Calderón: cobertura "universal" y uso electoral abusivo del Seguro Popular

Además de su guerra contra el crimen organizado, para operar cómodamente la sucesión 2012, Felipe Calderón solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una línea de crédito flexible por la friolera de 72 mil millones de dólares con una vigencia de dos años. El monto de este crédito es el mayor otorgado en la historia del FMI. México podrá utilizarlo frente a cualquier riesgo derivado de la situación económica mundial.

Calderón dispone también de 116 mil millones de dólares de la reserva del Banco de México, más los 3.4 billones de pesos que cubre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. En enero de este año, Calderón ubicó a dos obedientes tecnócratas al frente de SCT y Sener para dinamizar las jugosas bolsas de recursos públicos y potenciar su derrama.

Automáticamente, los bonos presidenciales del titular de Hacienda, Ernesto Cordero, subieron y, con ellos, el optimismo de sus incondicionales simpatizantes en el IMSS, Daniel Karam, y en la Comisión de Protección Social en Salud, Salomón Chertorivski. Todos operan ya.

Frente a la coyuntura sucesoria, Calderón ha abusado como nadie de esa creatura foxista denominada Seguro Popular. Junto con sus estancias infantiles changarro ha recurrido incontables veces a él, sobre todo después de la peor derrota electoral sufrida por el PAN en los años recientes: la elección intermedia de 2009, cuando de seis contiendas perdió todas, salvo la gubernatura de Sonora, como efecto de la tragedia ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo.

El año 2010 no fue la excepción. Al lado del fiel Chertorivski publicitó hasta el hartazgo ese Seguro Popular y su modalidad petit: el Seguro Médico para una Nueva Generación. El Día de la Enfermera presumió que su gobierno le ha metido muy fuerte frente al rezago acumulado y que, antes de terminar su gestión, habrá cobertura universal. Se ha apuntalado, agregó, más infraestructura que la edificada en varias décadas. Entre los nuevos hospitales y clínicas que hemos construido y los que hemos rehabilitado y renovado, llevamos mil 300 obras: más de una diaria en promedio. Se ha incrementado la cobertura a 88 millones de mexicanos, sea con Seguro Popular, IMSS o ISSSTE.

Pero 2011 anuncia ser el del paroxismo de su fantástica cobertura universal. Nuevamente celebrando el Día de la Enfermera –entre protestas, inconformidades, sonoros gritos y desmentidos– sostuvo que México está haciendo historia, pues en la década –perdida– panista 2000-2010 la cobertura de servicios médicos se duplicó respecto de lo logrado en el siglo XX. De poco más de 40 millones que tenían acceso en 2000, actualmente son 93 millones los que cuentan con el beneficio de alguna institución o el Seguro Popular, y en lo que va de la administración se realizaron más de 2010 obras, remató.

Unos cuantos días después –en ceremonia pública– pretendió opacar al priísta Enrique Peña Nieto congratulándose por iniciar 2011 con el pie derecho en materia de salud. En 2006, enfatizó, el Seguro Popular tenía un presupuesto de 16 mil millones de pesos, hoy alcanza 66 mil millones. En 2006 había 62 millones de mexicanos con algún tipo de cobertura: IMSS, ISSSTE o fuerzas armadas; hoy son 93 millones. Uno de cada tres mexicanos se ha asegurado en estos cuatro años. Y vamos por la meta: 100 por ciento de cobertura universal.

Sumamente serio –aunque oteando sistemáticamente su candidatura al gobierno de Guanajuato–, el doctor José Ángel Córdova también suele sumarse ocasionalmente al mismo coro electorero reiterando cansinamente la cantaleta de la universalidad porque, por supuesto, una vez cumplida habrá llegado el momento de atender la calidad.

Como quiera que sea, sostiene Córdova, cerraremos el año con 43 y medio millones de afiliados, aunque 8 por ciento quedará fuera de cualquier aseguramiento. Todo ello mientras simultáneamente publicita que el Seguro Popular ya cubrirá siete enfermedades más.

Sin embargo, frente a lo que enferma y mata a los mexicanos, la cobertura universal del Seguro Popular de Calderón apenas cubre 275 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud, mientras aprueba a cuentagotas nuevos males para el escuálido Fondo de Protección, que sólo cubre 55 padecimientos. Además ¿puede atender efectivamente lo que presume ya cubrir?

No todas las enfermedades de alto costo serán cubiertas por el Seguro Popular, admitió Córdova. Para algunos padecimientos, como la insuficiencia renal, habrá apoyos para hospitalización y manejo médico, pero los pacientes tendrán que pagar los insumos para las terapias de diálisis o hemodiálisis. Dígase lo mismo sobre algunos tumores malignos y otras enfermedades cuyos tratamientos, por caros, no son financiables para la Comisión de Protección Social en Salud de Chertorivski.

Así, la universalidad de los panistas Fox y Calderón no cubre ni todas las enfermedades ni a todas las personas. Por ejemplo, en el infarto al miocardio sólo cubrirá a los menores de 60 años y en los tratamientos para la hemofilia sólo a niños menores de 10 años.

Curiosa cobertura universal que, mientras más se publicita electoreramente en medios masivos, más acota y más restringe. Una universalidad tecnocráticamente restrictiva. El Seguro Médico para una Nueva Generación, o Seguro Popular petit, suma con dificultad 128 intervenciones.

Porque para Córdova la apuesta es por la prevención. Si no, vamos en una escalada que nunca alcanzaremos. No habrá dinero que alcance.

Como bien revelara Wikileaks: con todo y su fantástica cobertura universal, Calderón sigue –y por lo visto seguirá– sumamente estresado

Fuente: La Jornada 22 de enero del 2011

Hospitales de asociación público-privada: caros e ineficientes

En el contexto de la discusión de la ley de Asociación Público Privado (APP) es importante revisar la situación de los hospitales contratados con este esquema, hasta ahora llamado Proyecto de Prestación de Servicios. Estos son tres Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) federales –el del Bajío; el Bicentenario, en Tamaulipas, y el de Ixtapaluca, en el estado de México– y uno estatal, en Zumpango, estado de México. El esquema APP es un contrato entre el gobierno y un socio privado que consigue el financiamiento, construye la obra y la administra a cambio de un pago mensual durante 25 años. El contratista es dueño de la obra y generalmente recibe del gobierno la concesión del terreno totalmente urbanizada (agua, drenaje, luz y vías de acceso).
Los argumentos para justificar estos contratos son tres: incrementarían la inversión en infraestructura; los privados se harían cargo de los riesgos de retraso y defectos en las obras, y los privados serían administradores eficientes. Ninguno de estos argumentos se sostiene y las evidencias de varios países, incluso México, los desmienten.
Es falso que la inversión en infraestructura aumente, sólo se encarece indebidamente. En los contratos APP el contratista privado consigue el financiamiento en el mercado y paga intereses más altos que el gobierno. Leys, de la Universidad Queens, de Canadá, calcula que el costo del capital de los hospitales ingleses APP se triplicó o cuadruplicó. En los contratos mexicanos la tasa de interés es de 8.3 por ciento al 9.1 por ciento anual más el ajuste por inflación, mientras un préstamo gubernamental tiene una tasa del orden de 3 por ciento anual. El aumento de costos lo paga el gobierno con los impuestos.
Además de los altos intereses, el gobierno paga una renta por el uso de la obra durante la duración del contrato, costo que no existiría si la obra fuera realizada por el gobierno. Pollack y Liebe, de la Universidad de Edinburgo, estiman este costo (availability charge) en un 59 por ciento del pago total, el costo del capital en 17 por ciento y el resto en administración. En el caso mexicano se nos ha negado la información, pero estimamos que el costo es similar al caso inglés, aunque con un mayor costo de administración. Éstos no incluyen la prestación del servicio médico que corre a cargo del presupuesto público.
El cuadro muestra el monto de los contratos de los HRAE, el costo de la obra con equipamiento, el costo que hubiera tenido con un crédito gubernamental a 10 años y el costo excedente del esquema APP, excluyendo el costo de administración. Suma 12 mil 13 millones o ¡el equivalente a otros 12 HRAE!
El contratista tampoco paga el riesgo de incremento de costos, defectos y retrasos en las obras. En Inglaterra, todos los hospitales APP se han encarecido sustancialmente y han llevado mayor tiempo de construcción. En México los dos hospitales federales de alta especialidad terminados no se concluyeron a tiempo y el arranque de prestación de servicios médicos es lentísimo.
El HRAE del Bajío se inauguró en marzo de 2007 y en agosto de 2010 a penas alcanzaba 35 por ciento de su meta de pacientes hospitalizados y 31 por ciento de su meta de consultas. El HRAE Bicentenario se inauguró en marzo de 2009, aunque no estuviera terminado ni equipado, pero la Secretaría de Salud firmó, fraudulentamente, que el contratista había cumplido. Para agosto de 2010 sólo había hospitalizado 349 pacientes de una meta de 5 mil y prestado 4 mil 536 de las 210 mil consultas programadas. La eficiencia administrativa del sector privado queda desmentida con estos hechos.
Aparte del alto costo de los hospitales APP, en México existe un sin número de irregularidades en el cumplimiento con los contratos y la aplicación de penalizaciones, algunos de ellos observados por la Auditoría Superior de la Federación, siguen sin sanciones para funcionarios y empresas. Es un negocio jugoso para los asociados del gobierno federal y del gobierno del estado de México, como por ejemplo, Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, y la empresa española Acciona.
De manera simultánea, la infraestructura de salud más urgente –los centros de salud y hospitales generales– no se construye. Las miles de acciones en salud presumidos por Calderón no son tales y la gente sigue sin poderse atender.

Fuente: La Jornada 6 de noviembre de 2010

Carta blanca a particulares

Entre las más famosas frases de su campaña electoral, Felipe Calderón no dejó de repetir la relativa a las manos limpias; presumía que él límpidas las tenía, que su gobierno las mantendría así y que combatiría abierta y decididamente la corrupción en el país. Pues bien, la realidad es contundentemente otra, como siempre, y esa bella expresión, acuñada por su creativo equipo propagandístico de importación made in Spain, también se incorpora al de por sí grueso inventario de incumplimientos que acumula el inquilino de Los Pinos.
Aunque parezca imposible, la corrupción en México es hoy mucho mayor que cuatro años atrás, cuando el de las manos limpias se instaló en Los Pinos. Con Calderón el país sobresale en el plano internacional, aunque no por sus logros económicos, políticos o sociales, su contribución a la ciencia o su aportación al desarrollo de la humanidad, sino por la brutal corrupción que corroe la estructura institucional, condiciona la toma de decisiones y se filtra a prácticamente en toda la sociedad.
¿Qué el inquilino de Los Pinos no ha hecho nada? ¡Momento!: de entrada, con una rapidez envidiable, logró que sus frases de campaña electoral terminaran en el cesto de la basura, con el consecuente retroceso en el nivel de bienestar de los mexicanos, y en el caso de las manos limpias ha hecho la hombrada de hundir a México en el índice internacional de corrupción: una caída de 28 escalones en sólo cuatro años, lo que ni siquiera Vicente Fox alcanzó a concretar en todo el sexenio (11 escalones para abajo).
Cuando Calderón se sentó en Los Pinos, en materia de corrupción México ocupaba el escalón número 70 entre la comunidad de naciones; cuatro años después cayó al escalón 98 (contra el 89 en 2009). Si se incluye el sexenio foxista, entonces el país pasó de la posición 59 a la 98, lo que confirma lo exitosos, decididos y cumplidores que han sido los gobiernos panistas.
Así, Felipe Calderón debería demandar penalmente a su creativo equipo propagandístico de importación, responsable de acuñar las célebres frases por él utilizadas tanto en tiempos de su campaña electoral como ya sentado en Los Pinos (de hecho, tendría que presentar demanda penal contra sí mismo), porque no ha dado una: de las manos limpias al presidente del empleo; del peligro para México al presidente de todos los mexicanos; del combate a la inseguridad al México ganador que todos queremos, sin olvidar todas las demás.
También en tiempos de campaña, así como en las primeras semanas de estancia en la residencia oficial, Felipe Calderón prometió abasto pleno de medicinas en las instituciones del sector salud, para lo cual anunció que se reasignarán recursos presupuestales para que en 2007 se cuente con mayores recursos para la adquisición de medicamentos y para tener abasto suficiente en todos las clínicas y hospitales públicas del país, lo que dicho sea de paso tampoco cumplió. Por el contrario, cada día que transcurre es más difícil para los derechohabientes lograr que le surtan sus recetas en las farmacias de, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Obvio es que el inquilino de Los Pinos también incumplió con eso de reasignar recursos presupuestales. Y como los diputados siempre están atentos de las necesidades de los mexicanos y de las carencias calderonistas, no encontraron mejor negocio… perdón, mejor salida que privatizar a plenitud el abasto de medicamentos al que por ley está obligado el IMSS. Mediante la llamada Ley Simi (lo mismo, pero más caro), la mayoría en San Lázaro, conformada por PRI, su rémora el PVEM, y el PAN, aprobó modificar el artículo 91 de la Ley del Seguro Social, con el fin de resolver el desabasto de medicinas en dicha institución, lo que encarecerá los medicamentos, incrementará la de por sí espeluznante corrupción en el Instituto y fortalecerá el oligopolio existente en la fabricación y distribución de medicamentos.
Bien por los diputados, quienes para celebrar la cada día más destacada posición de México en el índice internacional de corrupción, están decididos a desmantelar una de las más valiosas instituciones del país. A partir de ahora, la ecuación es sencilla: la directiva del IMSS estimulará el desabasto de medicamentos; como resultado de la modificación aprobada por el Legislativo, a los derechohabientes les entregará vales (como los existentes para gasolina, alimentos, etcétera), que deberán canjear en establecimientos particulares a precios de oro (que a partir de ahora tienden a ser de platino).
Todo ello en un escenario ideal y como adelanto de lo que provocará la Ley de Asociaciones Público-Privadas, porque nada tardará en aparecer el mercado negro de vales del IMSS para medicamentos y mucho menos el aumento de precios aplicado por productores y distribuidores de tan preciados productos, es decir, el grupúsculo de laboratorios trasnacionales y de empresas privadas que acapara este segmento del mercado mexicano (valuado en más de 10 mil millones de dólares), que venderán lo mismo, pero más caro, mientras el gobierno calderonista sigue desmembrando al IMSS y desmantelando la seguridad social. Falta que el Senado de la República dé su visto bueno a lo que los diputados ya palomearon, pero el negocio es de tal magnitud que los muchachos de Xicoténcatl ya se frotan las manos.
Semanas atrás la directiva del IMSS presumía, producto de la negociación directa con productores y distribuidores, el ahorro de mil 700 millones de pesos en las adquisiciones de medicamentos para el abasto de las farmacias de la institución. Pues bien, ese ahorro se traducirá ahora en pérdida directa para los derechohabientes, a quienes les clavarán los medicamentos a precios inflados, con la venia del Congreso y la enorme sonrisa del gobierno calderonista.
Información de la Comisión de Salud de la propia Cámara de Diputados revela que el oligopolizado mercado farmacéutico mexicano es controlado por diez laboratorios trasnacionales (Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, SheringPloug, de forma destacada), un grupúsculo de distribuidores (Casa Saba, Nadro y Mazram, principalmente, también dueños de cadenas de farmacias) y los grandes supermercados (Wal-Mart, específicamente), los que ni de lejos reducirán precios a los derechohabientes del IMSS. Otro éxito de la democracia a la mexicana.

Fuente: La Jornada 27 de octubre de 2010

Salud pública, negocio en puerta

Espléndido futuro para los mexicanos ha moldeado el inquilino de Los Pinos: no ha dado una en materia de crecimiento y desarrollo; ha cancelado cualquier posibilidad de lograr una vida digna a través del empleo y el salario; ha sublimado la inseguridad en el país y acumula 30 mil muertos en una guerra que nunca ganará, y que, como van las cosas, no tiene salida; ha rebajado a cero la de por sí desgastada credibilidad en las instituciones; la igualdad de oportunidades por él pregonada en tiempos de su campaña electoral, en los hechos se ha traducido en rásquense como puedan, y si no pueden qué más da; ha degradado al gobierno de la República a simple gerencia del gran capital, que nada aporta, pero con todo arrasa; ha privatizado los bienes nacionales, la infraestructura, la educación, la electricidad y lo que se acumule, y ahora, para vivir mejor y con la corrupción a tope, pretende borrar del mapa cualquier vestigio de seguridad social, comenzando con la salud pública. Eso sí, prepara un magno festejo del centenario de la Revolución, el movimiento social que reivindicó todo lo que él y los suyos han tirado al cesto de la basura.
En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (falta el visto bueno de los diputados, pero todo indica que es mero trámite), la cual permite, entre otras cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal. Con ello, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República democrática, representativa y federal, y legalmente pasará a funcionar abiertamente como una empresa privada.
La única tímida salvedad que establece la citada legislación es la relativa a la industria petrolera (la eléctrica queda libre) para evitar una posible privatización. De cualquier suerte los límites también límites: tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado. Después de eso, todo, absolutamente todo, queda abierto al capital privado, aunque en México queda claro quién es el capital privado (exclúyase al 98 por ciento de las empresas que son micro, pequeñas o medianas y no tienen mayor potencial que intentar sobrevivir a los embates gubernamentales), que no es otro que el beneficiario de la política privatizadora.
Y al mal paso darle prisa, porque tan sólo 48 horas después de aprobada la citada ley, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que “una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será ‘una gran reforma’ para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales”, con lo que adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud. Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero-patronales para seguridad social; es decir, explicó el funcionario, se podría desgravar la nómina y los empresarios no tendrían esta carga, a la vez se podría favorecer el desarrollo del empleo. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, con lo que en el futuro habrá un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez).
Que paguen los jodidos, porque la privatización de la salud pública es un pingüe negocio que no puede quedar fuera de la ya de por sí enorme canasta de prebendas que tiene el gran capital (cualquier duda, favor de preguntar a Olegario Vázquez Raña). Aterrizado el numerito, la gerencia de la República no tardaría en decretar la exención fiscal a los nuevos propietarios del sector, por tratarse de un asunto de interés nacional. También se privatizará el historial clínico de los usuarios del hasta hoy servicio público de salud. De acuerdo con Córdova, está en curso una licitación para que alguna empresa particular sistematice lo que llamó expediente clínico electrónico, de tal suerte que al término del gobierno calderonista se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema.
Enfermarse es un lujo que la mayoría de los mexicanos no puede permitirse; en el lejano caso que en una institución pública de salud reciban una atención médica medianamente llevadera para superar la enfermedad, falta por transitar el terrorífico camino de adquirir medicinas en farmacias privadas (tres aumentos de precio en el año, cuando menos), porque las del sector salud siempre están vacías. Añádase la intención del gobierno calderonista de privatizar el sector salud, y que la gente jodida pague por la atención médica, de acuerdo con el anuncio del secretario Córdova, con base en la propuesta de Funsalud, una institución privada al servicio de la comunidad, según su propio eslogan.
Entre los fundadores (1985) y los socios activos de dicha institución privada aparecen muchos de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (el poder tras el trono) y apellidos como Alemán, Azcárraga, Bailleres, Bours, Garza Lagüera, Madariaga Lomelín, Servitje, Slim, Azcárraga Andrade (el de Mexicana de Aviación), Aspe, González Laporte, Hank, Harp, Autrey, de Angoitia, Chico Pardo (Telmex) y Vázquez Aldir, por sólo citar algunos. Entonces, no hay que especular sobre quién explotaría la nueva industria de la salud pública.

Fuente: La Jornada 18 de octubre de 2010

Salud: esclarecimiento necesario

En décadas recientes, a la par de la aplicación y consolidación en México del modelo neoliberal y con el apoyo de los sucesivos gobiernos a partir del de Salinas de Gortari, el sistema de seguridad social en general, y el de salud pública en particular, han experimentado un profundo deterioro derivado del estrangulamiento presupuestario, el aniquilamiento de la industria y el trabajo formal, y el sistemático retiro del Estado en diversos ámbitos y potestades.
El pasado jueves, en el contexto de un encuentro organizado por la Fundación Mexicana para la Salud, el secretario José Ángel Córdova Villalobos insinuó lo que puede leerse como la profundización de ese proceso: el funcionario abrió la posibilidad de que en el futuro haya un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular. Adicionalmente, Córdova Villalobos adoptó la propuesta del sector privado de que, luego de que se alcance la cobertura universal de los servicios médicos, el siguiente paso sea llevar a cabo una gran reforma para que los mexicanos paguen por la atención clínica que reciban a través de impuestos generales, lo que implicaría la eliminación de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.
Las declaraciones son por lo menos inquietantes. Con ellas, el gobierno federal no sólo hace suyas las reivindicaciones empresariales de la eliminación de las aportaciones referidas en perjuicio de la carga impositiva de la gente, sino que también deja abierta la posibilidad de un golpe –acaso demoledor– al sistema de seguridad social vigente. Por añadidura, al no dejar en claro en qué consistirá la homologación en los servicios de salud a cargo del Estado –si se retomará el modelo del IMSS, que contempla la atención de todo tipo de enfermedades, o el del Seguro Popular, limitado al diagnóstico y tratamiento de los padecimientos más comunes– el funcionario incurre en una omisión grave: la superación de los rezagos en servicios de salud no sólo pasa por incrementar nominalmente la cobertura de los mismos, sino, ante todo, por lograr que éstos sean de calidad, y esto no parece posible en la medida en que se retome el ejemplo del Seguro Popular: un esquema de atención individualizado, demagógico y empleado incluso con fines electorales, que no garantiza, por añadidura, el acceso a los servicios médicos que requiere la población, como han señalado especialistas e integrantes de diversas organizaciones sociales.
En suma, es necesario que el gobierno federal esclarezca las interrogantes que se desprenden de lo que expuso su secretario de Salud. Las decisiones relacionadas con la salud pública y la seguridad social, dada su importancia, no pueden ser tomadas de manera unilateral y de espaldas a la población ni mucho menos con base en intereses particulares; para ello se requiere, en cambio, de un amplio consenso político y social, así como del respeto a la premisa fundamental de que la principal riqueza de un país está en su población.

Fuente: La Jornada 17 de octubre de 2010

Ssa: el pago de atención mediante impuestos, siguiente paso en salud

Una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será una gran reforma para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales, afirmó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Así adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero patronales para seguridad social; es decir, explicó Córdova, se podría desgravar la nómina. De esa manera los empresarios no tendrían esta carga y a la vez se podría favorecer el desarrollo del empleo. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, indicó.
El funcionario participó el jueves pasado en un seminario organizado por Funsalud, donde también comentó que la integración funcional del sector salud tiene la finalidad de hacer más eficiente la prestación de servicios con ahorros económicos, como los que ya se han obtenido en los pasados dos años por 800 millones de pesos, al postergar la prescripción de medicamentos de alto costo.
Señaló que en el primer semestre de 2011 se alcanzará la cobertura universal en salud, con la inscripción de 49 millones de personas al Seguro Popular. Quedará todavía un porcentaje mínimo de individuos que optarán por continuar atendiéndose en los servicios privados y lo siguiente será avanzar hacia la integración funcional del sector.
Explicó que en el futuro habrá un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.
No explicó si dicho paquete será como el que ahora otorga el IMSS para la atención de todo tipo de enfermedades, o el limitado al diagnóstico y tratamiento de las más comunes que ofrece el Seguro Popular.
La reforma mencionada, que de acuerdo con Córdova y dada la diversidad de aspectos que involucra, podría estar concretada en las siguientes dos décadas, incluye la creación de un marco normativo y contractual, con cambios a las leyes y la Constitución, así como adecuación de contratos colectivos y el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Salud (Ssa).
En su exposición ante funcionarios del sector y sus predecesores en el cargo, Guillermo Soberón, Jesús Kumate, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández y Julio Frenk Mora, el actual titular de la Ssa dijo que debido a la presente oferta diferenciada de servicios entre los tres principales esquemas de aseguramiento, es necesario buscar, como ya lo estamos haciendo, la homologación.
Dicha variabilidad se refleja en el tipo, calidad y calidez de los servicios, así como en su financiamiento. Una parte de los problemas por resolver, observados por Córdova, es la doble o triple afiliación. En Aguascalientes y Colima, donde se lleva a cabo un programa piloto para depurar los padrones de personas inscritas, se ha detectado que entre 6 y 8 por ciento accede a por lo menos dos de los organismos prestadores de atención médica.
En el camino a la homologación y dado el rezago en que se encontraban las clínicas y hospitales de la Ssa, se ha dado una elevada inversión en éstas, con mil 10 unidades médicas nuevas y 450 remodeladas. En lo que va de la actual administración se han invertido casi 21 mil millones de pesos y 3.8 mil millones en equipo, comentó el secretario.
En cambio, en el mismo periodo el Seguro Social apenas ha contado con el dinero necesario para tener 91 unidades médicas nuevas y 197 remodeladas, en las cuales se ha invertido 12 mil 200 millones de pesos y 1.4 mil millones en equipo.
A su vez, en el ISSSTE se han destinado 5.6 mil millones de pesos para la construcción de 39 unidades médicas nuevas y la remodelación de otras 121. Para la compra de equipo se ha erogado 0.9 mil millones de pesos.
Córdova también se refirió a otros aspectos, como el expediente clínico electrónico, para cuya concreción actualmente está en curso una licitación pública y el fallo se dará a conocer en los próximos días. Calculó que al término del gobierno calderonista se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema.

Fuente: La Jornada 17 de octubre de 2010

Falta decisión política para que el Seguro Social sea la base del sistema de salud: De la Fuente

En el Sistema Nacional de Salud faltan decisiones políticas para recuperar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como la base de un sistema universal de salud en el país, así como para terminar con la indefinición actual en que los servicios están descentralizados, pero el financiamiento depende totalmente de las autoridades federales, como en el Seguro Popular, advirtió Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud.
A su vez, el también ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Julio Frenk Mora, autor del proyecto de reforma a la Ley General de Salud que dio pie al Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular, señaló que el siguiente paso tiene que ser la construcción del Susalud (sistema universal de salud) en el que todas las personas tengan un seguro público médico, independientemente de su estatus laboral, con un paquete de servicios igual para todos.
El esquema tiene que ser público y disponer de un único mecanismo de financiamiento, a fin de crear la máxima agregación posible de riesgos para que haya solidaridad de los sanos con los enfermos, apuntó sin hacer referencia a los comentarios que antes hizo De la Fuente.
Ambos personajes participaron ayer en el seminario La salud de los mexicanos y Funsalud, organizado como parte de la conmemoración por el 25 aniversario del organismo creado por el también ex secretario de Salud Guillermo Soberón Acevedo, y la participación de 100 empresarios.
En el segundo y último día de trabajos, el foro congregó a quienes han encabezado la Ssa en los pasados 25 años, desde el propio Soberón hasta el actual titular, José Ángel Córdova Villalobos. Los ex funcionarios reconocieron la destacada participación que ha tenido la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) en el diseño de las políticas públicas del sector.
Desde ahí se planearon y discutieron con las autoridades sanitarias en turno varias de las estrategias actualmente vigentes, como la descentralización de los servicios de salud en los años 90, la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y del Instituto de Medicina Genómica, así como el establecimiento del mercado de medicamentos genéricos intercambiables.
Bajo el auspicio de Funsalud, Frenk Mora realizó la investigación Economía y Salud, que al cabo de los años se traduciría en lo que hoy es el Seguro Popular.
Cada uno desde su perspectiva, los ponentes reconocieron los avances que ha tenido el país en materia de salud, principalmente por la continuidad que ha habido de los programas, lo que a su vez ha favorecido la obtención de logros como las altas tasas de vacunación y la erradicación de enfermedades como la poliomielitis o el control de las principales vías de transmisión del VIH/sida.
Sin embargo, también advirtieron sobre los temas pendientes. De la Fuente señaló respecto a la Conamed, que ya deberían darse pasos hacia adelante para no quedarse como está. Llamó la atención que con el Seguro Popular, el sector se encuentra en una contradicción: Por un lado es un sistema federalista, descentralizado; pero por el otro, el principal financiamiento está centralizado.
Al respecto, el secretario José Ángel Córdova Villalobos, rechazó que esto sea así. Explicó que con la finalidad de garantizar la mejor eficiencia en el uso de los recursos, es indispensable que los estados de la República comprueben todos los gastos.
Si somos más eficientes en las entidades federativas, en la Federación no debe haber ningún problema. El dinero es para que lo gasten, pero como debe ser, de acuerdo con la ley, apuntó. Antes presentó los avances hacia la integración funcional del sector.
Para José Antonio González Fernández –quien estuvo al frente de la Ssa entre 1999 y 2000–, existe la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, mediante incrementos en sus percepciones, estímulos y reconocimientos a su desempeño. Lo anterior, con la finalidad de proteger a quienes a diario hacen realidad el derecho a la salud de los mexicanos. No se debe claudicar en ese esfuerzo, subrayó.

Fuente: La Jornada 15 de octubre de 2010