Miles, contra la reforma laboral; exigen renuncia de Javier Lozano

En la marcha del Día del Trabajo del primero de mayo de 2010, los sindicatos independientes del país señalaron al gobierno de Felipe Calderón como uno de los tres peores en toda la historia del país, equivalente a los de Antonio López de Santa Anna y Victoriano Huerta; manifestaron el rechazo unánime a la reforma laboral del PAN; condenaron el empobrecimiento masivo de los trabajadores mexicanos y votaron a mano alzada por la salida inmediata del titular de la secretaría del ramo, Javier Lozano Alarcón.
La movilización estuvo caracterizada por la ocupación de la plancha capitalina de los 72 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre; por el repudio unánime a la política laboral del gobierno, el cual decenas de organizaciones sindicales mostraron en mantas, carteles y playeras, así como por la ausencia de uno de los contingentes más combativos en este tipo de conmemoración: el del Seguro Social.
Entre las organizaciones imperó también la condena a la ley antimigrante de Arizona, incluso hubo un llamado a realizar un boicot a las empresas estadunidenses y se criticó la pasividad de Calderón y de su canciller por estar a la espera de lo que decida el gobierno de Estados Unidos respecto de su reforma migratoria, cuando debería ser un asunto de negociación bilateral.
La critica al gobierno de Calderón rebasó el ámbito local. Organizaciones extranjeras del Tribunal Internacional de Libertad Sindical condenaron la política sistemática del Estado mexicano para coartar la libertad de sindicatos, y señalaron que las autoridades del sector son parte de una red de corrupción con empresarios.
A nombre del jurado, Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, llamó al gobierno de México a no utilizar al Ejército o a la fuerza pública contra la histórica huelga de Cananea... de lo contrario, utilizaremos todos los recursos e instituciones a nuestro alcance para que los crímenes que se puedan cometer no gocen de impunidad alguna.
Con monigotes del presidente Felipe Calderón vestido de militar; figuras de mujer que representaban a la justicia vencida y tirada en el piso; mantas denostando la actuación del secretario Lozano; carteles del SME que decían sigo vivo; la entrega del premio a la sangre al dueño de Grupo México por tener las minas más inseguras de México, los manifestantes conmemoraron este día, bajo un inclemente sol que deshidrató a varios participantes, incluso hubo desmayados.
Los mayores contingentes fueron los de los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), telefonistas y tranviarios; también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo una amplia representación y marcharon junto a los del SME, los mineros, pilotos, integrantes de los gremios de industria nuclear, Bellas Artes, Chapingo, ferrocarrileros, del Colegio de México y Posgraduados, de la Universidad Iberoamericana, Nacional Financiera, Metro, Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Mexicano del Petróleo, así como a personalidades como el sacerdote Miguel Concha, entre otros.
Ante una plaza ocupada en su totalidad, tomaron la palabra entre otros los secretarios generales del STUNAM y del SME. El primero, Agustín Rodríguez, además de hacer un recuento de todas las afectaciones a los derechos laborales que contiene la reforma en el ramo presentada por el PAN, llamó a construir un frente amplio sindical y unitario para transformar la política económica de este país y que los trabajadores tengan una ruta crítica de acciones enérgicas más allá de los mitines y las marchas.
El líder electricista Martín Esparza, a su vez, fue quien pidió a todos los trabajadores asistentes que votaran por la salida y el desafuero de Lozano, y el Zócalo en pleno levantó la mano aprobando la moción. Fue quien comparó este gobierno con el de López de Santa Anna y el de Huerta. En su primera marcha del primero de mayo tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el dirigente criticó el cerco informativo que tienen las televisoras y varios medios de comunicación a la huelga de hambre de los electricistas, mientras destinaron horas al caso del huelguista Guillermo Fariñas, en Cuba.
Por la CNTE, el líder de la sección 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo, quien señaló que todas las organizaciones democráticas del magisterio reprueban la reforma laboral y dijo que sólo personajes como Elba Esther Gordillo pueden apoyar esta iniciativa porque le deben favores al régimen, el cual la ha entregado 80 mil millones de pesos, para programas culturales y de vivienda que no existen.
Del sindicato minero, Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, calificó de esclavista la reforma del PAN; dijo que ya llegó el momento de frenar el desastre de la política antilaboral del régimen de Calderón.
Quien habló del caso Arizona fue José Luis Andrade, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), al reclamar al gobierno de Calderón el inmediato establecimiento de una mesa de diálogo con Estados Unidos que resuelva el problema migratorio. En el mismo tono, Elvira Arellano, representante de migrantes, criticó que el Presidente se ha quedado callado ante este agravio y llamó a un boicot contra las empresas de Estados Unidos que operan en México.
El secretario adjunto del sindicato de telefonistas, Jorge Magaña, señaló que la de ayer fue una de las conmemoraciones más difíciles y dolorosas del Día del Trabajo, pues en un año se ha registrado una escalada de agresiones en contra de agrupaciones democráticas e independientes.

Fuente: La Jornada 2 de mayo de 2010

Dos visiones del mundo laboral

La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de abril no fue improvisada: es resultado de un largo proceso de reflexión y propuesta de los sectores productivo, sindical, académico y ciudadano, además de que actualiza la presentada en 2002, con los aportes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Se trata de una perspectiva que confronta a la generada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), conocida como iniciativa Lozano.
Son muchas las diferencias entre una y otra iniciativas; la promovida por el PRD-UNT está vinculada a un proyecto de modernización integral del país en una línea de ganar-ganar. La iniciativa Lozano, en cambio, más allá de los discursos, propone en lo concreto abaratar la fuerza de trabajo, reducir su estabilidad e incrementar el control empresarial de los derechos colectivos, como una supuesta solución a los retos de la globalización. El análisis de estas propuestas es un ejercicio necesario, sin olvidar que la oficial debe evaluarse en el contexto de su desempeño cotidiano. Cuatro aspectos permiten destacar las diferencias.
El primero se relaciona con el ámbito constitucional de las reformas. La propuesta PRD-UNT incluye temas ignorados por la iniciativa Lozano, vinculados al sistema de justicia, la fijación de los salarios mínimos, como parte de la política económica, y la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público. Sin modificación constitucional estos cambios no podrían ser abordados.
Un segundo tema se refiere a la fijación de las condiciones de trabajo para responder a las necesidades del mercado y la recuperación salarial. La propuesta Lozano facilita el despido libre, la contratación precaria y hace referencia a un conjunto de medidas de contenido más cosmético que real, puesto que ya están contenidas en la ley. Es el caso de las reglas en materia de promoción, ascenso, flexibilidad en las funciones de los puestos y productividad por capacitación. En este capítulo introduce dos aspectos muy lesivos para los trabajadores. La ocurrencia patronal consistente en hacerles pagar las consecuencias de la lentitud de los juicios laborales, limitando los salarios caídos a seis meses, en el supuesto de laudos dictados en su favor. No afronta el reto de disminuir el tiempo de los juicios, por el contrario, mantiene sus vicios y hace pagar el costo a la parte más débil. También incluye la contratación por horas, que aplicada como medida general tendría un impacto negativo en el modelo, habida cuenta de los bajos salarios que imperan en nuestro país.
La propuesta PRD-UNT parte de la premisa de que la ley sólo fija las garantías y reglas básicas del juego, en un entorno laboral diferenciado que requiere de un mínimo de diálogo y concertación para adecuar las condiciones de trabajo a un esquema de auténtica racionalidad productiva y de beneficios compartidos. No se limita a una visión parcial en favor de los trabajadores, entiende que el desarrollo productivo es una exigencia para lograr la viabilidad del país en su conjunto. Para ello, propone que el ajuste de jornadas, intensidades, adecuación con nuevas tecnologías, duración de la relación laboral, esquemas de remuneración, de capacitación y tercerización justificada, se ubiquen en el contexto complementario de la contratación colectiva, como sucede en los países altamente competitivos del mundo. Agrega una protección inexistente en la propuesta panista, el seguro de desempleo, regulado de manera realista con fondeo compartido y en el marco del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un tercer tema se vincula a la democratización sindical y la contratación colectiva auténtica, instituciones íntimamente relacionadas. La propuesta PRD-UNT adquiere carácter estructural en la medida que enfrenta la problemática de control, simulación y corrupción vigentes. Coincide con la propuesta panista de incluir el voto secreto en los procesos sindicales, tanto de elección como de diferencias intergremiales; sin embargo, no comparte la estrategia de debilitamiento gremial y de la contratación colectiva por la vía de nuevos mecanismos de control básicamente de corte empresarial. La diferencia en materia de firma y titularidad de los contratos colectivos es clara. La propuesta PRD-UNT hace efectivas las garantías de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen libre tipología sindical, supresión de la toma de nota, autonomía en las formas de organización y radio de acción, condiciones necesarias para un fortalecimiento de la contratación colectiva, institución clave en cualquier modelo laboral sustentable y productivo; en esta línea, propone acuerdos por sector, rama de actividad y cadena productiva, apoyándose en experiencias exitosas a escala internacional.
La propuesta PRD-UNT sugiere crear un registro público de contratos colectivos y sindicatos que favorezca una real autonomía y el desarrollo de un sindicalismo decente, utilizando el término de la OIT, una especie de IFE pequeño. Ambas coinciden en la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, aunque la del PRD-UNT considera sancionar la intromisión patronal en la vida de los sindicatos.
Un cuarto aspecto hace referencia a la justicia laboral, reclamo consistente y generalizado en favor de una autoridad imparcial, calificada y eficaz que resuelva los conflictos en periodos cortos. La iniciativa Lozano le da vuelta al tema y mantiene la estructura viciada de las juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras el PRD-UNT retoma el reclamo de un sistema moderno de justicia, por conducto de jueces laborales en el ámbito del Poder Judicial.
Este primero de mayo es una oportunidad para que la población exprese su posición frente a la reforma laboral que necesitamos. Marchemos juntos.

Fuente: La Jornada 24 de abril de 2010

Contrarreforma laboral

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo recientemente que la iniciativa de reformas laborales presentada por su jefe el pasado 18 de marzo busca regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al margen de la ley. Con ese criterio habrá que ir pensando en despenalizar los levantones y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta donde se sabe, la tarea de las autoridades es hacer cumplir las leyes, no adulterarlas para dar gusto a quienes las infringen, que son, significativamente, los patrones.
Este gobierno nunca ha aplicado la legislación laboral vigente en favor de los trabajadores y de sus organizaciones independientes. Más aún, los ha perjudicado en forma sistemática mediante interpretaciones sesgadas, facciosas y abusivas, como la disposición de la toma de nota a las dirigencias sindicales. Ahora viene a vendernos, como beneficios para los asalariados, el acotamiento del derecho de huelga, el fin de la certidumbre en el empleo y la eliminación del derecho a indemnización. Esto no es una reforma, sino una contrarreforma. Miente Felipe Calderón cuando afirma que busca una Ley Federal del Trabajo renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI. Lo que pretende, en realidad, es retroceder a los albores del siglo XX, cuando se permitía la sobrexplotación de los peones acasillados y cuando se asesinaba a los obreros en Cananea.
Contratación por horas; trabajo a destajo; pérdida de salarios caídos, de derecho a la reinstalación, de ascenso escalafonario, de conquistas sindicales; incertidumbre y desprotección ante el despido injustificado. ¿Qué otra cosa pedirán los patrones para abaratar aún más este enorme mercado de mano de obra miserable? Parece ser que a quienes controlan el poder público les interesa reducirnos a un hato aterrorizado por el naufragio de la seguridad, atomizado y desinformado, sometido a los caprichos y a las gulas de consorcios nacionales y extranjeros que podrán venir a comprarnos a granel: por individuo, por pieza, por hora, por kilo, por litro de sangre.
Ya a principios de los años 90 del siglo pasado, teóricos estadunidenses como Richard Reich e Ira Magaziner tomaban distancia de la barbarie neoliberal y señalaban que la principal riqueza de Estados Unidos no era la infraestructura y la planta industrial, porque se volverían obsoletas, ni la bolsa de valores, porque los capitales iban y venían como les daba la gana. La riqueza inamovible del país, señalaban, era la población, y en ella había que invertir.
Qué contraste: mientras en México tenemos que enfrentar un intento de reforma laboral regresiva y depauperadora de la población, en España se está planteando, para hacer frente al desempleo –y con severas críticas de las centrales sindicales–, medidas como la reducción de la jornada de trabajo con el pago mínimo de 67 por ciento de las horas no laboradas; medidas como la absorción por el erario de parte de las indemnizaciones que se paguen a quienes sean despedidos con 33 días por año trabajado; el subsidio fiscal a empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral. Y a nadie le ha pasado por la cabeza argumentar que tales propuestas atentan contra la productividad.
Aquí, nos dicen, las arcas públicas no dan para más. Bueno, reconozcan que dan para un poquito más: ¿Cuánto dinero ha invertido el calderonato en publicidad para justificar su no inversión en la gente? ¿Cuántas camionetas blindadas de un millón de pesos se habrán comprado este año los representantes populares? ¿Cuántos miles de millones de dólares se regalan a Repsol por contratos mafiosos de abasto de gas natural a la CFE? ¿Cuántas carretadas de dinero entrega el Conacyt a las trasnacionales para que financien investigaciones que sólo benefician a sus accionistas? ¿Cuánto dinero sigue repartiendo el Procampo entre narcos y funcionarios del sector agrario? ¿A cuánto ascienden los subejercicios en las dependencias del gobierno federal?
Es dable exigir que las autoridades hagan cumplir las leyes laborales tal como son, no sólo porque es su obligación, sino también porque ello es indispensable para reactivar el mercado interno, reducir el sector informal y restituir la confianza de los trabajadores mexicanos en su país, en sus instituciones y en su propio futuro.
La contrarreforma laboral propuesta por el calderonato es un acto de cinismo, una inmoralidad y una nueva agresión a una masa trabajadora sacrificada y devaluada durante décadas para impulsar la riqueza extrema de unos cuantos. Los asalariados no deben permitir que se haga realidad.

Fuente: La Jornada 20 de abril de 2010

Firme rechazo de obreros a la reforma laboral panista: CT

La dirigencia del Congreso del Trabajo (CT) advirtió ayer que hay firme rechazo del movimiento obrero organizado a la reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), llamó a los trabajadores a cerrar filas contra esa iniciativa y sostuvo que los derechos obreros son inamovibles.
En el mismo sentido, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) señaló que las organizaciones gremiales ya dijeron no a dichos cambios, que van contra los intereses de los trabajadores y tocan la esencia del artículo 123 constitucional.
En la toma de protesta de la nueva directiva del CT de Veracruz, en la cual estuvieron representantes de las confederaciones de Trabajadores de México, Obrero Revolucionaria, Regional Obrero Mexicana y la CROC, los líderes de las centrales obreras se manifestaron contra la iniciativa panista.
El vicepresidente del CT, diputado federal y líder del Sindicato Ferrocarrilero, Víctor Flores Morales, señaló que la organización repudia los cambios planteados por el blanquiazul. El derecho de huelga y de autonomía sindical son inamovibles, así como las prestaciones sociales y la contratación colectiva, resaltó.
Llamó a los trabajadores a cerrar filas y consolidar el movimiento obrero en la lucha por mejores condiciones de vida, la recuperación del poder adquisitivo y la reactivación del mercado interno.
Flores Morales tomó protesta a la nueva directiva del CT en Veracruz, la cual queda presidida por Antonino Baxzi, quien dijo que son inadmisibles los retrocesos en la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Isaías González, secretario general de la CROC, afirmó: no es justo que por los intereses de unos cuantos, que no saben qué es lo que necesita el sector productivo, se quieran borrar los derechos consagrados en el artículo 123, de ahí que el movimiento obrero y los legisladores en el Congreso de la Unión ya dijeron no a esa propuesta.

Fuente: La Jornada 19 de abril de 2010

Frenar a toda costa plan panista de reforma laboral, acuerdan gremios

Frenar a toda costa la iniciativa de reforma laboral del PAN, defender la Ley Federal del Trabajo y exigir la inmediata renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, por ser factor de confrontación con el sector obrero, son algunos de los resolutivos tomados por gremios y organizaciones independientes, en el foro que para analizar dicha iniciativa coordinó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la Cámara de Diputados.
En tanto, Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), informó que este miércoles se presentará en San Lázaro la propuesta perredista de reforma laboral, la cual será apoyada por diversas organizaciones de esta central sindical.
Adelantó que dicha iniciativa propone medidas como seguro de desempleo y eliminación del requisito de toma de nota que otorga la STPS a los gremios. En la mesa de la UNT, el también presidente colegiado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, tomó distancia de la propuesta que presentará el PRD. Señaló que para el gremio que representa no hay condiciones para impulsar ninguna reforma progresista.
Mientras esta discusión ocurría en el seno de la UNT, en el SME se dieron a conocer los resolutivos tomados durante el foro de análisis de la propuesta panista de reforma laboral, entre los que también destaca el acuerdo de diversas organizaciones sindicales de unificarse en una gran movilización este primero de mayo, en defensa de los derechos laborales y contra la iniciativa armada y elaborada por el secretario del Trabajo; mantener la solidaridad con los mineros de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, así como reclamar que se solucionen los conflictos con el SME y con el sindicato minero.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del gremio electricista, dio a conocer los acuerdos del foro en el que participaron organizaciones del Frente Sindical Mexicano, de la UNT, centrales campesinas, abogados laboralistas, organizaciones sociales y civiles, así como diputados de PRI y PRD. Señaló que los gremios coinciden en que “la reforma laboral, antes Abascal, ahora Lozano-PAN, sintetiza todas las aspiraciones de la Coparmex. Es una intentona por legalizar la subcontratación, pretende abaratar más los salarios de los mexicanos, contraviene el texto constitucional y esconde la intención de ofrecer en charola de plata a los patrones las conquistas logradas por los trabajadores en décadas de lucha.
En la UNT, cada gremio manifestó su postura sobre el proyecto de reforma laboral que presentará hoy el PRD. Hernández Juárez comentó que los legisladores perredistas coinciden en que se debe parar a toda costa la iniciativa presentada por el PAN, la cual ya no tiene ninguna posibilidad de que se discuta y analice en este periodo legislativo. En torno al proyecto del PRD, aclaró que participaron los abogados Héctor Barba, Arturo Alcalde y Alfonso Bouzas, así como la catedrática Graciela Bensusán.

Fuente: La Jornada 15 de abril de 2010

Llueven críticas en San Lázaro al proyecto laboral de Calderón

"Abaratar más la ya depauperizada mano de obra" es el objetivo central de la reforma laboral preparada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, la cual fue presentada por el Partido Acción Nacional, ya que todo lo que plantea esa iniciativa es "disminuir los costos laborales" para los patrones.

Incluso la joya de la corona de la reforma es la propuesta de establecer el pago por hora, lo que terminaría con prestaciones y seguridad social, la estabilidad en el empleo y hasta con la sindicalización.

Así lo alertaron ayer los abogados Carlos de Buen y Arturo Alcalde Justiniani en el Foro de análisis sobre la reforma laboral, celebrado en la Cámara de Diputados, donde el líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez, advirtió que los señalamientos de que la iniciativa permitirá mayor competitividad, "es una vil justificación para crear condiciones de mayor explotación a los trabajadores".

Pedro Miguel, articulista de La Jornada, apuntó que el empobrecimiento de los salarios en México es tal, que a la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, Germán Larrea, principal inversionista de Grupo México, ofreció una indemnización de casi 82 mil pesos por minero muerto a las familias de los mismos, equivalente al costo de un autómovil Atos austero; "eso es lo que vale la vida para un empresario que el año pasado obtuvo ganancias por 4 mil millones de dólares, pero el calderonato no tiene medida y quiere más, más pobreza de los trabajadores, éste es el sentido de la reforma laboral", dijo.

En nombre de la Confederación Nacional Campesina, el diputado del PRI Gerardo Sánchez sostuvo que los legisladores campesinos del tricolor van a consensuar con otras fuerzas para que la iniciativa ni siquiera se analice y mucho menos sea votada.

De Buen planteó que cuando se dice que esta reforma señala que se busca facilitar el acceso al mercado laboral, en realidad lo que propone es abaratar más los ya bajísimos costos laborales en el país. Señala que nada en esta propuesta es nuevo; es la misma reforma Abascal reciclada, que fue elaborada por la Coparmex desde hace años. Se conoce hace mucho el contenido del documento y su intención de que los trabajadores mexicanos sean los peor pagados de todo el mundo "los más baratos".

Alcalde Justiniani planteó que sí es necesario reformar no sólo la Ley Federal del Trabajo, sino todas las instancias alrededor del sector obrero, ya que, por ejemplo, no hay verdadera justicia laboral, sólo uno de cada 10 trabajadores en México pertenece a un sindicato real, es casi imposible crear nuevos sindicatos y hay una persecución feroz de las organizaciones independientes. Señaló que muchas de las defensas que se hacen del documento son mentiras, ya que, por ejemplo, cuando se plantea que se quiere fortalecer la procuración e impartición de justicia mediante el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga, lo que se quiere es tener una disposición legal para, por ejemplo, acabar con huelgas como la de los mineros.

Indicó que es una vergüenza que ahora el secretario del Trabajo quiera hacer ver que la intención de la reforma es "acabar con el abuso de los sindicatos" y hacerlos más transparentes, cuando es el gobierno precisamente el que ha permitido la expansión y auge del contratismo de protección, de los sindicatos blancos, de la subcontratación, de la falta de justicia laboral.

A esta mesa llegó también la voz de los trabajadores informales, ya que la Organización de Trabajadores sin Salario, representada por Fernando Sánchez Ramírez, dio a conocer la posición de quienes perdieron su empleo y pasaron a actividades como el comercio ambulante, "propineros", y hasta actividades ilícitas para ganar el sustento. "Somos millones en un submundo que el gobierno no quiere ver, ni hace nada para resolver esta problemática, sólo ve por los intereses del gran capital, de las trasnacionales, por los amigos del presidente y sus negocios multimillonarios", dijo.

Fuente: La Jornada 14 de abril de 2010

Competitividad, sin mención en reforma laboral

La reforma laboral que presentó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, a la Cámara de Diputados está llena de claroscuros, pues a pesar de tocar puntos fundamentales deja varios temas pendientes, aseguraron expertos en la materia.
El socio fundador del Bufete Sales Boyoli, Jorge Sales Boyoli, destacó que son cuatro aspectos importantes en cuestión de competitividad que no son abordados en la iniciativa.
“La reforma no contempla la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU), las consecuencias económicas en caso de despido, el pago de tiempo extraordinario y los incentivos patronales para el empleo de personas discapacitadas y de la tercera edad”, dijo el abogado laboral.
Explicó que en el primer caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un tema que aún no distingue a los empleados más productivos y la repartición de ese beneficio responde más a temas de antigüedad y salarios, cuando en otros países éstas van amarradas a la productividad.
Además calificó que más allá de la espectacularidad con la que se pretenden modificar o suprimir algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, se trata de cambios que la misma jurisprudencia ha actualizado sin necesidad de reforma.
“Por ejemplo, en la práctica ya se abordan temas tales como el pago electrónico de salario, la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión y el voto secreto en el recuento, aunque en la ley no estén expresamente regulados o lo muestre en forma deficiente”, detalló.
Por su parte, el gerente del área laboral de Ernst & Young, Jesús Marcín, reconoció que no es una reforma que quite derechos a los trabajadores, pero que se trata de una iniciativa que pudiera ser más perfectible.
Sostuvo que una necesidad de avanzar en el tema es la parte de flexibilización para alcanzar niveles de competitividad con el resto del mundo.
“La tendencia a la flexibilización en las relaciones laborales es mundial, no nos podemos sustraer; si queremos ganar competitividad y que el país sea atractivo para la creación de empleos y generación de riqueza es necesario avanzar en ese punto”, mencionó.
Agregó que la flexibilidad se puede lograr sin que esto quite derechos a los trabajadores, lo cual sería benéfico para el país al darle una posición más favorable para la inversión extranjera y doméstica.
Puntualizó que es necesario que las partes políticas logren avanzar en la reforma, pues de lo contrario la señal de no hacer nada desincentivará a empresas que contemplen invertir en México y que las ya instaladas busquen suerte en otras naciones con mejores condiciones laborales y de competitividad.
El director general de Consultoría para Latinoamérica de Hewitt Associates, Thierry de Beyssac, aseguró que la reforma contempla aspectos importantes como las relaciones con sindicatos, la productividad y competitividad; por ello, consideró un avance si se aprueba este año.
“De aprobarse esta reforma los beneficios se verán en materia de competitividad e inversión extranjera directa en nuestro país frente a naciones emergentes cada día más desarrolladas, como es el caso de Brasil, Chile, Colombia o India y China”, indicó.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al cierre del año pasado 12.6 millones de personas se encontraban en la informalidad, casi la tercera parte de la población económicamente activa del país.
Al respecto, Boyoli aseguró que la reforma no contempla tampoco algún punto que ayude a disminuir esta tendencia.
“Es otro gran tema que deja pendiente la reforma, la iniciativa no fomentará la disminución de la informalidad porque una de las razones que incentiva este mal es el alto costo fiscal y ese no es un tema que toca la Ley Federal del Trabajo”, dijo.
Sin embargo, Marcín comentó que si bien la reforma laboral no es la solución completa a la informalidad, la medida podrá ayudar a cierta población excluida, como jóvenes y mujeres, a integrarse dentro de la legalidad.

Fuente: Milenio Hidalgo 12 de abril de 2010

Sindicatos rechazan transformar la LFT

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino y diversos sindicatos se opusieron a que se modifique la Ley Federal del Trabajo (LFT), pues se vulnerarán los derechos de los trabajadores, por lo que el secretario de la dependencia local, Benito Mirón, retó a su homólogo federal, Javier Lozano, a debatir sobre el proyecto presentado por la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.
“Hacemos un llamado al secretario a que enfrente la situación, que no se avergüence de lo que proponen. Nosotros estamos a su disposición para sentarnos públicamente a debatir la reforma que sugieren”, aseveró.
En conferencia de prensa conjunta, la Unión de Juristas de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM coincidieron en que no hay condiciones para llevar a cabo una reforma laboral, así como que no es conveniente que los sindicatos independientes presenten una contrapropuesta al proyecto del PAN y de la STPS.
Cabe recordar que el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y diputado federal del PRD, Francisco Hernández Juárez, anunció que en los próximos días presentará una iniciativa de reforma laboral que haga contrapeso a la del PAN, la cual sí prevé la modificación del artículo 123 constitucional.
De ahí que el STUNAM y la CNTE aseguraron que de presentarse otro proyecto se estará dando apertura a cambios que no serán favorables para la clase trabajadora, pues la composición actual del Congreso es mayoritariamente de derecha, por lo que habrá que esperar a que se realicen nuevas elecciones a fin de que haya más diputados con tendencias de izquierda.
Para el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, la propuesta panista pretende eliminar los derechos conquistados en más de un siglo de lucha obrera, a través de anular la estabilidad en el empleo con la aplicación de modalidades flexibles de contratación.
Asimismo, propone los mismos esquemas de reforma que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado, ya que al responder a una estrategia globalizadora únicamente han beneficiado al capital transnacional y propiciado la pérdida de derechos laborales y la restricción de los sindicales.
“En la esencia, lo que va a producir es incremento de la informalidad, precarización del empleo, pérdida de los derechos de los trabajadores y, por supuesto, mayor desempleo”, aseveró Mirón Lince.
En tanto, Daniel Avila, del Comité Político de la CNTE, aseguró que los trabajadores mexicanos no han solicitado una reforma a la ley laboral, y lo que exigen es que se cumpla la que está vigente.
“La defensa de las plazas de base, la estabilidad laboral y los contratos colectivos son nuestra prioridad; debemos luchar por un incremento salarial que recupere nuestro poder adquisitivo, y por evitar cambios que pasen por encima de la Constitución”.

Fuente: Milenio Hidalgo 12 de abril de 2010

La ofensiva patronal

El maestro Ignacio Burgoa (lo llamo así porque era, de verdad, un maestro; siendo doctor en derecho y, además y muy merecidamente, profesor emérito de nuestra Facultad de Derecho) sostenía que los derechos sociales son de naturaleza pública. Estaba equivocado, pero daba sus razones. En lo tocante al derecho agrario y al derecho del trabajo, afirmaba que se trataba de una responsabilidad del Estado el proteger a los sectores sociales involucrados en su reglamentación, los ejidatarios y trabajadores agrícolas y los trabajadores asalariados en general. Estaba equivocado sólo porque no quería reconocer que los derechos sociales son una nueva especie de derechos que no encuadran en el derecho público, pero tampoco en el derecho privado. Están entre ambos.
Una visión humanista y de proyección social del derecho estima que el fin último del derecho es, precisamente, el de proteger a la sociedad y a sus diferentes sectores integrantes. Ahora, en la época del capitalismo salvaje, parece estar ya en desuso, pero tiene sus fines prácticos. La sociedad, por ejemplo, no puede ser sacrificada a intereses parciales o individualistas y hacer la riqueza de unos pocos y la pobreza y la miseria de los más. En su libro sobre las garantías individuales, sistematizador de la materia como también su obra sobre el juicio de amparo (lo reconocía Héctor Fix Zamudio hace ya cuarenta años), estimaba que las garantías sociales tenían, en efecto, el fin práctico de proteger a la sociedad y sus mayorías.
El maestro Mario de la Cueva decía que la mejor forma de tratar para los trabajadores en sus relaciones con sus patrones era a través del contrato colectivo de trabajo. La relación individual del trabajo, recordaba, es un enfrentamiento entre dos seres infinitamente desiguales. El trabajador aislado jamás podrá tratar en condiciones de igualdad con su patrón. Para eso, para tratar igualmente, se inventó el contrato colectivo de trabajo (o, más bien, los trabajadores organizados de todo el mundo lo impusieron a sus explotadores). Pero aun en el contrato individual debe prevalecer el espíritu protector del trabajador, por la sencilla razón de que sin él no es posible crear riqueza alguna.
Quisiera recordar también otra anécdota ilustrativa. Mi maestro de derecho procesal civil y derecho procesal del trabajo en la Universidad Michoacana, don Arturo Valenzuela, que tenía fama de ser un duro abogado patronal, un día se quedó pasmado cuando le pregunté en clase: ¿Cuál sería el ideal del patrón típico para contratar con sus trabajadores? Él me contestó, sonriente: Pues, la verdad, sería feliz si no hubiera sindicatos. Siempre será más fácil para él tratar con sus trabajadores en lo individual. Yo le repliqué que entonces los trabajadores estarían a merced de sus empleadores. Socarrón, me reviró: Bueno, qué, ¿no somos todos creyentes en el valor de la libertad individual? Yo, a mi vez, le dije: Si no somos iguales, no somos igualmente libres, y él, por supuesto, me remató diciéndome que me fuera a vivir a la Unión Soviética.
Claro que todos los regímenes priístas hicieron de los sindicatos verdaderas maquinarias de opresión de los trabajadores; pero lo chistoso del asunto es que los regímenes panistas no sólo han conservado esas maquinarias corporativistas, sino que las han convertido en engranajes ineliminables de su sistema de gobierno, si es que llega a tanto. Como ahora los panistas, los priístas supieron muy pronto que habían creado verdaderos monstruos imbatibles dentro de su régimen, sobre todo cuando entre los años setenta y los ochenta comenzaron a plantearse el tema de la flexibilización de las relaciones del trabajo y la necesidad, para ellos, de limitar y, de poderse, eliminar la contratación colectiva.

La flexibilización comenzó en aquellos tiempos y fue un ariete que hizo añicos los antiguos valores del derecho del trabajo. Se planteó, para empezar, que no podía sostenerse la jornada de trabajo, cuando muchas veces el trabajador no trabajaba y permanecía inactivo en la empresa, porque, además, debía empleársele sólo para ciertas tareas fijadas en el contrato colectivo. Debía eliminarse la jornada fija y establecer un sistema de uso de la fuerza de trabajo variable y también para otras tareas que no podían convenirse en el contrato. Gino Giugni, el gran laboralista italiano, aconsejó a las organizaciones italianas del trabajo que aceptaran la flexibilización, pero que pelearan porque quedara establecida en sus contratos y jamás rebasara los tiempos laborales por semana o por mes. Así resistieron los trabajadores la embestida patronal.
La esencia de la reciente propuesta panista de reformas a la Ley Federal del Trabajo (cuyo texto me consiguió mi amigo y camarada, el diputado federal Agustín Guerrero) lleva la impronta de la ideología anticolectivista de la patronal. No podrá haber en nuestro país verdadera competitividad ni inversión ni productividad ni exportaciones, así como tampoco auténtica generación de riqueza, si no se elimina el derecho colectivo del trabajo, se hace a menos de los sindicatos, se flexibilizan las relaciones de trabajo y se convierte al trabajador en un agente libre de verdad que trate directamente con su patrón y colabore con él en todo lo que sea necesario para alcanzar aquellos sacrosantos valores de la nueva iniciativa privada (que a Reyes Heroles y a los enemigos del no les fascinan).
Enseguida sólo unos ejemplos. Los nuevos artículos, 39 ordenados con letras, proponen contratos de trabajo (siempre individuales) de prueba, para ver si el trabajador es capaz de desarrollar la tarea (de tres y seis meses). Lo malo es que el único árbitro es el propio patrón y no es desechable la idea de que explote a su presunto futuro trabajador por ese tiempo y luego lo eche a la calle. Las relaciones de trabajo, en el actual derecho, son por tiempo indeterminado, vale decir, para siempre, mientras el cuerpo del trabajador aguante. En la reforma que se propone se flexibilizan al máximo, de modo que se pueden pactar (entre el ratón y el gato) labores discontinuas o fijas y periódicas o temporales, según las exigencias de la empresa.
En su fracción VIII del nuevo artículo 42 se permite suspender la relación de trabajo por temporadas. Se habla de los trabajadores de temporada, pero se ve con claridad que no habrá otro tipo de contrato. Nuestros trabajadores protegidos permanentemente, se volverán trabajadores temporaleros. Los salarios caídos, ya se ha comentado aquí, sólo se pagarán por seis meses, después de lo cual el trabajador dependerá sólo de sí mismo (artículo 48 propuesto). El artículo 51 cambia la denominación de trabajador por la de persona que trabaja. El cambio no puede ser inocuo. El 56 legitima, en fin, las labores conexas que, de hecho, convierten al trabajador en un milusos al servicio del patrón.
¿No es una belleza de reforma?

Fuente: La Jornada 12 de abril de 2010

La propuesta de reforma laboral no generaría empleos "decentes": especialistas de la UNAM

La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón es limitada porque no es fuente generadora de empleos "decentes" para la clase trabajadora, ni forma parte de un esquema integral que cambie de fondo las estructuras económicas y fiscales del país, consideró Patricia Kurczyn, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al participar en la mesa redonda Alcances y límites de la reforma laboral, organizada por la máxima casa de estudios, sostuvo que para alcanzar más fuentes de empleo en el país es necesario reformar la estructura de todo el sistema laboral mexicano y no solamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), como ha señalado el gobierno federal que ocurrirá con su iniciativa presentada a través de legisladores del PAN.

Destacó que en los 12 años recientes han habido más de 300 iniciativas para reformar la LFT, pero, dada la experiencia internacional en el tema, en México se requiere de una reforma laboral integral y no sólo "parches" a la ley.

La académica advirtió que en el proyecto federal se excluye el tema de género y de discriminación por responsabilidad familiar, lo cual no debe pasarse por alto debido a que dentro de los capítulos laborales que más ha vivido el país "el que más se conoce es la discriminación hacia la mujer en el trabajo".

En su turno, María Ascensión Morales, directora general de Patrimonio Universitario de la UNAM, advirtió que en la ley laboral –que plantea cambios a 419 de los mil diez artículos que integran la LFT– no hay una vinculación de ésta con el desarrollo social y económico ni con la generación de empleos.

Para generar empleos, dijo, debe haber competitividad y productividad en el mercado de trabajo y no "varitas mágicas", como ha tenido lugar en naciones de América Latina, México incluido.

Apuntó que la reforma podrá ser viable sólo si va acompañada de medidas sociales y económicas, debido a que son los elementos que garantizarán desarrollo y crecimiento al sector laboral y productivo del país.

Argumentó que, al estar desvinculada de la protección social, la propuesta federal no garantiza al trabajador acceso a una pensión al término de su vida laboral, puesto que la contratación por periodo de pruebas –aun cuando prevé límites– puede ocasionar que una persona se pase toda la vida en esos esquemas sin nunca poder generar una subvención.

Además, este tipo de contratación no garantiza un trabajo decente ni que haya reducción de la pobreza en el país, como marca en sus lineamientos la Organización Internacional del Trabajo.

Las naciones que han implementado este tipo de subcontratación también han instituido redes de protección social como el seguro del desempleo y créditos de compensación, como medidas para lograr la reinserción al mercado productivo, pero en la reforma laboral "no se ven estos mecanismos", comentó.

Carlos Reynoso Castillo, investigador de la UAM, se pronunció por una revisión a la propuesta de reforma de la LFT porque presenta "confusiones conceptuales" y en algunas de sus partes es "rica en ambigüedades".

Sostuvo que de todas las propuestas planteadas en el proyecto "ninguna va en el sentido de modificar o alterar siquiera el modelo de relaciones de producción que se heredó desde la Revolución Mexicana", sino de una "adecuación utilitaria" a los esquemas de contratación, de prestaciones, disolución y de relaciones colectivas, entre otros.

Fuente: La Jornada 9 de abril de 2010

Alistan Congreso del Trabajo y UNT contrapropuestas de reforma laboral

Desde su propia perspectiva y particular defensa de intereses, los dirigentes del Congreso del Trabajo (CT, sector obrero del Partido Revolucionario Institucional) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) preparan sus propuestas en busca de contrarrestar la iniciativa de reforma laboral presentada por la bancada panista en la Cámara de Diputados.
En un hecho sin precedente, los líderes de CT y UNT –frecuentemente con posturas antagónicas– han creado un canal de comunicación incluso para organizar las actividades del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. No se descarta que ambos dirigentes aparezcan juntos en un templete.
Ya hay un acercamiento. Hablaré con la directiva del Congreso del Trabajo para darle a conocer esta propuesta. A mí me parece que hay condiciones para hacer un pronunciamiento conjunto y que nosotros pudiéramos estar, físicamente, algunos dirigentes (de la UNT), en el acto de ellos (en el Zócalo) para ratificar el rechazo al proyecto del secretario del Trabajo, Javier Lozano, señaló Francisco Hernández Juárez, quien se desempeña en tres ámbitos, ya que es dirigente del sindicato de telefonistas, integrante de la presidencia colegiada de la UNT y diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Con o sin nosotros –agregó–, la Cámara de Diputados sacará una propuesta alternativa a la de Lozano; entonces, soy de la idea de que se puede jugar mejor con un (proyecto) mejorado que se presente de inmediato porque para septiembre ya no tendría caso.”
Hernández Juárez actualizó la propuesta presentada de manera conjunta, en 2002, por el PRD y la UNT. El nuevo documento fue entregado ayer a los representantes de todas las organizaciones que integran esta central obrera alterna al CT.
Sin embargo, cuando parecía que tal proyecto pasaría sin problemas (para entregarlo de inmediato al PRD y que éste lo hiciera suyo en la Cámara de Diputados), el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez, advirtió que posiblemente no sea el momento adecuado; en cambio, sugirió que se fortalezca la movilización para impedir el paso de la enmienda panista.
Otro de los tres pilares operativos de la UNT, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se mantiene al margen de la estrategia que impulsa Hernández Juárez.
El SNTSS –uno de los más grandes de América Latina– es dirigido por Valdemar Gutiérrez, actual diputado panista.
En ese contexto, los enviados de las organizaciones sindicales, sociales y campesinas se comprometieron a entregar el próximo miércoles una respuesta, para dar su posible visto bueno al documento que redactaron Hernández Juárez y su equipo.
Se anticipa un apoyo general, salvo la resistencia, en materia de plazos, hecha pública por Agustín Rodríguez, así como el desmarque de Valdemar Gutiérrez, debido a su obligado apoyo a la iniciativa que presentó su bancada en febrero pasado.
La propuesta actualizada y ampliada de la UNT incluye –a diferencia del proyecto panista– cambios al artículo 123 constitucional para suprimir su apartado B (relativo a los empleados del sector público) y eliminar las juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a tribunales laborales autónomos.
Busca además dar un uso racional a la denominada flexibilidad en el trabajo, con el fin de que las condiciones laborales se pacten entre trabajadores y patrón.
Dedica una parte a cambios relativos a la democracia sindical y la contratación colectiva como eje de negociación con los gremios. Este último punto es antagónico a la propuesta panista.
De igual forma, plantea ampliar políticas públicas en el sector laboral y crear nuevas instituciones, como el registro público de contratos colectivos y un instituto del salario mínimo, por mencionar algunas de las propuestas de lo que se pretende sea nuevamente, como ocurrió en 2002, el eje UNT-PRD.

Fuente: La Jornada 8 de abril de 2010

La reforma laboral panista termina con la estabilidad del empleo, advierte la ANAD

Después de estudiar las 130 páginas en que se expone la propuesta de reforma laboral del Partido Acción Nacional (PAN), el laboralista Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), concluyó que el objetivo de esa iniciativa es terminar con la estabilidad del empleo, y una de las vías para lograrlo es legalizando el contrato por horas.
Ese tipo de contratos, tal como están diseñados en la propuesta panista, son violatorios de la Constitución, en su artículo 123 fracción 21, porque inhiben la responsabilidad patronal ante despidos y acabarían con los contratos de planta, expuso.
Fuentes Muñiz, quien encabeza una de las agrupaciones de abogados de corte progresista más representativas del país, sostuvo en un documento, respaldado por los integrantes de la ANAD, que dicha reforma, que busca modificar 419 artículos de la Ley Federal del Trabajo, traería más costos que beneficios a los trabajadores.
Entre las afectaciones podemos destacar que anularía responsabilidades por generación de antigüedad y se reducirían prestaciones, beneficios pensionarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en el caso de las mujeres, afectaría sus derechos, protegidos en el artículo 123 constitucional fracción quinta, destacó el especialista en derecho laboral.
La iniciativa del gobierno del presidente Felipe Calderón fue presentada en la Cámara de Diputados el pasado 18 de marzo, y entre sus principales propuestas destaca el pago por hora, la modificación de reglas sobre el derecho de huelga, plazos límite en el pago de salarios caídos, mayor transparencia y democracia sindical y regulación del esquema de subcontratación.
En su análisis, Fuentes Muñiz –quien ha sido asesor jurídico de diversos sindicatos mexicanos– señaló que en la actualidad la legislación en la materia contempla que los contratos deben ser de planta o fijos, y excepcionalmente por obra o tiempo determinado.
El abogado indicó que “la tesis central plasmada en la actual ley para la permanencia de un contrato laboral es la existencia de la materia de trabajo, independientemente de lo acordado por las partes.
“Ahora, con la propuesta panista, los contratos por horas se apoyarían únicamente en ‘la voluntad de las partes’, lo que en materia laboral es un acto simulado y no tiene relación en la existencia de la materia de trabajo.
“De esta forma, serían los ‘contratos de adhesión’ los que imperarían en perjuicio de los empleados, quienes no tendrían más remedio que admitirlos ante la condición de obtener un puesto.
“Ello puede traer como consecuencia en la vida diaria, por ejemplo, que a los trabajadores se les puedan imponer contratos por 80 horas totales y al término del periodo convenido cesaría toda responsabilidad del patrón. Ello se traduciría en que habría empleados que laborarían cuatro horas diarias, por ejemplo, durante cuatro semanas, y al computarse las 80 horas no podrían reclamar pago alguno por indemnización o derecho a reinstalarse cuando terminara el contrato ‘convenido’”, puntualizó.
En el mismo análisis, del que tiene copia La Jornada y será entregado a la Cámara de Diputados, la ANAD destaca que la propuesta pone un candado en el artículo 39 de la ley laboral, que legitima los contratos siempre que subsista la materia de trabajo. Ahora la prórroga de un contrato se podría dar únicamente por la duración del último contrato laboral.
Por ejemplo, si fue de 80 horas el contrato sólo podría renovarse previo juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje después de cinco años sin pago de salarios caídos. Con ello desaparecerían, en los hechos, los contratos de planta, explicó Fuentes Muñiz.
De esta forma, la reforma “traería un cambio significativo en las relaciones de trabajo, ya que si ahora 80 por ciento de puestos creados en el sexenio calderonista son contratos temporales, ese porcentaje sería sustituido por los llamados ‘contratos por horas’ y al término de los mismos no habría responsabilidad alguna para los patrones”.

Fuente: La Jornada 5 de marzo de 2010

CEPAL pide a México cumplir ley laboral

Mientras los países de América Latina y el Caribe trabajan para lograr una legislación laboral más justa, México ya la tiene, el problema es que no ha tenido la capacidad para cumplirla, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
En entrevista la funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que esta instancia internacional analiza la propuesta de reforma laboral presentada recientemente en México.
Aunque todavía no están listas las conclusiones, adelantó que la CEPAL se opone al concepto de ‘flexibilidad laboral’, pues aseguró que se trata de un tema delicado del que no hay parámetros claros para definir contra qué se debe ser flexible.
‘No es lo mismo la flexibilidad laboral en Alemania que en Chile y por ello la CEPAL no acepta el término’, manifestó.
En el caso mexicano, expuso que desde la Revolución el país logró una institucionalidad laboral muy sólida, aunque lamentablemente ésta se aplica sólo en las grandes empresas.
‘Como existe una legislación relativamente muy estricta, muy buena, muy interesante, muchos prefieren irse por lo informal, porque el ingreso a la formalidad parece muy complicado’, detalló.
Mientras otros países de la región pretenden crear una legislación laboral justa, México ya la tiene, pero no ha desarrollado la capacidad para cumplirla y de ahí que prolifere el sector informal, consideró.
En términos generales, Bárcena Ibarra destacó la importancia de hacer transparente la gestión tanto de los sindicatos como de las empresas, pues es necesario ‘transparentar a la sociedad entera y que todos rindan cuentas’.
En otro tema, adelantó que la CEPAL lleva a cabo un amplio estudio en materia migratoria que abarca a toda la región y que analiza no sólo a Estados Unidos como país receptor, sino también a Europa.
Se trata de analizar las políticas migratorias y su impacto en los países expulsores tanto en términos de remesas, como en flujos de migración y aspectos sociales, abundó.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL adelantó que la comisión a su cargo no ha revisado todavía a la alza su proyección de crecimiento económico para México, calculado en 3.5 por ciento, y de América Latina y el Caribe en general, de 4.1 por ciento.

Fuente: El Universal 4 de abril de 2010

Retrógrada, la reforma laboral panista, sostiene académica

La iniciativa de reforma laboral del PAN se sustenta en una visión empresarial, retrógrada en términos ideológicos, porque plantea –sin sustento alguno, como ocurrió en los años 80– que flexibilizar el mercado de trabajo es la vía para generar empleos.
Graciela Bensusán, abogada y académica especialista en la Ley Federal del Trabajo (LFT), sostuvo en entrevista que ninguno de los proyectos del PAN (en el sexenio pasado la llamada Ley Abascal y ahora la delineada por el secretario Javier Lozano) va al fondo para atender los rezagos estructurales derivados de la inmovilidad del artículo 123 constitucional, que debe cambiarse para, por ejemplo, eliminar las juntas de conciliación y crear tribunales autónomos, base para construir un verdadero sistema de justicia laboral.
La iniciativa no crea condiciones para la autonomía de los tribunales laborales y obstaculiza la creación de sindicatos y la firma de contratos colectivos.
Es evidente, agregó, que el proyecto del PAN tomó un pedacito de otras propuestas; hicieron un popurrí, una mezcla, pero con lógica propia: una mirada de las necesidades empresariales y desconociendo la experiencia de 20 años en América Latina, donde las propuestas que plantean sólo llevaron a la precariedad los empleos de la región.
El proyecto del PAN, elaborado por despachos de abogados empresariales, aumenta el control estatal y libera ciertas reglas del juego para presionar a los trabajadores para que abandonen los sindicatos.
Entonces, agregó Bensusán, tenemos un retraso ideológico. Es como si ellos vinieran de Marte y no supieran lo que ocurrió en América Latina en la década de los 80. Es un proyecto ignorante.
La iniciativa elaborada por el Ejecutivo y presentada el mes pasado por los diputados del PAN es la número 333 en el recuento histórico en esta materia, según estadística de la Secretaría del Trabajo.


Al respecto, la investigadora de la UAM y autora de varios libros y análisis sobre la LFT dejó en claro que criticar la propuesta panista no significa evadir el debate. La situación del país hace ineludible ahondar en la discusión.
Explicó que no ha podido llegar a buen término una reforma laboral porque en México se evade el debate serio y de fondo. ¿Cómo vamos a hacer una reforma de 500 artículos si no sabemos qué rumbo va a tomar el país para recuperar el crecimiento?, planteó.
Podemos incluir, por ejemplo, el contrato de capacitación inicial (uno de los elementos novedosos en la iniciativa panista) y ver cómo funciona, pero no podemos justificar la reforma y decir que con estos cambios se generarán empleos formales y la economía crecerá. Eso no tiene el menor fundamento, es una mentira, dijo.
Bensusán puntualizó algunos aspectos de la iniciativa panista que derivan en restricciones para el ejercicio de la contratación colectiva y la huelga; de manera especial, en perjuicio de sindicatos como el de pilotos y el de sobrecargos.
El proyecto panista incluye nuevos requisitos para demandar la titularidad de un contrato colectivo, así como arbitraje obligatorio (en caso de conflicto y huelga); además, elimina la cláusula de exclusión (cuando un sindicato pide el despido de un trabajador que ha decidido no pertenecer al mismo), quita la obligatoriedad de las cuotas sindicales e impone el voto universal, directo y secreto para la elección de dirigentes.
Estos elementos, dijo la especialista, parecerían positivos pero, en un ambiente antisindical como el que existe en México se convertirían en perjudiciales.

Fuente: La Jornada 4 de abril de 2010

La iniciativa del PAN en materia laboral "no tiene futuro", advierte la CROC

La iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) en materia laboral no tiene futuro y, en lugar de denostar a los críticos de la misma, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, debería colaborar en la definición de una nueva propuesta.
Lo anterior fue señalado por el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, también diputado federal priísta.
Como se ha publicado, dijo, los líderes del sector obrero ya sepultaron la iniciativa del PAN, así que esa ley no tiene futuro, y tan no lo tiene que los diputados ya llegamos a un acuerdo para analizar el tema y generar, eventualmente, una nueva iniciativa con las opiniones de todos los actores involucrados en el sector laboral.
Se hizo una comisión para invitar al sector empresarial, a los académicos y a los partidos para hacer un nuevo documento. Esto quiere decir que la que presentó el PAN no va. Claro que la analizaremos y si tiene algo bueno qué aportar se tomará, pero de lo contrario, no, expresó.
Lozano, responsable de la política laboral del país, declaró el jueves pasado que quienes critican esa iniciativa no han sabido leer su contenido o persiguen intereses oscuros. Y, en esa posibilidad, mencionó a medios de comunicación, sindicatos y especialistas que advierten efectos negativos en la iniciativa impulsada por el presidente Felipe Calderón.
Tras el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, presentada en tribuna por la bancada panista en San Lázaro, los legisladores de oposición procedentes del sector sindical acordaron convocar a un periodo de análisis del que surja, de manera conjunta, otro proyecto de cambios a la Ley Federal del Trabajo.
Incluso, un grupo de diputados del PRD busca introducir cambios al artículo 123 constitucional para transformar el andamiaje de la justicia laboral y desaparecer instancias como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
En un punto de acuerdo conjunto de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, se invitará a representantes de trabajadores, empresarios, gobierno, partidos políticos y académicos a presentar propuestas para elaborar, en su caso, un nuevo proyecto de reforma.

El objetivo en este año (tal como ha ocurrido al menos en la década reciente) es intentar generar una iniciativa de consenso, a fin de allanar el camino para su discusión y eventual aprobación en el Congreso de la Unión.
Con ello, precisó el diputado y líder croquista Cuevas González, podrá surgir un cambio a la ley que se adapte a los requerimientos del sector productivo y no una iniciativa unilateral como la que presentó Acción Nacional, porque a todas luces se ve que desconocen el espíritu del artículo 123 constitucional.
En especial, comentó en entrevista, está el tema del pago por horas, que se contrapone con el derecho básico a la permanencia en el trabajo y afecta también la seguridad social, la contratación colectiva y la sindicalización.
Lo que motivó el punto de acuerdo, dijo, es que en esta nueva etapa de análisis participen los que conocen del tema y a diario están inmersos en el sector laboral.
El dirigente manifestó su desacuerdo con la reacción del secretario Lozano porque –al menos en términos formales– la iniciativa no es del Ejecutivo sino de los legisladores del PAN, y son ellos, en todo caso, quienes deberían defenderla.
Si él (Lozano) la hubiera presentado, pues otra cosa sería. En tal caso, sí le quedaría hacer críticas, pero en los hechos la presentó el PAN y pues que la defienda el PAN, dijo.
La CROC, con amplia presencia en la titularidad de contratos colectivos en el país y considerada una de las centrales obreras más grandes, ya hizo público su criterio totalmente en contra de la iniciativa del panismo.
(En el Ejecutivo) no tienen por qué estar nerviosos; al contrario, deberían participar en este espacio, preparar documentos y propuestas porque eso de criticar queda ya en el pasado, dijo.

Fuente: La Jornada 3 de abril de 2010

Denuncia la UNT intención oficial de tener un control feudalizado de gremios

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) difundió un análisis pormenorizado de la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), en el que señala que el planteamiento de que deberá haber arbitraje obligatorio de las huelgas –a los 60 días de que éstas se inicien– significará un control corporativo feudalizado.
El documento, dado a conocer por el diputado Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la UNT, señala que añadir regulaciones para la tramitación de las demandas de titularidad, así como requisitos para los emplazamientos a huelga y reglas para declarar la inexistencia de este tipo de movimientos serían instrumentos adicionales para los gobiernos o para las juntas locales (de Conciliación y Arbitraje) o la federal a fin de controlar a los sindicatos.
En cuanto a la propuesta de que se elimine el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por nómina, el estudio señala:
Sería la muerte anunciada de los sindicatos auténticos, que viven y funcionan de las cuotas de sus miembros, porque los sindicatos de protección, que son los que abundan, medran de las igualas patronales que les otorgan y poco les afectaría esta prohibición.
Detalla que incluir nuevas modalidades de contratación individual afecta la estabilidad en el empleo, lo que es grave en un mercado de trabajo deprimido.
Además quienes pierden sus plazas quedan en plena indefensión porque las indemnizaciones de ley y los salarios vencidos, cuando se logran, por regla general no benefician a los trabajadores, sino que van a engrosar los bolsillos de la multitud de litigantes y coyotes que medran con los derechos patrimoniales de quienes quedan desempleados.
Sobre las medidas de equidad de género, la inclusión y la no discriminación en las relaciones laborales, el análisis indica que se requiere de justicia laboral profesional, imparcial y expedita.
Señala que las juntas ya no funcionan para impartir justicia, pues en el sistema tripartito que proponen hay un representante gubernamental que asume una posición feudal, mientras los empresarios responden a sus propios intereses y los trabajadores muchas veces están bajo control de sindicatos corporativos.

Fuente: La Jornada 2 marzo de 2010

Burócratas arremeten contra la propuesta panista de reforma laboral

Transgrede la autonomía de los sindicatos la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Rodríguez Camacho, luego de sostener que esta iniciativa propone aspectos jurídicos que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los que están al servicio del Estado.
En cambio, para el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modernizar el marco regulatorio para los sectores laboral y productivo, para generar mejores oportunidades de crecimiento, y sostuvo que el artículo 123 constitucional es intocable.
El dirigente sindical señaló que se creó un grupo de trabajo que analizará a fondo la iniciativa, para ver el alcance de las repercusiones jurídicas que tendría para los trabajadores del sector gubernamental los cambios que plantean los legisladores panistas, y no descartó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presente su propia propuesta de ley.
Tras informar que el ISSSTE autorizará la contratación de 2 mil 500 nuevas plazas para este año, Rodríguez Camacho expuso que no están dadas las condiciones para que la reforma propuesta por legisladores de Acción Nacional pueda discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN toca aspectos como los estatutos de las organizaciones sindicales, con lo que obviamente no estamos de acuerdo y consideró difícil que se concrete pronto una nueva reforma laboral.
Madero, por su lado, llamó a no confundir a la opinión pública, ya que, dijo, la reforma propuesta no contiene ningún apartado de modificaciones al 123 constitucional, por ello no permitiremos que los detractores de esta modificación, traten de confundir a la población con argumentos sin sustento.
La reforma laboral es precisa y transparente, los posicionamientos de los diputados federales de Acción Nacional son claros y congruentes con la propuesta y sólo se busca modernizar el marco legal para mejorar las condiciones de empleo y de competitividad”.
Sostuvo que por lo que respecta a los trabajadores sindicalizados, la reforma incluye mecanismos de transparencia para que los agremiados tengan acceso e información de la situación que guardan las aportaciones de sus cuotas y para que tengan plena certeza del destino final que se les da.

Fuente: La Jornada 30 de marzo de 2010

La reforma laboral panista aniquila derechos "que valen oro": investigador

La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón mediante legisladores del PAN legaliza la venta del trabajo por conducto de las empresas outsourcing, pone requisitos para hacer imposible el registro de nuevos sindicatos, pretende arrebatar los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, quita la estabilidad en el empleo, elimina el pago de tiempo extra y vulnera la jornada laboral de 8 horas.
Al hacer un análisis de la reforma, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la UNAM, señaló lo anterior y dijo que ésta propone que los trabajadores claudiquen en su reclamo de pago de salarios caídos durante huelgas prolongadas. Además, abundó, plantea que los empleados sólo podrán ser contratados de planta cuando cumplan tres años de servicio y viola el derecho de huelga, ya que impone tantas trabas que hará imposible un estallamiento.
Respecto de los señalamientos oficiales de que los cambios permitirán mayor competitividad y productividad, dijo: se están cambiando cuentas de vidrio por derechos que valen oro.
La intención de acabar con las conquistas laborales, opinó, es un objetivo del actual gobierno, el cual tiene planeado eliminar el seguro de maternidad por caro y enviar a todas las mujeres a que atiendan sus partos mediante el Seguro Popular.
Explicó que al parecer la propuesta tiene como finalidad poner una cama de oportunidad para atraer inversión privada ofreciendo salarios castigados y pérdida de derechos de los trabajadores. Asimismo, empleados dóciles que puedan ser fácilmente despedidos; que no puedan, por ejemplo, declararse en huelga, que no puedan crear nuevos sindicatos. Es una reforma anacrónica, sostuvo.
En su opinión, “es una gran mentira que no se reforma el 123 constitucional, ya que ese precepto sería violentado con toda la iniciativa. Muchos cambios son abiertamente ilegales.
Parece una burla la declaración de que el pago por hora se determinó para contratar estudiantes. Lo que está bajo esa propuesta es tener empleados muy baratos, sin pago de prestaciones ni seguridad social.
E. Méndez y R. Garduño
La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo es un paso a la modernidad que permitiría evitar huelgas y si éstas estallaran resolverlas lo más pronto posible, mientras en los sindicatos la elección abierta de sus dirigentes evitaría que fuera necesaria la toma de nota, aseguró el diputado José Gerardo de los Cobos (PAN).
El abogado panista, perteneciente a El Yunque en Guanajuato, quien presentó la iniciativa hace dos semanas, reconoció que el documento fue elaborado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el contenido fue informado a Los Pinos.
En entrevista, dijo: el Presidente es del PAN y esta bancada también. Tenemos comunicación, y claro que coincidimos en los criterios torales de la iniciativa.
Ante el rechazo de los principales sindicatos del país, así como de diputados de PRI y PRD que tienen a su cargo organizaciones como la CTM, la CROC y el Sindicato de Telefonistas, aseguró: entiendo que algunos líderes tienen temor y resistencia al cambio.
Sin embargo, sostuvo que en su proyecto no hay una sola propuesta que afecte a los gremios. Aseveró: “no se puede aducir que una reforma en favor de los trabajadores sea contra los sindicatos. ¡Por Dios!, si no están de acuerdo, que rebatan los cambios propuestos.
Entiendo que no les guste que los trabajadores tengan derecho a saber en qué se usan sus cuotas, pero que me lo digan, que lo defiendan en la tribuna.
–¿Su intención es democratizar liderazgos como los del SNTE y el sindicato petrolero?
–Que se renueven con el voto secreto. Es un derecho universal que los trabajadores voten en libertad. Proponemos que haya un registro público de sindicatos, de sus estatutos, de los dirigentes, para saber quién está al frente.
–¿Por qué no propone desaparecer la toma de nota, que se usa como instrumento del gobierno para chantajear a los sindicatos?
–Con la reforma no es necesario. Hay un tabú sobre la toma de nota. Es una cuestión administrativa que no tiene peso constitucional, pero que se politiza. Si llegamos a ese esquema de elección libre, esa figura ya no tendría razón de ser.

Fuente: La Jornada 29 de marzo de 2010

Especialistas, contra la propuesta panista

Especialistas coincidieron en que la reforma laboral propuesta por el PAN no busca la calidad de los empleos sino “flexibilizar” la contratación y el despido que sólo beneficia a los empresarios.
Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM, aseguró que actualmente “se contrata como sea, se les paga lo que sea, ¿dónde está la inflexibilidad? Da la impresión de lo que se trata es de darle legitimidad a lo que es una mala fantasía del sector empresarial de abaratar el despido”.
Contrario a lo que dice el secretario del Trabajo, Javier Lozano, el mercado laboral mexicano es “el más flexible”, toda vez que 30, o incluso hasta 50 por ciento de la población activa lo hace en la informalidad.
Entrevistado durante el foro Diálogos del Bicentenario hacia un México Social, realizado en la Universidad de Guanajuato, el catedrático insistió en que la reforma laboral beneficia sólo a los empresarios que “quieren todo y gratis”.
En tanto, Fernando Patrón, director del Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato, explicó que la reforma laboral del PAN tiene el objetivo de “flexibilizar la contratación y despido, las jornadas de trabajo, reducir los costos laborales, mayores márgenes de decisión de las empresas para la formación de recursos humanos”, olvidando a los trabajadores.
Aunque se diga que busca dinamizar el mercado laboral, el “problema” es que son medidas de “corto plazo” y se está olvidando discutir la política del salario, como la viabilidad de seguir teniendo una Comisión de Salarios Mínimos.
Descalificó que se piense que las reformas “por sí solas” son suficientes para estimular una mayor productividad de las empresas, porque no “sólo se trata de generar empleos, sino la calidad” de los mismos.
Patrón aseguró que la reforma impulsada por el secretario del Trabajo es un “intento desvinculado que sólo ve un lado de la moneda”.
Cordera insistió en que se requiere más bien de una economía que realmente genere empleos, e instituciones que den trabajo digno a los mexicanos o “mínimamente seguro”.
Incluso, dijo, si se busca “abaratar” el despido, una manera de concretarlo sin vulnerar la economía de los trabajadores es el seguro de desempleo, para que cuando alguien pierda el trabajo no sea como “perder la vida”.
Por otra parte, Luis Bueno Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que el outsourcing está presente en las relaciones laborales de manera ilegal y lejos de combatirlo, la reforma laboral del PAN pretende legalizarlo, lo que vulnera a los trabajadores.

Fuente: La Jornada 28 de marzo de 2010

No pasará la reforma laboral del PAN: diputados priístas

Los dirigentes obreros que integran la bancada del PRI en la Cámara de Diputados colocaron una lápida sobre la iniciativa de reforma laboral impulsada por el PAN y el gobierno federal. Ya no camina. Hubo un acuerdo para que no pase. ¡Ahí se quedó! Está en contra de sindicatos y trabajadores, toda vez que violenta la autonomía de éstos. Está en contra de la contratación colectiva y el derecho de huelga.
Al suscitar controversia entre el gobierno federal, el PAN y el PRI, la propuesta fue sometida a consideración de la fracción parlamentaria que domina en San Lázaro, y quienes forman parte del sindicalismo orgánico rechazaron incluso su análisis y dictamen.
Tereso Medina, presidente de la Comisión de Trabajo, descalificó el proceso de registro de la iniciativa en San Lázaro: Esa actitud la considero muy ligera. Se presentó sin la seriedad que se debe trabajar una ley tan delicada como esa y se propuso sin estar en el orden del día.
–¿El PRI ya determinó el rechazo definitivo?
–Se ha encargado que los diputados obreros velemos por la autonomía sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga. No tenemos prisa por revisar algo tan delicado, y no vamos a trabajar al ritmo del PAN. Esta iniciativa defiende a los patrones y está contra los trabajadores.
También el dirigente cetemista por el estado de México, Armando Neyra, adelantó que su partido elaborará una iniciativa de ley distinta a la panista. Nosotros, como sector obrero, vamos a hacer la nuestra, la de la CTM, y que el PRI la haga suya, porque la que se presentó no cumplió con el procedimiento. No la recibieron la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política y la secretaría general. Además, no estaba en el orden del día. Elimina totalmente el artículo 123 de la Constitución y el acuerdo en las mesas de trabajo de la comisión fue que no se iban a tocar la autonomía sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga, y se hace.
–¿Qué temas impulsarían como dirigentes obreros?
–Primero que se cumpla la ley como está, que nos digan los más de 400 artículos que quieren reformar, en qué afecta al sector empresarial. Quieren quitar el tiempo extra, la autonomía sindical, es decir, el derecho a sindicalizarse, y nosotros preguntamos en qué afecta.
–¿Entre otras propuestas del panismo está que se regulen las empresas outsourcing, de subcontratación?
–Deben desaparecer, pues son las que han quebrado al país. Un empresario grande crea 10 empresas chicas y hace aparecer que la grandota no gana y que las chiquitas menos. Entonces subcontrata. Eso es lo que está pasando. No hay seriedad de los inversionistas.
–De los sindicatos se desprende la idea de opacidad y que no responden a los intereses de los trabajadores –se le insistió.
–¡No! A quien debemos informar es a los trabajadores. Creo que se refieren al sindicato petrolero, al de la CFE, a los que constituyen los que dan servicio al Estado, porque manejan dinero público. En serio es injusto.
Para el líder del sindicato de músicos, Armando Báez, los dados están marcados desde la CTM. De entrada no estamos de acuerdo en que se metan en la autonomía sindical, porque las cuotas no vienen del gobierno federal, sino de los trabajadores. No estamos obligados a rendir cuentas a nadie más que a nuestro gremio. El derecho de huelga también lo quieren minimizar cuando vemos que están agrediendo a los empleados y nosotros no estamos de acuerdo por el lineamiento de nuestro máximo líder en el Congreso del Trabajo, Joaquín Gamboa Pascoe.
También Isaías González, dirigente de la CROC, expresó que su partido presentará una iniciativa distinta a la panista, que contendrá un capítulo para que la capacitación sea obligatoria. Cada día los trabajadores pierden poder adquisitivo. Sabemos que desde 1982 tenemos un rezago salarial de 50 por ciento en los sueldos mínimos y de 70 por ciento en los de manufactura. Cada día se va haciendo más pobre la gente.
–¿Cómo van a responder las dirigencias obreras al reclamo de los trabajadores para que se mejoren sus condiciones de vida?
–Tenemos que dar difusión a la problemática para tener conciencia de cuál es el reto. Los trabajadores no hacen tanto caso al incremento de los salarios. Ahora lo que quieren es mantener el trabajo.

Fuente: La Jornada 28 de marzo de 2010