Carta blanca a particulares


Entre las más famosas frases de su campaña electoral, Felipe Calderón no dejó de repetir la relativa a las manos limpias; presumía que él límpidas las tenía, que su gobierno las mantendría así y que combatiría abierta y decididamente la corrupción en el país. Pues bien, la realidad es contundentemente otra, como siempre, y esa bella expresión, acuñada por su creativo equipo propagandístico de importación made in Spain, también se incorpora al de por sí grueso inventario de incumplimientos que acumula el inquilino de Los Pinos.
Aunque parezca imposible, la corrupción en México es hoy mucho mayor que cuatro años atrás, cuando el de las manos limpias se instaló en Los Pinos. Con Calderón el país sobresale en el plano internacional, aunque no por sus logros económicos, políticos o sociales, su contribución a la ciencia o su aportación al desarrollo de la humanidad, sino por la brutal corrupción que corroe la estructura institucional, condiciona la toma de decisiones y se filtra a prácticamente en toda la sociedad.
¿Qué el inquilino de Los Pinos no ha hecho nada? ¡Momento!: de entrada, con una rapidez envidiable, logró que sus frases de campaña electoral terminaran en el cesto de la basura, con el consecuente retroceso en el nivel de bienestar de los mexicanos, y en el caso de las manos limpias ha hecho la hombrada de hundir a México en el índice internacional de corrupción: una caída de 28 escalones en sólo cuatro años, lo que ni siquiera Vicente Fox alcanzó a concretar en todo el sexenio (11 escalones para abajo).
Cuando Calderón se sentó en Los Pinos, en materia de corrupción México ocupaba el escalón número 70 entre la comunidad de naciones; cuatro años después cayó al escalón 98 (contra el 89 en 2009). Si se incluye el sexenio foxista, entonces el país pasó de la posición 59 a la 98, lo que confirma lo exitosos, decididos y cumplidores que han sido los gobiernos panistas.
Así, Felipe Calderón debería demandar penalmente a su creativo equipo propagandístico de importación, responsable de acuñar las célebres frases por él utilizadas tanto en tiempos de su campaña electoral como ya sentado en Los Pinos (de hecho, tendría que presentar demanda penal contra sí mismo), porque no ha dado una: de las manos limpias al presidente del empleo; del peligro para México al presidente de todos los mexicanos; del combate a la inseguridad al México ganador que todos queremos, sin olvidar todas las demás.
También en tiempos de campaña, así como en las primeras semanas de estancia en la residencia oficial, Felipe Calderón prometió abasto pleno de medicinas en las instituciones del sector salud, para lo cual anunció que se reasignarán recursos presupuestales para que en 2007 se cuente con mayores recursos para la adquisición de medicamentos y para tener abasto suficiente en todos las clínicas y hospitales públicas del país, lo que dicho sea de paso tampoco cumplió. Por el contrario, cada día que transcurre es más difícil para los derechohabientes lograr que le surtan sus recetas en las farmacias de, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Obvio es que el inquilino de Los Pinos también incumplió con eso de reasignar recursos presupuestales. Y como los diputados siempre están atentos de las necesidades de los mexicanos y de las carencias calderonistas, no encontraron mejor negocio… perdón, mejor salida que privatizar a plenitud el abasto de medicamentos al que por ley está obligado el IMSS. Mediante la llamada Ley Simi (lo mismo, pero más caro), la mayoría en San Lázaro, conformada por PRI, su rémora el PVEM, y el PAN, aprobó modificar el artículo 91 de la Ley del Seguro Social, con el fin de resolver el desabasto de medicinas en dicha institución, lo que encarecerá los medicamentos, incrementará la de por sí espeluznante corrupción en el Instituto y fortalecerá el oligopolio existente en la fabricación y distribución de medicamentos.
Bien por los diputados, quienes para celebrar la cada día más destacada posición de México en el índice internacional de corrupción, están decididos a desmantelar una de las más valiosas instituciones del país. A partir de ahora, la ecuación es sencilla: la directiva del IMSS estimulará el desabasto de medicamentos; como resultado de la modificación aprobada por el Legislativo, a los derechohabientes les entregará vales (como los existentes para gasolina, alimentos, etcétera), que deberán canjear en establecimientos particulares a precios de oro (que a partir de ahora tienden a ser de platino).
Todo ello en un escenario ideal y como adelanto de lo que provocará la Ley de Asociaciones Público-Privadas, porque nada tardará en aparecer el mercado negro de vales del IMSS para medicamentos y mucho menos el aumento de precios aplicado por productores y distribuidores de tan preciados productos, es decir, el grupúsculo de laboratorios trasnacionales y de empresas privadas que acapara este segmento del mercado mexicano (valuado en más de 10 mil millones de dólares), que venderán lo mismo, pero más caro, mientras el gobierno calderonista sigue desmembrando al IMSS y desmantelando la seguridad social. Falta que el Senado de la República dé su visto bueno a lo que los diputados ya palomearon, pero el negocio es de tal magnitud que los muchachos de Xicoténcatl ya se frotan las manos.
Semanas atrás la directiva del IMSS presumía, producto de la negociación directa con productores y distribuidores, el ahorro de mil 700 millones de pesos en las adquisiciones de medicamentos para el abasto de las farmacias de la institución. Pues bien, ese ahorro se traducirá ahora en pérdida directa para los derechohabientes, a quienes les clavarán los medicamentos a precios inflados, con la venia del Congreso y la enorme sonrisa del gobierno calderonista.
Información de la Comisión de Salud de la propia Cámara de Diputados revela que el oligopolizado mercado farmacéutico mexicano es controlado por diez laboratorios trasnacionales (Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, SheringPloug, de forma destacada), un grupúsculo de distribuidores (Casa Saba, Nadro y Mazram, principalmente, también dueños de cadenas de farmacias) y los grandes supermercados (Wal-Mart, específicamente), los que ni de lejos reducirán precios a los derechohabientes del IMSS. Otro éxito de la democracia a la mexicana.
Fuente: La Jornada 27 de octubre de 2010

Salud pública, negocio en puerta


Espléndido futuro para los mexicanos ha moldeado el inquilino de Los Pinos: no ha dado una en materia de crecimiento y desarrollo; ha cancelado cualquier posibilidad de lograr una vida digna a través del empleo y el salario; ha sublimado la inseguridad en el país y acumula 30 mil muertos en una guerra que nunca ganará, y que, como van las cosas, no tiene salida; ha rebajado a cero la de por sí desgastada credibilidad en las instituciones; la igualdad de oportunidades por él pregonada en tiempos de su campaña electoral, en los hechos se ha traducido en rásquense como puedan, y si no pueden qué más da; ha degradado al gobierno de la República a simple gerencia del gran capital, que nada aporta, pero con todo arrasa; ha privatizado los bienes nacionales, la infraestructura, la educación, la electricidad y lo que se acumule, y ahora, para vivir mejor y con la corrupción a tope, pretende borrar del mapa cualquier vestigio de seguridad social, comenzando con la salud pública. Eso sí, prepara un magno festejo del centenario de la Revolución, el movimiento social que reivindicó todo lo que él y los suyos han tirado al cesto de la basura.
En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (falta el visto bueno de los diputados, pero todo indica que es mero trámite), la cual permite, entre otras cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal. Con ello, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República democrática, representativa y federal, y legalmente pasará a funcionar abiertamente como una empresa privada.
La única tímida salvedad que establece la citada legislación es la relativa a la industria petrolera (la eléctrica queda libre) para evitar una posible privatización. De cualquier suerte los límites también límites: tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado. Después de eso, todo, absolutamente todo, queda abierto al capital privado, aunque en México queda claro quién es el capital privado (exclúyase al 98 por ciento de las empresas que son micro, pequeñas o medianas y no tienen mayor potencial que intentar sobrevivir a los embates gubernamentales), que no es otro que el beneficiario de la política privatizadora.
Y al mal paso darle prisa, porque tan sólo 48 horas después de aprobada la citada ley, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que “una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será ‘una gran reforma’ para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales”, con lo que adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud. Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero-patronales para seguridad social; es decir, explicó el funcionario, se podría desgravar la nómina y los empresarios no tendrían esta carga, a la vez se podría favorecer el desarrollo del empleo. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, con lo que en el futuro habrá un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez).
Que paguen los jodidos, porque la privatización de la salud pública es un pingüe negocio que no puede quedar fuera de la ya de por sí enorme canasta de prebendas que tiene el gran capital (cualquier duda, favor de preguntar a Olegario Vázquez Raña). Aterrizado el numerito, la gerencia de la República no tardaría en decretar la exención fiscal a los nuevos propietarios del sector, por tratarse de un asunto de interés nacional. También se privatizará el historial clínico de los usuarios del hasta hoy servicio público de salud. De acuerdo con Córdova, está en curso una licitación para que alguna empresa particular sistematice lo que llamó expediente clínico electrónico, de tal suerte que al término del gobierno calderonista se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema.
Enfermarse es un lujo que la mayoría de los mexicanos no puede permitirse; en el lejano caso que en una institución pública de salud reciban una atención médica medianamente llevadera para superar la enfermedad, falta por transitar el terrorífico camino de adquirir medicinas en farmacias privadas (tres aumentos de precio en el año, cuando menos), porque las del sector salud siempre están vacías. Añádase la intención del gobierno calderonista de privatizar el sector salud, y que la gente jodida pague por la atención médica, de acuerdo con el anuncio del secretario Córdova, con base en la propuesta de Funsalud, una institución privada al servicio de la comunidad, según su propio eslogan.
Entre los fundadores (1985) y los socios activos de dicha institución privada aparecen muchos de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (el poder tras el trono) y apellidos como Alemán, Azcárraga, Bailleres, Bours, Garza Lagüera, Madariaga Lomelín, Servitje, Slim, Azcárraga Andrade (el de Mexicana de Aviación), Aspe, González Laporte, Hank, Harp, Autrey, de Angoitia, Chico Pardo (Telmex) y Vázquez Aldir, por sólo citar algunos. Entonces, no hay que especular sobre quién explotaría la nueva industria de la salud pública.
Fuente: La Jornada 18 de octubre de 2010

Salud: esclarecimiento necesario


En décadas recientes, a la par de la aplicación y consolidación en México del modelo neoliberal y con el apoyo de los sucesivos gobiernos a partir del de Salinas de Gortari, el sistema de seguridad social en general, y el de salud pública en particular, han experimentado un profundo deterioro derivado del estrangulamiento presupuestario, el aniquilamiento de la industria y el trabajo formal, y el sistemático retiro del Estado en diversos ámbitos y potestades.
El pasado jueves, en el contexto de un encuentro organizado por la Fundación Mexicana para la Salud, el secretario José Ángel Córdova Villalobos insinuó lo que puede leerse como la profundización de ese proceso: el funcionario abrió la posibilidad de que en el futuro haya un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular. Adicionalmente, Córdova Villalobos adoptó la propuesta del sector privado de que, luego de que se alcance la cobertura universal de los servicios médicos, el siguiente paso sea llevar a cabo una gran reforma para que los mexicanos paguen por la atención clínica que reciban a través de impuestos generales, lo que implicaría la eliminación de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.
Las declaraciones son por lo menos inquietantes. Con ellas, el gobierno federal no sólo hace suyas las reivindicaciones empresariales de la eliminación de las aportaciones referidas en perjuicio de la carga impositiva de la gente, sino que también deja abierta la posibilidad de un golpe –acaso demoledor– al sistema de seguridad social vigente. Por añadidura, al no dejar en claro en qué consistirá la homologación en los servicios de salud a cargo del Estado –si se retomará el modelo del IMSS, que contempla la atención de todo tipo de enfermedades, o el del Seguro Popular, limitado al diagnóstico y tratamiento de los padecimientos más comunes– el funcionario incurre en una omisión grave: la superación de los rezagos en servicios de salud no sólo pasa por incrementar nominalmente la cobertura de los mismos, sino, ante todo, por lograr que éstos sean de calidad, y esto no parece posible en la medida en que se retome el ejemplo del Seguro Popular: un esquema de atención individualizado, demagógico y empleado incluso con fines electorales, que no garantiza, por añadidura, el acceso a los servicios médicos que requiere la población, como han señalado especialistas e integrantes de diversas organizaciones sociales.
En suma, es necesario que el gobierno federal esclarezca las interrogantes que se desprenden de lo que expuso su secretario de Salud. Las decisiones relacionadas con la salud pública y la seguridad social, dada su importancia, no pueden ser tomadas de manera unilateral y de espaldas a la población ni mucho menos con base en intereses particulares; para ello se requiere, en cambio, de un amplio consenso político y social, así como del respeto a la premisa fundamental de que la principal riqueza de un país está en su población.
Fuente: La Jornada 17 de octubre de 2010

Ssa: el pago de atención mediante impuestos, siguiente paso en salud


Una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será una gran reforma para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales, afirmó el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Así adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero patronales para seguridad social; es decir, explicó Córdova, se podría desgravar la nómina. De esa manera los empresarios no tendrían esta carga y a la vez se podría favorecer el desarrollo del empleo. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, indicó.
El funcionario participó el jueves pasado en un seminario organizado por Funsalud, donde también comentó que la integración funcional del sector salud tiene la finalidad de hacer más eficiente la prestación de servicios con ahorros económicos, como los que ya se han obtenido en los pasados dos años por 800 millones de pesos, al postergar la prescripción de medicamentos de alto costo.
Señaló que en el primer semestre de 2011 se alcanzará la cobertura universal en salud, con la inscripción de 49 millones de personas al Seguro Popular. Quedará todavía un porcentaje mínimo de individuos que optarán por continuar atendiéndose en los servicios privados y lo siguiente será avanzar hacia la integración funcional del sector.
Explicó que en el futuro habrá un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.
No explicó si dicho paquete será como el que ahora otorga el IMSS para la atención de todo tipo de enfermedades, o el limitado al diagnóstico y tratamiento de las más comunes que ofrece el Seguro Popular.
La reforma mencionada, que de acuerdo con Córdova y dada la diversidad de aspectos que involucra, podría estar concretada en las siguientes dos décadas, incluye la creación de un marco normativo y contractual, con cambios a las leyes y la Constitución, así como adecuación de contratos colectivos y el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Salud (Ssa).
En su exposición ante funcionarios del sector y sus predecesores en el cargo, Guillermo Soberón, Jesús Kumate, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández y Julio Frenk Mora, el actual titular de la Ssa dijo que debido a la presente oferta diferenciada de servicios entre los tres principales esquemas de aseguramiento, es necesario buscar, como ya lo estamos haciendo, la homologación.
Dicha variabilidad se refleja en el tipo, calidad y calidez de los servicios, así como en su financiamiento. Una parte de los problemas por resolver, observados por Córdova, es la doble o triple afiliación. En Aguascalientes y Colima, donde se lleva a cabo un programa piloto para depurar los padrones de personas inscritas, se ha detectado que entre 6 y 8 por ciento accede a por lo menos dos de los organismos prestadores de atención médica.
En el camino a la homologación y dado el rezago en que se encontraban las clínicas y hospitales de la Ssa, se ha dado una elevada inversión en éstas, con mil 10 unidades médicas nuevas y 450 remodeladas. En lo que va de la actual administración se han invertido casi 21 mil millones de pesos y 3.8 mil millones en equipo, comentó el secretario.
En cambio, en el mismo periodo el Seguro Social apenas ha contado con el dinero necesario para tener 91 unidades médicas nuevas y 197 remodeladas, en las cuales se ha invertido 12 mil 200 millones de pesos y 1.4 mil millones en equipo.
A su vez, en el ISSSTE se han destinado 5.6 mil millones de pesos para la construcción de 39 unidades médicas nuevas y la remodelación de otras 121. Para la compra de equipo se ha erogado 0.9 mil millones de pesos.
Córdova también se refirió a otros aspectos, como el expediente clínico electrónico, para cuya concreción actualmente está en curso una licitación pública y el fallo se dará a conocer en los próximos días. Calculó que al término del gobierno calderonista se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema.
Fuente: La Jornada 17 de octubre de 2010

Falta decisión política para que el Seguro Social sea la base del sistema de salud: De la Fuente

En el Sistema Nacional de Salud faltan decisiones políticas para recuperar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como la base de un sistema universal de salud en el país, así como para terminar con la indefinición actual en que los servicios están descentralizados, pero el financiamiento depende totalmente de las autoridades federales, como en el Seguro Popular, advirtió Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud.
A su vez, el también ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Julio Frenk Mora, autor del proyecto de reforma a la Ley General de Salud que dio pie al Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular, señaló que el siguiente paso tiene que ser la construcción del Susalud (sistema universal de salud) en el que todas las personas tengan un seguro público médico, independientemente de su estatus laboral, con un paquete de servicios igual para todos.
El esquema tiene que ser público y disponer de un único mecanismo de financiamiento, a fin de crear la máxima agregación posible de riesgos para que haya solidaridad de los sanos con los enfermos, apuntó sin hacer referencia a los comentarios que antes hizo De la Fuente.
Ambos personajes participaron ayer en el seminario La salud de los mexicanos y Funsalud, organizado como parte de la conmemoración por el 25 aniversario del organismo creado por el también ex secretario de Salud Guillermo Soberón Acevedo, y la participación de 100 empresarios.
En el segundo y último día de trabajos, el foro congregó a quienes han encabezado la Ssa en los pasados 25 años, desde el propio Soberón hasta el actual titular, José Ángel Córdova Villalobos. Los ex funcionarios reconocieron la destacada participación que ha tenido la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) en el diseño de las políticas públicas del sector.
Desde ahí se planearon y discutieron con las autoridades sanitarias en turno varias de las estrategias actualmente vigentes, como la descentralización de los servicios de salud en los años 90, la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y del Instituto de Medicina Genómica, así como el establecimiento del mercado de medicamentos genéricos intercambiables.
Bajo el auspicio de Funsalud, Frenk Mora realizó la investigación Economía y Salud, que al cabo de los años se traduciría en lo que hoy es el Seguro Popular.
Cada uno desde su perspectiva, los ponentes reconocieron los avances que ha tenido el país en materia de salud, principalmente por la continuidad que ha habido de los programas, lo que a su vez ha favorecido la obtención de logros como las altas tasas de vacunación y la erradicación de enfermedades como la poliomielitis o el control de las principales vías de transmisión del VIH/sida.
Sin embargo, también advirtieron sobre los temas pendientes. De la Fuente señaló respecto a la Conamed, que ya deberían darse pasos hacia adelante para no quedarse como está. Llamó la atención que con el Seguro Popular, el sector se encuentra en una contradicción: Por un lado es un sistema federalista, descentralizado; pero por el otro, el principal financiamiento está centralizado.
Al respecto, el secretario José Ángel Córdova Villalobos, rechazó que esto sea así. Explicó que con la finalidad de garantizar la mejor eficiencia en el uso de los recursos, es indispensable que los estados de la República comprueben todos los gastos.
Si somos más eficientes en las entidades federativas, en la Federación no debe haber ningún problema. El dinero es para que lo gasten, pero como debe ser, de acuerdo con la ley, apuntó. Antes presentó los avances hacia la integración funcional del sector.
Para José Antonio González Fernández –quien estuvo al frente de la Ssa entre 1999 y 2000–, existe la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, mediante incrementos en sus percepciones, estímulos y reconocimientos a su desempeño. Lo anterior, con la finalidad de proteger a quienes a diario hacen realidad el derecho a la salud de los mexicanos. No se debe claudicar en ese esfuerzo, subrayó.


Fuente: La Jornada 15 de octubre de 2010

La conformación de sindicatos blancos, pingüe negocio al amparo de autoridades


La colusión entre autoridades del sector laboral, empresarios y seudolíderes sindicales ha permitido el crecimiento sin límites de los sindicatos de protección o blancos en México, que han construido monopolios que se volvieron prácticamente indestructibles y han hecho de la representación de los trabajadores un negocio que dejan millonarias ganancias.
Sin embargo, el origen de que 9 de cada 10 trabajadores estén en un gremio de membrete o blanco radica en el registro de sindicatos, que es otorgado por las autoridades federales y locales del sector laboral a los amigos o aliados, y restringido a quienes no les aseguran su complicidad.
El informe Contratación colectiva de protección en México, de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, plantea lo anterior y resume que en esta práctica participan organizaciones afiliadas a distintas centrales, como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Obrero Revolucionaria (COR), la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), entre otras, así como despachos de abogados laborales que operan por cuenta propia y cuyo caso más emblemático es el de Ramón Gámez.
Bajo estas prácticas, familias de seudodirigentes se designan secretarios generales de diversos gremios, sin elecciones y sin cumplir con la ley, y así han construido monopolios que se volvieron prácticamente indestructibles , señala el documento, en el que participaron abogados laboralistas como Alfonso Bouzas, la catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco Graciela Bensusán y la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM Aleida Hernández.
Los contratos de protección constituyen en México una práctica destinada a evitar los sindicatos democráticos, y aseguran a las empresas márgenes amplios de unilateralidad, y precariedad para los trabajadores, los cuales no tienen una representación legítima y en cambio padecen de bajos salarios, flexibilidad laboral o nulas huelgas, apunta el documento.
También detalla que la función básica de dichos contratos es abaratar el trabajo, a tal grado que se han convertido en uno de los mecanismos principales en el país para la concentración del ingreso y la riqueza, ya que las grandes empresas y consorcios se hacen de sindicatos de protección, a los cuales mediante una iguala mensual los seudorrepresentantes o líderes de los trabajadores les garantizan un control total sobre los mismos y posibilitan que la contratación colectiva responda a los intereses del patrón.
La investigación refiere que el punto de partida de los contratos de protección es el trámite del registro de los mismos y de las tomas de nota para los supuestos líderes. Se cuestiona: ¿cómo es posible que históricamente las autoridades laborales, a través de la Secretaría del Trabajo, hayan otorgado los miles de registros de sindicatos que hicieron posible los contratos de protección en México?, y ¿cómo y bajo qué condiciones y haciendo qué, líderes que no tenían el menor respaldo de las bases lograron ser reconocidos por la autoridad laboral?
Esto es porque aunque hay avances sustanciales en materia de acceso a la información, difícilmente existe en los archivos oficiales la documentación necesaria para asignar responsabilidades a los funcionarios y dependencias de la Secretaría del Trabajo, por el arbitrario otorgamiento de registro y tomas de nota de directivas complemente ajenas a los trabajadores.
Considera la investigación que esta práctica que se ha extendido tanto en México es un fraude a la ley; desvirtúa por completo el sentido de la contratación colectiva al convertirla en un instrumento de protección del empleador contra una auténtica sindicalización; impide la democratización de las organizaciones de trabajadores, y deja a éstos en estado de indefensión.
Concluye que la actual Ley Federal del Trabajo no sanciona esta práctica, pero la reforma laboral propuesta por el PAN tampoco la restringe y, por el contrario, la toma de pretexto para pretender controlar el ejercicio del derecho de huelga de las organizaciones verdaderamente democráticas.
Fuente: La Jornada 11 de octubre de 2010

Reactivar Mexicana implicaría recorte de 75% del personal; liquidaciones, en duda


El plan de negocios para el relanzamiento de Mexicana de Aviación significa no sólo un drástico recorte de personal (cerca de 75 por ciento de los empleados serían despedidos), sino el inicio de operaciones con nuevas relaciones laborales, es decir, sin los contratos colectivos de trabajo actuales.
Con ello, pilotos, sobrecargos y personal de tierra perderían múltiples prestaciones ganadas en los años recientes y que los colocaban como uno de los sectores mejor considerados entre los trabajadores que cotizan en el IMSS.
En tanto, los trabajadores advirtieron que la bolsa que tenían para hacer frente a esta suspensión de operaciones (desde el 28 de agosto pasado) está en condiciones críticas, porque ya no les pagaron la quincena correspondiente al 30 de septiembre.
Tripulantes y empleados en general se quejaron de la que la situación actual los ha dejado sin ninguna garantía; ello, porque no sólo se vieron afectados por una pésima administración de los anteriores accionistas, que adjudicaron la crisis al alto costo laboral, sino que ahora miles quedarán desempleados sin la certeza siquiera de ser liquidados.
Mientras se toma una decisión o se alcanza un acuerdo con los potenciales inversionistas, ya no les depositaron ni una cantidad mínima, como ocurrió en las dos quincenas anteriores.
El reclamo por la situación de la Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales Clik y Link es para el anterior accionista mayoritario (los trabajadores efectuaron el viernes una marcha y un mitin para protestar contra Gastón Azcárraga).
No obstante, desde hace cuatro semanas están en un proceso de negociación con los posibles inversionistas, como la única vía para evitar la quiebra de la empresa y reactivarla antes de que concluya el año.
Como se difundió, el punto que ha impedido la firma de las nuevas condiciones laborales es precisamente la supuesta falta de recursos suficientes para el pago de liquidaciones de más de 6 mil trabajadores, así como la forma en que procedería.
Por ejemplo, para el finiquito de los sobrecargos que serían despedidos (unos 925 de una plantilla de mil 300), los potenciales inversionistas proponen una bolsa de apenas 107 millones de pesos.
Asimismo se debe definir si ante el relanzamiento de esta acotada Mexicana de Aviación los finiquitos serían con base en el contrato colectivo de trabajo actual (bajo el concepto de liquidación) o si se aplica la figura de permiso sin goce de sueldo por un año, a la espera de que el nuevo negocio prospere. Sólo en caso de quiebra de la aerolínea se procedería a la liquidación con los pagos mínimos de ley.
Mientras tanto, pilotos, sobrecargos y personal de tierra, así como lo que algunos de ellos califican en las redes sociales como los afectados, expresan incertidumbre porque ya no cuentan por lo menos con el mínimo ingreso parcial. Hasta el 15 de septiembre a los pilotos les dieron cerca de 7 mil pesos, como salario; al personal de tierra, cifras variables, rondando los tres mil 800 pesos para los de más jerarquía, cantidad similar que recibieron los sobrecargos menos desafortunados.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dijo que no recibir salario no es sinónimo de estar despedido. En su cuenta de Twitter aseguró: Es un incumplimiento del patrón, pero la relación laboral permanece.
Fuente: La Jornada 3 de octubre de 2010

A la Ssa le urgen más recursos


A causa de las reasignaciones y restricciones presupuestales aprobadas por los diputados en 2009, los institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia trabajaron en este año con un déficit de mil 100 millones de pesos. Para cubrir las carencias y evitar la suspensión de cirugías, la Secretaría de Salud (Ssa) detuvo la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, cuya conclusión estaba prevista para este año.
También se suspendieron obras de remodelación y adquisición de equipos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en otros casos se ha tenido que bajar la velocidad en la edificación de la planta de vacunas de influenza del Laboratorio Biológicos y Reactivos de México, el laboratorio de alta seguridad del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, la torre de investigación del Hospital General Manuel Gea González y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
Así lo reconoció Fernando Chacón, director de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa. Para continuar con los proyectos originales que ya estaban previstos, las obras irían a paso lento y se requieren mil 400 millones de pesos, pero el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 prevé asignar solamente la mitad de ese monto, indicó.
Fuente: La Jornada 1 de octubre de 2010

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