"Lo que menos queremos es violencia, pero estamos fatigados", dicen mineros

Lo que menos queremos es la violencia, pero ya estamos fatigados. Son demasiadas arbitrariedades, señalaron ayer dirigentes del sindicato minero en representación de trabajadores Cananea. Explicaron que por eso los sonorenses están dispuestos a hacer estallar la mina si intentan desalojarlos con la fuerza pública en apoyo a Grupo México.
Expresaron temor de que el fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea el pretexto para que la huelga que se inició hace dos años nueve meses sea terminada abruptamente.
Reiteraron que no lo permitirán. Dijeron que han soportado violencia, muerte de compañeros, fallos inexplicables, injustos y el hambre y el dolor de sus familias. Si la mina no vuelve a ser nuestra fuente de trabajo, no será de nadie, advirtieron.
Debido a que están acostumbrados a manejar explosivos, de uso común en su labor, señalaron que han colocado cargas en puntos estratégicos del socavón, y dejaron en claro que esta determinación es de los mil 100 trabajadores de Cananea, no del sindicato.
En conferencia de prensa, Sergio Beltrán, secretario del interior, exterior y actas, así como Javier Zúñiga García, secretario de trabajo, y Juan Luis Zúniga Velázquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia del gremio, se sumaron a las posturas de los mineros sonorenses dadas a conocer a los medios nacionales.
Los integrantes del comité ejecutivo nacional criticaron el fallo de la SCJN y recibieron el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (Fitim).
Precisaron que están dispuestos a defender Cananea con uñas y dientes porque la mina significa mucho más que una fuente de trabajo, es su vida, la cual ha sido destruida por una arbitrariedad tras otra.
Como trabajador me ofrezco a prenderle la mecha a los explosivos, pero no como secretario de trabajo, abundó Zúñiga García, quien aseguró que “si el gobierno y la empresa nos dicen que mañana nos esperan en tal parte para negociar, porque ellos tienen una propuesta concreta del sindicato minero para resolver las tres huelgas –Cananea, Taxco y Sombrerete–, llegaríamos a buenos términos en una negociación, porque Cananea se muere día a día por la irresponsabilidad de una empresa”.
Apoyo internacional
Acompañados por Jyrki Raina, secretario general de la Fitim, quien aseguró que esta central da apoyo total y solidario porque lo que padece el gremio se deriva de que es un sindicato incómodo al gobierno, los mineros representantes de la sección de Cananea insistieron en que la violencia no es su opción, pero dejaron en claro han sido la empresa y el gobierno los que comenzaron la agresión. Violencia genera violencia, y nos están orillando a hacerla detonar.
Agregaron que los trabajadores de Cananea están dispuestos a destruir la maquinaria que está dentro del socavón y utilizar los 6 mil litros de gasolina de un camión cisterna que se encuentra en la mina.
Manifestaron que su vida, y sobre todo la de los mineros de Taxco y Sombrerete, ha cambiado radicalmente, pues sus posibilidades económicas se redujeron drásticamente, lo que los ha obligado a sacar a sus hijos de las escuelas y a hacer lo que se pueda para sostener a la familia.
Insistieron que están dispuestos a continuar las huelgas hasta tener una respuesta a sus demandas, y afirmaron que no lo hacen por defender a su líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, sino por la causa de los trabajadores y por la libertad sindical.
En Cananea, los muchachos tenían un nivel de vida muy bueno con un ingreso de 5 a 6 mil pesos por semana; sus hijos estudiaban en colegios particulares bilingües, y todo eso se acabó, abundó Zúñiga.
Expuso que si van a tu casa a quererse meter, ¿a poco te vas a quedar con los brazos cruzados? Te tienes que defender, y la gente se ha preparado.
Mediante un comunicado, el sindicato remarcó que la solución al conflicto debe ser por la vía del diálogo, con estricto respeto a la autonomía sindical y al derecho de los trabajadores.
Destacó que las decisiones de la base trabajadora de la mina de Cananea son producto de la frustración que en ella provoca la falta de sensibilidad, voluntad y capacidad de Grupo México y del gobierno.
En la rueda de prensa, Zúñiga García criticó los oídos sordos del gobierno federal hacia las demandas mineras y recordó las ocasiones en que han sido provocados por empresa y gobierno.
Cuando los niños tienen hambre lloran, y la mamá pronta va y los atiende; cuando a los mineros no se les escucha estallamos las minas.

Fuente: La Jornada 23 de abril de 2010

En Cananea hay desesperación ante tantas arbitrariedades, advierte Gómez Urrutia

Los mineros de Cananea, Sonora, están desesperados después de tantas arbitrariedades. Son casi tres años en huelga, de vivir en una situación precaria, de padecer dificultades y carencias junto con sus familias, con sus hijos y, en contraste, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, lejos de hacer algo para resolver el conflicto, celebra todas las resoluciones contrarias a los derechos de los trabajadores; es aberrante lo que está haciendo.
Vía telefónica desde Vancouver, Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, señaló lo anterior y sostuvo que no deja de sorprender la actitud y celebración de Lozano ante cada resolución que afecta a los trabajadores.
El dirigente hizo referencia a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya segunda sala resolvió como improcedentes las reclamaciones interpuestas por los trabajadores de Cananea y confirmó que concluyeron las relaciones laborales en la empresa, como ya había decidido la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Sin embargo, aclaró que ése no es un fallo definitivo ni es un caso concluido, por lo que no tienen por qué entregar la mina.
A pesar de que no ha finalizado al asunto, el encargado de la política laboral se apresuró a celebrar porque no le importan los derechos de los trabajadores, insistió Gómez Urrutia.
Agregó que la falta de voluntad del secretario para resolver el conflicto lo ha complicado más, y apuntó que su actitud servil a las empresas es vergonzosa; no esconde que representa los intereses patronales, en este caso por encima de los mineros que han entregado toda su vida, su esfuerzo y su sacrificio en una mina tan difícil y complicada que ha enriquecido a Grupo México.
Respecto de los señalamientos de algunos trabajadores de que estaban dispuestos a hacer estallar la mina de Cananea por defenderla como su fuente de trabajo, el dirigente aseveró que son palabras de desesperación, y dijo que aun cuando son entendibles estas expresiones, con madurez evitaremos que se llegue a estos extremos.
Gómez Urrutia alertó que si se desata la violencia en Cananea y hay un estallido –pero social– será porque el gobierno federal y la empresa otra vez arman una estrategia para desalojar a los obreros, con apoyo de fuerzas militares o policiacas, porque los trabajadores están acompañados en la mina con sus familias, con estudiantes, representantes sindicales internacionales y nacionales, por lo que si toman esta decisión sería retroceder más de 100 años.
Por lo anterior, hizo otra vez un llamado al presidente Felipe Calderón para que intervenga directamente en la búsqueda de una salida negociada al conflicto.
Añadió que, contrario a lo ha querido hacer ver la Secretaría del Trabajo, estamos muy lejos de haber terminado este asunto; todavía hay otras instancias y juicios de amparo promovidos por trabajadores de confianza que ya obtuvieron una suspensión definitiva del acto reclamado y que impiden que la JFCA ejecute el laudo que da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Son amparos indirectos y falta que se resuelvan, y en última instancia, si vienen en contra, faltaría el recurso de revisión.
Así, la resolución de la SCJN no significa el final, y los obreros no van a entregar la mina. Reiteró que también hay procesos ante instancias internacionales. Se va a ampliar la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso podría llegar a la Corte Interamericana, señaló.
Al preguntarle si no está cansado de toda la maraña jurídica que ha tenido que enfrentar con demandas y contrademandas, respondió: no me he cansado y no me voy a cansar, porque lo que está pasando en México es una aberración, se ha creado un conflicto sindical, social, económico y político para favorecer a una empresa.

Fuente: La Jornada 23 de abril de 2010

Insta la OIT a México a resolver conflicto minero

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acusó al gobierno de México de actuar de manera incompatible con el convenio 87 sobre libertad sindical en el conflicto con el sindicato minero, por lo que urgió a las autoridades mexicanas a resolver el caso inmediatamente.La OIT recordó que el pasado 26 de marzo publicó las recomendaciones provisionales de su Comité de Libertad Sindical al gobierno de México, en respuesta a una queja presentada por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por interferir en la autonomía del sindicato.En la queja, documenta cómo Napoleón Gómez Urrutia, el secretario general del sindicato minero, fue destituido por la fuerza de su cargo, después de criticar al gobierno mexicano y a Grupo México, tras el trágico accidente en Pasta de Conchos que causó la muerte de 65 mineros. Exhibe también cómo el gobierno intervino ilegalmente en las actividades del sindicato independiente, “forzando el despido de sus dirigentes, incautado los bienes sindicales y designado para cargos de elección del sindicato a personas nombradas por él”.Igualmente, muestra la utilización del ejército y de la policía federal para romper huelgas, matar a trabajadores y detener a líderes sindicales que luchan por condiciones de trabajo seguras en las minas propiedad de Grupo México.En sus recomendaciones, el Comité de Libertad Sindical considera que las autoridades laborales mexicanas intervienen en actos incompatibles con el artículo 3 del Convenio 87, que establece el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes.“El Comité deplora la excesiva lentitud de los procedimientos judiciales en relación con varios aspectos del caso y el grave perjuicio que ha causado esto al sindicato demandante” e “insta a una rápida conclusión de los procedimientos judiciales”.Por su parte, el Comité solicitó información adicional del gobierno mexicano sobre varios puntos, “en particular sobre la cuestión de la muerte del trabajador Reynaldo Hernández González, el uso de la fuerza pública en la mina de Cananea, las continuas órdenes de detención, la congelación de las cuentas bancarias, las amenazas y los actos de violencia, lo que comprende sindicalistas muertos y heridos”. Además, la FITIM pidió al gobierno mexicano que responda sobre los contratos de protección que se usan en México –y en ningún otro país del mundo--, porque 90% de los contratos colectivos en el país son de esta naturaleza, violando así el derecho a la libertad sindical.Esta demanda fue presentada por la FITIM en febrero del año pasado ante la OIT –caso 2694--. El gobierno mexicano respondió que la queja era inadmisible.“La FITIM sostiene que el gobierno mexicano tiene que responder claramente sobre su violación de la libertad sindical mediante el uso generalizado de contratos de protección en México”, señaló la OIT.Para la FITIM, los contratos de protección y el impacto que tienen para los trabajadores constituyen una violación del derecho a la libertad sindical previsto en el convenio 87 de la OIT, porque no se trata de una decisión tomada libremente, y seguirá ejerciendo presión para que el gobierno mexicano responda sobre esta cuestión.

Fuente: Proceso 1 de abril de 2010

Desechan revisión de amparo a mineros

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este martes desechar, “por improcedente”, el recurso de revisión al amparo que solicitó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana por la terminación de las relaciones de trabajo en la empresa Mexicana de Cananea.
El presidente de la segunda sala de la Suprema Corte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, resolvió que del análisis efectuado se advierte que en la demanda de los mineros no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general.
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 102 de la Ley de Amparo, el sindicato minero puede impugnar el acuerdo de la segunda sala mediante la reclamación para lo que cuenta con un término de tres días, que corre a partir del siguiente al que surta efectos la notificación.
En caso de que se interponga la reclamación, ésta deberá resolverse en un término de 15 días siguientes a su presentación por la segunda sala de la Suprema Corte.
El sindicato minero promovió un recurso de revisión contra la ejecutoria del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que negó a los trabajadores el amparo promovido del laudo el 14 de abril de 2009.
El ministro Aguirre Anguiano argumentó que del análisis efectuado a dicha resolución se desprende que se resolvió sobre la legalidad de un procedimiento especial de terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, por lo que no se advierte que contenga la interpretación de los artículos constitucionales.
Por ello, se declaró que “el tribunal pleno no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión” interpuesto por el sindicato minero.
El oficio A-440/2010 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se encuentra desde ayer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Fuente: La Jornada 31 de marzo de 2010

La PGR cancela el decomiso de cuentas de mineros, pero las mantiene congeladas

En cumplimiento a una resolución de amparo, la fiscalía antilavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) canceló este lunes la tercera orden de asegurar diversas cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, aunque, también con fecha de ayer, la dependencia emitió una cuarta medida de apremio para congelar las mismas cuentas por tiempo indefinido.
En este nuevo acuerdo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ya no argumentó que ese dinero, en caso de no asegurarlo, podría ser utilizado para operaciones particulares de algunos líderes mineros que cometieron un supuesto fraude. Tampoco afirmó que podría ser utilizado para la adquisición de narcóticos.
Ahora la fiscalía expuso que se presume que esos recursos pudieran estarse usando en perjuicio de la industria minera y, por tanto, contra el Estado mexicano, por ser el titular de los yacimientos del subsuelo, informó el penalista Marco Antonio del Toro, uno de los abogados del sindicato minero, quien sostuvo que otra vez la PGR no presentó pruebas, sino únicamente suposiciones dogmáticas.
La semana pasada, el primer tribunal colegiado en materia penal de la ciudad de México ordenó a la PGR cumplir una sentencia de amparo que determinó inconstitucional el aseguramiento de diversas cuentas bancarias del sindicato.
En su resolución, el tribunal federal apuntó que la SIEDO violó la sentencia de amparo emitida por el juzgado quinto de distrito, al haber afirmado dogmáticamente (sin prueba alguna) que el dinero podría ser empleado por los mineros para adquirir narcóticos.
Para dar cumplimiento a la orden del colegiado, la fiscalía antilavado argumentó –en lo que es el cuarto aseguramiento de las cuentas bancarias que ordena la SIEDO– que el uso de esos recursos podría perjudicar a la industria minera mexicana.
Agregó que también existe la posibilidad de que los fondos se utilicen de forma ilícita en Canadá.
“Estos aseguramientos carecen de una lógica, uno del otro; se han expedido bajo supuestos delictivos totalmente distintos que no tienen ninguna lógica jurídica”, sostuvo Del Toro.
Con esta cuarta orden de congelar las cuentas queda claro que la PGR carece de pruebas para sustentar sus acusaciones, y que sus actuaciones obedecen a una persecución política contra (el líder minero) Napoleón Gómez Urrutia. Por esta razón hemos vuelto a quejarnos ante el Poder Judicial Federal, por incumplimiento de la ejecutoria del amparo, destacó.
Se trata de cuentas abiertas en Banamex y Bancomer, entre otras instituciones bancarias, con inversiones cercanas a 25 millones de pesos.

Fuente: La Jornada 23 de marzo de 2010

Mineros vuelven a cerrar la vía Cananea-Agua Prieta

Cientos de mineros de Cananea bloquearon por segundo día la carretera Cananea-Agua Prieta, al noreste de la entidad, en protesta por la supuesta indolencia del gobierno federal frente a la huelga iniciada el 30 de julio de 2007 por las malas condiciones de seguridad e higiene en su trabajo.
El cierre inició al mediodía de hoy en el mismo punto donde el martes los obreros protestaron desde las 11 de la mañana hasta las 19:30 horas, tiempo local.
Tenemos que llegar a estas medidas de presión porque las autoridades del trabajo en este país operan en favor de Grupo México, le han permitido evitar un diálogo con nosotros para encontrar una solución a nuestras demandas, expuso Jesús Verdugo Quijada, integrante del comité de huelga formado por la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Igual que el martes, permitieron a las unidades de emergencia transitar por la ruta, dijo. La protesta se instaló en el kilómetro 76 de la carretera que conecta el noreste de Sonora con el vecino estado de Chihuahua.

Fuente: La Jornada 18 de marzo de 2010

Protestan trabajadores de Cananea

Al menos 500 mineros de Cananea cerraron de las 11 de la mañana a las 8:30 de la noche la carretera Cananea-Agua Prieta, al noreste de la entidad, en protesta por la persecución policiaca que consideran han sufrido los líderes de la sección 65 del sindicato minero, así como por la tibieza con que las autoridades federales del Trabajo han actuado, al no procurar que representantes de Grupo México negocien una salida a la huelga en el yacimiento, que empezó el 30 de julio de 2007 por las malas condiciones de seguridad e higiene.
Jesús Verdugo Quijada, integrante del comité de huelga en Cananea, expuso que la manifestación se realizó debido a que en las dos últimas semanas se han girado órdenes de presentación contra al menos tres de los líderes del sindicato en la demarcación, lo que no deja dudas de que ante los fracasos en tribunales, y en cuatro intentos de liquidación de los obreros, el gobierno federal y Grupo México ahora buscan debilitar la estructura del sindicato minero.
Por otra parte, decenas de personas se manifestaron este martes en las calles de Hermosillo en solidaridad con el movimiento de huelga de Cananea, en una marcha que empezó frente a la rectoría de la Universidad de Sonora y concluyó en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual clausuraron simbólicamente con unas banderas rojinegras.

Fuente: La Jornada 17 de marzo de 2010

Gremios internacionales demandan a Noruega desligarse de Grupo México

Las Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas y en General (ICEM), y la Federación Internacional de Trabajadores del Metal (FITIM) pidieron al Consejo de Ética del Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega que retire sus inversiones en Grupo México.
Manfred Warda, secretario general del ICEM, señaló que de las múltiples empresas con que esta federación tiene tratos, resalta el despreciable comportamiento de Grupo México, por las múltiples violaciones cometidas contra el sindicato minero y sus trabajadores.
Las dos federaciones mundiales de sindicatos representan casi 45 millones de trabajadores, y junto con otros cuatro gremios noruegos han pedido al consejo de ese país que se desprenda de sus activos en el consorcio mexicano, debido a que está inmerso en denuncias de violaciones laborales y ambientales.
Información difundida por la central estadunidense de sindicatos (AFL-CIO) señala que dichas organizaciones pidieron el retiro de la inversión de Grupo México, ya que además de las acusaciones de violación a los derechos laborales y de destrucción del ambiente, pesan sobre el consorcio la de fraude a accionistas de empresas extranjeras.
Incluso, dichas centrales también piden al consejo noruego el retiro de inversiones de Southern Copper, subsidiaria propiedad de esta empresa.
Estamos apoyando esta acción en nombre de los sindicalistas de México para llamar la atención sobre abusos extremos del Grupo México y pedir al Consejo de Ética que lo descarte como un buen fondo de inversión, señaló Arve Bakke, presidente del sindicato Fellesforbundet. Agregó que el bienestar de futuras generaciones en Noruega no debe ser invertido en compañías que sistemáticamente atacan a los sindicatos y dañan el ambiente, como Grupo México.
Warda sostuvo que, desafortunadamente, las prácticas ilegales de la empresa son apoyadas por el gobierno mexicano; incluyen –dijo– la incautación de activos de los mineros, tratar de remplazar al sindicato legítimo por uno seleccionado por la compañía y el lanzamiento de una prolongada campaña de represión contra el liderazgo del gremio.
A su vez, Jryki Raina, secretario general de la FITIM, indicó que el conglomerado mexicano es acusado de múltiples violaciones, sobre todo por la falta de seguridad en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, que llevó a la muerte a 65 trabajadores.
Dijo que entre los sindicatos que firman la petición están Fellesforbundet, Handel og Kontori Norge, Industri Energi y Norsk Arbeidsmandsforbund; anticipó que el Consejo de Ética investigará a fondo la información y tomará una decisión conveniente para retirar la inversión.

Fuente: La Jornada 17 de marzo de 2010

Larrea-Bours: un engaño más

MÉXICO, D.F., 16 de marzo (Proceso).- Después de la huelga de la mina de Cananea en 2007, el Grupo México de Germán Larrea intentó cerrar el Hospital del Ronquillo, que hacía llevadera la vida de los mineros jubilados. El entonces gobernador Eduardo Bours ofreció a los empresarios apoyar al nosocomio con 100 millones de pesos, de los cuales entregó 30 millones de inmediato. Ahora el hospital está en decadencia y los 70 millones restantes no se ven ahí ni en las cuentas públicas de Sonora. En cambio, Bours creó la fundación Volemos Juntos, una plataforma política en la que presuntamente “invirtió” el dinero escamoteado.
Alejandro López López es un viejo minero con dos operaciones en el corazón y silicosis en los pulmones a consecuencia de años de trabajo en la Minera Cananea. Orgulloso, dice que los 2 mil trabajadores retirados hicieron mucho por la empresa y la comunidad, y por eso no entiende por qué ahora no se respetan sus derechos de ser atendido como se merece en el hospital del Ronquillo, el único que hay en la zona donde está Cananea.
En el último año han muerto 58 mineros jubilados, muchos de ellos enfermos por el polvo de la silica que infesta la mina y se mete a los pulmones. Don Alejandro, como otros miembros de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, sospecha que la desatención contribuyó a la muerte de sus compañeros.
–No somos doctores, pero antes teníamos servicios de calidad. Sin asegurar nada, creemos que la gente que ha fallecido en parte se debe a que no tenemos medicamentos oportunamente o que son genéricos y de baja calidad. Además, no tenemos la atención que teníamos antes –señala el entrevistado, quien es secretario de una de las dos asociaciones de mineros retirados de Cananea.
Angustiado por la falta de servicios de salud de calidad, no entiende por qué el Hospital del Ronquillo no funciona, si el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, firmó un convenio con la Minera Cananea para hacerse cargo de los gastos con un fondo de 100 millones de pesos.
El viejo minero cree que dicho convenio sólo fue verbal. Lo que no sabe es que sólo se utilizaron 30 millones para mantener temporalmente el hospital y los 70 millones de pesos restantes fueron destinados a la campaña del candidato del PRI al gobierno del estado, Alfonso Elías, a cambio de garantizar el servicio de salud de los mineros retirados.
Sin embargo, con la derrota del candidato de Bours dichos acuerdos fueron olvidados y los fondos públicos fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, dirigida por el actual diputado federal Ernesto de Lucas Hopkins, con la idea de apoyar a los candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales en las elecciones de 2012 para conservar sus espacios de poder.
Manuel López, exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas, señala que desde la campaña del año pasado para elegir a gobernador, diputados locales y presientes municipales se enteró de los trabajos de la fundación Volemos Juntos, que en apariencia se creó para ayudar a la gente.
“Tengo entendido que comenzaron a trabajar a finales de las pasadas elecciones y hace poco abrieron oficinas en Hermosillo, supuestamente para apoyar a los ciudadanos. La intención, en realidad, es apoyar la campaña de 2012, y los recursos creo que vienen prácticamente de los fondos del Hospital del Ronquillo”, sostiene el empresario.
Manuel López dejó de trabajar con Ernesto de Lucas cuando terminó su campaña para diputado federal. Hoy se dedica a sus negocios, alejado de la política.
Por su parte, De Lucas Hopkins, actual diputado federal por el tercer distrito, con cabecera en Hermosillo, Sonora, funge como brazo político de Eduardo Bours desde que éste asumió la gubernatura. A los 20 años, De Lucas fue designado secretario de Seguridad Pública del estado. Para ello, Bours cambió la Constitución sonorense, que en su artículo 21 señalaba que debía tener más de 35 años de edad al momento de su designación.
Al cabo de sólo cinco meses fue relevado por su incompetencia, pues fracasó en el intento de hacer de la frontera con Estados Unidos una línea segura, para lo cual contrató por 924 mil 100 dólares a la empresa estadunidense J&D International Consulting Services LLC, con oficinas en Houston, Texas.
El fiasco no lo alejó del gobernador Bours, quien lo nombró presidente estatal del PRI a finales de 2006. En 2008, De Lucas se fue a coordinar las redes ciudadanas de Alfonso Elías Serrano, a la postre candidato a la gubernatura de Sonora, quien perdió con el panista Guillermo Padrés tras el escándalo de los niños muertos en la guardería ABC.
Hombre de todas las confianzas de Bours, el diputado federal De Lucas Hopkins está a cargo del proyecto político del exgobernador, la fundación Volemos Juntos, en la cual trabajan cuatro coordinadores con un salario de 45 mil pesos mensuales.
Según Manuel López, exsecretario particular de Ernesto de Lucas, la fundación forma parte del proyecto político de Bours para las elecciones federales de 2012.
Señala que la supuesta ayuda del gobierno del estado al Hospital del Ronquillo fue una pantalla política y un engaño a los derechohabientes de Cananea, ya que los 100 millones de pesos de subsidios estatales nunca se destinaron a mantenerlo, pues 70 millones fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, un esquema similar a la fundación Vamos México, creada por Marta Sahagún como plataforma para lanzar su candidatura presidencial en 2006.

Estado y empresa contra los jubilados

La huelga en la Minera Cananea estalló el último día de julio de 2007. A los 10 meses, el consejo de administración del grupo empresarial que preside Guillermo Larrea decidió cerrar el Hospital del Ronquillo para presionar a los mineros sindicalizados, estuvieran retirados o en activo. Luego suspendió el servicio de agua potable y gas natural que se surtía en Cananea desde hace 70 años.
Los mineros consideraban al Hospital del Ronquillo como un logro sindical para la protección de sus familias, pues ahí recibían servicios completos y, cuando éstos no eran suficientes, subrogaban los gastos en otros hospitales de Hermosillo, Ciudad Obregón, Guadalajara e incluso de la Ciudad de México. Diez mil de los 30 mil habitantes eran derechohabientes.
En mayo de 2008, cuando los dueños de la compañía minera decidieron cerrar el hospital, se opusieron a ello los trabajadores e incluso el gobierno del estado, por lo cual los directivos de la empresa se reunieron varias veces con los trabajadores y Bours en el Palacio de Gobierno.
Isaac López, gerente de la mina, Xavier García de Quevedo, director general del Grupo México, y Juan Rebolledo, el director jurídico, alegaron que el costo por mantener el hospital era de 10 millones de pesos mensuales. Por su parte, el gobernador advirtió sobre el riesgo de un estallido social en Cananea.
Entonces se negoció que el gobierno del estado se haría cargo del mantenimiento, la operación, los servicios y el funcionamiento del hospital, asumiendo la responsabilidad que hasta entonces tenía el Grupo México.
El 18 de mayo, el secretario de salud del estado, Raymundo López, declaró que el gobernador se comprometía con los mineros y sus familias a darles una atención médica oportuna y de calidad. Pero todo quedó en promesas.
A partir de entonces comenzó la falta de suministro en medicamentos, la sustitución de los patentados por genéricos y el abandono de las instalaciones.
Lo que relata Alejandro López López, dirigente de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, que junto con la Asociación de Mineros Retirados representan a 2 mil jubilados, evidencia que el gobierno de Bours rompió su compromiso, pues se dejó de suministrar recursos económicos para atender enfermedades como silicosis y diabetes, así como para los males del corazón, que suelen afectar a los mineros porque se exponen durante años a sustancias nocivas en la extracción del carbón.
El viejo minero duda que Bours haya firmado un convenio con la compañía.
–Creo que no existe nada de eso. Hemos insistido en que nos den una copia del arreglo que hizo el gobernador anterior, Eduardo Bours, pero no nos han dado nada. Más bien, entre nosotros campea la idea de que nunca se firmó un documento donde el gobierno adquiriera un compromiso con la empresa. Creemos que todo se hizo de forma verbal.
Por este motivo, los mineros sindicalizados pidieron una audiencia con el actual gobernador, Guillermo Padrés, pero hasta el momento no han tenido respuesta.
–Queremos tener un acercamiento con representantes de la empresa y con el gobernador, porque en Cananea no tenemos con quién acudir. Creemos que a través del gobernador podemos acercarnos a la empresa y hacerle ver que no deben involucrarnos, porque no tenemos nada que ver con la huelga.
Antes de que estallara el paro, los mineros retirados tenían compromisos contractuales con la empresa, entre ellos el derecho a la cobertura de salud.
–Nosotros no tenemos la culpa, no se nos debe castigar de esta manera. Nosotros ya aportamos lo que teníamos que aportar para el engrandecimiento y beneficio de la comunidad. Sin embargo, ahora nos tienen marginados, relegados de una manera inmisericorde.
Alejandro López tiene 67 años. Se escucha cansado y desesperado: “Queremos que nos atiendan a los viejos y que el gobierno del estado dirija su mirada hacia nosotros, que nos apoye en la reunión con la empresa (para que) podamos decirles por qué peleamos nuestros derechos”.
Precisa que él nunca ha escuchado de la existencia de la fundación Volemos Juntos y tampoco conocía el dato de que ahí han parado 70 de los cien millones que Bours programó para ayudarlos pero que ahora no aparecen en las cuentas públicas de su gobierno.
Dicha fundación opera casi clandestinamente. Tanto, que Manuel López, el exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, no recuerda cuándo empezó a funcionar.
“No sé como nació, pero sí sé que es una fundación con intenciones políticas y que los fondos vienen prácticamente de lo que estaba destinado al hospital”, señala en entrevista.
De acuerdo con información extraoficial, Bours acordó con la empresa que su gobierno desembolsaría esos 100 millones de pesos, de los cuales daría de manera inmediata 30 millones y los restantes los destinaría realmente a su proyecto político.
Cuando su candidato, Alfonso Elías, perdió la elección, Bours tuvo que crear la fundación Volemos Juntos y poner al frente a su incondicional Ernesto de Lucas Hopkins, quien habría negociado en la Ciudad de México con el director jurídico de la Minera Cananea, Juan Rebolledo, la entrega de los 30 millones. Los otros 70 jamás aparecieron en las cuentas oficiales.
Esto se suma a las irregularidades financieras descubiertas por la nueva administración de Sonora. Desde octubre de 2009, el gobernador Guillermo Padrés adelantó que se habían encontraron diversas irregularidades en las finanzas estatales.
En febrero pasado, el contralor Carlos Tapia Astiazarán anunció que, tras una investigación amplia, se estableció que algunos funcionarios de Bours participaron en una presunta malversación de fondos públicos al cobrar por lo menos 20 cheques expedidos por la tesorería estatal, en diversos bancos, por un total de 190 millones de pesos.
Tapia informó que al concluir la administración de Bours se detectó un faltante de mil 600 millones de pesos en cuentas bancarias gubernamentales, así como pagos pendientes a decenas de proveedores, lo que llevó a Padrés a declarar la entidad en “emergencia financiera” el 5 de octubre de 2009.
Esto sin tomar en cuenta otros faltantes, como los 100 millones que Bours le otorgó a la Ford Motor Company mediante incentivos no fiscales y convenios “confidenciales”, los cuales, por supuesto, tampoco aparecen en las cuentas públicas.

Fuente: Proceso 16 de marzo de 2010

Exige la Cámara a Calderón no intervenir en conflictos mineros

La Junta de Coordinación Política, el principal órgano de gobierno en la Cámara de Diputados, demandó al presidente Felipe Calderón no intervenir en los conflictos laborales de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, y descarte la posibilidad de ordenar que entren en acción las fuerzas disuasivas del Estado.
La instancia, presidida por Francisco Rojas Gutiérrez (PRI), y conformada por los coordinadores de PAN, Josefina Vázquez Mota; PRD, Alejandro Encinas Rodríguez; PVEM, Juan José Guerra Abud; PT, Pedro Vázquez González; Nueva Alianza, Reyes Tamez Guerra, y Convergencia, Pedro Jiménez León, marcó un alto al Ejecutivo federal:
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un urgente llamado al titular del Poder Ejecutivo para que se abstenga de ordenar por cualquier medio o circunstancia el uso de la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco o desalojar y ejercer cualquier acción de contención contra los trabajadores mineros y sus familias, en tanto se resuelven los procedimientos judiciales en marcha.
La argumentación, enviada ayer al Ejecutivo federal señala que el ejercicio de los principios de legalidad y respeto a los derechos civiles y sociales es premisa básica para la vida institucional democrática en el país, y el equilibrio de los factores de la producción es también, hoy día, factor para la seguridad nacional, así como para la estabilidad y progreso de garantías sociales y protección a la propiedad privada.
Por tanto, ante la presunción de amenaza y vulnerabilidad de los principios del pacto constitucional, se pone en riesgo el permanente esfuerzo por mantener, edificar y consolidar el Estado democrático de derecho que nos hemos dado; y por tanto el Poder Legislativo tiene la obligación ética y política de observar el desempeño y de evitar los posibles abusos del poder público en su función de representante de las mayorías mexicanas frente a la obligación irrenunciable del Poder Ejecutivo para mantener el derecho de toda persona a un trabajo digno en la garantía de paz y tranquilidad pública.
El PVEM, mediante su representante Samuel Moreno, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a instruir a las secretarías de Economía y de Gobernación para que se aboquen a estudiar la posibilidad de cancelar la concesión a Mexicana de Cananea SA de CV, tomando como premisa fundamental el deterioro social ocasionado en Cananea derivado del conflicto en la empresa minera, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.
También la junta insta a Calderón para que instruya a las secretarías de Economía y Gobernación a emprender un programa especial de reactivación económica integral para aquella región de Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos.
A todos es conocido el grave conflicto laboral y social del municipio de Cananea. Hasta hoy, a la ciudad le ha sido negado el auxilio de las dependencias del Ejecutivo federal, por el contrario, mediante posturas legalistas radicales se desentienden de buscar una solución con el argumento de que se atienen a la letra de la ley. Con ello hace oídos sordos a los llamados de apoyo que formulan no sólo los cananenses, sino muchas voces que conocen la magnitud de la problemática que aqueja a los habitantes del mineral.
El PVEM refiere que resulta paradójico que las instancias con las atribuciones legales y los recursos necesarios no auxilien a la población que de manera imperiosa lo necesita.
Después de 31 meses de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, los casi 35 mil habitantes del lugar continúan viviendo una situación socialmente dramática, que hace bastante tiempo rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa población.
La minería es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional: ahí se concentra 12 por ciento de la producción minera del país; 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.

Fuente: La Jornada 14 de marzo de 2010

Advertencia de mineros a la SIEDO

Si en el plazo determinado por los tribunales no se restituyen las cuentas bancarias al sindicato minero, se procederá a “demandar por daños a los funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes han impedido que esto se cumpla, a pesar de haber varios fallos judiciales en este sentido, e incluso han incurrido en abusos inadmisibles, señaló el gremio.
Explicó que de igual forma se procederá contra los funcionarios que han entorpecido el cumplimiento de la ley, para que sean sancionados administrativamente, ya que el sindicato obtuvo sentencia firme en su favor y la SIEDO, lejos de cumplimentar esta resolución, la ha entorpecido; incluso –dijo– promovió un recurso de queja absolutamente improcedente a fin de dilatar ilegalmente la entrega de las cuentas bancaria incautadas.
No conforme con ello, en octubre de 2009 la SIEDO incluso dictó un tercer decomiso de cuentas, alegando que el dinero podía ser usado por los mineros para adquirir droga, lo que hace evidente que esta instancia tiene la consigna de mantener el aseguramiento de los recursos para impedir la manutención de los trabajadores en huelga en Cananea, Taxco y Sombrerete. Por ello –advierte–, el sindicato y sus abogados están atentos a lo que haga esta subprocuraduría y se procederá a demandar por daños a los funcionarios y personal de dicha dependencia de PGR

Fuente: La Jornada 12 de marzo de 2010

Amparo a mineros contra congelación de sus cuentas

Un tribunal colegiado ordenó este miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR) que en un plazo de 24 horas –que comenzarán a contar una vez que la dependencia reciba la notificación oficial– cumpla con una sentencia de amparo que determinó inconstitucional el aseguramiento de diversas cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

En su resolución, los tres magistrados del primer tribunal colegiado penal de la ciudad de México se pronunciaron en el sentido de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) violó la sentencia de amparo emitida por el juzgado quinto de distrito, "al haber afirmado dogmáticamente (sin prueba alguna) que el dinero podría ser empleado por los mineros para adquirir narcóticos", según el expediente RP 94/2009, al que tuvo acceso La Jornada.

“No hay duda y es evidente que la PGR tiene la consigna de mantener un aseguramiento de las cuentas del sindicato minero para impedir la manutención de los trabajadores en huelga en las minas de Cananea, Taxco y Sombrerete”, indicó ayer Luis Campos Carriedo, integrante del bufete Del Toro Asociados, el cual encabeza la defensa del líder minero Napoleón Gómez Urrutia.

En su edición del pasado 25 de febrero, este diario reveló que la fiscalía antilavado de dinero de la PGR respondió al juzgado quinto de distrito de amparo –que en tres ocasiones había ordenado descongelar diversas cuentas del sindicato minero– que no podía cumplir el mandato judicial, supuestamente porque si liberaba el dinero los trabajadores "podrían utilizarlo para adquirir narcóticos".

Ese juzgado avaló el dicho de la SIEDO, por lo que unas seis cuentas bancarias a nombre del gremio, que amparan inversiones millonarias, continúan aseguradas.

Sin embargo, los abogados de Gómez Urrutia, en representación del sindicato, impugnaron el aval que dio ese juzgado a la fiscalía, mediante un recurso de inconformidad que recayó en el primer tribunal colegiado penal, el cual ayer emitió su resolutivo a favor de los quejosos.

Campos Carriedo expuso ayer que "el sindicato minero y sus abogados se encuentran muy atentos a lo que haga SIEDO y se procederá a demandar por daños a los funcionarios de dicha dependencia de PGR por los abusos en que incurran".

Fuente: La Jornada 11 de marzo de 2010

Vigente, huelga en Cananea: sindicato

El viernes pasado, la sección 65 del sindicato nacional minero interpuso un recurso de revisión tras el fallo emitido por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que le denegó el amparo contra la terminación de relaciones laborales y del contrato colectivo con la empresa Mexicana de Cananea. Debido a ello no sólo continúa el juicio de amparo 615/2009 sino está vigente la suspensión definitiva obtenida por los más de mil 200 trabajadores; y dentro del plazo de 10 días hábiles que corre a partir del próximo 9 de marzo el sindicato ampliará el recurso interpuesto como establecen la ley y la jurisprudencia, indicó en un comunicado la sección asentada en Cananea y dirigida por Sergio Tolano Lizárraga. La representación sindical consideró como una absoluta contravención a la ley la sentencia del tribunal; además de falso que la huelga está terminada y que la empresa Mexicana de Cananea (perteneciente al Grupo México) puede contratar nuevos trabajadores, como preconizó el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Con el recurso de revisión se extiende la suspensión definitiva contra la ejecución del laudo que pretende dar por terminadas las relaciones laborales, y se conjura la amenaza de un desalojo violento de la mina de cobre ocupada por los trabajadores en huelga desde el 30 de julio de 2007, asienta el comunicado.

Fuente: La Jornada 7 de marzo de 2010

Senadores piden al gobierno evitar un madruguete en Cananea

El presidente de la comisión especial del Senado que da seguimiento al conflicto laboral en Cananea, el perredista Arturo Núñez, demandó al gobierno federal respeto a los trabajadores de esa minera y que no se pretenda aprovechar el fin de semana para desalojarlos, toda vez que ayer el Poder Judicial notificó finalmente al sindicato minero que se les negó el amparo.
Recordó el compromiso del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien, durante su comparecencia ante esa comisión el miércoles pasado, se comprometió a abrir espacio para un entendimiento político, sin perjuicio de las obligaciones del Estado.
“Espero que no se vayan a precipitar las cosas y se intente un sabadazo o madruguete en Cananea, que todos tengamos que lamentar”, expresó.
En entrevista por separado, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, advirtió que los integrantes de esa comisión, así como otros legisladores, estarán atentos. Nos vamos a mantener en alerta; tememos que se intente golpear nuevamente a los mineros de Cananea, quienes están en huelga desde hace casi tres años, lapso en el que han sido objeto de la embestida gubernamental, dijo.
Agregó: sería muy peligroso si el señor Calderón, como lo hicieron antes Porfirio Díaz y Carlos Salinas de Gortari, decide echar la fuerza pública contra los mineros de Cananea. Que no se le olvide al representante del gobierno espurio que la situación es muy tensa en ese fundo minero, y sus pobladores no van permitir un desalojo violento de los trabajadores, resaltó Monreal.
Tanto Núñez como Monreal destacaron que aunque el fallo del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito –que validó la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de dar por terminadas las relaciones laborales entre los trabajadores de Cananea y la empresa Minera México– se dio a conocer el 11 de febrero pasado, fue hasta ayer, 21 días después, que se comunicó a la representación de la sección 65 del sindicato minero.
Ambos coincidieron en que la figura empleada por las autoridades laborales para declarar la terminación de relaciones de trabajo en Cananea –la de causa mayor– atenta contra el derecho de huelga y obliga a los legisladores a iniciar reformas legales para cerrar todo resquicio que infrinja garantías consagradas.
Monreal dijo que durante la comparecencia de Javier Lozano Alarcón en el Senado quedó de manifiesto que éste ha asumido la defensa de los empresarios de Minera México.

Fuente: La Jornada 6 de marzo de 2010

Apoyo de la AFL-CIO a huelguistas de Sonora

La central obrera más grande de Estados Unidos (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) aprobó una declaración en apoyo a los mineros de Cananea y pidió al gobierno mexicano respetar los derechos de éste y otros grupos de trabajadores con movimientos opositores a la política laboral. Urgentemente pedimos que retire la amenaza de usar la fuerza militar para desalojar a los huelguistas de Cananea y que negocie pacíficamente con el sindicato, expresaron.

Fuente: La Jornada 6 de marzo de 2010

Tribunal niega amparo a mineros

Un tribunal colegiado negó el amparo solicitado por el sindicato minero contra el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que aprobó la terminación de las relaciones de trabajo y el contrato colectivo en la minera Cananea.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió anoche un comunicado para reproducir el laudo.
Afirmó que el recurso de revisión únicamente procede cuando se resuelva sobre la constitucionalidad de alguna ley, tratado internacional o de reglamentos de leyes locales y federales, o si dicha ejecutoria establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
De acuerdo con la información con que hasta el momento se cuenta, se sabe que la ejecutoria del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que negó el amparo al sindicato minero, no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el citado artículo 88 de la Ley de Amparo. No obstante, corresponderá en su momento al Poder Judicial Federal resolver sobre su admisión o desechamiento, señaló.
La dependencia dijo que no es verídica la información del sindicato minero en el sentido de que obtuvo suspensión provisional o definitiva dentro del amparo en referencia.
Por lo anterior –añadió–, queda firme el laudo de la JFCA del 14 de abril de 2009 y procede ejecutar el laudo de la JFCA en el que se condena a la empresa a cubrir la indemnización legal a los extrabajadores de la sección 65 del sindicato minero.

Fuente: La Jornada 6 de marzo de 2010

En su comparecencia, Lozano actuó como "intransigente abogado de Minera México"

Durante su comparecencia ante la comisión que da seguimiento al conflicto en Cananea, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, asumió la defensa de Minera México, a grado tal que durante las casi cinco horas que duró la reunión fue como si estuviéramos hablando con un intransigente abogado de la empresa, comentó el senador perredista Tomás Torres.
Advirtió que la postura del funcionario de asumir la representación de la parte patronal en el conflicto obliga al Congreso de la Unión a insistir en la demanda de que se revoque al grupo del empresario Germán Larrea la concesión para explotar el yacimiento de Cananea.
El senador del PRD, uno de los que un día antes cuestionaron fuertemente al secretario del Trabajo, dijo que difiere por completo de lo expresado por el funcionario, en el sentido de que ya está definido el conflicto, con la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, por la que se negó amparo a los mineros y se ratificó la terminación de relaciones laborales acordada por las autoridades del sector.
Seguramente, cuando se haga público el contenido de esa sentencia se llegará a la conclusión de que se puede impugnar, aunque el secretario del Trabajo quiera darle carácter de definitiva y anoche haya asegurado que no procederá ningún otro recurso.
El perredista agregó que en su participación, Lozano Alarcón “dejó también claro que de manera ilegal y contraria a la ética el Poder Judicial le adelantó la resolución por la que se ratifica la terminación de relaciones laborales en Cananea.

Por su experiencia como litigante, el senador Torres detalló que en el informe que el funcionario federal leyó a los senadores –y diputados– asistentes a la convocatoria, se refirió a partes de la sentencia que no son públicas, porque aún no se notifican.
Durante la reunión de la noche del miércoles se le preguntó al respecto al funcionario, pero éste rechazó que se actuara de manera ilegal y justificó el hecho de que el pasado 14 de febrero se haya difundido un boletín donde se detallan aspectos de la sentencia aún no notificada a las partes en conflicto, con el argumento de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene una oficina de difusión.
Tal respuesta no es satisfactoria –agregó el senador zacatecano. “El hecho de que el secretario del Trabajo anticipe que la sentencia de amparo niega al sindicato minero la protección constitucional y lo manifieste con tanto detalle, revela que hay comunicación de las autoridades de la dependencia con el juzgado.
Eso no sólo es ilegal y antiético, porque afecta los intereses de las partes, sino que pone en riesgo la integridad del Poder Judicial.
Lo más grave –advirtió– es que Lozano asuma el carácter de defensor de la empresa, como ayer lo hizo.
El senador Torres consideró que el funcionario ha perdido representatividad con organismos sindicales, tiene poca operación política y poco le ayuda a Calderón, porque en lugar de resolver crea más conflictos y un distanciamiento con el Congreso. No lo han valorado, pero el resultado va a ser la nula comunicación con el Poder Legislativo

Fuente: La Jornada 5 de marzo de 2010

La incompetencia de autoridades propicia las huelgas: el líder minero

Frente a la invitación que hizo Minera de Cananea a los trabajadores en huelga para que de inmediato pasen a recoger su liquidación y tengan finiquito superior al que marca la ley, el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que se trata de un engaño más de la empresa, por lo que sólo 17 de los mil 200 trabajadores han acudido, y la gran mayoría de esos mineros están dispuestos a no levantar el paro y no dejar que se violenten más sus derechos, por lo que el conflicto se podría profundizar si no hay una salida negociada.
Vía telefónica desde Vancouver comentó que si en este sector hay huelgas eternas, como lo calificó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, es por falta de capacidad de las autoridades laborales del país para sentar a negociar a Grupo México. Planteó que hay gran cinismo del gobierno en este conflicto, ya que se ha dedicado abiertamente a proteger a la empresa y hasta servir de vocero de la misma.
En México, dijo, no debe haber intocables, sobre todo cuando en las minas mueren decenas de trabajadores por las pésimas condiciones de seguridad, que es la demanda fundamental de la huelga de Cananea. Pero al parecer a las autoridades de esta administración les estorban y molestan las organizaciones sindicales que defienden la mejora de las condiciones laborales, y sobre todo los que consiguen elevados incrementos salariales, como si quisieran que sólo hubiera trabajadores mal pagados, apuntó.
Por otra parte, ayer la organización sindical estadunidense AFL-CIO emitió una resolución en la que solicita al gobierno de México que termine la represión contra los sindicatos democráticos, respete el derecho de los trabajadores a organizarse y restaure el derecho a huelga. Pidió al gobierno de Felipe Calderón que retire su amenaza de usar la fuerza militar para desalojar a los huelguistas de Cananea y negocie pacíficamente con el sindicato.
Esta organización también demandó al Congreso de Estados Unidos y a la administración de Barack Obama que condene públicamente las violaciones de los derechos laborales en México y se tomen medidas para retirar la asistencia a los organismos gubernamentales mexicanos que están involucradas en la represión antisindical.
Por otra parte, el sindicato minero reiteró que, a pesar de la andanada en su contra, ha conseguido en lo que va de este año las mejores revisiones salariales y contractuales de todos los sectores, con aumentos superiores a los que se obtienen en el resto del país. Por ejemplo, en las secciones 21 y 22 de Tayoltita, Durango; en la 243 de Zacualpan, estado de México; en la 302 de Maconí, Querétaro, y en la fracción uno de la sección 222, de San Luis Potosí, donde los aumentos globales alcanzados se ubicaron entre 16 y 19.5 por ciento.
Ayer, los mineros de la sección 302 de Maconí, Querétaro, concretaron un aumento de 8 por ciento directo al salario, más 9.35 de incremento en prestaciones, es decir, un total de 17.35, con la empresa Minera La Negra, ubicada en Cadereyta.
Los trabajadores de esta sección ratificaron su apoyo al comité ejecutivo nacional del sindicato y repudiaron en especial la supuesta deserción de los miembros de la sección 120, en La Ciénega, Durango, de la empresa Peñoles, la cual calificaron de una simulación más de los opositores a Gómez Urrutia en sucia combinación con esa empresa, la cual tiene amenazados a sus trabajadores de despido.

Fuente: La Jornada 4 de marzo de 2010

La PGR da un trato perverso e insultante a mineros, denuncia Marco Antonio del Toro

La “perversa e insultante” declaración de la Procuraduría General de la República (PGR), de “que no descongelará cuentas bancarias del sindicato nacional minero, porque si liberara el dinero los trabajadores podrían utilizarlo para adquirir narcóticos”, es una suposición absurda, una locura y la peor de las mentiras, señaló el abogado de esta organización, Marco Antonio del Toro.
La declaración de la PGR fue hecha por medio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ante la decisión de un juzgado en materia de amparo que por tercera vez ordenó descongelar las cuentas del sindicato.
El abogado hizo ver que a pesar de tres amparos ganados por el sindicato para que les sean liberadas las cuentas bancarias, la SIEDO mantiene los fondos ilegalmente incautados en bancos, pues lo que se busca es asfixiar económicamente la lucha de los trabajadores.
Lo dicho por la SIEDO hace evidente una vez más que la PGR y en específico dicha subprocuraduría están sumadas “enfermiza, demencial y facciosamente” a la persecución política y judicial contra el sindicato, sus dirigentes y sus agremiados.
El sindicato, por medio de un comunicado, señaló que la SIEDO no ha movido un dedo para dar seguimiento a la averiguación que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el gobierno de Washington siguen en contra de Grupo México, por la acusación de tráfico y transporte de drogas que pesa sobre su empresa Ferromex y su socia Union Pacific. Además, en este caso tampoco se le han incautado fondos bancarios a la empresa.
La organización sostuvo que el gremio minero está indignado por el tamaño de la “pervertida inmoralidad de la instancia que supuestamente tiene como tarea perseguir delitos de lavado de dinero” y añadió que resulta extraño que “la SIEDO no incaute a Germán Larrea en México los fondos bancarios por las denuncias de tráfico de drogas”.
También recordó que ya en el sexenio anterior el entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, hoy diputado federal del Partido Acción Nacional, dijo que los mineros de Pasta de Conchos consumían drogas al realizar sus labores cotidianas.
Para el gremio minero esta declaración de la SIEDO revela que prosigue con toda impunidad la persecución política y judicial de este gobierno de derecha contra el sindicato nacional de los mineros, y también “revela la podredumbre que anida en las cabezas de quienes practican esta persecución antisindical y antiminera”, por lo que expresa su más enérgica protesta ante esta insultante y falsa afirmación.

Fuente: La Jornada 1 de marzo de 2010

Decidirá la Corte en definitiva reconocimiento a líder minero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva si concede o niega el amparo con el que Napoleón Gómez Urrutia busca echar abajo la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para reconocerlo como líder del sindicato minero.
Marco Antonio del Toro, uno de los abogados del líder minero, informó ayer a La Jornada que la segunda sala de la Corte aceptó la petición del ministro Salvador Aguirre Anguiano para atraer el caso de la toma de nota que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, le negó a Gómez Urrutia, y todo parece indicar que el proyecto de dictamen que en su momento discutirán los ministros nos dará la razón.
Explicó que “al momento de ejercer su facultad de atracción, la SCJN dijo: ‘nosotros ya nos habíamos pronunciado en el pasado respecto de que la STPS tiene facultades para cotejar documentos contra estatutos. Pero en el caso de la toma de nota (negada a Napoleón) es diferente, por eso lo atraemos’.
Aquí, lo que va a determinar la Corte es si la Secretaría del Trabajo tiene facultades para interpretar unos estatutos de un sindicato en detrimento de la autonomía sindical. En ese sentido, la pregunta que va a resolver la SCJN es: ¿puede la STPS invalidar los estatutos de un sindicato aun cuando eso sea en contra de la autonomía sindical? La respuesta es evidente: ¡claro que no puede! La autonomía sindical está en un convenio, que es el 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que está por encima de las leyes federales de nuestro país y únicamente por debajo de la Carta Magna, puntualizó Del Toro.
En ese contexto, funcionarios de alto nivel de la Corte consultados ayer explicaron que se ejerció la facultad de atracción en este caso porque la mayoría de los ministros de la segunda sala consideró que el amparo solicitado por Gómez Urrutia es de trascendencia e importancia excepcionales, ya que permitirá a la SCJN fijar criterios sobre el alcance de las facultades de la STPS en materia de toma de nota de dirigencias sindicales, un tema que la Ley Federal del Trabajo no define y que en los últimos meses ha ocasionado problemas constantes.
Las fuentes consultadas en la Corte añadieron que es muy probable que el asunto sea enviado al pleno del máximo tribunal, para que sean los 11 ministros los que analicen, discutan y resuelvan el litigio.
El amparo fue negado en primera instancia por una juez federal, que en marzo pasado resolvió que Gómez Urrutia nunca ha sido acreditado como trabajador de base de alguna empresa minera, y por tanto no puede fungir como secretario general de ese gremio.

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2010