril de 2010

SME: los saldos de una digna resistencia


A más de seis meses del golpe fascista del gobierno de Calderón en contra del SME, al decretar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado de 43 mil 720 trabajadores electricistas y la indefensión de 22 mil 256 jubilados, los saldos favorables de la heroica resistencia electricista están a la vista; sobre todo para quienes apostaban por un desenlace rápido, violento y represivo (véanse al respecto los documentos secretos de Calderón) en contra de uno de los sindicatos más antiguos, democráticos, nacionalistas y precursor, junto con los mineros de Cananea, de los derechos obreros plasmados en el artículo 123 constitucional.
1. Pese a la campaña de linchamiento y provocación, 18 mil 10 trabajadores electricistas resolvieron no ser liquidados; se buscaron empleos temporales o se dedicaron al comercio ambulante; vendieron pertenencias, se volvieron mil usos, todo, menos rendirse, conscientes de que la razón constitucional y legal les asiste. A esta franja, que representa 41.2 por ciento del total, se le sumó en los últimos meses un número aproximado de 12 mil trabajadores que, bajo presión y con engaños, fueron llevados a aceptar una liquidación voluntaria, con la promesa de primero liquídate y después te recontratamos. Pero pasaron semanas y se acumularon los meses y el engaño quedó al desnudo y finalmente demandaron la figura de patrón sustituto en la JFCA. La suma de ambos segmentos de trabajadores asciende a 30 mil 10 trabajadores que representan 68.6 por ciento de los 43 mil 720.
2. Como se recordará el punto de partida de la agresión fascista en contra del SME fue la negativa de toma de nota a la mitad del Comité Central y Comisiones Autónomas encabezada por su secretario general Martín Esparza Flores. Como esta violación a la autonomía y libertad sindical no prosperó, pues la base del SME cerró filas, dejando sola a la fracción sindical disidente promovida y apoyada por Calderón y Lozano, el primero de diciembre de 2009 el presidente de la JFCA emitió un laudo declarando la nulidad del proceso electoral del SME y condenando al SME a reponer las elecciones. Sin embargo, el 19 de marzo de 2010 el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió dar la razón a la queja presentado por la dirección del SME, otorgándole una suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto en el juicio de amparo (pg. 34 y 35). En palabras llanas reconocieron que Martín Esparza Flores y 12 miembros de la dirección del SME continúan ocupando sus cargos sindicales. Esta suspensión provisional implicó un durísimo golpe al objetivo de Calderón-Lozano de dejar sin cabeza al SME.
3. El 24 de marzo pasado, mediante el comunicado de prensa 082/2010 la SCJN informó que su segunda sala determinó reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y agremiados, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. La decisión la fundó por tratarse de un asunto de importancia excepcional, pues involucra el análisis del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el estudio de la constitucionalidad del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Agregando que la resolución que se tome sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados es también trascendente, pues el criterio que en su caso llegue a sustentarse repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros (las cursivas son mías) y precisando que no es impedimento a lo anterior, el que en el caso de hayan formulado agravios en los que se combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, los cuales en principio debieran ser analizados por el Tribunal Colegiado respectivo. Por supuesto esta decisión de la SCJN constituyó también un revés al propósito de Calderón-Lozano que, en días previos y a través de la PGR buscaran, infructuosamente, que la SCJN ejerciera su facultad de atracción, para separar la materia constitucional de la laboral y de esta forma extender la duración del conflicto.
4. La creación del grupo plural de diputados el 25 de marzo introdujo un elemento que el gobierno de Calderón había descartado, desde que en noviembre de 2009 la Cámara de Diputados abdicó de su facultad constitucional de interponer una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LFC. El rompimiento de la alianza entre el PRI y el PAN abrió la posibilidad de creación del grupo de diputados, que sin embargo fue boicoteada por el PAN, pues distorsiona y altera los planes originales de Calderón-Lozano, al permitir supervisar y monitorear todo el asqueroso y corrupto proceso de extinción de LFC y entre cuyas funciones está la de coadyuvar en la búsqueda de una solución política, negociada, legal y constitucional al conflicto electricista.
Con estos elementos a su favor el SME ha resuelto ir a una huelga de hambre masiva, que por supuesto contará con el respaldo de amplios sectores del pueblo de México y de decenas de movimientos de resistencia social en todo el país. En rechazo al decreto de extinción de LFC y por una solución justa y digna, apegada al marco constitucional y legal.
Fuente: La Jornada 25 de abril de 2010

Integrantes del SME inician huelga de hambre en el zócalo capitalino





Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) iniciarán hoy domingo una huelga de hambre en el Zócalo capitalino.
Esta forma extrema de protesta es para exigir la reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y pedir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una valoración justa del problema que enfrenta el gremio, el cual presentó ante el Poder Judicial pruebas de la inconstitucionalidad del decreto presidencial del pasado 11 de octubre, que dejó sin empleo a más de 44 mil empleados de LFC.
El ayuno será escalonado y permanente. Cada día se sumarán electricistas, incluidos dirigentes, como el vocero Fernando Amezcua. De acuerdo con el líder del gremio, Martín Esparza, hoy 10 trabajadores comenzarán y un número similar se agregará diariamente, con el fin de tener un respaldo para esta acción, en previsión de que se alargue.
Los compañeros van a ofrendar su vida. Esta huelga es parte de la desobediencia civil de quienes han sido despojados de sus garantías laborales básicas, dijo.
De forma simultánea, reforzarán la difusión internacional de la violación a los derechos humanos y laborales del gobierno de Felipe Calderón. Organizaciones políticas y sociales de otros países se comprometieron a transmitir imágenes de la huelga masiva en la Plaza de la Constitución, la víspera del primero de mayo.
El SME envió un representante a Chicago para participar en la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo.
Durante la preparación del plan de acción, unos 5 mil electricistas manifestaron su interés de ayunar, de los cuales 2 mil 300 fueron sometidos a exámenes médicos. Alrededor de 600 los aprobaron y, hasta el momento, 150 ya están preparados física y anímicamente para empezar la huelga.
El plan de acción inicia con una misa oficiada por Carlos Rodríguez, de Pastoral Laboral, quien explicó que para la doctrina social de la Iglesia, el gobierno mexicano incurrió en un acto inmoral al dejar sin empleo a miles de trabajadores y al no colocar el bienestar social como política pública prioritaria.
Para la doctrina social de la Iglesia, los derechos de los trabajadores son sagrados, agregó el sacerdote.


Fuente: La Jornada 25 de abril de 2010

Dos visiones del mundo laboral


La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de abril no fue improvisada: es resultado de un largo proceso de reflexión y propuesta de los sectores productivo, sindical, académico y ciudadano, además de que actualiza la presentada en 2002, con los aportes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Se trata de una perspectiva que confronta a la generada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), conocida como iniciativa Lozano.
Son muchas las diferencias entre una y otra iniciativas; la promovida por el PRD-UNT está vinculada a un proyecto de modernización integral del país en una línea de ganar-ganar. La iniciativa Lozano, en cambio, más allá de los discursos, propone en lo concreto abaratar la fuerza de trabajo, reducir su estabilidad e incrementar el control empresarial de los derechos colectivos, como una supuesta solución a los retos de la globalización. El análisis de estas propuestas es un ejercicio necesario, sin olvidar que la oficial debe evaluarse en el contexto de su desempeño cotidiano. Cuatro aspectos permiten destacar las diferencias.
El primero se relaciona con el ámbito constitucional de las reformas. La propuesta PRD-UNT incluye temas ignorados por la iniciativa Lozano, vinculados al sistema de justicia, la fijación de los salarios mínimos, como parte de la política económica, y la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público. Sin modificación constitucional estos cambios no podrían ser abordados.
Un segundo tema se refiere a la fijación de las condiciones de trabajo para responder a las necesidades del mercado y la recuperación salarial. La propuesta Lozano facilita el despido libre, la contratación precaria y hace referencia a un conjunto de medidas de contenido más cosmético que real, puesto que ya están contenidas en la ley. Es el caso de las reglas en materia de promoción, ascenso, flexibilidad en las funciones de los puestos y productividad por capacitación. En este capítulo introduce dos aspectos muy lesivos para los trabajadores. La ocurrencia patronal consistente en hacerles pagar las consecuencias de la lentitud de los juicios laborales, limitando los salarios caídos a seis meses, en el supuesto de laudos dictados en su favor. No afronta el reto de disminuir el tiempo de los juicios, por el contrario, mantiene sus vicios y hace pagar el costo a la parte más débil. También incluye la contratación por horas, que aplicada como medida general tendría un impacto negativo en el modelo, habida cuenta de los bajos salarios que imperan en nuestro país.
La propuesta PRD-UNT parte de la premisa de que la ley sólo fija las garantías y reglas básicas del juego, en un entorno laboral diferenciado que requiere de un mínimo de diálogo y concertación para adecuar las condiciones de trabajo a un esquema de auténtica racionalidad productiva y de beneficios compartidos. No se limita a una visión parcial en favor de los trabajadores, entiende que el desarrollo productivo es una exigencia para lograr la viabilidad del país en su conjunto. Para ello, propone que el ajuste de jornadas, intensidades, adecuación con nuevas tecnologías, duración de la relación laboral, esquemas de remuneración, de capacitación y tercerización justificada, se ubiquen en el contexto complementario de la contratación colectiva, como sucede en los países altamente competitivos del mundo. Agrega una protección inexistente en la propuesta panista, el seguro de desempleo, regulado de manera realista con fondeo compartido y en el marco del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un tercer tema se vincula a la democratización sindical y la contratación colectiva auténtica, instituciones íntimamente relacionadas. La propuesta PRD-UNT adquiere carácter estructural en la medida que enfrenta la problemática de control, simulación y corrupción vigentes. Coincide con la propuesta panista de incluir el voto secreto en los procesos sindicales, tanto de elección como de diferencias intergremiales; sin embargo, no comparte la estrategia de debilitamiento gremial y de la contratación colectiva por la vía de nuevos mecanismos de control básicamente de corte empresarial. La diferencia en materia de firma y titularidad de los contratos colectivos es clara. La propuesta PRD-UNT hace efectivas las garantías de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen libre tipología sindical, supresión de la toma de nota, autonomía en las formas de organización y radio de acción, condiciones necesarias para un fortalecimiento de la contratación colectiva, institución clave en cualquier modelo laboral sustentable y productivo; en esta línea, propone acuerdos por sector, rama de actividad y cadena productiva, apoyándose en experiencias exitosas a escala internacional.
La propuesta PRD-UNT sugiere crear un registro público de contratos colectivos y sindicatos que favorezca una real autonomía y el desarrollo de un sindicalismo decente, utilizando el término de la OIT, una especie de IFE pequeño. Ambas coinciden en la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, aunque la del PRD-UNT considera sancionar la intromisión patronal en la vida de los sindicatos.
Un cuarto aspecto hace referencia a la justicia laboral, reclamo consistente y generalizado en favor de una autoridad imparcial, calificada y eficaz que resuelva los conflictos en periodos cortos. La iniciativa Lozano le da vuelta al tema y mantiene la estructura viciada de las juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras el PRD-UNT retoma el reclamo de un sistema moderno de justicia, por conducto de jueces laborales en el ámbito del Poder Judicial.
Este primero de mayo es una oportunidad para que la población exprese su posición frente a la reforma laboral que necesitamos. Marchemos juntos.
Fuente: La Jornada 24 de abril de 2010

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