Solidaridad obrera internacional

La estrategia del gobierno mexicano que oculta la realidad del modelo sindical prevaleciente en el país sufre crecientes descalabros en la medida que las principales organizaciones gremiales del mundo la denuncian y se movilizan en su contra, por considerarla contraria a los principios contenidos en los acuerdos internacionales en materia de libertad sindical, contratación colectiva y derechos humanos laborales. Alimenta esta indignación confirmar que tan sólo un trabajador de cada cien forma parte de un sindicato sujeto a procesos democráticos elementales: elegir libremente a sus representantes, admitir que los trabajadores tomen decisiones en los temas importantes de su organización, como la propia contratación colectiva, y conocer el monto y destino del patrimonio gremial.

Desde hace muchos años, la política exterior de los gobiernos en turno ha tenido entre sus prioridades encubrir los vicios y complicidades que operan en el mundo laboral. Aprovechando el carácter tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno mexicano, el sector empresarial y el sindicalismo corporativo, especialmente la Confederación de Trabajadores de México, presentan una sola información cínicamente falsa y hacen causa común para aparentar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios internacionales suscritos que son obligatorios en México. La estrategia ha sido la misma tanto durante los viejos tiempos del Partido Revolucionario Institucional como en los recientes 10 años del llamado gobierno del cambio.

Los procesos de globalización, las crecientes quejas ante la OIT y la brutalidad con la que se ha comportado el régimen en conflictos particulares como el de los mineros, han concitado el interés y la solidaridad de múltiples organizaciones obreras del mundo, las cuales, al entrar en contacto con los trabajadores mexicanos, llegan a la conclusión de que es primordial presionar al gobierno para que cese su política de simulación y respete las obligaciones fundamentales que ha adquirido en materia sindical y laboral con la comunidad internacional.

La semana anterior se llevó a cabo la primera etapa de una jornada internacional en solidaridad con los trabajadores mexicanos, que tuvo cuatro objetivos centrales: hacer responsables a los dirigentes gubernamentales y a Industrial Minera México (de Grupo México) de la explosión en la mina Pasta de Conchos, que provocó la muerte de 65 obreros el 19 de febrero de 2006; suprimir la violación sistemática de la libertad sindical, incluidos los contratos de protección impuestos por los empleadores, y los mecanismos que imposibilitan en la práctica que los trabajadores puedan designar libremente a sus representantes sindicales; poner fin al uso de la fuerza por la vía estatal o privada, para reprimir las demandas legítimas de los trabajadores de sindicatos democráticos que exigen aumentos salariales y mejores condiciones de salud y seguridad, así como cesar la campaña de persecución política en contra del Sindicato Minero Metalúrgico y del Sindicato Mexicano de Electricistas.

La jornada internacional fue inaugurada con un discurso de Jirki Raina, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), en Queensland, Australia, el 15 de febrero de 2011, quien planteó: El gobierno mexicano tiene que poner fin a su campaña de persecución política de los sindicatos independientes y democráticos en México. En ese acto, cientos de sindicalistas se hicieron presentes apoyando la realización de esta jornada, conscientes de que el grado de indefensión que sufren los trabajadores mexicanos no sólo violenta derechos humanos laborales esenciales, sino que se ha convertido en factor de competencia desleal en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, una delegación integrada por representantes de los sindicatos más importantes del mundo se reunía con el embajador mexicano ante Naciones Unidas en Ginebra, Juan José Gómez Camacho, para entregarle las peticiones de la campaña mundial. Manfred Warda, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM); Fernando López, secretario general adjunto de la FITIM, y Adriana Rosenzvaig, perteneciente al sindicato mundial UNI, presentaron los reclamos, acompañados de más de 60 dirigentes y personalidades del sector laboral internacional. En su informe público, Warda manifestó: El señor Gómez Camacho dijo que no conocía qué eran los contratos de protección; tuvimos que explicarle por qué esos contratos violan los más elementales derechos sindicales.

Esta semana de solidaridad incluyó manifestaciones y reuniones simultáneas con embajadores mexicanos en más de 30 países y más de 3 mil 300 comunicaciones que fueron enviadas con ese motivo. La campaña fue apoyada también por la central más grande del mundo, la Confederación Internacional Sindical (CSI); la misma que avala una importante queja ante la OIT que da cuenta del conjunto de violaciones por el gobierno mexicano a los convenios 87 y 98 en materia de libertad sindical y de contratación colectiva.

Los próximos 3 y 4 de marzo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, integrado por representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos de varios países, conocerá el Caso 2694, que denuncia los contratos de protección en México. Se trata de un reclamo de gran importancia, porque exhibe el modus operandi de las complicidades que han colocado a los trabajadores mexicanos en la postración. En esa misma sesión, se analizará otra queja, vinculada a las violaciones de la autonomía del Sindicato Minero Metalúrgico, incluyendo la manipulación de la toma de nota de su dirigente por presiones de corte empresarial. Por cierto, el tema en el plano nacional está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atrajo el amparo relativo a la elección del dirigente minero.

La campaña internacional fue acompañada de diversas acciones en nuestro país, por conducto de varios foros, encuentros y un animado mitin en el Monumento a la Revolución, celebrado el sábado anterior, donde se hizo oír la voz de numerosos representantes sindicales mexicanos y de otros países.

Fuente: La Jornada 26 de febrero de 2011

Documentan fallas en el Seguro Popular

El Seguro Popular pagó 80 millones de pesos en 2009 a 16 unidades médicas privadas que atendieron enfermedades de alto costo de 560 afiliados. Aunque la medida se justifica por la insuficiente infraestructura pública de salud, el monto erogado fue 48 por ciento superior a lo que se hubiera pagado a hospitales del sector público, afirma el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

En la revisión de la cuenta pública 2009, el organismo también encontró que si los hospitales públicos de alta especialidad carecen de la capacidad para atender la demanda de atención se debe, en parte, a que el Seguro Popular se tarda más de un año en pagar los servicios que proporcionan para el tratamiento de enfermedades caras cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Además, así como ha crecido la afiliación de personas a ese esquema de aseguramiento, también lo ha hecho la demanda de servicios hasta rebasar la capacidad instalada. De hecho, indica el reporte entregado por la ASF el pasado miércoles, en el año evaluado quedaron desprotegidos 826 pacientes de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Puntualiza que en dichas entidades existen las instalaciones sanitarias y, en su momento, fueron certificadas como prestadoras de servicios, pero por el aumento en la demanda de atención y por carecer de recursos económicos para el equipamiento, no pudieron brindar los servicios. Ahí se hizo notoria la demora de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para rembolsar los recursos que hospitales e institutos nacionales de salud ejercen en enfermedades de alto costo. Al disminuir los recursos económicos de estos organismos también se afecta la disponibilidad de tratamientos para otros pacientes que no cuentan con el apoyo del Sistema de Protección Social en Salud.

Fuente: La Jornada 18 de febrero de 2011

Hidalgo actualiza nivel de salarios en salud

El gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Ososrio Chong señaló que el gobierno estatal gestionó recursos para actualizar el tabulador de salarios del personal de salud del estado.

Durante una gira de trabajo en el municipio metropolitano de San Agustín Tlaxiaca, el mandatario estatal informó que esta regularización se obtuvo a partir de recursos de 89 millones de pesos contemplados en el presupuesto.

Informó que con este dinero se cubrió el costo de actualización del tabulador de 2007 y 2010 del personal regularizado, con vigencia del primero de enero de 2011.

De acuerdo a la secretaria de Finanzas de la entidad, Nuvia Mayorga Delgado, en el presupuesto 2011, los servicios de salud de la entidad recibieron dos mil 525 millones de pesos que se ejercerán durante los próximos doce meses.

Esta cifra equivale a 330 millones de pesos más de lo que se contaba para este rubro en 2010.

Fuente: El Universal 17 de febrero de 2011

ISSSTE: la "reforma" de Calderón, un fracaso

A todo lo que ha perdido el mundo del trabajo en México desde Miguel de la Madrid (1982) hasta Felipe Calderón (2010) hay que agregar, ahora, el asalto para deprimir el nivel pensionario de los trabajadores activos y, sobre todo, los de nuevo ingreso.

A la reforma Zedillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los que laboran en el apartado A (1997) siguió la de Calderón al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para los del apartado B (2007). Prosiguieron la individualización de cuentas para el retiro de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS (2008) y, durante 2010, los nuevos contratos colectivos de los trabajadores de la aviación que modifican severamente sus pensiones, en especial a los de reciente ingreso.

Ninguna de ellas ha mejorado el horizonte pensionario de quienes fueron contratados antes de su imposición. La pensión de los jubilados en el apartado A suma, si acaso, 38 por ciento respecto de su nivel medio de ingreso. Aunque ciertamente todas han comprometido el futuro pensionario de los jóvenes con pensiones que hoy quedan bajo su entera responsabilidad.

Diseñadas con urgencia, esas reformas exhiben ambigüedades, vacios y complejidades legales resultantes de una precipitada aprobación parlamentaria que favorece la confusión de los derechohabientes y el consecuente dictado de jurisprudencias que no alivian la calidad de su hechura legal, pero potencian la desconfianza sobre los institutos de seguridad social.

Las reformas tecnocráticas siguen hinchando las bolsas de los administradores de los –cada vez más– cuantiosos recursos para el retiro, sin mejorar el rendimiento neto y la seguridad de los dueños de esos fondos.

Además, la situación de las finanzas públicas ha empeorado por el crecimiento de las pensiones en curso de pago. Apenas el pasado mes de agosto la movilización social forzó a que Calderón suspendiera –por motivos básicamente electorales– la imprudente jurisprudencia 85-2010, que vergonzosamente gestionó desde la SCJN el ministro Sergio Valls Hernández, coincidiendo curiosamente con la visión de la Secretaría de Hacienda (José Antonio González Anaya).

Pero las cuentas no mejoran. Esa reforma al ISSSTE que tanto se vendió como un alivio sobre las finanzas públicas viene operando justamente en sentido contrario. El gasto en pensiones se duplicó en los recientes 10 años ejerciendo mayor presión en esas finanzas públicas.

Cuarenta y cinco meses después de la entrada en vigor de la reforma Calderón al ISSSTE, la Secretaría de Hacienda erogó 10 mil 500 millones de pesos para cubrir las pensiones en curso de 810 mil jubilados y su presupuesto seguirá al alza en los siguientes años, en un entorno económico poco optimista marcado por el débil crecimiento, el incremento de la informalidad y el desplome de las coberturas efectivas de la seguridad social.

El año 2011 es en el que –según señala la nueva ley en su artículo 14 y cuadragésimo sexto transitorio– la junta directiva deberá revisarla estableciendo la viabilidad futura del instituto.

También será el momento en que la Afore Pensionissste –creada el 12 de marzo de 2008– cumplirá tres años de administrar los fondos de los trabajadores al servicio del Estado y, vencido el plazo al 12 de marzo de 2011, deberá someter a la decisión voluntaria de sus aforados si se mantienen en ella o migran a otra Afore.

La reforma calderonista nunca buscó mejorar a fondo la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y su cuadro de prestaciones, seguros y servicios; a reformar de raíz el asunto público en beneficio de sus titulares. De haber sido ese el propósito, el incremento en la cotización debió haber sido sensiblemente superior al raquítico 2.65 por ciento actual, aplicable gradualmente hasta 2012. También debieron haberse previsto ajustes profundos en las vías con que se otorgan las prestaciones. Por eso están como están hoy los servicios institucionales. El asunto público se presenta hoy peor que antes de la reforma de Calderón.

Como ya sucedió antes con la reforma Zedillo al IMSS, sólo tres años después, el Seguro de Salud de la nueva Ley del ISSSTE ya arrastra tal déficit que, según el Informe Financiero y Actuarial 2010 (IFA-10), sus recursos serán insuficientes para cubrir los gastos en el mediano y largo plazos en cada una de sus vertientes. Y ello, a pesar de los 8 mil millones de pesos que le trajo sólo a ese seguro la reforma de Calderón y que Yunes consumió por entero antes de buscar sin éxito la gubernatura de Veracruz.

El IFA-10 responsabiliza del déficit a los 600 mil trabajadores –con una edad promedio de 64 años– que se jubilaron antes de la reforma y cuyos tratamientos crónicos son muy costosos. Este pasivo heredado, sostiene, impactó al Seguro de Salud y se prevé que siga operando con déficit hasta la extinción del grupo, lo que ocurrirá en 2070.

Como si los jubilados no hubieran cotizado justo para recibir debidamente esa atención y como si los tecnócratas de Calderón que diseñaron la reforma (José Antonio González Anaya) no hubieran previsto esta anomalía hasta tres años después de la imposición de la reforma.

Y es que, la meta de Calderón –como antes el de Zedillo y Fox–, fue sólo el de hacerse con el uso de los cuantiosos recursos pensionarios administrados ahora en Pensionissste.

¿Cuándo, cómo y dónde se iniciará el urgente debate nacional para reformar –junto con la del IMSS de Zedillo– esa fracasada reforma de Calderón?

Fuente: La Jornada 5 de febrero de 2011

Outsourcing, práctica generalizada

Ya que se animó a fiscalizar las prácticas de outsourcing para detectar potenciales evasores del fisco, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe meter el acelerador a fondo e ir mucho más allá de los 33 grandes contribuyentes que dice haber cachado en estas prácticas, porque de acuerdo con la información oficial disponible resulta dudoso que tales evasores se concentren en los ramos hotelero, de restaurantes, clubes deportivos y distribuidoras automotrices, como lo informó días atrás el titular de dicho organismo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Enfocar las baterías contra esos sectores y presentar los eventuales resultados como un “triunfo de la permanente fiscalización que realiza el SAT, huele más a un simple ejercicio de cobertura mediática que a una acción derivada de una política bien estructurada y decidida para combatir de raíz la voluminosa evasión tributaria de no pocas empresas, especialmente las grandes. De entrada, como se apuntó ayer en este espacio, totalmente fuera de tal fiscalización habría quedado el sacrosanto sector bancario, uno de los que en mayor medida recurren a la práctica del outsourcing para ni de lejos ver al fisco (el mercado bursátil, es otro de sus paraísos) y los alrededor de 60 mil trabajadores bancarios contratados por dicho mecanismo.

Algunos funcionarios del SAT estiman en alrededor de 300 mil los trabajadores que, contratados mediante el citado mecanismo evasor, resultan afectados en su ingreso y en sus prestaciones de ley (algo que por lo visto a la Secretaría del Trabajo y al pianista le han pasado de noche, por no decir que lo han permitido sin mayor miramiento), independientemente del efecto negativo para el erario. Pues bien, las propias cifras oficiales documentan una cantidad alrededor de 10 veces mayor, cuando menos, a la reconocida por esos funcionarios fiscalizadores, amén de que ellas mismas certifican el peligroso cuan sostenido crecimiento del outsourcing en prácticamente en todos los sectores económicos del país.

De acuerdo con el Inegi, en 2008 (la estadística más fresca para este tema) de poco más de 20 millones de trabajadores considerados en su análisis, alrededor del 15 por ciento (casi 3 millones) fue catalogado como personal subcontratado por las empresas (trabajaban en ellas, pero sus ingresos los cubría una empresa distinta y sus derechos labores quién sabe, al igual que las obligaciones tributarias), un incremento de prácticamente ciento por ciento en comparación con 2004. Ese universo se distribuyó en el comercio; industria de manufacturas; transportes, correos y almacenamiento; construcción; servicios financieros y de seguros; electricidad, agua y gas; pesca y acuicultura; minería; información en medios masivos; servicios inmobiliarios y de alquiler; servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; apoyo a los negocios y manejo de desechos; servicios educativos; servicios de salud y de asistencia social; servicios de esparcimiento; servicios de alojamiento y preparación de alimentos, entre otros.

Como se constata, la evasión al fisco por medio del outsourcing difícilmente se limitaría a los 20 mil millones detectados por el SAT, y mucho menos a los ramos hotelero, de restaurantes, clubes deportivos y distribuidoras automotrices (Gutiérrez Ortiz Mena dixit), como tampoco son alrededor de 300 mil los trabajadores afectados. De acuerdo con el Inegi, de los casi 3 millones de trabajadores subcontratados que se citan líneas arriba, los que prestaban sus servicios en el sector comercio representaron el 31.8 por ciento del total; el 24.4 por ciento se desempeñaba en las industrias manufactureras y el 27.3 por ciento en los distintos servicios que se refieren en el párrafo anterior, sin olvidar que el sector financiero (banca, aseguradoras, casas de bolsa y conexos) es especialista en esta práctica.

Valga como botana la siguiente información contenida en el informe anual 2009 del Grupo Financiero Inbursa: “la única subsidiaria consolidada (del corporativo) que cuenta con personal propio es Outsourcing Inburnet, la cual, por el año terminado el 31 de diciembre de 2009, generó una participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) por 2 pesos…”.

Toda vez que el crecimiento del outsourcing en el país es más que acelerado, nada raro sería que a estas alturas el número de subcontratados por este mecanismo evasor y violador de la Ley Federal del Trabajo supere, probablemente con creces, los 4 millones, que distarían mucho de los cerca de 300 mil estimados por los fiscalizadores del SAT. Por lo demás, todo indica que la autoridad laboral está muy ocupada en cosas más importantes que las que por ley debe atender,

A finales de 2006, México SA recibió la siguiente denuncia: “hago del conocimiento público una discreta diligencia interior de cambio de razón social en el banco más grande del país (BBVA-Bancomer). Soy empleado del mismo y recientemente nos han ido informando por pequeños grupos que dicha acción ‘forma parte de la restructuración estratégica y administrativa del grupo y le garantiza a usted y a todos los que colaboramos con el mismo, seguridad, permanencia y un trato más homogéneo y justo’. A partir de enero de 2007 ya no seremos Grupo Financiero BBVA-Bancomer. Ahora seremos BBVA-Bancomer Operadora, es decir un outsourcing, maquiladora o como se le quiera ver. Se nos insiste en que esta nueva relación de trabajo no nos afectará en lo mínimo, ni en nuestras prestaciones, antigüedad, puesto o salario, es decir, es transparente; es más, hasta podremos participar en un nuevo esquema de retribución variable (un bono de acuerdo con el desempeño). Esto último seguramente para no hacer ruido. Lo relevante del caso es que se da precisamente cuando la empresa ya cumplió cinco años con la misma razón social y debe cumplir con la obligación del reparto de utilidades, las cuales son millonarias y en crecimiento. Sólo para darnos una idea: la contribución de ingresos del grupo a nivel local representa 40 por ciento del total a nivel mundial. Ésta es una muestra más de la protección que se les da a las grandes empresas a costa de los trabajadores, sin que autoridad alguna salga en su defensa; por el contrario, se hacen de la vista gorda” (nos reservamos el nombre del denunciante).

En 2007, unos cuantos empleados del banco fueron traspasados al nuevo trato laboral; hoy, ciento por ciento del personal que labora en el BBVA-Bancomer (salvo el director general) está subcontratado.

Fuente: La Jornada 5 de febrero de 2011

Calderón: cobertura "universal" y uso electoral abusivo del Seguro Popular

Además de su guerra contra el crimen organizado, para operar cómodamente la sucesión 2012, Felipe Calderón solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una línea de crédito flexible por la friolera de 72 mil millones de dólares con una vigencia de dos años. El monto de este crédito es el mayor otorgado en la historia del FMI. México podrá utilizarlo frente a cualquier riesgo derivado de la situación económica mundial.

Calderón dispone también de 116 mil millones de dólares de la reserva del Banco de México, más los 3.4 billones de pesos que cubre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. En enero de este año, Calderón ubicó a dos obedientes tecnócratas al frente de SCT y Sener para dinamizar las jugosas bolsas de recursos públicos y potenciar su derrama.

Automáticamente, los bonos presidenciales del titular de Hacienda, Ernesto Cordero, subieron y, con ellos, el optimismo de sus incondicionales simpatizantes en el IMSS, Daniel Karam, y en la Comisión de Protección Social en Salud, Salomón Chertorivski. Todos operan ya.

Frente a la coyuntura sucesoria, Calderón ha abusado como nadie de esa creatura foxista denominada Seguro Popular. Junto con sus estancias infantiles changarro ha recurrido incontables veces a él, sobre todo después de la peor derrota electoral sufrida por el PAN en los años recientes: la elección intermedia de 2009, cuando de seis contiendas perdió todas, salvo la gubernatura de Sonora, como efecto de la tragedia ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo.

El año 2010 no fue la excepción. Al lado del fiel Chertorivski publicitó hasta el hartazgo ese Seguro Popular y su modalidad petit: el Seguro Médico para una Nueva Generación. El Día de la Enfermera presumió que su gobierno le ha metido muy fuerte frente al rezago acumulado y que, antes de terminar su gestión, habrá cobertura universal. Se ha apuntalado, agregó, más infraestructura que la edificada en varias décadas. Entre los nuevos hospitales y clínicas que hemos construido y los que hemos rehabilitado y renovado, llevamos mil 300 obras: más de una diaria en promedio. Se ha incrementado la cobertura a 88 millones de mexicanos, sea con Seguro Popular, IMSS o ISSSTE.

Pero 2011 anuncia ser el del paroxismo de su fantástica cobertura universal. Nuevamente celebrando el Día de la Enfermera –entre protestas, inconformidades, sonoros gritos y desmentidos– sostuvo que México está haciendo historia, pues en la década –perdida– panista 2000-2010 la cobertura de servicios médicos se duplicó respecto de lo logrado en el siglo XX. De poco más de 40 millones que tenían acceso en 2000, actualmente son 93 millones los que cuentan con el beneficio de alguna institución o el Seguro Popular, y en lo que va de la administración se realizaron más de 2010 obras, remató.

Unos cuantos días después –en ceremonia pública– pretendió opacar al priísta Enrique Peña Nieto congratulándose por iniciar 2011 con el pie derecho en materia de salud. En 2006, enfatizó, el Seguro Popular tenía un presupuesto de 16 mil millones de pesos, hoy alcanza 66 mil millones. En 2006 había 62 millones de mexicanos con algún tipo de cobertura: IMSS, ISSSTE o fuerzas armadas; hoy son 93 millones. Uno de cada tres mexicanos se ha asegurado en estos cuatro años. Y vamos por la meta: 100 por ciento de cobertura universal.

Sumamente serio –aunque oteando sistemáticamente su candidatura al gobierno de Guanajuato–, el doctor José Ángel Córdova también suele sumarse ocasionalmente al mismo coro electorero reiterando cansinamente la cantaleta de la universalidad porque, por supuesto, una vez cumplida habrá llegado el momento de atender la calidad.

Como quiera que sea, sostiene Córdova, cerraremos el año con 43 y medio millones de afiliados, aunque 8 por ciento quedará fuera de cualquier aseguramiento. Todo ello mientras simultáneamente publicita que el Seguro Popular ya cubrirá siete enfermedades más.

Sin embargo, frente a lo que enferma y mata a los mexicanos, la cobertura universal del Seguro Popular de Calderón apenas cubre 275 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud, mientras aprueba a cuentagotas nuevos males para el escuálido Fondo de Protección, que sólo cubre 55 padecimientos. Además ¿puede atender efectivamente lo que presume ya cubrir?

No todas las enfermedades de alto costo serán cubiertas por el Seguro Popular, admitió Córdova. Para algunos padecimientos, como la insuficiencia renal, habrá apoyos para hospitalización y manejo médico, pero los pacientes tendrán que pagar los insumos para las terapias de diálisis o hemodiálisis. Dígase lo mismo sobre algunos tumores malignos y otras enfermedades cuyos tratamientos, por caros, no son financiables para la Comisión de Protección Social en Salud de Chertorivski.

Así, la universalidad de los panistas Fox y Calderón no cubre ni todas las enfermedades ni a todas las personas. Por ejemplo, en el infarto al miocardio sólo cubrirá a los menores de 60 años y en los tratamientos para la hemofilia sólo a niños menores de 10 años.

Curiosa cobertura universal que, mientras más se publicita electoreramente en medios masivos, más acota y más restringe. Una universalidad tecnocráticamente restrictiva. El Seguro Médico para una Nueva Generación, o Seguro Popular petit, suma con dificultad 128 intervenciones.

Porque para Córdova la apuesta es por la prevención. Si no, vamos en una escalada que nunca alcanzaremos. No habrá dinero que alcance.

Como bien revelara Wikileaks: con todo y su fantástica cobertura universal, Calderón sigue –y por lo visto seguirá– sumamente estresado

Fuente: La Jornada 22 de enero del 2011

Hospitales de asociación público-privada: caros e ineficientes

En el contexto de la discusión de la ley de Asociación Público Privado (APP) es importante revisar la situación de los hospitales contratados con este esquema, hasta ahora llamado Proyecto de Prestación de Servicios. Estos son tres Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) federales –el del Bajío; el Bicentenario, en Tamaulipas, y el de Ixtapaluca, en el estado de México– y uno estatal, en Zumpango, estado de México. El esquema APP es un contrato entre el gobierno y un socio privado que consigue el financiamiento, construye la obra y la administra a cambio de un pago mensual durante 25 años. El contratista es dueño de la obra y generalmente recibe del gobierno la concesión del terreno totalmente urbanizada (agua, drenaje, luz y vías de acceso).
Los argumentos para justificar estos contratos son tres: incrementarían la inversión en infraestructura; los privados se harían cargo de los riesgos de retraso y defectos en las obras, y los privados serían administradores eficientes. Ninguno de estos argumentos se sostiene y las evidencias de varios países, incluso México, los desmienten.
Es falso que la inversión en infraestructura aumente, sólo se encarece indebidamente. En los contratos APP el contratista privado consigue el financiamiento en el mercado y paga intereses más altos que el gobierno. Leys, de la Universidad Queens, de Canadá, calcula que el costo del capital de los hospitales ingleses APP se triplicó o cuadruplicó. En los contratos mexicanos la tasa de interés es de 8.3 por ciento al 9.1 por ciento anual más el ajuste por inflación, mientras un préstamo gubernamental tiene una tasa del orden de 3 por ciento anual. El aumento de costos lo paga el gobierno con los impuestos.
Además de los altos intereses, el gobierno paga una renta por el uso de la obra durante la duración del contrato, costo que no existiría si la obra fuera realizada por el gobierno. Pollack y Liebe, de la Universidad de Edinburgo, estiman este costo (availability charge) en un 59 por ciento del pago total, el costo del capital en 17 por ciento y el resto en administración. En el caso mexicano se nos ha negado la información, pero estimamos que el costo es similar al caso inglés, aunque con un mayor costo de administración. Éstos no incluyen la prestación del servicio médico que corre a cargo del presupuesto público.
El cuadro muestra el monto de los contratos de los HRAE, el costo de la obra con equipamiento, el costo que hubiera tenido con un crédito gubernamental a 10 años y el costo excedente del esquema APP, excluyendo el costo de administración. Suma 12 mil 13 millones o ¡el equivalente a otros 12 HRAE!
El contratista tampoco paga el riesgo de incremento de costos, defectos y retrasos en las obras. En Inglaterra, todos los hospitales APP se han encarecido sustancialmente y han llevado mayor tiempo de construcción. En México los dos hospitales federales de alta especialidad terminados no se concluyeron a tiempo y el arranque de prestación de servicios médicos es lentísimo.
El HRAE del Bajío se inauguró en marzo de 2007 y en agosto de 2010 a penas alcanzaba 35 por ciento de su meta de pacientes hospitalizados y 31 por ciento de su meta de consultas. El HRAE Bicentenario se inauguró en marzo de 2009, aunque no estuviera terminado ni equipado, pero la Secretaría de Salud firmó, fraudulentamente, que el contratista había cumplido. Para agosto de 2010 sólo había hospitalizado 349 pacientes de una meta de 5 mil y prestado 4 mil 536 de las 210 mil consultas programadas. La eficiencia administrativa del sector privado queda desmentida con estos hechos.
Aparte del alto costo de los hospitales APP, en México existe un sin número de irregularidades en el cumplimiento con los contratos y la aplicación de penalizaciones, algunos de ellos observados por la Auditoría Superior de la Federación, siguen sin sanciones para funcionarios y empresas. Es un negocio jugoso para los asociados del gobierno federal y del gobierno del estado de México, como por ejemplo, Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, y la empresa española Acciona.
De manera simultánea, la infraestructura de salud más urgente –los centros de salud y hospitales generales– no se construye. Las miles de acciones en salud presumidos por Calderón no son tales y la gente sigue sin poderse atender.

Fuente: La Jornada 6 de noviembre de 2010