Portal: alto índice de discrecionalidad en manejo de fondos para salud y educación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que a pesar de los aumentos constantes al gasto educativo y de salud que ejercen los estados y la federación, los índices de calidad en la atención y el número de personas beneficiadas no corresponde a los autorizados por la Cámara de Diputados.

Detalló que aun cuando en 2009 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 200 mil 930 millones 557 mil 665 pesos, 23 por ciento de las escuelas no tenían agua potable, bancas o pizarrón; sólo 20 por ciento de los profesores obtuvieron certificación, y que por los resultados de las pruebas Enlace y Pisa, los alumnos sólo aprenden lo elemental.

Al continuar la revisión de la Cuenta Pública 2009, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara que prevalece un alto índice de deserción escolar, y que existe un alto grado de discrecionalidad en el manejo de los fondos federales para educación, seguridad y salud.

Detalló que en el gasto federalizado se encontró que en los fondos para el sistema educativo, apoyos sociales y de infraestructura para comunidades marginadas que estados y municipios utilizan los recursos para fines distintos a los autorizados, efectúan pagos no relacionados con la educación, no emiten comprobantes o bien las secretarías de finanzas no entregan los recursos a tiempo.

En materia de salud, resaltó que aún hay 9 por ciento de la población nacional que no cuenta con atención médica y que en el caso del IMSS y del ISSSTE sus pasivos continúan presionando las finanzas de ambas instituciones.

El auditor refirió que las irregularidades en el ejercicio del gasto no deben quedar impunes año tras año, y dijo que por ello se planteó a la Cámara de Diputados aprobar una ley que regule el gasto federalizado y separe éste de la Ley de Coordinación Fiscal.

Juventino Pineda, titular de la dirección de auditoría a los recursos federales en estados y municipios, dijo que las reiteradas irregularidades en el gasto se cometen en las entidades porque no hay castigo que impida la recurrencia de las observaciones año con año.

Los manejos discrecionales en los fondos a los estados generaron un debate. El diputado panista Daniel Ávila puso de ejemplo del uso discrecional de los fondos al estado de Yucatán. Refirió que la ASF encontró pagos a aviadores y comisionados del SNTE por 210 millones de pesos, pero como el gobierno (de Ivonne Ortega) devolvió el dinero antes del cierre de la auditoría, el dictamen salió limpio. Pero de todos modos, el delito se cometió.

Los priístas le respondieron que la única denuncia de hechos presentada por la cuenta pública fue al ayuntamiento de Atizapán, que gobernó el PAN. Y también hay irregularidades en los de Ecatepec e Ixtapaluca, que fueron gobernados por el PRD.

Fuente: La Jornada 24 de marzo de 2011

La reforma laboral es un golpe de muerte para los trabajadores, advierte Bouzas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está dando un balazo en el pie derecho con su propuesta de reforma laboral, porque la iniciativa significa un golpe de muerte para los trabajadores, cuando los pilares fundamentales de ese partido han sido el sector obrero, los sindicatos y sus centrales corporativas, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM); además, absurdamente presenta este lesivo proyecto cuando está por iniciar la carrera presidencial.

El abogado y catedrático especializado en el tema laboral Alfonso Bouzas planteó lo anterior en entrevista, y detalló que la reforma del PRI, lo primero que desataría sería un despido masivo de trabajadores de mayor antigüedad, los que tienen 15, 20 o más años laborando en muchas empresas, las que preferirían correrlos injustificadamente, irse a juicio, ya que en caso de perder, sólo estarían obligados a pagarles un año de salarios caídos. Sería la debacle laboral.

Al cuestionarle al abogado si la reforma del PRI va contra los principios de la Ley Federal del Trabajo, respondió: no sólo contraviene esta ley si no el mismo artículo 123 constitucional, y va contra una de las conquistas más sentidas del sector obrero, que es la estabilidad en el empleo.

La reforma del Revolucionario Institucional, al incluir modalidades de contratación flexibles, como son contratos por temporada, por capacitación y a prueba, deja abierto que los patrones puedan tomar esto no como excepción sino como regla, y para evitar que los empleados hagan antigüedad podrán contratar en forma eventual indiscriminadamente, sin obligación de dar empleos permanentes.

Se le preguntó a Bouzas cómo calificaría la reforma priísta, a lo que respondió: como un rosario de errores y contradicciones, ya que plantea la libertad total para la terciarización o subcontratación de trabajadores; no defiende la permanencia de los empleos; acaba con las prestaciones; no incluye el incremento a las sanciones económicas que tienen los patrones cuando cometan viola- ciones laborales; finge establecer caminos para evitar el acoso sexual, pero en realidad es una copia fiel de la reforma panista.

Respecto de si la reforma laboral del PRI está en la lógica empresarial y no de los derechos de los trabajadores, Bouzas planteó que esta iniciativa absurdamente es propatronal y, al parecer, lo único que cuidaron los legisladores del tricolor es no meterse con aspectos como el manejo de los dineros de los sindicatos, sus elecciones y demás. Pero como a los panistas no les quita el sueño la democratización de las organizaciones, no les importó esta parte.

En cuanto a si la iniciativa es la puntilla para los trabajadores, en este sexenio en el que los sindicatos han señalado que hay una abierta política antilaboral de parte del Estado, planteó el catedrático que es el golpe de muerte de derechos fundamentales de los trabajadores, el cual rompe con el artículo 123 Constitucional, mediante de reformas a una ley secundaria como lo es la del Trabajo y lo hace el partido que dice que emanó de la Revolución.

También resulta inaudita la pasividad de los trabajadores de las organizaciones independientes y que incluso, aunque no es del agrado de las bases cetemistas, los dirigentes no levanten la voz, contra esta iniciativa que dejará en una dramática situación los derechos de los trabajadores, agregó Bouzas.

Consideró que limitar el pago de salarios caídos a un año en los juicios laborales fue una petición de los patrones por conducto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y que el Revolucionario Institucional, abriendo una puerta equivocada, les dio la razón y, a la vez, asesta un brutal golpe, porque ahora serán los propios patrones los más interesados en que se alarguen los juicios laborales, para ver si en cinco o más años que duran estos procesos, al final le pagan a los trabajadores que los demandaron apenas un año de salarios caídos y adiós.

El PRI tendría que releer su iniciativa, o se convertirá en el verdugo de quienes lo respaldaron durante décadas: los trabajadores.

Fuente: La Jornada 23 de marzo de 2011

En Gobernación, abusos y despidos injustificados, acusan trabajadores

En la Secretaría de Gobernación se violan las normas más elementales en materia laboral y se obliga a los trabajadores a firmar por anticipado renuncias voluntarias. Lo anterior, a pesar de que la dependencia es la responsable de vigilar el cumplimiento de la ley y de garantizar la estabilidad interna del país.

Según documentos oficiales y testimonios de afectados, desde la llegada de Francisco Blake Mora a la dependencia (en julio de 2010) trabajadores de diversas áreas, incluyendo personal de la oficina del secretario, han sido despedidos y sus prestaciones disminuidas.

Los denunciantes –vía tribunales, ante la opinión pública o en cartas entregadas a este diario– tenían plazas designadas de servicio profesional de carrera o de confianza hasta con 15 años de antigüedad. Muchos han sido cesados y a otros les fueron cambiadas sus plazas por contratos de honorarios, con el precedente obligatorio de firmar renuncias anticipadas.

Señalan que el titular de Gobernación ejerce su función con base en toda clase de excesos; concede plazas a sus amigos, amigas y paisanos procedentes de Tijuana, Baja California, quienes perciben altos salarios. Ojalá que alguien avise al presidente Calderón”, expresan.

“Desde la llegada de Blake todos somos sus sirvientes, no trabajadores. Utiliza recursos de la dependencia para asuntos personales. Además, ordenó remodelar y comprar mobiliario para sus oficinas del Palacio de Covián, pese a que en el gobierno federal se afirma que hay planes de austeridad.

Además despide con mecanismos ilegales a quienes denuncian las irregularidades.

Para ejemplificar lo dicho presentaron cartas de renuncias anticipadas que fueron expedidas con copia para Gustavo Manríquez Flores, director general de recursos humanos de la dependencia.

En esos documentos –que signan los empleados como única alternativa para no perder su trabajo– se lee: “Me permito informarle que por decisión propia y por convenir a mis intereses profesionales que, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo de la cláusula décimo segunda del contrato de prestación de servicios profesionales que tengo celebrado con la Secretaría de Gobernación en este ejercicio fiscal, dejaré de prestar mis servicios independientes al finalizar el plazo de 30 días naturales determinados en el instrumento legal de referencia, contados desde el día siguiente de la fecha de la presente.

Asimismo, hago constar que la Secretaría de Gobernación no me adeuda cantidad alguna por concepto de honorarios, por lo que en este mismo acto libero a la dependencia de cualquier reclamo judicial o administrativo, por lo que bajo protesta de decir verdad no me reservo acción legal alguna que pueda derivar en controversia judicial o administrativa, extendiendo el más amplio finiquito por los honorarios profesionales recibidos.

Los nombres de los denunciantes y de quienes entregaron los documentos no se hacen públicos a petición suya y para evitar más represalias.

Las irregularidades en materia laboral, hostigamiento y discrecionalidad en la asignación de recursos y salarios comenzaron en 2008 con denuncias públicas de empleados de la Subsecretaría de Gobierno. Siguieron otros casos en la de Asuntos Jurídicos. En esta última fueron cesados varios abogados, precisamente en el área donde se procesan las demandas laborales contra Gobernación. Enseguida hubo inconformidades en la de Asuntos Legislativos, porque les hicieron firmar guardias que significaban un aumento sin precedente en la jornada laboral, sin retribución extraordinaria. Sólo nos decían que debíamos permanecer trabajando hasta que se retiraran el secretario y el subsecretario. Varios firmamos bajo protesta.

Fuente: La Jornada 22 de marzo de 2011

ANAD: la propuesta de reforma laboral priísta parece "ley de comercio obrero"

La iniciativa de reforma laboral que presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) legaliza el fraude de las empresas outsourcing, incentiva la contratación eventual, genera inestabilidad en el empleo, modifica la tabla de enfermedades y la convierte en un apartado de derechos administrativos. Además, no sanciona las renuncias en blanco que obligan empleadores a firmar y quita a los patrones la obligación de mantener el empleo mientras haya materia de trabajo.

Es una propuesta que va a provocar más miseria. No sólo tendrá consecuencias laborales, sino afectará los derechos humanos, porque estará conduciendo a una degradación del trabajo, señaló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representante legal de sindicatos como el Mexicano de Electricistas y de diversos gremios independientes.

El también consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló en entrevista que dicha iniciativa es realmente de, por y para los empresarios, no para los trabajadores, y abaratará más el salario y depauperará a los empleados.

–¿Cuál es la peor parte?

–Toda. Es inimaginable el alcance que tendrá sobre los derechos laborales y la pobreza que generará. Afectará a todos los empleados, independientemente de si están en el apartado A o B, de si tienen décadas en una empresa o van a empezar a buscar trabajo. Afectará particularmente a los jóvenes, y por eso están tratando de acelerar su aprobación, antes de que la gente y las organizaciones se den cuenta de su impacto.

–¿En qué aspectos favorece a la patronal?

–Son innumerables. Por mencionar algunos, propone que los patrones puedan modificar de manera discrecional los horarios, días de trabajo y actividades de los trabajadores, según las necesidades de producción. Además, se cancelan derechos adquiridos desde el punto de vista de que se facilitan los despidos injustificados. Se anula la estabilidad en el empleo y se mantiene la injerencia del Estado en la vida interna de los sindicatos, porque los organismos laborales que otorgan la llamada toma de nota podrán seguir decidiendo a qué sindicato se da registro y a cuál dirigente se reconoce.

Por ello la iniciativa, más que reforma laboral, parece una nueva ley de comercio obrero, porque ahora las necesidades de la producción, o sea las del patrón, pesarán más sobre los derechos laborales.

–¿Por qué el PRI, que rehusó aprobar la modificación impulsada por Javier Lozano, ahora busca una más dura?

–Reciclaron la de Lozano (secretario del Trabajo). Fue una negociación. No es que sea más dura. En realidad, la reforma propuesta por el PRI retoma la peor parte de la del PAN. Es evidente que el Revolucionario Institucional negoció con los panistas y con sectores empresariales. Es copia de la panista, y fue muy mala negociación.

–¿En qué puntos favorece el despido de los trabajadores?

–Hay varios cambios que así lo hacen ver. Por ejemplo, propone que no sea obligatorio que se entregue el aviso de rescisión de contrato a los trabajadores de manera personal, sino mediante correo certificado o de las juntas de Conciliación y Arbitraje. Lo fundamental: establece que en los juicios sólo se pague un año de salarios caídos, lo cual abarata los despidos.

–¿Hay más?

–Otro aspecto delicado es que se quita la obligatoriedad de que el patrón mantenga los empleos mientras haya materia de trabajo. También se fomentarán las renuncias en blanco, ya que no se sancionará esa práctica, muy frecuente en las pequeñas y medianas empresas.

La reforma, incluso en las partes donde habla sobre derechos de la mujer, como despidos contra quienes cometan hostigamiento sexual, no es positiva, porque las trabajadoras tienen que demostrar el hecho con testigos y el patrón no está obligado a despedir a quienes lo cometan. Además, deja intacto lo que se refiere a sanciones a patrones por violaciones laborales.

–¿Qué papel tendrían los sindicatos con esta reforma laboral?

–Se van a debilitar, porque no van a tener armas para preservar los derechos de los trabajadores y su esencia misma se va a modificar, porque ¿qué van a defender? En cambio, se van a fortalecer los sindicatos blancos, corporativos y de protección.

Por ello, para Manuel Fuentes Muñiz la propuesta es alta traición del PRI a los trabajadores y a los sindicatos.

Fuente: La Jornada 22 de marzo de 2011

La reforma laboral priísta es un "paraíso para los despidos", advierte jurista

La reforma laboral presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es más nefasta y ominosa para los trabajadores que la que planteó en su momento Acción Nacional (PAN). La iniciativa del tricolor –defendida abiertamente por el secretario del Trabajo, Javier Lozano– es peor, porque literalmente pretende borrar de la Ley Federal del Trabajo los principales derechos laborales de los mexicanos.

Fueron cinco abogados del sector empresarial, entre ellos los de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los que negociaron y le metieron mano a esta iniciativa del PRI, junto con representantes del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México. La premisa de esos encuentros fue que los abogados patronales no tocaran lo que se refiere a sindicatos, manejo de recursos y elecciones, y lo demás era negociable.

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados (ANAD) y experto en sector laboral, el abogado Arturo Alcalde desmenuzó los aspectos más letales del proyecto del Revolucionario Institucional y consideró que el planteamiento de limitar el pago de salarios caídos en los conflictos laborales a sólo un año y la legalización el outsourcing son los dos golpes más fuertes de esta iniciativa, los que darán al traste con la defensa de los derechos de los obreros.

Limitar el pago de salarios caídos a un año en el caso de conflictos laborales es la carta abierta para que sean despedidos injustificadamente, por ejemplo, trabajadores que tienen 20 o 25 años laborando en una empresa y, cuando ellos quieran demandar, el patrón les diga perfecto, hazlo y si me ganas en tres o cinco años, yo sólo te pago uno de salarios caídos y me resulta muy barato hacerlo, puntualizó el abogado.

–¿Es peor la iniciativa de reforma del PRI que la del PAN?

–Definitivamente. Incluso en sesiones que tuvieron en la Escuela Libre de Derecho, abogados patronales manifestaron que la reforma priísta era el camino para el paraíso de los despidos. Porque con argumentos de que así se van a tener juicios rápidos, se restringe el pago de salarios caídos a un año, lo abaratará la liquidación de trabajadores.

Algo similar se quiso introducir en la llamada reforma Abascal y el ya fallecido funcionario se negó a aceptarlo, porque dijo en ese entonces que eso era castigar al inocente y premiar al infractor.

–¿Qué otros aspectos son igualmente graves de esta reforma para los derechos laborales?

–La subcontratación de trabajadores que, podrán hacer ahora libremente y sin restricción las empresas, otorgando salarios bajos y cero prestaciones, al amparo del outsourcing: las modificaciones al régimen de contratación para dar trabajo hasta temporal en varias vertientes y muy barato; en materia de titularidad de un contrato colectivo, los padrones de votación se van a integrar sólo con la información que den las empresas. Además se rasuran prestaciones, quitan la inspección del trabajo y mucho más.

–¿Qué más esconde esta iniciativa del tricolor, al parecer llena de sorpresas para los trabajadores?

–Un asunto igualmente grave es que se limita y prácticamente imposibilita la creación de sindicatos gremiales. Esto es porque modifica las reglas en casos de disputa por titularidad, y señala que si el patrón tiene firmado un contrato colectivo que abarque a trabajadores de varios ramos, ya no se puede demandar la creación de otro sindicato de gremio, como por ejemplo los pilotos, sobrecargos, académicos, que tienen su propia organización.

Esta fue una petición concreta de los empresarios del sector aeronáutico, como Interjet o Volaris, que lo pidieron expresamente, pero pega a los gremios universitarios, en los que no van a poder tener organizaciones gremiales de académicos.

–¿Por qué el PRI modificó la propuesta de reforma laboral que había presentado anteriormente y al parecer la endureció?

–La anterior iniciativa tricolor tenía un concepto que molestaba demasiado al sector patronal y era su propuesta de reducción de jornada laboral a 40 horas, pero ni siquiera los dejaron subirla a tribuna. Los legisladores se echaron para atrás y la llevaron a la mesa de negociaciones con abogados también del Consejo Coordinador Empresarial, que lo primero que hicieron fue rasurarle las prestaciones que proponía, como ampliación de vacaciones y otras, y aprovecharon para cambiar algunas cosas que resultaron ser verdaderas bombas para la LFT.

–¿También incluye afectaciones para los sindicatos?

–Son implícitas, porque ahora los patrones para qué van a necesitar restringir sindicatos, si podrán despedir injustificadamente y de manera barata a los trabajadores que quieran, incluso a los mismos dirigentes. No les importará irse a juicio, porque ahora les saldrá muy barato, a largo plazo y sin intereses. Esto va a provocar una debacle en el mundo laboral. Es grotesco.

Alcalde planteó que hay inconformidad de los líderes sindicales no sólo del sector independientes sino de los mismos charro corporativos, pero hay la orden desde los dirigencias del CT y de la CTM de que tienen que apoyar la propuesta.

“Qué negociaron a cambio?, no se sabe, pero ahora el PRI le está haciendo el trabajo sucio al PAN. La iniciativa se está manejando como un acuerdo cupular y por ello impulsa su aprobación fast track; no quieren discusión ni debate. Lo quieren imponer a toda costa y los empresarios patronales están felices porque se les cumpliría todo lo que han soñado, ya que el Revolucionario Institucional está aceptando y promoviendo la destrucción del carácter protector de la Ley Federal del Trabajo.

Fuente: La Jornada 21 de marzo de 2011

El PRI y los trabajadores

A principios de los años 70, siendo secretario general del PRI, Enrique González Pedrero definió a ese partido, no como un partido de clase, sino de clases. La expresión le resultó redonda al entonces dirigente priísta. En sus largos años de dominación estatal, el antiguo partido oficial (se llamara PNR, PRM o PRI) no tuvo jamás una identidad clasista, en el sentido que le daban al término los viejos marxistas. Más que de clases, era sin clase. El viejo partido, en efecto, sólo se representaba a sí mismo y, como el Estado que gobernaba, su estilo era colocarse por encima de todas las clases sociales. Sólo representaba al poder del Estado y a todos los que se le sumaran.

Los trabajadores asalariados y también los del campo o los empleados clasemedieros jamás se han dado una representación partidista. Más bien se las han dado otros. Los primeros, los asalariados, tuvieron en México sus momentos de gloria como clase independiente. Fue a partir de 1932, cuando, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano y organizados en la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), pudieron convertirse en un auténtico movimiento obrero independiente. Eso se prolongó con la fundación, en febrero de 1936, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Entonces, el movimiento obrero fue apolítico, en el sentido de que no se identificaba con ningún partido político.

Y lo fue de verdad. Al llegar al poder, el general Cárdenas tuvo que tratar con ese movimiento y sus dirigentes en pie de igualdad y proponiéndoles un plan de alianza política, no de sumisión. Lombardo le propuso a Cárdenas el pleno respeto de los derechos laborales consagrados en la Constitución. Y apechugó. Como extra, le pidió que cerrara todos los casinos y antros de juego. Y apechugó. Eran los tiempos de gloria, cuando el movimiento obrero era de verdad independiente y trataba de igual a igual con el gobierno. Todo ello lo echó a perder el propio Lombardo cuando aceptó, en 1937, que en la campaña electoral de ese año los dirigentes sindicales se convirtieran en diputados del partido oficial.

Ese hecho convirtió a la dirigencia sindical en un grupo de poder del Estado y dentro de él. Cuando Cárdenas impulsó la refundación del partido oficial como PRM, la conversión de los dirigentes sindicales en personeros del Estado se dio en automático. Entonces los sindicatos se convirtieron en verdaderas cárceles corporativas de los trabajadores y éstos perdieron su independencia política y, también, su poder de negociación al tratar con los patrones o con el Estado los problemas relativos a su condición de asalariados. La solución a esos problemas dejó de ser materia de trato entre las dos clases fundamentales de la sociedad y pasaron a ser simples disposiciones políticas de gobierno.

Antiguos derechos como la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho irrestricto de huelga, los salarios caídos sin límite, durante y luego de una huelga, la seguridad social (aun antes de que se estableciera el régimen de seguridad social con el IMSS), pensiones que aseguraban el retiro con dignidad y, en general, el trato de igual a igual entre los trabajadores y sus empleadores, eran plenamente reconocidos por el gobierno y por las clases patronales. En las reformas laborales no siempre se fue adelante y hubo muchos retrocesos y suspensos obligados para el derecho del trabajo. Pero éste era una roca que permanecía más o menos incólume. Y eso ocurrió durante los regímenes priístas.

Con la reforma de 1970, que modificó a fondo la vieja ley de 1931 y en cuya relaboración participó activamente el maestro Mario de la Cueva, el derecho del trabajo persistió con todas sus instituciones fundamentales. Los gobiernos priístas, aunque lo quisieron y dieron innumerables muestras de ello, no pudieron acabar con las clases trabajadoras. Sus derechos se mantuvieron íntegros y, aunque el derecho laboral no fue el mismo de antes, en su esencia se mantenía tal cual. Los gobernantes priístas jamás han estado del lado de los trabajadores. Lo demostraron por el modo en que manejaron la justicia del trabajo. Con ese adefesio inmundo de las juntas de Conciliación y Arbitraje, siempre supieron estar del lado de los patrones y del suyo propio. Los trabajadores siempre perdieron con ellos.

Los sindicatos, por supuesto, después de los años 30 dejaron de ser lo que habían llegado a ser: verdaderas organizaciones de resistencia del trabajo asalariado y de defensa de los intereses de los trabajadores. Se convirtieron en entes extraños a esos intereses. Fueron, desde entonces, organizaciones al servicio del Estado y fuentes de poder para los líderes que el Estado mismo reconocía como sus personeros. Los trabajadores, como tales, fueron anulados en el juego político que desarrollaban los sindicatos y sometidos, muchísimas veces por la violencia, a la voluntad de sus dirigentes corruptos y vendidos. No podemos culparlos del papel de peones serviles y dóciles que eran acarreados a las concentraciones priístas o se les conducía a votar por los candidatos oficiales. Estaban dominados.

Los líderes sindicales priístas estaban en jauja y sólo se atenían a sus compromisos directos con el presidente de la República y al usufructo de su poder sindical, dominando y sometiendo a los trabajadores a sus fines políticos y de lucro personal. En la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970, ninguno de ellos tuvo nada que decir y, más bien, se cuidaron de expresar sus temores porque sus privilegios pudieran ser afectados, cosa en la que de verdad sacaron las uñas. Esa reforma fue, en gran parte, favorecedora de los intereses patronales y el mismo maestro De la Cueva lo puso muy en claro. Fue por eso que Díaz Ordaz la aceptó.

El PRI, en los hechos, ha sido siempre un enemigo descarado de los intereses de los trabajadores. Su cliente, por así decirlo, son sus dirigencias sindicales, tan traidoras y sucias respecto a esos intereses como las mismas dirigencias priístas. No hay hecho que nos diga que los priístas se han comprometido con los trabajadores y sus necesidades. Todo lo contrario: no hay hecho que no nos diga que los priístas sólo han traicionado a los hombres que trabajan y han hecho todo lo posible por someterlos a los peores sistemas de explotación y de opresión. Entre ellos y sus dirigentes sindicales se encontraron los mayores opositores a la reforma de 1970, por la razón, muy obvia, de que temían perder sus privilegios.

Los proyectos de reforma laboral que los priístas presentaron en el curso del año pasado los aproximó al viejo derecho del trabajo, planteando una defensa razonable de los derechos de los trabajadores. Sus propuestas fueron rechazadas tajantemente por los grupos patronales. Doblaron las manos y acaban de presentar una iniciativa que será la vergüenza del PRI para siempre: pro patronal y antisindicalista a fondo; negadora de todos los tradicionales e históricos derechos de los trabajadores.

Hice un poco de historia para fundamentar lo que me propongo escribir sobre esa malhadada iniciativa en mis próximas colaboraciones. Tal vez ya será tarde, pero valdrá la pena desenmascarar esta felonía del actual priísmo.

Fuente: La Jornada 20 de marzo de 2011

La iniciativa es un robo a los obreros: expertos

La iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI legaliza el outsourcing, facilita a los patrones el despido injustificado de trabajadores a su libre arbitrio, evitándoles el pago de las indemnizaciones mínimas de ley; limita el pago de salarios caídos a un año; da manga ancha a la flexibilización laboral con contratos a prueba o por temporada y precariza la mano de obra mexicana, por lo que es un robo a los derechos de los trabajadores, que quedarán totalmente desprotegidos.

Con esta iniciativa el PRI da la espalda a las luchas obreras y populares que le dieron vida, además de que es aberrante que esta iniciativa cuente con la anuencia y la traición de mafias como las dirigencias de Confederación de Trabajadores de México el Congreso del Trabajo y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Tras analizar la reforma priísta, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) apuntaron lo anterior y señalaron que la premura con la que se busca su aprobación da cuenta los obscuros intereses que la promueven.

Señalaron incluso que también resulta muy significativo y sospechoso que un día antes de entregar su propuesta, el presidente del PRI, Humberto Moreira, se haya reunido con Felipe Calderón. ¿Qué negociaron? Ahora, en coro, empresarios, políticos panistas y hasta el secretario del Trabajo, Javier Lozano, la avalan y aplauden con bombo y platillo, luego de esperar por ella más de 20 años.

Estos organismos llamaron la atención respecto de que el pretexto de definir y normar el outsourcing, lo que en realidad hace la propuesta priísta es legalizar la tolerancia a esta práctica perversa de la subcontratación que, de facto, arrebata a las y los empleados sus prerrogativas a un salario justo, beneficios sociales y al derecho de organización, señalo el Cilas.

Planteó que el pueblo mexicano es, nuevamente, víctima de una negociación turbia, pues en contubernio y haciéndole el juego sucio a Felipe Calderón, Javier Lozano y Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una iniciativa de reforma laboral propatronal que abarata la mano de obra y pone fin a la estabilidad en el empleo, por lo que se hace urgente que las y los trabajadores, especialmente los jóvenes, que son los más afectados, se movilicen y rebelen de forma masiva contra quienes buscan legalizar la violación de su derechos laborales.

Fuente: La Jornada 18 de marzo de 2011