La propuesta de reforma laboral no generaría empleos "decentes": especialistas de la UNAM

La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón es limitada porque no es fuente generadora de empleos "decentes" para la clase trabajadora, ni forma parte de un esquema integral que cambie de fondo las estructuras económicas y fiscales del país, consideró Patricia Kurczyn, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al participar en la mesa redonda Alcances y límites de la reforma laboral, organizada por la máxima casa de estudios, sostuvo que para alcanzar más fuentes de empleo en el país es necesario reformar la estructura de todo el sistema laboral mexicano y no solamente la Ley Federal del Trabajo (LFT), como ha señalado el gobierno federal que ocurrirá con su iniciativa presentada a través de legisladores del PAN.

Destacó que en los 12 años recientes han habido más de 300 iniciativas para reformar la LFT, pero, dada la experiencia internacional en el tema, en México se requiere de una reforma laboral integral y no sólo "parches" a la ley.

La académica advirtió que en el proyecto federal se excluye el tema de género y de discriminación por responsabilidad familiar, lo cual no debe pasarse por alto debido a que dentro de los capítulos laborales que más ha vivido el país "el que más se conoce es la discriminación hacia la mujer en el trabajo".

En su turno, María Ascensión Morales, directora general de Patrimonio Universitario de la UNAM, advirtió que en la ley laboral –que plantea cambios a 419 de los mil diez artículos que integran la LFT– no hay una vinculación de ésta con el desarrollo social y económico ni con la generación de empleos.

Para generar empleos, dijo, debe haber competitividad y productividad en el mercado de trabajo y no "varitas mágicas", como ha tenido lugar en naciones de América Latina, México incluido.

Apuntó que la reforma podrá ser viable sólo si va acompañada de medidas sociales y económicas, debido a que son los elementos que garantizarán desarrollo y crecimiento al sector laboral y productivo del país.

Argumentó que, al estar desvinculada de la protección social, la propuesta federal no garantiza al trabajador acceso a una pensión al término de su vida laboral, puesto que la contratación por periodo de pruebas –aun cuando prevé límites– puede ocasionar que una persona se pase toda la vida en esos esquemas sin nunca poder generar una subvención.

Además, este tipo de contratación no garantiza un trabajo decente ni que haya reducción de la pobreza en el país, como marca en sus lineamientos la Organización Internacional del Trabajo.

Las naciones que han implementado este tipo de subcontratación también han instituido redes de protección social como el seguro del desempleo y créditos de compensación, como medidas para lograr la reinserción al mercado productivo, pero en la reforma laboral "no se ven estos mecanismos", comentó.

Carlos Reynoso Castillo, investigador de la UAM, se pronunció por una revisión a la propuesta de reforma de la LFT porque presenta "confusiones conceptuales" y en algunas de sus partes es "rica en ambigüedades".

Sostuvo que de todas las propuestas planteadas en el proyecto "ninguna va en el sentido de modificar o alterar siquiera el modelo de relaciones de producción que se heredó desde la Revolución Mexicana", sino de una "adecuación utilitaria" a los esquemas de contratación, de prestaciones, disolución y de relaciones colectivas, entre otros.

Fuente: La Jornada 9 de abril de 2010

La Pura Verdad

Recibe Tribunal Internacional denuncia contra política laboral de Calderón

Un puñado de organizaciones sociales presentaron este jueves ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical una denuncia contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Centro de Investigación y Acción Laboral, y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, entre otros grupos, señalaron que con ello se busca sentar un precedente para evidenciar los casos en los que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha intervenido haciendo caso omiso de la autonomía sindical. En un comunicado, dieron a conocer que esos asuntos se darán a conocer en sesiones públicas que se realizarán del 28 al 30 de abril próximo, y añadieron que será el jurado del Comité Organizador del Tribunal Internacional de Libertad Sindical el que revise los contenidos. “El fallo final que emita este jurado será leído el 1 de mayo, en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo” que se realizarán en el Zócalo capitalino, se lee en el texto. Además, añade, “este 1 de mayo concluirá un largo proceso de análisis, que comenzó en octubre pasado, en torno de los casos de sindicatos y grupos de trabajadores que han visto coartada su libertad de asociación, a pesar de que está garantizada por las leyes mexicanas”.Según los denunciantes, el principal acusado es el gobierno mexicano, “que de manera reiterada, y en complicidad con los empresarios, atenta contra los derechos laborales de millones”. La acusación va en el sentido de que la STPS abandonó su papel de vigilante para que se respeten las leyes laborales, además de que incumplió su tarea de árbitro imparcial en los conflictos derivados de la relación obrero-patronal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). En octubre de 2009 se realizaron las primeras sesiones públicas del Tribunal Internacional, ocasión en que el SME, así como el Sindicato Nacional de Mineros de la República Mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Sección IX, la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre otros, se quejaron de las prácticas antidemocráticas de la STPS.De acuerdo con el comunicado, a ello se suma que el gobierno mexicano ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos laborales a través de la presentación de la reforma laboral, que impone condiciones de flexibilidad contractual que precarizan todavía más la situación laboral de millones de mexicanos y los arrastran a la miseria. En el jurado del Tribunal Internacional destacan intelectuales como Dean Hubbard, de Estados Unidos, y Laura Mora y Amparo Merino, de España. Además, participan Horacio Meguira, de Argentina; Hugo Barreto, de Uruguay; Kjeld Jakobsen y Luiz Salvador, de Brasil; Luis Guillermo Pérez, de Colombia, y Lidia Guevara, de Cuba. A nivel nacional colaboran el obispo dominico y defensor de los derechos humanos Raúl Vera, así como Alfredo Sánchez Alvarado, Ana Colchero, Enrique Larios, Miguel Ángel Granados Chapa, Miguel Concha Malo, Oscar Alzaga y la senadora Rosario Ibarra de Piedra.

Fuente: Proceso 8 de abril de 2010

Gana amparo Esparza y alega que mantiene "personalidad jurídica"; la STPS lo niega

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, informó hoy que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito concedió a su organización el recurso de amparo interpuesto contra el dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que, el primero de diciembre de 2009, declaró nulas las elecciones y ordenó reponerlas.En conferencia de prensa, afirmó que la determinación del Tribunal fue por unanimidad, por lo que su planilla sigue teniendo personalidad jurídica y se mantiene en funciones para preservar el patrimonio de la organización.Sin embargo, la Secretaría del Trabajo emitió un comunicado en el que admite que la magistrado Herlinda Flores una jueza concedió la suspensión a Esparza, aunque aclara que eso quiere decir que no se puede ejecutar el laudo de la JFCA “hasta en tanto no se resuelva en definitiva el juicio constitucional que se presentó en contra del citado laudo”.Antes de que la STPS manifestara su puntote vista, Esparza había dicho en la conferencia que con el amparo echan abajo las intenciones del titular de la STPS, Javier Lozano, de terminar la relación laboral con 44 mil electricistas que trabajaban para Luz y Fuerza del Centro. “El procedimiento jurídico contra el sindicato nos lleva a decir que estaban confabulando para acabar con el sindicato”, añadió el líder gremial. De acuerdo con Esparza, el año pasado, en un proceso interno para renovar la dirigencia del SME, su planilla obtuvo el triunfo, pero los resultados fueron impugnados por el entonces tesorero Alejandro Muñoz. El conflicto llegó a la STPS, y la Dirección General de Registro de Asociaciones, así como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), le negaron la toma de nota a Esparza, quien impugnó la decisión. Con el fallo dado a conocer hoy, según el secretario general del SME, se prueba “cómo confabularon para acabar con el sindicato”, y anunció que la resolución del quinto tribunal de circuito en materia laboral será presentada en la Cámara de Diputados, así como ante la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo.Luego de conocerse el fallo, firmado por la magistrada Herlinda Flores, la STPS emitió un boletín que tituló: “Martín Esparza Flores no ha sido reconocido como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas”.En tres párrafos, la dependencia señaló que “la nueva elección sindical (será) hasta que el Poder Judicial de la Federación valide el laudo de la JFCA”. El texto de la Secretaría del Trabajo recuerda que el 1 de diciembre de 2009, la JFCA dictó un laudo mediante el cual declaró nulo el proceso de elección en el SME y ordenó la reposición del mismo, luego de lo cual el sindicato promovió un amparo y solicitó la suspensión del acto reclamado.La STPS reconoce que la jueza concedió la suspensión, pero –según sus argumentos– eso quiere decir que no se puede ejecutar el laudo de la JFCA “hasta en tanto no se resuelva en definitiva el juicio constitucional que se presentó en contra del citado laudo”.No obstante, resalta que el desconocimiento de Esparza como líder del SME no lo realizó la JFCA, sino la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS, porque no cumplió con los requisitos necesarios para que la dependencia le entregara la toma de nota como dirigente sindical.

Fuente: Proceso 8 de abril de 2010

La simulación y la mentira no protegen la salud

La capacidad de planeación de un gobierno depende de que tenga objetivos claros y datos fidedignos sobre los procesos que pretende impulsar. En marzo salió el informe sobre los avances del Seguro Popular (SP) en 2009. Su análisis despierta más dudas que certezas. Esto es grave al tratarse del programa por medio del cual, según el gobierno, habrá cobertura universal de servicios de salud para todos los mexicanos y mexicanas a más tardar el próximo año.
Un primer problema es que es imposible cuadrar los datos del número de familias y personas afiliadas al SP. El informe reporta 10.5 millones de familias o 31.1 millones de personas. Esta afiliación correspondería a 84 por ciento del total de familias por afiliar, según los cálculos del SP, pero sólo al 53-58 por ciento de las personas susceptibles a ser afiliadas. Una discrepancia de esta magnitud entre familias y personas no tiene ninguna explicación razonable a menos de que haya vicios graves en el método de inscripción o en el registro de datos. Si se toman los datos del número de hogares que arrojó la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (EIGH), la afiliación de familias bajaría a 71-73 por ciento de las familias objetivo, porque el número de familias sin seguridad social laboral ha incrementado de 12.5 millones, estimados en 2008, a entre 13.4 y 14.7 millones.
Las inconsistencias se repiten en los datos sobre las características de las familias afiliadas. Según el informe, 8.7 millones de las familias están encabezadas por mujeres, lo que sobrepasa en unos 2 millones el total de este tipo de familias en el país. Los datos respecto del nivel de ingreso de las afiliadas son igualmente asombrosos, ya que según el informe 10.1 millones pertenecerían al 20 por ciento más pobre del país, lo que es 190 por ciento de los 5.3 millones de este nivel.
Se podría especular sobre la causa de estas sistemáticas inconsistencias, pero lo que importa es que estos datos no sirven para conocer la realidad. Estamos ante una grave incompetencia institucional y/o se acomodan los datos para simular avances y éxitos.
La información sobre el financiamiento del SP fortalece la sospecha de que estamos ante mentiras a conveniencia. Una lectura cuidadosa revela que también en 2009 se escondieron miles de millones de pesos en el fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. La ley establece que debe depositarse en este fideicomiso 11 por ciento del monto correspondiente a la cuota social y la aportación solidaria, federales. Sin embargo, desde hace varios años se guarda anualmente alrededor del doble en este fideicomiso. Así en 2009 se depositaron 9 mil 703 millones en vez de 4 mil 405 millones, lo que equivale a un subejercicio disfrazado del orden de 12 por ciento sobre el presupuesto autorizado.
Esto, tal vez, no sería objetable si ese dinero se utilizara en la atención de enfermedades costosas o para inversión en nueva infraestructura de salud o el mejoramiento en la existente. No ocurre así y año con año se acumulan miles de millones de pesos en el fideicomiso que, según el reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) disponía de 19.9 mil millones de pesos en diciembre de 2009. Es decir se tiene un ahorro muy grande congelado en Banobras al tiempo que el país se endeudó en marzo con el Banco Mundial por mil 250 millones de dólares para financiar el Seguro Popular.
El segundo tema financiero que se descubre en el informe se refiere al presupuesto autorizado. Está muy por debajo del monto estimado para cubrir el paquete de servicios del Seguro Popular que es de 625 dólares por familia. Esto significa que debido al número de familias afiliadas debería de haberse autorizado un presupuesto de 107 mil millones de pesos para 2009 y no los 43.5 mil millones de pesos ejercidos. O sea, hay un déficit de 63 mil millones. Esta estimación coincide con la valuación actuarial hecha por la Auditoría Superior de la Federación publicada en 2007, en la que se estimaba un déficit de 46.8, en 2008, y 83.9 mil millones, en 2010. Esta crítica situación financiera sólo se puede aminorar restringiendo los servicios prestados que siguen siendo muy inferiores a los prestados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cada beneficiario.
A pesar de este escenario, que los altos funcionarios del SP obviamente conocen, éstos lograron modificar la legislación en 2009 para bajar los recursos financieros transferidos por familia en cerca de 25 por ciento. Lo asombroso es que las secretarías de salud de los estados no han protestado ante esta franca simulación presupuestal que convierte en mentira la cobertura universal para 2012.

Fuente: La Jornada 8 de abril de 2010

Salud: rezagos y necesidades

En el contexto del Día Mundial de la Salud, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, confió en que al término de la presente administración, en 2012, alcancemos la cobertura universal de salud. Por su parte, durante la inauguración de un hospital dermatológico, el titular de la Secretaría de Salud federal (Ssa), José Ángel Córdova, desmintió los desastrosos datos difundidos la víspera por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el sentido de que 43 millones de personas no cuentan con servicios de salud en el país: el funcionario aseguró que sólo 16 millones de mexicanos no tienen acceso a la atención sanitaria, y confió en que en año y medio se pueda revertir plenamente esta situación.
La aclaración hecha por el titular de Salud federal representa un menguado orgullo para la actual administración, pues revela –además de una inconsistencia impresentable en las cifras oficiales– el fracaso de las autoridades federales en su compromiso de alcanzar la cobertura universal en los servicios de salud para el presente año por medio del llamado Seguro Popular. Es claro, por lo demás, que las necesidades nacionales en materia de salud no pasan sólo por ampliar nominalmente la cobertura de esos servicios, sino también –y ante todo– por que éstos sean de calidad. La epidemia de influenza humana que azotó a nuestro país durante abril del año pasado desnudó carencias y vicios existentes en el sistema de salud pública, los cuales se reflejaron en una incapacidad del Estado para reaccionar con la precisión, la puntualidad y la coordinación que se requiere en circunstancias de emergencia; en la persistencia de burocratismos injustificables, en la carencia de materiales sanitarios y, en muchas ocasiones, en una atención médica rezagada y tardía.
Ante este panorama, resultan de capital importancia los señalamientos formulados en múltiples ocasiones por distintos especialistas en la materia: en el contexto actual, lo mejor para el país es reorientar las prioridades presupuestarias hacia rubros como la salud y la educación, a efecto de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de capital humano necesario para atender los rezagos actuales.
Es significativa, al respecto, la opinión expresada ayer –durante el acto encabezado por Felipe Calderón– por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Octavio Rivero Serrano, en el sentido de que se debe incrementar la formación de médicos generales capacitados, toda vez que la ausencia de diagnósticos acertados en la etapa inicial de las enfermedades puede derivar, a la larga, en un enorme costo financiero para el Estado.
Por añadidura, frente a la demolición deliberada de la estructura de bienestar social durante por lo menos las últimas dos décadas; la ausencia de una política de salud pública dirigida al conjunto de los habitantes, y la adopción, en remplazo de ésta, de esquemas de atención individuales, demagógicos y empleados incluso con fines electorales –como el propio Seguro Popular–, cobra especial sentido la propuesta formulada por el actual rector de esa misma casa de estudios, José Narro: plantear la creación de un verdadero servicio nacional de sanidad pública, que corrija la fragmentación y desarticulación que impera en el sistema actual, y garantice el cumplimiento del derecho constitucional a la salud.
En suma, la atenuación de los retrasos que afectan al país en materia sanitaria pasa por reconocer la necesidad de restructurar el sector salud a cargo del Estado, y por destinar las tajadas más sustantivas de los recursos públicos a inversiones que eleven la calidad de vida de la población, en atención al precepto de que ésta constituye la principal riqueza de una nación.

Fuente: La Jornada 8 de abril de 2010

Alistan Congreso del Trabajo y UNT contrapropuestas de reforma laboral

Desde su propia perspectiva y particular defensa de intereses, los dirigentes del Congreso del Trabajo (CT, sector obrero del Partido Revolucionario Institucional) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) preparan sus propuestas en busca de contrarrestar la iniciativa de reforma laboral presentada por la bancada panista en la Cámara de Diputados.
En un hecho sin precedente, los líderes de CT y UNT –frecuentemente con posturas antagónicas– han creado un canal de comunicación incluso para organizar las actividades del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. No se descarta que ambos dirigentes aparezcan juntos en un templete.
Ya hay un acercamiento. Hablaré con la directiva del Congreso del Trabajo para darle a conocer esta propuesta. A mí me parece que hay condiciones para hacer un pronunciamiento conjunto y que nosotros pudiéramos estar, físicamente, algunos dirigentes (de la UNT), en el acto de ellos (en el Zócalo) para ratificar el rechazo al proyecto del secretario del Trabajo, Javier Lozano, señaló Francisco Hernández Juárez, quien se desempeña en tres ámbitos, ya que es dirigente del sindicato de telefonistas, integrante de la presidencia colegiada de la UNT y diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Con o sin nosotros –agregó–, la Cámara de Diputados sacará una propuesta alternativa a la de Lozano; entonces, soy de la idea de que se puede jugar mejor con un (proyecto) mejorado que se presente de inmediato porque para septiembre ya no tendría caso.”
Hernández Juárez actualizó la propuesta presentada de manera conjunta, en 2002, por el PRD y la UNT. El nuevo documento fue entregado ayer a los representantes de todas las organizaciones que integran esta central obrera alterna al CT.
Sin embargo, cuando parecía que tal proyecto pasaría sin problemas (para entregarlo de inmediato al PRD y que éste lo hiciera suyo en la Cámara de Diputados), el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez, advirtió que posiblemente no sea el momento adecuado; en cambio, sugirió que se fortalezca la movilización para impedir el paso de la enmienda panista.
Otro de los tres pilares operativos de la UNT, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se mantiene al margen de la estrategia que impulsa Hernández Juárez.
El SNTSS –uno de los más grandes de América Latina– es dirigido por Valdemar Gutiérrez, actual diputado panista.
En ese contexto, los enviados de las organizaciones sindicales, sociales y campesinas se comprometieron a entregar el próximo miércoles una respuesta, para dar su posible visto bueno al documento que redactaron Hernández Juárez y su equipo.
Se anticipa un apoyo general, salvo la resistencia, en materia de plazos, hecha pública por Agustín Rodríguez, así como el desmarque de Valdemar Gutiérrez, debido a su obligado apoyo a la iniciativa que presentó su bancada en febrero pasado.
La propuesta actualizada y ampliada de la UNT incluye –a diferencia del proyecto panista– cambios al artículo 123 constitucional para suprimir su apartado B (relativo a los empleados del sector público) y eliminar las juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a tribunales laborales autónomos.
Busca además dar un uso racional a la denominada flexibilidad en el trabajo, con el fin de que las condiciones laborales se pacten entre trabajadores y patrón.
Dedica una parte a cambios relativos a la democracia sindical y la contratación colectiva como eje de negociación con los gremios. Este último punto es antagónico a la propuesta panista.
De igual forma, plantea ampliar políticas públicas en el sector laboral y crear nuevas instituciones, como el registro público de contratos colectivos y un instituto del salario mínimo, por mencionar algunas de las propuestas de lo que se pretende sea nuevamente, como ocurrió en 2002, el eje UNT-PRD.

Fuente: La Jornada 8 de abril de 2010