MÉXICO, D.F., 10 de noviembre (apro).- Debido a la falta de consenso en la fracción legislativa del PRI, la Cámara de Diputados pospuso hasta la próxima semana el debate para determinar si promueve o no una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). La decisión se tomará la próxima semana. Sin embargo, según algunos legisladores, el debate ya se "contaminó", pues se empalmará con la discusión del Presupuesto de Egresos y algunos de los 70 prisitas que están a favor de la controversia podrían cambiar su posición, dependiendo de los recursos que obtengan para sus estados y sus programas en materia agraria y laboral.La Junta de Coordinación Política, que preside el priista Francisco Rojas, dio más tiempo al PRI para que tome una decisión de "consenso" y pospuso el debate para la sesión del próximo martes, aunque en poder de la Junta ya están las dos posiciones: la respaldan el PRD, PT y Convergencia de promover la controversia y la que sostiene el PAN, de que no hay elementos que permitan establecer que el gobierno federal intervino en facultades del Poder Legislativo. Alfonso Navarrete Prida, quien encabeza el grupo plural, afirmó que el Congreso está en tiempo para presentar la controversia, ya que el plazo vence el próximo 24 de noviembre. Navarrete Prida, diputado priista por el Estado de México, aseguró que la decisión será política y no técnica, pero también aceptó que al interior de su partido existe una división en torno a la pertinencia o no de promover la controversia. "El PRI está buscando consensos para que, sin que se polarice una votación en el pleno, podamos ver si llegamos a una decisión de consenso que nos dé salida a todos. Se ve muy difícil. Se ve muy difícil porque es un tema de definición; es un tema técnico, además, si procede o no. Pero el esfuerzo se debe hacer", comentó. En tanto, el vicecoordinador del PAN, Roberto Gil, dijo que el tema se discutirá en el pleno cuando la Junta de Coordinación Política lo determine. "El pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación, debe determinar si existe una invasión de las competencias, mientras eso no suceda, no hay motivo para interponer una controversia", sostuvo. Por lo pronto, dijo, ningún grupo parlamentario ha podido acreditar que haya una competencia del Congreso invadida por el decreto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hasta el momento, de los 237 legisladores que tiene el PRI, por lo menos 70 de ellos, que forman parte del sector campesino y el obrero, están a favor de que se presente la controversia y son los votos que tanto PRD, PT como Convergencia necesitan para promover recurso. Sin embargo, al haberse trasladado el asunto para su discusión hasta la semana que entra, la decisión final de estos legisladores priistas que están a favor de la controversia se verá contaminada por la discusión de Presupuesto de Egresos y los recurso que logren obtener para sus programas de corte social, agrario y laboral. El panista Roberto Gil insistió que no existe razón jurídica alguna para promover una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, "porque no se ha vulnerado ninguna competencia constitucional en el Congreso". "Mientras no se acredite que existen violaciones a las facultades del Congreso, no es posible interponer una controversia constitucional", reiteró. A su vez, el presidente del grupo plural, el priista Navarrete Prida, comentó que existen cinco supuestos que se analizan en la Junta de Coordinación Política sobre la pertinencia de promover la controversiaLos que dicen que sí procede son:--Primero: que "hay un artículo transitorio de una ley de 1989, sobre el servicio público de energía eléctrica que dice textualmente: que "el Ejecutivo dispondrá la creación de un organismo que se encargue de la prestación del servicio, organismo que a la postre se llamó Luz y Fuerza del Centro". --Segundo: el artículo 73 de la Constitución señala que la actividad de la energía eléctrica es facultad exclusiva del Congreso. --Tercero: que la desaparición de plazas federales es facultad exclusiva del Congreso.--Cuarto: que el capítulo económico de la Constitución en áreas estratégicas, es una facultad del Congreso y no del Ejecutivo. --Quinto, que tiene que ver con cuestiones de derecho laboral y de carácter social. Navarrete prida agregó que "los que opinan que no es procedente señalan que el Ejecutivo federal tiene facultades, por Constitución y por Ley, para crear y extinguir organismo públicos. "Segundo: dicen que no se viola el 73 constitucional porque la actividad de energía eléctrica está intocada. Solamente se extingue un organismo público y otro organismo público prestará el servicio de energía eléctrica. "Tercero: el capítulo económico de la Constitución no hace distinciones de quién se encarga de las áreas estratégicas o prioritarias, sí el Legislativo o el Ejecutivo. "Cuarto: que los derechos laborales no son tema de la controversia, sino tema de justicia laboral y de los quejosos en juicio de amparo sobre violación o no. "Estos son los temas que ya tiene la junta" y será el pleno quien decida", concluyó Navarrete Prida.
Fuente: Proceso 10 de noviembre
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