El gobierno asesina los últimos vestigios de libertad sindical sacrificando el mayor patrimonio de un país: la fuerza laboral con capacitación profesional. Unas veces se cierran las empresas para deshacerse de sindicatos incómodos o indispuestos a plegarse a la lógica expoliadora de los propietarios; otras, a las amenazas cumplibles de aplicar la fuerza pública contra los inconformes se suman las triquiñuelas formales que permiten disolver la relación obrero-patronal en medio de una huelga previamente declarada existente, ratificando la sospecha de que el estado de derecho es, en el mejor de los casos, un ritual de gestos congelados o simple falsificación.
El objetivo es el mismo: favorecer desde el poder a una minoría acostumbrada a que gobernantes, autoridades laborales y jueces les concedan los máximos privilegios aun al margen de lo dispuesto por ley, como si en estos años nada hubiera cambiado en la cultura excluyente del viejo corporativismo. ¿Qué clase de democracia puede sobrevivir si a los sindicatos reconocidos por ley se les reduce a la nada laboral mediante la pérdida por vía judicial de los derechos que la Constitución les asegura? ¿Qué ciudadanía podría surgir y fortalecerse en un país donde la defensa del interés profesional de los trabajadores está sujeta a las necesidades de un modelo productivo que no asume el diálogo social como componente estratégico del desarrollo nacional? ¿Qué sociedad estamos construyendo si en vez de ampliar el peso del mundo del trabajo las fuerzas dominantes se empeñan en pulverizarlo, disociando de manera perversa el ejercicio de la libertad del voto en las urnas?
La ofensiva antisindical que ha emprendido el actual gobierno tiene aristas políticas e ideológicas, pero hasta donde se alcanza a observar no implica, como cándidamente reclaman algunos opinadores, la liquidación de una forma de "monopolio" corrupto enquistado en el universo sindical, pues son conocidas las relaciones de respeto mutuo, cuando no de franca alianza entre el SNTE o el sindicato petrolero y el Ejecutivo, por no hablar de la consideración hacia contratos de protección y otras lindezas.
Visto más de cerca, se busca remover los obstáculos más incómodos, sean éstos el SME o los mineros, en una suerte de declaración de intenciones "práctica" hacia la aprobación de la reforma laboral, convertida, junto con la manipulación de la reforma energética, en el gran señuelo para atraer mayores inversiones globales, idea que el Presidente machaca como estrategia para modificar el curso mediocre de la economía. Sin embargo, es muy difícil hacer compatible la ilusión modernizadora de las elites económicas cuando se dilapida el capital humano, tirando al precipicio la experiencia acumulada por grupos de asalariados a través del tiempo y los cambios tecnológicos que marcan la época.
Es cierto que el viejo sindicalismo debe ser transformado sobre bases democráticas para que pase a ser factor de equilibrio y progreso, pero la solución a la herencia del charrismo no puede ser el mantenimiento de los privilegios de algunas empresas ni la abolición del sindicato o la cancelación de los derechos que le dan sentido.
Claro que no se puede esperar otra cosa donde la autoridad abandona el interés general para convertirse en oficioso administrador de una minoría depredadora, aunque al torcer la ley también doblegue a la justicia como tal, según ha pasado en Cananea con Minera México, auxiliada en la tarea por el secretario del Trabajo, cuya devoción al paternalismo patronal se puede admirar leyendo sus declaraciones. En ellas el trabajador no es más que un subalterno, invisible, no apto para ser un verdadero ciudadano. Por eso, el lugar preferente de sus disquisiciones públicas lo ocupa el líder sindical, al que el individualismo, opuesto por definición a los derechos colectivos, ha convertido en receptáculo de todas las fobias y máximo enemigo potencial de las libertades fundamentales (siempre que no se llame Elba Esther Gordillo).
El Presidente de la República (que insiste en mantener como faro su propio guión emocional al margen de cualquier otra forma de sensibilidad colectiva) se congratula de las inversiones alentadas por la extinción de Luz y Fuerza, pero no tiene una palabra para los trabajadores castigados con el despido, pues no parece haber otro objetivo racional que abrir la vía a los negocios globales a costa del patrimonio nacional. Ése es el estilo de la casa.
El gobierno actúa así porque está convencido de que no habrá respuesta puntual a sus excesos (para eso sirven los sindicatos postizos, como los llamaba Rafael Galván). Él sí cree en el poder de sus alianzas estratégicas y no pierde ocasión de mostrar la debilidad de las fuerzas alternativas, frustradas en el intento de alzarse con una propuesta unitaria de calado nacional. Espera el error o el efecto de la provocación, con absoluto desprecio por el respeto a los derechos como fuente de fortalecimiento de la ciudadanía. En unos casos exalta el malestar ante la parálisis de la "clase política"; en otros se queja de la pasividad de la sociedad civil que deja al gobierno solo ante el crimen organizado. En esa ambigüedad ha decidido moverse la derecha para no perder terreno. A los grupos de privilegio, concesiones impresentables; a las organizaciones populares y sindicatos independientes, acoso y represión. Al pueblo llano, activismo superficial, avalancha mediática. Y todo en medio de la batalla conservadora iniciada por la Iglesia católica, refrendada por el panismo. (Ya veremos su interpretación del laicismo.)
Casi como posdata. Ante la insonoridad de sus palabras para suscitar los ecos requeridos, el Presidente pasa a ser un impaciente selectivo. ¿Cómo no registrar su desagrado ante lo dicho por una damnificada de Angangueo, quien, acaso cansada de las disonancias cognitivas contenidas en las promesas de ayuda, reclamó sin inmutarse: "¡Ya no queremos pueblo mágico, queremos una fuente de empleo!", frase lapidaria que Calderón, sorprendido por la exigencia, atribuyó a la ignorancia y no al hartazgo espontáneo de la gente.
Fuente: La Jornada 18 de febrero de 2010
