Sonia Ocampo Chapa, reelecta en el Sntsa

Con más de mil 200 votos de diferencia, Sonia Ocampo Chapa se reeligió como secretaria general de la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa) para los próximos tres años, al obtener 2 mil 808 sufragios del personal de base.

Dejó atrás a Juan Flores, candidato de la planilla Amarilla con mil 652 votos, y a Elvia Castillo García, quien representó a la planilla Azul y obtuvo mil 88 sufragios. En punto de las nueve de la noche, al cerrarse las últimas casillas ubicadas en unidades médicas, y ante la espera de los resultados finales, tanto Ocampo Chapa como el doctor Flores se reunieron con sus equipos en el Hospital General de Pachuca (HGP).

Identificada como la casilla más grande por el número de votantes, con más de 700 trabajadores en el padrón, conforme pasaban los minutos los militantes de la planilla Roja dieron lectura a cada uno de los resultados, y unos minutos antes de las diez concluyeron con los resultados de la casilla del Hospital Regional de Tula, Cinta Larga y Tulancingo; en este conteo se indicó que ya se mantenía una diferencia de más de mil votos.

Unos minutos más tarde, el representante de la dirigencia nacional del Sntsa informó que con la conclusión de los resultados la planilla ganadora era la Roja, encabezada por Sonia Ocampo.

Con los datos en la mano, Juan Flores informó estar de acuerdo con los resultados. "La base trabajadora decidió y respetó su decisión", dijo, respecto al trabajo desarrollado por la dirigencia nacional, quien condicionó su registro el martes pasado.

Fuente: Criterio Hidalgo 9 de agosto de 2011

Tres graves riesgos de la reforma laboral

Todo parece indicar que, presionados por el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han convenido la reforma laboral, y que intentarán aprobarla en un periodo extraordinario durante la segunda quincena de agosto. Conviene enfatizar cuáles son sus aspectos más lesivos, orientados a abaratar el costo de la mano de obra, precarizar las condiciones de trabajo e incrementar la indefensión obrera.

La máxima prioridad está centrada en el tema del outsourcing o trabajo en régimen de subcontratación, contenido en un nuevo artículo 15 bis del proyecto del PRI de marzo de 2011. La intención es acabar con el principio toral de la legislación laboral, que reconoce el carácter de patrón a quien recibe y se beneficia del servicio personal subordinado. Esta responsabilidad original es base del modelo laboral y de las instituciones que le dan sustento: salario remunerador, jornada máxima, respeto de la integridad y dignidad de la persona que trabaja y, obviamente, los derechos colectivos, incluyendo los de libre asociación, contratación colectiva y huelga.

El régimen de subcontratación propuesto convierte en mercancía al trabajo a pesar de que la ley expresamente lo prohíbe, al autorizar la venta de los servicios de trabajadores, obligando tan sólo al respeto de los derechos mínimos. Se trata de legalizar prácticas que contravienen el marco jurídico vigente.

Para convencer de las bondades de esta nueva normatividad, los abogados de la Coparmex, redactores de esta iniciativa, afirman que es necesaria para mejorar la competitividad y la inversión productiva, alegando que ya existe en otros países, y llegan al extremo, sin acreditarlo, de afirmar que su finalidad es evitar abusos, pues con el nuevo sistema se respetarán al menos los derechos fundamentales. Su filosofía se sostiene en la tesis de que más vale un mal empleo que estar desempleado. Mediante este engaño se busca suprimir de tajo la responsabilidad del verdadero patrón beneficiario del servicio, evitar la fiscalización del Estado e impedir que los trabajadores puedan organizarse en defensa de sus intereses. Todo en paquete. El tema tiene tal trascendencia que el representante legal de la Coparmex admitió publicamente: Si nos conceden este punto, lo demás sale sobrando.

No se puede negar que en los procesos productivos se justifique, bajo ciertas condiciones, la contratación de mano de obra externa, pero debe regularse, como se ha hecho en otros países, distinguiendo la subcontratación positiva de la depredadora, y tomando en cuenta los siguientes criterios: 1) Tener un carácter excepcional; en consecuencia, no debe subcontratarse la totalidad de una empresa o centro de trabajo, como sucede actualmente con las llamadas empresas de servicios. 2) Debe justificarse el insumo adicional especializado que se agrega al proceso productivo con la mano de obra externa, la cual a la empresa beneficiaria no le sería rentable contratar por sí misma. 3) Garantizar el principio de igualdad entre los trabajadores cuando realizan el mismo trabajo. 4) Registrarse ante el Estado para ser objeto de inspección periódica y evitar la simulación. 5) Debe sancionarse, en caso de abuso, al verdadero patrón, que es la empresa beneficiaria, y no solamente a la subcontratista. 6) Debe garantizarse el respeto a los derechos colectivos.

Un segundo tema en el que ha hincado el diente la Coparmex es el relacionado con el despido libre o barato, que limita el pago de los salarios caídos hasta por un año. La propuesta busca justificarse frente a la absurda realidad de la duración de los juicios laborales de hasta cinco años. Es claro que esta lentitud no tiene justificación, ya que lesiona tanto a trabajadores como a patrones. Sin embargo, el problema no se resuelve castigando a los trabajadores por una tardanza que no les es imputable. La solución está en crear las condiciones para que los juicios se tramiten en un corto tiempo; ello es absolutamente posible, y así lo ordena nuestra Carta Magna. Aceptar esta propuesta patronal invitará al despido y a incumplir la ley, alargará aún más los juicios, porque el costo se congelará a un año, presionará a los trabajadores a aceptar cualquier pago en demérito de sus derechos y colocará las formas colectivas de defensa laboral en mayor grado de postración.

El tercer riesgo se refiere a las restricciones a la libertad sindical. La Coparmex ha buscado, a través de la reforma laboral, consolidar el sistema patronal de mantener al sindicato de su preferencia. Para ello, intenta restringir la posibilidad de emplazamientos por firma de contrato colectivo de trabajo o demandas de titularidad tendientes a que los trabajadores cambien de sindicato. Es un viejo sueño para cerrar el círculo del control. En la iniciativa panista se incluyeron los llamados requisitos de procedibilidad para obstruir estas posibilidades de los trabajadores mediante un proceso administrativo previo de autorización o certificación de los padrones de socios por parte de la autoridad. Hoy, la inciativa priísta retoma esta misma intención, encubriéndola con la limitación al derecho de voto en los recuentos, a los que solo podrán acceder trabajadores sindicalizados, esto es, los que estén previamente autorizados en los padrones oficiales y en las nóminas patronales.

Por último, por encargo de los empresarios de las líneas aéreas de bajo costo, tendiente a impedir la expansión de los sindicatos democráticos de sobrecargos y pilotos (ASSA y ASPA), se adiciona al artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo una restricción a los sindicatos para reclamar la titularidad de un contrato colectivo aun cuando la mayoría de los trabajadores de su profesión así lo pretendan.

Debemos impedir a toda costa, antes de que sea demasiado tarde, que estas agresiones a los derechos humanos laborales adquieran carácter de ley. Más allá de su carácter inconstitucional, son una afrenta a los hombres y mujeres quienes, a pesar de sus bajos salarios y agobios cotidianos, dan vida a este país.

Fuente: La Jornada 30 de julio de 2011

Mano negra en elección del SNTSS

La dirigencia nacional vulneró la convocatoria para elegir al secretario general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) y este martes otorgó el registro a Sonia Ocampo Chapa como candidata a la dirigencia estatal por la planilla Roja, a pesar de no haber cumplido con el horario establecido por el documento.

A través de un comunicado, se dio a conocer que en punto de las 13:30 horas de este martes en las instalaciones del SNTSS ubicadas en el Distrito Federal, Edmundo Pérez García, secretario de organización, concedió el registro que permitirá a Sonia Ocampo la oportunidad de entrar a la contienda, y poder reelegirse para el cargo que desde tres años atrás ostenta.

Si bien desde el pasado viernes, tanto Juan Flores, contendiente por la planilla Amarilla como Elvia Castillo, candidata por la planilla Azul, demandaron a la dirigencia nacional que se diera cumplimiento al acuerdo que ellos mismos publicaron en la convocatoria, en el cual se determinó que la hora límite para presentar la documentación era las 12 horas, y la aspirante por la planilla Roja incumplió, pues se presentó a la 12:20 horas; las observaciones no fueron contundentes y finalmente se otorgó el registro para Ocampo Chapa.

En este sentido, Elvia Castillo se dijo en desacuerdo por la determinación, y la calificó como una más de las anomalías que se han registrado en el proceso, pues señaló que tampoco se han pegado los padrones, ni se han entregado a las planillas Amarillas y Azul, mientras que la Roja ya está trabajando con ellas para realizar su trabajo de proselitismo.

Fuente: criteriohidalgo.com

Sonia Ocampo se registra para conteder por segunda ocasión para la secretaría general de la Sección XX del SNTSA

Al filo de las 13:30 horas Sonia Ocampo Chapa, candidata de la planilla roja del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA), recibió el registro de la formula que encabeza para contender por la Secretaria General de la Seccion 20, en la ciudad de Mexico.

Edmundo Pérez, Secretario de organización de la zona centro del SNTSA, fue el encargado de recepcionar y revisar la documentación de la planilla roja se entrego la constancia de registro.

En esta ocasión no hubo conato de bronca por parte de ninguna planilla, por lo que las tres (roja, amarilla y azul), recibieron su constancia que les permitirá participar en los comicios para renovar o ampliar la dirigencia sindical estatal.

Sonia Ocampo Chapa, hizo un llamado a la base trabajadora para que este proceso se lleve a cabo en tranquilidad y respeto, detallo que los aspirantes que busquen la Secretaría general, deben obtenerla en las urnas por decisión de la base trabajadora.

Asimismo explico que será este viernes cuando el comité ejecutivo nacional termine de revisar el padrón de trabajadores que habrán de participar en esta contienda electoral, y por primera vez el personal regularizado de la primera y segunda etapa participara.

Finalmente agradeció la imparcialidad y profesionalismo del comité ejecutivo nacional, al dar igualdad de oportunidades a las tres planillas que participaran. Además explico que serán más de siete mil los trabajadores que participaran en esta contienda electoral que habrá de desarrollarse este 8 de agosto del año en curso.

Fuente: AgendaHidalguense.com

Día del Registro

Se complica la renovación de comité en la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Salud (SNTSSS), debido a que la actual secretaria general, Sonia Ocampo Chapa, que buscaba su reelección, no quedó inscrita al intentar registrar su planilla 23 minutos después del plazo establecido en la convocatoria, por lo que la elección será entre la Planilla Amarilla que encabeza el doctor Juan Flores y la Planilla Azul de Elvia Castillo.

Integrantes de las planillas Amarilla y Azul, advirtieron que de darse el registro a Ocampo Chapa, se violaría de forma flagrante la convocatoria que estableció como periodo para registrarse de 9 a 12 horas, y no hay argumento que valga, porque como secretaría general y parte del sindicato desde hace nueve años, y como parte del comité que encabezó el hoy alcalde de Omitlán de Juárez, Gerardo Árcega Domínguez, conoce perfectamente los estatutos.

Sonia Ocampo ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por trabajadores del interior del estado, como sucedió en Apan el año anterior, además de que aplica actividades donde se obliga a los trabajadores a efectuar aportaciones.

Aun así, trataba de ampliar su periodo tres años más; sorpresivamente, minutos después de cerrarse el periodo para el registro de aspirantes a la secretaría general de la Sección 20 del SNTSSS, intentó su inscripción.

Esto provocó tensión entre simpatizantes de las diferentes planillas, sin embargo trascendió que sí había quedado inscrita, por lo que se insistió que se solicitará la intervención de la dirigencia nacional para que se respete la convocatoria, de lo contrario puede darse una grave fractura al interior de los trabajadores de la Secretaría de Salud en Hidalgo. A partir de ayer se abre el periodo de proselitismo y las elecciones se efectuarán el 8 de agosto.

Fuente: vialibre.com.mx 23 de julio de 2011

El día de la convocatoria

Así se maneja la actual líder sindical de la sección 20 del SNTSA

Delegación estatal del ISSSTE, calla

Pachuca, Hidalgo.- La delegación estatal del ISSSTE en Hidalgo mantiene silencio ante los señalamientos de mala atención y servicios que presta el organismo y que aqueja a más de 50 mil derechohabientes en Hidalgo.

Tras las declaraciones que emitiera la secretaria general del Comité Ejecutivo de la Sección 15 del SNTE, Mirna García, junto con once representantes sindicales, y David Sánchez Luévanos, dirigente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, las autoridades del Instituto en Hidalgo no han dado respuesta oficial o notificación al respecto.

En lo que se considera un reclamo de operatividad nacional, dirigido a las oficinas centrales del ISSSTE, y que se ha reflejado en todo el territorio nacional, se subraya que a pesar de que sindicatos y organizaciones apoyaron la Reforma del ISSSTE, con lo que se otorgaron mayores recursos para resolver las necesidades de los derechohabientes, nada mejoró.

La mala atención médica, así como la ampliación inconclusa del Hospital General de Pachuca, así como la construcción de la Torre de Especialidades que se prometió y que nunca se realizó, son parte de las inconformidades.

"Se ha incumplido con los presupuestos y eso afecta a todos los derechohabientes", se subrayó.

La falta de recursos financieros que ha golpeado a todas las delegaciones estatales también ocasionó desabasto de medicamentos, lo que a decir de los dirigentes sindicales, pone en riesgo la vida de los pacientes. En el mismo caso se encuentra la falta de personal médico, tanto general como de especialidades.

Aunque el señalamiento no se ha dado directamente contra autoridades del ISSSTE en Hidalgo, se buscó una respuesta; sin embargo, sólo se notificó que serán las oficinas centrales las que emitirán declaraciones oficiales al respecto.

Fuente: El Sol de Hidalgo 13 de julio de 2011

Fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado y visiones de futuro/ II

En El fin del trabajo, Jeremy Rifkin (JR) señala que los efectos en la población se empezaron a sentir al expandirse la automatización. El primer grupo impactado fue el de la población negra de Estados Unidos. La historia de los efectos de la automatización en esta población es uno de los episodios menos conocidos y más destacados de la historia social del siglo XX. (p.68). El capítulo 5 relata esta historia. Después de la guerra civil y el fin formal de la esclavitud, los dueños de las plantaciones en el sur de Estados Unidos conservaron el control sobre sus ex esclavos mediante el sistema de aparcerías (sistema de arrendamiento de la tierra con pago en especie). El cultivo dominante era el algodón. Bajo el nuevo sistema, dice RF, junto con la tierra se les proveía vivienda, semillas, herramientas agrícolas y mulas, todo ello a cambio de 40 por ciento de la cosecha. Pero aunque en teoría el aparcero se quedaba con el resto de la cosecha, ello casi nunca ocurría así porque éste se veía obligado a endeudarse para subsistir antes de la cosecha. Se le prestaba en especie, a precios altísimos y a tasas de interés exorbitantes, con lo cual, como los peones de las haciendas mexicanas, quedaban encasillados, atados por deudas infladas e impagables. Las leyes de segregación respaldadas por un reinado de terror aseguraron la supremacía blanca y una fuerza de trabajo dócil, señala RF. El sistema de aparcerías, concluye, equivalía a algo más que la esclavitud con otro nombre (p.70). Pero en octubre de 1944 ocurrió un evento que habría de cambiar para siempre la vida de los afroamericanos:

La primera demostración efectiva de una pizcadora de algodón mecánica. La multitud quedó pasmada con lo que vio. En una hora, un trabajador podía pizcar veinte libras de algodón. Las piscadoras mecánicas podían piscar, en el mismo tiempo, mil libras. Cada máquina podía hacer el trabajo de cincuenta hombres (p.70)

La extensión de las pizcadoras mecánicas fue muy rápida: del 6 por ciento en 1949 a 78 por ciento en 1964 y a 100 por ciento en 1972. Dice JR:

Por primera vez desde que fueron traídos como esclavos para trabajar en la agricultura del sur, las manos y espaldas negras dejaron de ser necesarias. El sistema de aparcerías quedó obsoleto por la [nueva] tecnología. Los terratenientes expulsaron millones de arrendatarios dejándolos sin casa y sin trabajo. (p. 71)

El impulso de esta expulsión se combinó con la fuerza de atracción de los salarios más altos en las ciudades industriales del norte, para producir una migración masiva de población negra hacia el norte que involucró a más de 5 millones de personas entre 1940 y 1970. JR ironiza: La pizcadora de algodón automática resultó más efectiva que la Proclamación de Emancipación [de los esclavos] en liberar a los negros de la economía de plantación. (p.72). Mientras migraban hacia el norte, añade JR, una segunda revolución tecnológica que otra vez los expulsaría del empleo remunerado, había empezado en la industria de Chicago, Detroit, Cleveland y Nueva York. Desde el inicio de la emigración y hasta 1954 la población negra lograba un acomodo en los niveles más bajos de la industria, mejorando su suerte, pero desde entonces empezó un periodo de 40 años en que ésta declinó, dice JR, pues desde entonces la automatización empezó a cobrar su cuota al sector manufacturero. Los más golpeados fueron los empleos no calificados en las industrias en las que los trabajadores negros se concentraban. Entre 1953 y 1962 se perdieron, nos informa JR, 1.6 millones de empleos de cuello azul en el sector manufacturero de EU. La tasa de desempleo de la población negra que no había sido mayor a 8.5 por ciento entre 1947 y 1953, subió a 12.4 por ciento, más del doble que la de la población blanca. En la gráfica se muestra que este diferencial sigue siendo muy alto y que las tasas de desempleo son ahora más altas que las citadas por JR, tanto para negros como para blancos. En las ciudades antes mencionadas, la ola de automatización se presentó combinada con la construcción de nuevas plantas industriales en los suburbios. Describe así JR lo ocurrido:

El número de empleos manufactureros cayó dramáticamente en Detroit desde mediados de los años cincuenta como resultado de la suburbanización y de la automatización. Los trabajadores negros, que sólo unos años antes habían sido desplazados por la piscadora de algodón mecanizada en el sur rural, fueron otra vez desplazados por la mecanización. En los años 50 el 25.7 por ciento de los trabajadores de Chrysler y 23 por ciento de los de General Motors eran afro-americanos. Puesto que los trabajadores negros constituían el grueso de la fuerza de trabajo no calificada, fueron los primeros en ser despedidos. En 1960 sólo había 24 negros entre los 7 mil 425 trabajadores calificados de Chrysler y sólo 67 negros formaban parte de los más de 11 mil trabajadores calificados de General Motors. La productividad y las cifras de desempleo cuentan el resto de la historia. Entre 1957 y 1964, el producto manufacturero en Estados Unidos se duplicó mientras el número de trabajadores de cuello azul cayó en 3 por ciento. (p.75).

Aunque en los años 80 hubo un renacimiento parcial de muchas ciudades del norte al convertirse en ejes de la economía de la información, y esto significó empleos adicionales para trabajadores de cuello blanco y de los servicios altamente calificados, pero para la mayor parte de los afro-americanos esto sólo vino a aumentar la brecha de empleo e ingreso que los separa de la población blanca altamente educada. La única fuente de empleo adicional para los negros ha sido el empleo público que representaba en 1970 el 21 por ciento de todos los empleos de este grupo de la población. Las consecuencias han sido dramáticas:

El desempleo tecnológico ha alterado de manera fundamental la sociología de la comunidad negra de EU. La falta permanente de empleo ha aumentado la ola criminal en las ciudades y la llevado a la desintegración completa de la familia negra. Las estadísticas son escalofriantes. Hoy, 62 por ciento de todas las familias negras son monoparentales. Hacia finales de los años 80 uno de cada cuatro jóvenes afroamericanos o estaba en prisión o en la libertad condicional. (pp.77-78)

Rifkin cita a Norbert Wiener, el padre de la cibernética, ciencia a la que podríamos llamar la madre de todas las computadoras y todos los robots: “Recordemos que la máquina automática es el equivalente económico exacto del trabajo esclavo. Cualquier trabajo que compita con el trabajo esclavo debe aceptar las consecuencias económicas del trabajo esclavo”. No debe sorprender, añade JR, que la primera comunidad devastada por la revolución cibernética haya sido la negra de Estados Unidos. Los negros pasaron de la opresión a la inutilidad, de ser explotados a ser irrelevantes. Más allá de la población negra, algunos pensadores empezaron a sacar conclusiones sobre el impacto social de conjunto de la automatización. Al principio de los años 60 surgió un debate nacional en EU sobre las consecuencias sociales de la automatización que narraré en la próxima entrega.

Fuente: La Jornada 1 de julio de 2011

Autorizan créditos personales a burócratas

Explicó que los créditos se otorgarán hasta por un monto económico de 8 veces su salario cotizable ante el instituto, a una tasa de interés de 1.16 por ciento mensual, es decir, 14 por ciento anual. El presidente Felipe Calderón, a través del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aprobó la primera dotación de 2 mil millones de pesos para respaldar una nueva prestación económica para los burócratas, que consiste en una línea de créditos personales, según confirmó ayer el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala. El dirigente, quien además es representante de esta organización ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), explicó que el Ejecutivo ya autorizó estos recursos especiales por el 50 aniversario del ISSSTE, lo cual fue negociado en la pasada revisión salarial.

Fuente: La Jornada 27 de junio de 2010

Fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado y visiones de futuro

Robert Heilbroner (1919-2005) fue un economista con un gran significado para mí porque sus libros (entre ellos El problema económico, la formación de la sociedad económica y los filósofos mundanos), que me atrevo a llamar clásicos, fueron centrales cuando diseñé e impartí un curso de introducción a la economía (para tres semestres) en el ITAM entre 1969 y1971, que se separaba radicalmente del enfoque convencional de enseñanza de la economía, entrando a ésta por la historia económica y la del pensamiento económico, y no de la microeconomía y la macroeconomía ortodoxas. Heilbroner escribió el prólogo del best-seller de Jeremy Rifkin (El fin del trabajo). Ahí señala, entre otras cosas:

“Los economistas siempre se han sentido incómodos acerca de lo que la maquinaria hace para y a nosotros. Por una parte, las máquinas son la corporización misma de la inversión que impulsa la economía capitalista. Por otra parte, la mayor parte de las veces cuando entra una máquina sale uno o muchos trabajadores. En 1819 el famoso economista David Ricardo escribió que el monto de empleo en una economía no importaba mientras la renta y las ganancias, de donde salía la nueva inversión, no disminuyeran. A ello Simonde de Sismondi le respondió que entonces no habría otra cosa que desear que el rey, permaneciendo solo en una isla, moviendo una manivela constantemente, pudiera producir, a través de autómatas, todo el producto de Inglaterra. El libro abridor-de-mentes de Rifkin es acerca de un mundo en el cual las corporaciones han tomado el lugar de los reyes, y dan vueltas a manivelas que ponen en marcha autómatas mecánicos, eléctricos y electrónicos que proveen los bienes y servicios de la nación”.1

En su breve prólogo, Heilbroner recuerda cómo los desarrollos tecnológicos redujeron, primero, la proporción de la fuerza de trabajo en Estados Unidos de 75 por ciento a mediados del siglo XIX a sólo 3 por ciento a finales del siglo XX; mientras tanto creció el empleo en el sector industrial que llegó a su máximo (35 por ciento de la fuerza da trabajo en los años 60), pero entre 1960 y 1990 el producto de bienes manufacturados continuó creciendo pero el número de empleos requeridos para tal producción se redujo a la mitad, y añade que estamos llegando al final del drama. Que mientras crecía y después se reducía el empleo industrial, el tercer sector (servicios) ofrecía crecientes posibilidades de empleo. Este tercer sector habría pasado de 3 millones de trabajadores en 1870 a 90 millones a finales del siglo XX. Así, el sector servicios salvó a la economía de lo que hubiese sido un desempleo devastador. Pero añade que, al igual que en la industria, en los servicios los empleos que la tecnología creaba con una mano los destruía con la otra. Este sector, añade, creció sobre las espaldas de la máquina de escribir y del teléfono, se redujo con el impacto de la fotocopiadora y de las compras por catálogo, pero fue, concluye, la computadora la que lleva el drama a su cierre, amenazando con llevar la corporación a la isla, mover la manivela mientras los autómatas producen. Heilbroner concluye:

“Ésta es la transformación histórica acerca de la cual escribe Jeremy Rifkin. Si está en lo correcto –y la amplitud y profundidad de su investigación sugieren con fuerza que sí está en lo correcto– estamos empujando la relación entre máquinas y trabajo más allá de los difíciles ajustes de los últimos 200 años [véase gráfica que muestra que, a pesar de la ‘recuperación económica’ en EU el desempleo casi no baja] hacia una nueva relación acerca de cuya configuración podemos decir muy poco, excepto que será marcadamente diferente de la del pasado”.

El fin del trabajo de Rifkin ha sido traducido a 16 idiomas y ha vendido millones de copias. Es uno de los trabajos importantes que examinaré en la serie de Economía Moral que hoy inicia. Rifkin, al igual que André Gorz, y que Radovan Richta, otros dos autores que examinaré en esta serie, reacciona ante la tendencia que consideran inevitable, contraponiendo sus potencialidades luminosas. En Luis J. Alvarez (coord.), Un mundo sin trabajo (editorial Dríada, México, 2003/2008), Rifkin (Tiempo libre para disfrutarlo o hacer filas de desempleados) alerta contra el uso de estadísticas de desempleo que excluyan de éste a quienes, víctimas del desaliento, dejan de buscar empleo, y a quienes están subempleados. Aclara que, cuando hablo del fin del trabajo, me refiero a la lenta disminución de trabajos de tiempo completo con todos sus beneficios y su remplazo por trabajos de medio tiempo y de trabajos a destajo. Discutiendo con quienes dicen que los empleos que se pierden en el primer mundo se crean en el tercero, señala que el trabajador más barato del mundo no será tan barato como la tecnología en línea que lo remplaza.Y añade que los textiles y la electrónica son los últimos dos mercados de trabajo barato responsables del crecimiento en el mundo en desarrollo. Pero los ingenieros alemanes han automatizado la costura y rápidamente nos dirigimos a la producción automatizada de componentes electrónicos. Y concluye:

“El siglo de la biotecnología, la fusión de la revolución de la información y las ciencias de la vida, va a terminar con el trabajo de masas. Ése es el momento antropológico en el que nos encontramos. Tenemos una revolución tecnológica que puede crear un renacimiento o una gran conmoción social. Podemos dar un salto hacia adelante para la generación de sus hijos o podemos tener años, décadas y generaciones de inestabilidad y disturbios.”

Termino ilustrando las dos opciones de la encrucijada que anuncia Rifkin: la descomposición social o la edad de oro. La primera puede verse cuando André Gorz dice que algunos estrategas del desarrollo del capitalismo preconizan para el tercer mundo el desarrollo a rayas: no ya del país o de territorios, sino solamente de enclaves cuyo ingreso por habitante podrá llegar a ser 10 o 20 veces más alto que el de los habitantes del resto del país. El “desarrollo no deberá difundirse fuera de los enclaves, el capitalismo deberá amurallarse en ‘Estados ciudades’ y ‘villas privadas’, conducir sus ‘guerras privadas’ contra las poblaciones convertidas en nómadas y guerreras, tras la descomposición social”. (Miserias del presente, riqueza de lo posible, Paidós, Buenos Aires, 1998). La opción potencialmente luminosa se expresa en Marx (El Capital, Siglo XXI Editores, Vol.2, p. 497)²:

“Si todas las herramientas, soñaba Aristóteles, el más grande pensador de la Antigüedad, obedeciendo nuestras órdenes o presintiéndolas, pudieran ejecutar la tarea que les corresponde, al igual que los artefactos de Dédalo [inventor de la mitología griega], que se movían por sí mismos, o los trípodes de Hefesto [Dios del fuego y los herreros], que se dirigían por propia iniciativa al trabajo sagrado; si las lanzaderas tejieran por sí mismas [...], ni el maestro artesano necesitaría ayudantes ni el señor esclavos.” Y Antípatro, poeta griego, saludó la invención del molino hidráulico para la molienda del trigo, esa forma elemental de toda la maquinaria productiva, como liberadora de las esclavas y fundadora de la edad de oro. ¡Dejad reposar la mano que muele, oh molineras, y dormid plácidamente! ¡Que el gallo en vano os anuncie la aurora!

Fuente : La Jornada 24 de junio de 2011

Burócratas recibirán 4.75% de aumento salarial

La Secretaría de Hacienda y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado acordaron un incremento salarial para más de un millón de burócratas de 4.75 por ciento en promedio ponderado, es decir serán más beneficiados los que menos ganan, así como el 1.3 por ciento en prestaciones económicas retroactivo al 1 de enero del presente año, con lo que percibirán en promedio 8 mil 500 pesos mensuales.

Joel Ayala, líder de la citada federación, reconoció que aunque no es suficiente este aumento para cubrir las necesidades de los trabajadores, se ajusta a la realidad económica del país.

Precisó que luego de varias semanas de negociación con la Secretaría de Hacienda y representantes sindicales, se estableció elevar las prestaciones de ayuda para despensa, previsión social múltiple y ayuda por servicios a 580 pesos mensuales adicionalmente.

Se acordó un nuevo préstamo adicional por el 50 aniversario del ISSSTE a los trabajadores al servicio del Estado, que representa un monto económico de hasta ocho veces el salario cotizable ante el ISSSTE, en lo cual se considera el salario de cada trabajador en particular, y se establece el interés del 1.16 por ciento mensual (14 por ciento anual).

Éste, explicó Joel Ayala, se distribuirá de forma equitativa basado en la normatividad existente para todos los burócratas en el país. Lo anterior, lo basó Ayala en un comunicado conjunto de la Secretaría de Hacienda y la citada federación.

Fuente: El Universal 23 de junio de 2011

Ordena la Corte a la STPS no interferir en los procesos internos de los sindicatos

En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que la toma de nota de los sindicatos por parte de las autoridades laborales debe limitarse a la verificación de los requisitos estatutarios, sin revisar lo que haya resuelto la asamblea sindical, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo podrá negar el registro o toma de nota a una dirigencia sindical sin hacer pronunciamiento sobre la validez, cuando falte alguno de los requisitos indicados en los estatutos de los sindicatos.

De esta manera, con el apoyo de la mayoría de ministros (seis votos a cinco) el pleno aplazó la revisión del amparo presentado por el sindicato minero, en el que impugna la decisión de la STPS de negar la toma de nota a la dirigencia sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Como lo adelantó este medio, el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Aguirre Anguiano planteaba negar el amparo al sindicato minero ante la negativa de la autoridad laboral a entregar la toma de nota. Fuentes judiciales consultadas dieron por un hecho que igualmemnte su nuevo documento negará el amparo.

Fernando Franco, quien fue subsecretario del Trabajo del 8 de diciembre de 2000 a 15 de enero de 2005, se declaró impedido para conocer del amparo –o cual fue avalado por el pleno.

De esta manera, serán 10 los ministros que resuelvan la demanda del sindicato minero y, de acuerdo con funcionarios judiciales consultados, la moneda está en el aire y se prevé una votación dividida.

En la sesión de ayer, el ministro presidente Juan N. Silva Meza planteó que el Estado está obligado a respetar las elecciones internas de los sindicatos. El Estado no puede interferir ni puede tener una participación a través de la cual entorpezca la ejecución de decisiones tomadas por sus agremiados.

Subrayó que ni siquiera en el caso del registro sindical, cuando recién se constituye un sindicato, tiene la autoridad administrativa o facultades para autorizar o aprobar, menos aún para negarse a reconocerlos, salvo que se incumplan formalidades muy sencillas, estipuladas por la ley.

Funciones de la autoridad administrativa

Aseveró que no es la autoridad administrativa a quien corresponde juzgar la legalidad estatutaria de una elección sindical.

Silva coincidió con la mayoría –Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia– que con el nuevo criterio, la autoridad puede revisar simples formalidades de la documentación con que se acompaña la solicitud de toma de nota y nunca aspectos sobre la elegibilidad de quienes fueron electos.

Aguirre, en cambio, dijo que la libertad sindical se defiende a través del acto administrativo simple que es la verificación, lo que no significa escamotear la libertad sindical, sino afincar la libertad sindical.

José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero consideraron que la autoridad no estaba facultada para intervenir en la vida interna de los sindicatos; mientras que Jorge Pardo Rebolledo se opuso a que la jurisprudencia fuera modificada.

Fuente: La Jornada 21 de Junio de 2011

Salario mínimo. Cuatro décadas

El salario mínimo (SM) nació en México con la Constitución de 1917, aunque fue reglamentado hasta 1931 con la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo. Integrado operativamente por comisiones a escala municipal, el sistema regulador de los SM operó parcial y anárquicamente hasta 1936 cuando se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) como organismo rector de las comisiones regionales.

A partir del primero de enero de 1987 desaparecen las comisiones regionales y la función de fijar los salarios mínimos para el país queda en manos de la CNSM, con su constitución tripartita (gobierno, patrones y lideres de trabajadores).

En los pasados 35 años, las decisiones de la CNSM han sido arbitrarias, adversas a los trabajadores, inconstitucionales e ilegales. Han violado sistemática e impunemente la Constitución (título sexto, art. 123) y la Ley Federal del Trabajo (cap. VI, art. 90) que a la letra establecen: Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

El salario mínimo real

Históricamente, el SM real (quitando la inflación y haciéndolo comparativo en el tiempo) tuvo su punto máximo y de inflexión hace siete lustros, en 1976. (Gráfico 1)

Entre ese año y 2010 el salario mínimo real se ha reducido -76.1%, esto es, su poder adquisitivo real es hoy únicamente el 23.9% del que tenía en 1976 (Gráfico 2). Por sexenios, el gobierno de Echeverría (1971-76) fue el último en que el salario mínimo aumentó en términos reales (31.4%), con López Portillo disminuyó -18%, con De la Madrid -47.5, con Salinas -23.4, con Zedillo -24.2, con Fox -1.1 y en el actual -3.3%.

En un periodo más cercano (desde 1982, año en que empieza a calcularse el índice de la canasta básica e inicia formalmente la etapa neoliberal) los índices corroboran la pérdida. En el catastrófico lapso 1982-2010 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) pasó de 100 a 46,067 puntos, el específico de alimentos a 46,734 y el de la Canasta Básica a 51,397, mientras que el índice del salario mínimo nominal aumentó únicamente de 100 a 17,522 puntos (Gráfico 3).

Este rezago del poder adquisitivo del SM (1982-2010) se ve claramente en el Gráfico 4.

Conclusiones

1) La erosión del poder adquisitivo (valor real) del SM ha sido una política deliberada y sistemática de los pasados seis gobiernos enfocada a: la contención salarial general (el Consejo Coordinador Empresarial reconoce que el SM muy poca gente lo gana y es sólo una referencia con base en la cual se suben los salarios de las empresas); a disminuir presiones inflacionarias; a la reducción de costos laborales en las empresas; a elevar la competitividad (aunque más bien lo que se ha elevado es la tasa de ganancia); y al ahorro de gobierno y empresas en prestaciones y pensiones.

Fuente: La Jornada 20 de junio de 2011

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL ISSSTE

Organizaciones aglutinadas en el Frente de Trabajadores de la Educación, la Investigación y la Cultura (FNTEIC) exigieron el rescate del ISSSTE, ya que con la nueva ley de ese Instituto, impuesta en marzo del 2007, donde se asiente el proceso de reconstrucción de la seguridad social en su sentido amplio, solidaria y transgeneracional, para los trabajadores en activo y en retiro (jubilados y pensionados) y su familia.

En conferencia de prensa, el 13 de junio del 2011, maestros disidentes del SNTE Democrático afirmaron que con esa ley, se precipitó la privatización del ISSSTE; y ahora se ha convertido en una administradora de seguros médicos, financiadora de farmacéuticas y de laboratorios privados; agente de venta de las sofoles y constructoras de vivienda; impulsora de afores y otorgante de créditos leoninos.

Por lo que de forma emergente, dijeron, se debe incrementarse el presupuesto del ISSSTE, para la construcción de nuevos hospitales plenamente equipados; para la contratación del personal médico familiar y especializado necesario; para el pleno abasto del cuadro básico de medicamentos, y para dotar del material hospitalario y de quirófano suficiente. Lo anterior es urgente para que se atienda a toda la derecho habiencia con ética profesional y sentido humano.

Por separado, Esthela Damián Peralta detalló que en cumplimiento al artículo 29 transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el gobierno federal entregó de manera extraordinaria ocho mil millones de pesos al ISSSTE para el llamado Seguro de Salud.

Sostuvo que a la hasta la fecha el dinero previsto para la modernización los hospitales, no ha sido utilizado lo que ha generado un déficit de médicos y enfermeras, además de desabasto de medicinas en clínicas y hospitales.

Por lo que manifestó: “es necesario que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular del ISSSTE, Jesús Villalobos López, pues como representantes de los intereses ciudadanos, los legisladores tenemos la obligación de vigilar que el ISSSTE y demás instituciones de salud garanticen el bienestar integral de sus derechohabientes, y que presten un servicio eficaz, eficiente y de calidad”, resaltó.

Fuente: www.frecuencialaboral.com

GRAVE DESABASTO DE MEDICINAS EN SISTEMA DE SALUD

En el IMSS, ISSSTE como en la Secretaría de Salud es preocupante el desabasto de medicamentos, insumos, instrumental médico y reactivos, porque afecta la atención médica a los derechohabientes, reconoció el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala, al dar a conocer que espera que el término del presente año concluya la regularización de 50 mil trabajadores de la rama médica y paramédica.

En entrevista, explicó que buscarán que ese número de trabajadores tenga acceso a mejores salarios y prestaciones, y que se sumarán a los 70 mil que ya han sido beneficiados en los últimos tres años.

El diputado federal priista, sostuvo que las mediciones que se dan respecto al desabasto son fórmulas estadísticas que no siempre se acercan a la realidad, pero lo cierto, dijo es que si hay un problema de desabasto, por lo que tanto las autoridades del IMSS, ISSSTE tienen que hacer su mejor esfuerzo para atacar ese problema.

En el caso de la SSA, manifestó, los servicios de salud de los estados es donde recaen mayormente la responsabilidad, tanto el abasto, personal y atención médica,” creo que la SSA tiene un buen esquema, para resolverlo, en el caso del IMSS e ISSSTE, está centralizado, y se tienen que resolver porque si es grave”, indicó.

Sin detallar el porcentaje de desabasto de medicamentos en la SSA, comentó que no se puede resolver un problema como ese, sino hay los recursos suficientes, y tampoco voluntad política para hacerlo va a ser más difícil. “Es cuestión de voluntades y que el presidente diga que se solucione el problema de desabasto”, recalcó.

Respecto al tema de la regularización de 50 mil trabajadores manifestó que este personal fue contratado como parte del Seguro Popular al margen de la organización gremial, y si bien no estaban en condiciones laborales precarias tampoco gozaban de las conquistas del resto de los sindicalizados.

“Es una negociación que hay venido llevando a cabo, va caminando, han sido regularizados en primera y segunda etapa, durante 2008 y 2009 y parte del 2010, 70 mil en este año está proponiendo que se regularicen por lo menos a 50 mil trabajadores, que no están bajo el criterio de lo que llamaron precarios, sino vamos por circunstancias de contratación bajo el apego a la ley”, subrayó.

Destacó que para la contratación de personal cada entidad federativa está en razón de su presupuesto, por lo que lo hacen de acuerdo a la infraestructura que ponen en marcha.

“Es una contratación que se hace con recursos del Seguro Popular y lo que hemos propuesto es que los ampare todo lo que le corresponde a un trabajador de base; ya hemos logrado ir regularizando a trabajadores que habían sido contratados a margen de la ley y todo lo que se contrata a partir de esa fechas es en apego a la LFT, el artículo 123, apartado b, y principalmente tengan seguridad social a través del ISSSTE”, puntualizó.

Admitió que existe el problema de falta de personal médico en hospitales que se han abierto recientemente, por lo cual consideró que se deben revisar algunos números y es cuestión de voluntades y el presidente Felipe Calderón diga que se solucione el problema de desabasto. “No es de que se haya hecho una reforma a la ley del ISSSTE para seguir como estaba”, agregó.

Por otra parte, comentó que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) ha insistido a las autoridades federales y estatales reforzar la vigilancia y seguridad en los hospitales, sobre todo en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, y Durango.

Concluyó que aún existen trabajadores que laboran en esos estados, sobre todo médicos, que han solicitado su cambio de adscripción por los altos índices de violencia que se registran casi a diario.

Fuente: www.frecuencialaboral.com

Pocas enfermeras y sin equipos

Tulancingo, Hidalgo.- Cansadas de las carencias que tienen para desempeñar sus labores, enfermeras del Hospital Regional de Tulancingo expresaron su inconformidad, a través de una denuncia pública.

Catalina Espinosa y algunas de sus compañeras hablaron de las insuficiencias en cuanto al material médico, así como la falta de personal para brindar atención adecuada a los cientos de pacientes que diariamente acuden al referido nosocomio.

"Hoy (sábado), tenemos más de 100 pacientes, y sólo somos 15 enfermeras, cuando debería haber 30", argumentaron a reporteros de este diario.

Añadieron que de plano no se dan abasto y la gente con justa razón exige mayor atención en cada una de las áreas.

"En alojamiento conjunto, hay 19 pacientes y una sola enfermera; el quirófano está lleno; en terapia intensiva, una enfermera tiene que atender a tres pacientes que se encuentran graves".

Dijeron en tono molesto y con preocupación que el quirófano estaba lleno y en ocasiones tienen que disponer de camillas o del mismo quirófano a fin de acomodar a los pacientes, lo cual representa un riesgo para la salud.

Agregaron que no cuentan con el suficiente material quirúrgico, además de que parte de éste está oxidado.

"El campo quirúrgico, que es una prenda que utilizan en las cirugías, está lleno de agujeros", dijeron, al tiempo que lo mostraron.

Las inconformes comentaron que no han tenido acercamiento con el secretario de Salud y que el director del Hospital Regional no les da ninguna solución.

"Los directivos se levantan el cuello en entrevistas que dan a periódicos, en radio y televisión, diciendo que hay calidad en la salud, pero eso no es cierto, pues hay muchas deficiencias, culpándonos a las enfermeras de la mala atención", refirieron.

El ginecólogo Mario Arteaga coincidió con las enfermeras, señalando que se arriesga la salud de los pacientes al colocarlos en camillas o en el quirófano, pues no son los lugares adecuados.

Las enfermeras acotaron que de continuar esta situación, tomarán otras medidas, como replegar los servicios..

"Los sábados, domingos y días festivos se nos complica, ya que llegan muchos pacientes, sobre todo por las noches y madrugadas, principalmente en urgencias. Es importante que contraten más enfermeras", añadieron.

Fuente: El Sol de Hidalgo 13 de Junio de 2011

La "reforma" Calderón al ISSSTE y las licitaciones de YunesLa "reforma" Calderón al ISSSTE y las licitaciones de Yunes

Signos de estos tenebrosos tiempos. El 20 de enero de 2010, celebrando los 50 años del ISSSTE, entre sonoras carcajadas y en su calidad de titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón se tomó la insólita libertad de hundir el rostro del director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, en el pastel que había sido dispuesto para la celebración.

Mientras se confirmaba un megafraude en Fovissste sobre 4 mil 500 créditos hipotecarios irregulares por 570 millones de pesos; mientras crecía el escándalo en Turissste por la adjudicación directa 14 contratos por 447 mp para la organización de los actos del bicentenario y coincidiendo con el despido e inhabilitación del titular de Finanzas –por haber contratado a una empresa con 23 millones de pesos para realizar un censo de recursos humanos innecesario–, así como la designación del nuevo director médico, Gabriel Manuel Lee, en enero de 2011 la última licitación de Miguel Ángel Yunes había terminado en el mayor desabasto en la historia del ISSSTE.

Pero Jesús Villalobos López, director del instituto, todavía firmó un convenio con la Fundación Lilly y Roche de México para frenar la epidemia de diabetes.

Poco antes se había escuchado la queja de más de 500 pequeñas y medianas empresas –que durante 10 años surtieron al ISSSTE de reactivos, insumos para los laboratorios clínicos y bancos de sangre– porque en la nueva licitación nacional mixta sólo seis obtendrían los contratos multianuales hasta por 4 mil millones de pesos anuales.

Después de que en 2007 Calderón justificara su reforma como una necesidad que mejoraría los servicios, poco antes de emprender su fracasada candidatura al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes ejecutó costosas licitaciones que sólo han perjudicado a la derechohabiencia.

Aunque la nueva ley es más cara que la que abrogó, fue dotada de 8 mil millones de pesos adicionales sólo para el Seguro de Salud. Pese al muy menguado coro de plumas porristas que siguen atribuyéndole algunos beneficios fiscales inexistentes, la ley ya no soporta la carga pensionaria de los jubilados, ni de los trabajadores amparados en el artículo décimo transitorio, ahora en responsabilidad de Hacienda. Tampoco las de los de nuevo ingreso, individualizadas en Pensionissste. Y, sin embargo, la calidad de los servicios institucionales no reporta ninguna de las cacareadas mejoras que tanto publicitó Calderón.

La licitación para Fármacos especializados. En febrero de 2009, Yunes firmó el mayor contrato de asignación para el suministro de medicamentos en la historia del gobierno federal: 3 mil 220 millones de pesos. Equivalente al total del pasivo laboral del ISSSTE como patrón: 3 mil 631 millones de pesos.

Durante el resto del sexenio, Fármacos quedaría a cargo de toda la administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos y materiales de curación para las 794 unidades del ISSSTE a nivel nacional. Debería entregar hasta mil 300 millones de piezas. El nuevo sistema implicaba una transformación radical del esquema de operación anterior. Fármacos establecería el Cenadi a no más de 40 kilómetros del Zócalo capitalino, en un inmueble de al menos 20 mil metros cuadrados y concentraría las entregas de sus proveedores. En el sitio, funcionarios del instituto harían el control de calidad de los productos que Fármacos debería entregar, posteriormente, en todo el país. El ISSSTE aceptó la petición de Fármacos para actualizar –de acuerdo al índice inflacionario– los precios del servicio a partir de 2010. La licitación también contempló los quimioterápicos. Pero su calidad fue inmediatamente cuestionada por las reacciones adversas que impactan a los pacientes. Siendo que, aun los de calidad, suelen dejar secuelas.

El 18 de junio de 2009, Calderón visitó el Cenadi en Tlanepantla y garantizó 100 por ciento de abasto gratuito gracias a la incorporación de 700 farmacias privadas. Ahí explicó que el derechohabiente recibiría un cupón que podría canjear en ellas para adquirir lo que no encontró en los hospitales, clínicas y farmacias del ISSSTE. Además de Fármacos, en la cadena de distribución de las 700 farmacias privadas quedaron integradas las firmas Saba, Casa Marzam y Fármacos Nacionales.

El 29 de enero de 2011, el ISSSTE se vio forzado a comunicar que, a través del Programa medicamento exprés, tenía asegurado el abasto de recetas médicas en todo el país. El retraso se debe a un contratiempo administrativo que se normalizará en unos días. Una semana después, la gravedad del contratiempo alcanzaba la carencia total de varias claves de medicamentos y de lo más elemental: analgésicos y antibióticos. No había ni paracetamol. La magnitud del desabasto imposibilitó el canje en las 738 farmacias privadas enlistadas.

Pero para el doctor Córdova, secretario de Salud, se trató de problemas internos de desabasto, mas no de surtimiento de recetas. Y el director Villalobos agregó que desde la reforma, la demanda de servicios médicos ha crecido 20 por ciento, lo que ha obligado a comprar más medicamentos. Es un incremento suficiente para quebrar a cualquier empresa privada. El desabasto se debió a un retraso administrativo.

A junio 2011 y con una bolsa de 14 mil millones de pesos, el desabasto sin precedentes persistía, sobre todo en las entidades federativas. Pero para Gabriel Manuel Lee es sólo un problema de surtimiento.

Como manda su artículo cuadragésimo sexto transitorio, la ley Calderón debe ser revisada actuarialmente en abril de 2011. Es la hora de reformar esa fracasada reforma.

Fuente: La Jornada 11 de Junio de 2011

No completan esquemas de vacunas

Pachuca, Hidalgo.- Un desabasto de 13 mil unidades en la vacuna pentavalente y otro de ocho mil unidades correspondiente a la de rotavirus enfrenta la Secretaría de Salud en Hidalgo, lo cual significa, en cálculos conservadores, que por lo menos cuatro mil niños han dejado de ser vacunados o sólo les fue aplicada una o dos dosis de pentavalente y rotavirus.

La subsecretaria de Salud, Ana María Tavares, afirmó que el resto de las vacunas que integran las cartillas sí se encuentran en existencia y listas para ser aplicadas a la población.

"BCG (contra la tuberculosis en forma grave), antineumocóccica (contra infecciones invasivas graves), DPT (refuerzos contra difteria, tosferina y tétanos), Sabin (contra la poliomielitis), triple viral (contra sarampión, parotiditis o paperas y rubéola), toxoide tetánico diftérico (contra difteria y tétanos) las tenemos listas en todos los centros".

La doctora explicó que aún no hay fecha para que el Gobierno Federal cubra esta demanda; sin embargo, señaló, existe un plan de distribución y aplicación que permitirá aplicar los biológicos rápida y efectivamente, una vez que lleguen a la entidad.

Igualmente, indicó, el Sector Salud en Hidalgo está realizando las siguientes acciones: administración de la vacuna contra la poliomielitis a todos los menores de cinco años, vacuna contra el tétanos neonatal en el caso de mujeres embarazadas y a otros grupos para prevenir el tétanos del adulto.

"Del mismo modo se capacita a los responsables de menores de cinco años sobre el uso de Suero Vida Oral y se les otorgan sobres a fin de prevenir las complicaciones de la diarrea, se distribuye antiparasitario (albendazol) para infantes, así como ácido fólico para mujeres en edad fértil a efecto de prevenir los defectos del sistema nervioso al nacimiento de sus hijos".

La doctora subrayó que la Secretaría permanece atenta a la liberación de los biológicos. Tan pronto se pongan a disposición del Sector Salud, se procederá a complementar el esquema de vacunación.

"La logística de distribución y aplicación nos permitirá superar el desfase en la aplicación de la vacuna".

La secretaria guarda los registros de aquellos niños que han acudido a las unidades de salud a ser vacunados, así que se dará prioridad a éstos una vez que las vacunas sean distribuidas.

"Lo que sí recomendamos a la población es que nos ayude manteniendo permanentes sus medidas de prevención, sobre todo lo que tiene que ver con la higiene, evitando así que puedan darse otro tipo de complicaciones".

La doctora recordó que, el 19 de mayo pasado, en los medios de comunicación nacionales se dio a conocer que la Secretaría de Salud federal ha reportado retrasos en fabricación y surtimiento de vacunas desde el año pasado, por tanto, todo el Sector Salud está con el desfase de millones de dosis de rotavirus y neumococo, inclusive fue necesario cambiar de proveedor para mejorar la entrega..

"El retraso de la liberación y la entrega de lotes en vacunas ocasionó que el Sector Salud dejará de aplicar 7.3 millones de dosis en el ámbito nacional", expuso.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Hidalgo, desde principios 2011, efectuó el pedido para el abastecimiento de la vacuna de este año.

Fuente: El Sol de Hidalgo 2 de Junio de 2011

Gremio de la Lotería deja filas de la FSTSE

El sindicato de la Lotería Nacional anunció ayer su salida de las filas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), a la que perteneció durante varias décadas, ya que –según indicó– esta central obrera ya perdió dirección y rumbo y ha iniciado su irreversible desintegración. En conferencia de prensa, Armando Valente Juárez Arroyo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, indicó que los trabajadores tomaron la decisión de abandonar la FSTSE, que encabeza Joel Ayala Almeida. Explicó que una de las razones es que nunca encontraron apoyo de la federación a sus conflictos y demandas, ya que que Ayala Almeida nunca recibió siquiera al comité ejecutivo de este sindicato.

Fuente: La Jornada 1 de abril de 2011

Acepta la OIT denuncia por sindicalismo blanco en México

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió su 359 Informe del Comité de Libertad Sindical, en el que señala que fue admitida la queja que presentaron diversas organizaciones contra el Estado mexicano por permitir la práctica extendida de los contratos colectivos de protección patronal o sindicalismo blanco.

En sesiones realizadas en Ginebra, Suiza, el 3, 4 y 11 de marzo del presente año, y luego de una amplia investigación, el organismo emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la solicitud al gobierno de México para que se inicie un diálogo constructivo con las organizaciones querellantes –entre ellas centrales obreras internacionales y nacionales– y se examine la situación de los sindicatos de protección en el país.

Asimismo, la OIT indicó al gobierno que se revise la representatividad mínima de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente, y la falta de imparcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, además pidió a la representación mexicana que le informe de las reuniones que se lleven a cabo y de los resultados de este diálogo.

La demanda número 2679 contra el Estado mexicano fue presentada por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), apoyada por la Confederación Sindical Internacional y diversas organizaciones sindicales mexicanas, como la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos Petroleros, el Sindicato Minero y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Prácticas gansteriles

Se presentaron diversos casos de sindicalismo de protección en México y sus prácticas gansteriles: la represión, los recuentos amañados y las resoluciones en contra de los trabajadores en las juntas de Conciliación y Arbitraje.

El gobierno federal respondió que no existen en el país contratos de protección porque la ley no lo permite, mientras organizaciones –como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)– que apoyan la postura del gobierno también declararon que las denuncias por la existencia de sindicalismo blanco son exageraciones de la prensa local, que está acostumbrada a mentir y a exagerar en algunas cuestiones.

En contraparte, ante la OIT los demandantes calificaron de cinismo extremo esas declaraciones del gobierno mexicano, y resaltaron el caso de seudolíderes sindicales como Ramón Gámez Martínez, prófugo de la justicia, quien aun así detenta la titularidad de una amplia red de sindicatos.

Gámez obtuvo buena parte de sus contratos colectivos por sus relaciones con el despacho Baker & Mackenzie. Entre los centros de trabajo controlados por el Justo Sierra se incluye la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s y planteles de la Universidad del Valle de México.

En tanto, la OIT señaló que existen múltiples pruebas de la existencia de los contratos colectivos de protección patronal como práctica generalizada, aun cuando el gobierno mexicano en su primera respuesta lo negó.

La Concamin también criticó a los académicos que han hablado sobre el tema y considera que se exhiben una serie de documentos periodísticos y académicos que no tienen ninguna relación con la libertad sindical y que además no pueden tomarse por válidos, pues no representan un hecho cierto indubitable, que por la experiencia que se tiene en México de las publicaciones periodísticas y académicas, en la inmensa mayoría de los casos, modifican, tergiversan o deforman lo expresado por los supuestos declarantes.

Ante ello, el Comité de Libertad Sindical de la OIT invitó al gobierno de México a que tome medidas para iniciar un diálogo constructivo con las organizaciones de trabajadores (incluidas las querellantes) sobre la aplicación de la legislación laboral y sindical, a fin de examinar las cuestiones relacionadas con los contratos de protección, diálogo que debe incluir las cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical de exclusión, y la presunta falta de imparcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras.

Fuente: La Jornada 30 de marzo de 2011

El PRI contra los trabajadores

Todo mundo ha podido saber del modo tortuoso en que transitó la reforma laboral del PRI. Su bancada en la Cámara de Diputados presentó, en diciembre de 2010, un proyecto que, en su momento, fue ampliamente discutido, sobre todo por los profesionales del derecho del trabajo. No era perfecto (nada lo es), pero al menos todavía se compadecía de la esencia del derecho laboral. Se sabe que el mediocre que coordina la fracción, en lugar de discutir la iniciativa con los representantes de los demás partidos, fue sumisamente a someter el proyecto a los abogados de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial.

Los abogados patronales deshicieron la iniciativa y la corrigieron en todo su texto. Rojas, como un beodo, aceptó todas las observaciones patronales e impuso a su bancada el proyecto corregido y aumentado por los representantes patronales. No le importó que su famélico sector obrero protestara por la imposición ni, tampoco, que la opinión pública se le echara encima por su villanía. Se dice que no es más que un gato de Salinas. Sí es cierto, pues Salinas es el verdadero promotor de esta infame reforma laboral que trastoca todos los principios de justicia social que informan al derecho del trabajo. Eso, en realidad, ya no puede extrañar a nadie.

También es ya harto sabido que la iniciativa reaccionaria del PRI es casi una copia de la que presentó en su momento el gorila que despacha en la Secretaría del Trabajo. No hay, luego entonces, misterio alguno en la intención de los priístas de obsequiar las exigencias de los patrones en materia laboral. Se les está haciendo la faena y preparando la mortaja de los trabajadores de México que, de aprobarse esta reforma, quedarán, sin medios términos, en la más completa indefensión. El PRI ha echado marcha atrás del modo más ignominioso y desvergonzado que pueda imaginarse respecto de su propuesta de diciembre pasado.

Tres son los pilares de la propuesta priísta: uno, la legalización para todos los efectos de la terciarización, subcontratación, intermediación o outsourcing, como se le prefiera llamar, que consiste en contratar mano de obra que se vende a un tercero, llamado beneficiario. Eso es una vieja práctica laboral en Estados Unidos, pero en México nunca existió hasta que, por la vía de los hechos, empezó a darse, precisamente, desde la época de Salinas. El nuevo artículo 15 bis que propone el PRI define y legitima legalmente esa forma de obtención de mano de obra. Establece, desde luego, que deberá formalizarse por escrito, estableciendo la manera en que se garantizarán los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores involucrados.

El problema es que, en la práctica, no hay modo de constatar que esos derechos quedarán garantizados, porque la relación se reduce a un vínculo puramente personal del trabajador con su intermediario y no puede constar en un contrato formal de trabajo. Además, existe ya una práctica muy amplia en la que la informalidad de las relaciones de trabajo intermediado domina en todos los aspectos. Es ahí donde podemos ver la importancia que reviste la contratación colectiva, vale decir, el acuerdo que se establece entre un patrón y un representante legal y reconocido de los trabajadores, o sea, el sindicato. En la intermediación el trabajador queda totalmente desamparado, no sólo porque carece de instrumentos eficaces para su defensa, sino porque no puede contratar sobre sus derechos, puestos en la inopia total.

Mediante la intermediación, el trabajador es convertido en una miserable carne de cañón que es vendida no por el trabajador poseedor de su fuerza de trabajo, sino por uno que se sustituye a su voluntad y que es el intermediario. El que contrata es éste y no el trabajador. El que decide del destino de la relación laboral es el intermediario, no el trabajador. Mediante ese modo de contratación, el trabajador es despojado de todos sus derechos y sólo puede reclamarlos ante uno que no puede darle ninguna satisfacción, vale decir, de nuevo, el intermediario. Que el PRI, partido al que todavía pertenece la mayoría de los sindicatos del viejo movimiento obrero presente esa iniciativa, está aceptando que los sindicatos, incluidos los suyos, ya no sirven absolutamente para nada.

El segundo pilar de la iniciativa priísta radica en la anulación de los derechos de defensa de los trabajadores en los conflictos laborales y en la limitación de la representatividad de las organizaciones de los trabajadores. Sin presentar propuestas que fijen la obligatoriedad de acortar el tiempo en que los juicios laborales deben ser resueltos, la iniciativa priísta acorta a un año (la propuesta panista fijaba el término en seis meses) el pago de salarios caídos. Como se ha comentado, sobre todo por parte de abogados laboralistas, el término de duración de un juicio va siempre en torno de los cinco años. Ello significa despojar a los trabajadores de todo medio de resistencia.

La iniciativa priísta va contra la representación sindical efectiva en más de un sentido, pero, en particular, contra los sindicatos gremiales que, como todo mundo sabe, son la inmensa mayoría de los sindicatos, sobre todo del PRI. El artículo 388 establece que un contrato colectivo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores de las empresas o establecimientos no podrá dividirse para cada gremio. Basta que los empresarios decidan con quienes quieren contratar para que su voluntad se haga ley. En Monterrey, el reino de los sindicatos blancos, eso es el verdadero orden del trabajo. Y hoy los priístas nos lo proponen como la regla general de la contratación colectiva del trabajo.

El tercer pilar de la iniciativa priísta de reforma laboral es la preservación del régimen sindical que es propio del PRI y que, en otras épocas, hizo la clave de su sistema de dominación de masas. La propuesta panista, por lo menos, esbozaba unos cuantos lineamientos de democratización de la vida sindical. Desaparecían, por ejemplo, las votaciones abiertas que se prestaban a la manipulación de la voluntad de los trabajadores y se establecían diversos mecanismos de control de la vida sindical que, en apariencia, tendían a democratizar y transparentar la vida sindical. A los priístas, muy naturalmente, les parece que debe preservarse el viejo aparato sindical con todos sus vicios y su modo arbitrario y autoritario de funcionamiento.

Se podrían citar muchos otros detalles de la propuesta priísta de reforma laboral que provocarían náuseas. Cuando se denuncia la derechización del PRI, sobre todo, desde la época de Salinas, nada viene a reforzar esa idea como esta iniciativa que a los mismos priístas pone los pelos de punta. Aunque a ellos no les debe importar mayormente, acciones como la que da lugar a esta iniciativa y, en particular, los entretelones en medio de los que se cocinó, demuestra palmariamente que los priístas son tan reaccionarios y derechistas como los mismos panistas y, muchas veces, como en su línea sindical, peores que ellos. Cuando decimos que el PRI y el PAN son lo mismo, estamos en lo cierto. El único problema es saber, en cada caso, cuál de ellos es el peor.

Fuente: La Jornada 27 de marzo de 2011

Reforma laboral y la OIT

En tan sólo unos días la iniciativa priísta de reforma laboral provocó una condena generalizada del sindicalismo democrático, académicos, organizaciones no gubernamentales, abogados, analistas y sectores diversos de la sociedad civil; también de dirigentes y legisladores del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI), unos reclamando que su texto no coincidía con el presentado en el cónclave celebrado en Acapulco en enero pasado; otros, reconociendo que aprobarla en sus términos era darse un balazo en el pie, porque los trabajadores, cuyo despido facilita la propuesta, nunca se los perdonarán.

Una pregunta que no resulta fácil responder está relacionada con los motivos por los cuales el PRI cambió radicalmente de rumbo en tan sólo tres meses, pasando de aquella iniciativa presentada en diciembre de 2010 a una que destruye los cimientos del derecho laboral, del que presumen haber sido constructores. Tuvieron la oportunidad, y aún la tienen, de regular de manera distinta al menos, los dos aspectos más lesivos: la subcontratación (outsourcing) y las reglas para el despido.

En relación con la subcontratación, al igual que el colesterol, hay una mala y otra buena. La primera tiende a simular relaciones de trabajo ocultando la responsabilidad del verdadero patrón receptor del servicio, busca reducir salarios y ampliar la indefensión, trastoca dos principios elementales del derecho laboral: el que reconoce la calidad de patrón al que recibe un servicio personal subordinado y el principio de igualdad trabajo-salario entre los propios trabajadores. Por otro lado, el bueno es aquel, de carácter excepcional, justificado por aportar al proceso productivo un insumo especializado que no forma parte de las tareas ordinarias de la empresa beneficiaria. Asumirlo tendría un costo que afectaría su viabilidad y competitividad. Por ello, la subcontratación debe ser regulada adecuadamente, acotar los elementos que la justifiquen, registrarla y someterla a inspección y vigilancia para evitar abusos, que dañan no sólo al trabajador, sino también al sistema de seguridad social y al fisco.

Respecto de la justicia laboral, los legisladores tienen la oportunidad de resolver un añejo reclamo en el que coinciden empresarios, trabajadores y sociedad en su conjunto: contar con un sistema de justicia que resuelva con rapidez e imparcialidad los conflictos de trabajo. Si nos atenemos a los plazos de ley los juicios deberían concluir en tres meses y no en cuatro o cinco años, como sucede en la práctica, pero para lograrlo hay que identificar las causas que generan la tardanza y no endilgar a los trabajadores su costo, como propone la iniciativa priísta, al señalar que de estos cinco años sólo se debe pagar al trabajador máximo uno, si se espera, si gana el juicio y si logra cobrar.

Una justicia laboral imparcial y eficiente sería aplaudida por toda la sociedad, así lo ha demostrado la consulta nacional que llevó a cabo en años pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, se deben identificar las causas que la hacen parcial y lenta, reconocer que el carácter tripartito de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) es anacrónico y ficticio; es caro, porque hay que pagar salarios a representantes sectoriales cuya presencia no se justifica; lento e ineficiente, pues buena parte de la tardanza deviene del incumplimiento y conducta burocrática de dichos delegados gremiales; y parcial, porque responde a las consignas del Poder Ejecutivo federal y locales. Un segundo factor se origina en su falta de recursos presupuestales, trabajan con carencias materiales y humanas y al ver crecer su cúmulo de trabajo, simplemente alargan los procesos. Existen JCA que entre un trámite y otro duran seis meses o difieren por más de dos años juicios ya concluidos sólo para dictar resolución.

Un tercer elemento está relacionado con las medidas de prevención para evitar el exceso de juicios, que podrían resolverse de manera más sencilla, por ejemplo, a través de la inspección laboral, como sucede en otros países y que en el nuestro es casi inexistente. En este escenario, la propuesta priísta resulta un crimen, ya que en lugar de acortar el tiempo de juicio, será un incentivo para alargarlo aún más, salvo que el trabajador doble las manos desde un principio.

El mismo miércoles 23 de marzo que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados discutía la iniciativa priísta, se conoció la noticia de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) daba a conocer en Ginebra, Suiza, la resolución sobre la queja presentada contra el modelo laboral mexicano, por considerar que violaba integralmente los convenios y compromisos internacionales relativos a la libertad de asociación sindical, acceso a una justicia imparcial y expedita y, particularmente, porque promovía los contratos de protección patronal, caso 2694. Se trata de un proceso presentado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), organización que agrupa a las centrales más grandes del orbe, por la dinámica Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y organizaciones sindicales mexicanas.

A pesar de las tretas del gobierno mexicano, apoyado en testimonios de las cámaras patronales y de centrales obreras de corte corporativo, la OIT, por conducto del Comité de Libertad Sindical, ha emitido una serie de consideraciones y recomendaciones que deberían darse a conocer en todo el país. Plantea al gobierno mexicano la necesidad de resolver temas centrales, como la participación de los trabajadores en la firma de los contratos colectivos, la parcialidad de las juntas de Conciliación y Arbitraje, excesiva duración de sus procedimientos y la necesidad de generar un diálogo con todos los sectores de la sociedad; su contenido aparece en la página web de la OIT, en la 310 reunión del consejo de administración.

La reforma laboral y el gobierno mexicano deben atender sin excusas esta histórica resolución. Recordemos que conforme a nuestra Carta Magna, los convenios internacionales tienen una jerarquía superior a la propia Ley Federal del Trabajo.

Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2011

Pide AFL-CIO a Calderón que frene propuesta laboral del PRI

El presidente de la central obrera más grande de Estados Unidos (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), Richard L. Trumka, envió una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa para solicitarle que haga uso de sus facultades para que no prospere la iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI el 10 de marzo.

El dirigente de más de 12 millones de trabajadores en el vecino país dijo que esa propuesta (apoyada por el PAN) afectará los derechos de los trabajadores mexicanos y, además, no fue el resultado de un proceso de consulta previa con todas las partes relevantes de la sociedad, incluyendo a los sindicatos independientes.

Trumka enumeró lo que a su juicio son inconvenientes para la situación de los trabajadores en México, en caso de aprobarse dicha reforma.

Lo exhortamos a que utilice su cargo para asegurar el retiro de la iniciativa del PRI y en su lugar fomente la elaboración de una nueva propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, mediante un proceso verdaderamente tripartita, que incluya empresas, funcionarios de gobierno y representantes sindicales independientes y no independientes, se lee en la misiva del dirigente sindical estadunidense.

Trumka señala en la carta con fecha 23 de marzo que una enmienda de ese tipo afectaría la estabilidad laboral, por lo que esta central se unirá al movimiento internacional que apoya a diversos gremios mexicanos.

Lamenta que no se hayan tomado en cuenta los rezagos en materia de procedimientos jurídicos y, por tanto, se intente preservar el marco legal que da pie a los contratos de protección, de dominación patronal.

No incluir estos cambios significa que los trabajadores continuarán enfrentando obstáculos casi insuperables para el establecimiento de sindicatos libres y democráticos, señaló.

Destaca que el Presidente de la República debe tomar en cuenta que la iniciativa del PRI promueve una gran inestabilidad en el empleo, al ampliar el uso de subcontratistas (outsourcing) así como los contratos temporales o de prueba.

En conclusión, añade Trumka, lo exhortamos a que asegure el retiro de la iniciativa del PRI y en cambio fomente un proyecto que remedie las deficiencias de la propuesta actual, especialmente para la protección de los trabajadores y en favor de una estrategia industrial sustentable y eficiente.

El dirigente de la AFL-CIO agregó que estará al tanto del desarrollo de la pretendida reforma laboral en México y plantea que sería oportuno discutir en el futuro sobre este tema.

Esta central estadunidense ha manifestado su apoyo a sindicatos mexicanos como el minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, o el Mexicano de Electricistas.

Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2011

Portal: alto índice de discrecionalidad en manejo de fondos para salud y educación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que a pesar de los aumentos constantes al gasto educativo y de salud que ejercen los estados y la federación, los índices de calidad en la atención y el número de personas beneficiadas no corresponde a los autorizados por la Cámara de Diputados.

Detalló que aun cuando en 2009 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 200 mil 930 millones 557 mil 665 pesos, 23 por ciento de las escuelas no tenían agua potable, bancas o pizarrón; sólo 20 por ciento de los profesores obtuvieron certificación, y que por los resultados de las pruebas Enlace y Pisa, los alumnos sólo aprenden lo elemental.

Al continuar la revisión de la Cuenta Pública 2009, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara que prevalece un alto índice de deserción escolar, y que existe un alto grado de discrecionalidad en el manejo de los fondos federales para educación, seguridad y salud.

Detalló que en el gasto federalizado se encontró que en los fondos para el sistema educativo, apoyos sociales y de infraestructura para comunidades marginadas que estados y municipios utilizan los recursos para fines distintos a los autorizados, efectúan pagos no relacionados con la educación, no emiten comprobantes o bien las secretarías de finanzas no entregan los recursos a tiempo.

En materia de salud, resaltó que aún hay 9 por ciento de la población nacional que no cuenta con atención médica y que en el caso del IMSS y del ISSSTE sus pasivos continúan presionando las finanzas de ambas instituciones.

El auditor refirió que las irregularidades en el ejercicio del gasto no deben quedar impunes año tras año, y dijo que por ello se planteó a la Cámara de Diputados aprobar una ley que regule el gasto federalizado y separe éste de la Ley de Coordinación Fiscal.

Juventino Pineda, titular de la dirección de auditoría a los recursos federales en estados y municipios, dijo que las reiteradas irregularidades en el gasto se cometen en las entidades porque no hay castigo que impida la recurrencia de las observaciones año con año.

Los manejos discrecionales en los fondos a los estados generaron un debate. El diputado panista Daniel Ávila puso de ejemplo del uso discrecional de los fondos al estado de Yucatán. Refirió que la ASF encontró pagos a aviadores y comisionados del SNTE por 210 millones de pesos, pero como el gobierno (de Ivonne Ortega) devolvió el dinero antes del cierre de la auditoría, el dictamen salió limpio. Pero de todos modos, el delito se cometió.

Los priístas le respondieron que la única denuncia de hechos presentada por la cuenta pública fue al ayuntamiento de Atizapán, que gobernó el PAN. Y también hay irregularidades en los de Ecatepec e Ixtapaluca, que fueron gobernados por el PRD.

Fuente: La Jornada 24 de marzo de 2011

La reforma laboral es un golpe de muerte para los trabajadores, advierte Bouzas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está dando un balazo en el pie derecho con su propuesta de reforma laboral, porque la iniciativa significa un golpe de muerte para los trabajadores, cuando los pilares fundamentales de ese partido han sido el sector obrero, los sindicatos y sus centrales corporativas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM); además, absurdamente presenta este lesivo proyecto cuando está por iniciar la carrera presidencial.

El abogado y catedrático especializado en el tema laboral Alfonso Bouzas planteó lo anterior en entrevista, y detalló que la reforma del PRI, lo primero que desataría sería un despido masivo de trabajadores de mayor antigüedad, los que tienen 15, 20 o más años laborando en muchas empresas, las que preferirían correrlos injustificadamente, irse a juicio, ya que en caso de perder, sólo estarían obligados a pagarles un año de salarios caídos. Sería la debacle laboral.

Al cuestionarle al abogado si la reforma del PRI va contra los principios de la Ley Federal del Trabajo, respondió: no sólo contraviene esta ley si no el mismo artículo 123 constitucional, y va contra una de las conquistas más sentidas del sector obrero, que es la estabilidad en el empleo.

La reforma del Revolucionario Institucional, al incluir modalidades de contratación flexibles, como son contratos por temporada, por capacitación y a prueba, deja abierto que los patrones puedan tomar esto no como excepción sino como regla, y para evitar que los empleados hagan antigüedad podrán contratar en forma eventual indiscriminadamente, sin obligación de dar empleos permanentes.

Se le preguntó a Bouzas cómo calificaría la reforma priísta, a lo que respondió: como un rosario de errores y contradicciones, ya que plantea la libertad total para la terciarización o subcontratación de trabajadores; no defiende la permanencia de los empleos; acaba con las prestaciones; no incluye el incremento a las sanciones económicas que tienen los patrones cuando cometan viola- ciones laborales; finge establecer caminos para evitar el acoso sexual, pero en realidad es una copia fiel de la reforma panista.

Respecto de si la reforma laboral del PRI está en la lógica empresarial y no de los derechos de los trabajadores, Bouzas planteó que esta iniciativa absurdamente es propatronal y, al parecer, lo único que cuidaron los legisladores del tricolor es no meterse con aspectos como el manejo de los dineros de los sindicatos, sus elecciones y demás. Pero como a los panistas no les quita el sueño la democratización de las organizaciones, no les importó esta parte.

En cuanto a si la iniciativa es la puntilla para los trabajadores, en este sexenio en el que los sindicatos han señalado que hay una abierta política antilaboral de parte del Estado, planteó el catedrático que es el golpe de muerte de derechos fundamentales de los trabajadores, el cual rompe con el artículo 123 Constitucional, mediante de reformas a una ley secundaria como lo es la del Trabajo y lo hace el partido que dice que emanó de la Revolución.

También resulta inaudita la pasividad de los trabajadores de las organizaciones independientes y que incluso, aunque no es del agrado de las bases cetemistas, los dirigentes no levanten la voz, contra esta iniciativa que dejará en una dramática situación los derechos de los trabajadores, agregó Bouzas.

Consideró que limitar el pago de salarios caídos a un año en los juicios laborales fue una petición de los patrones por conducto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y que el Revolucionario Institucional, abriendo una puerta equivocada, les dio la razón y, a la vez, asesta un brutal golpe, porque ahora serán los propios patrones los más interesados en que se alarguen los juicios laborales, para ver si en cinco o más años que duran estos procesos, al final le pagan a los trabajadores que los demandaron apenas un año de salarios caídos y adiós.

El PRI tendría que releer su iniciativa, o se convertirá en el verdugo de quienes lo respaldaron durante décadas: los trabajadores.

Fuente: La Jornada 23 de marzo de 2011