Desechan revisión de amparo a mineros

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este martes desechar, “por improcedente”, el recurso de revisión al amparo que solicitó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana por la terminación de las relaciones de trabajo en la empresa Mexicana de Cananea.
El presidente de la segunda sala de la Suprema Corte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, resolvió que del análisis efectuado se advierte que en la demanda de los mineros no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general.
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 102 de la Ley de Amparo, el sindicato minero puede impugnar el acuerdo de la segunda sala mediante la reclamación para lo que cuenta con un término de tres días, que corre a partir del siguiente al que surta efectos la notificación.
En caso de que se interponga la reclamación, ésta deberá resolverse en un término de 15 días siguientes a su presentación por la segunda sala de la Suprema Corte.
El sindicato minero promovió un recurso de revisión contra la ejecutoria del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que negó a los trabajadores el amparo promovido del laudo el 14 de abril de 2009.
El ministro Aguirre Anguiano argumentó que del análisis efectuado a dicha resolución se desprende que se resolvió sobre la legalidad de un procedimiento especial de terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, por lo que no se advierte que contenga la interpretación de los artículos constitucionales.
Por ello, se declaró que “el tribunal pleno no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión” interpuesto por el sindicato minero.
El oficio A-440/2010 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se encuentra desde ayer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Fuente: La Jornada 31 de marzo de 2010

Activos de LFC, saqueados por contratistas, con anuencia oficial: Martín Esparza

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto sobre el amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) ha permitido y autorizado que se abran de par en par las puertas de la paraestatal para que las empresas contratistas saquearan camionetas, vehículos, maquinaria, herramienta, materiales como cable en rollo y demás.
El saqueo de estos bienes públicos representa un desfalco de millones de pesos al erario que está siendo aprovechado por estas empresas privadas, aseguró el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, y sostuvo que el director del SAE tendrá que rendir cuentas de ello ante los legisladores que integran la comisión especial para revisar el caso del SME en la Cámara de Diputados.
El dirigente explicó que el SME tendrá una reunión el martes próximo con los legisladores que conforman esta comisión, y ahí se presentará esta denuncia. También a esta mesa se llevarán pruebas de que aun cuando continúan diversos procesos legales de este conflicto, los cuales no se han resuelto en forma definitiva, el SAE, adelantándose a las resoluciones judiciales, ya firmó escrituras públicas para entregar en bloque todos los activos fijos y bienes muebles de LFC a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En conferencia de prensa, Martín Esparza presentó copia de dichas escrituras, y según aseguró, éstas se hicieron sin inventariar nada, sin cuantificar los bienes, sin hacer avalúos de los terrenos y edificios, ni de los bienes muebles, lo que está totalmente fuera de cualquier normatividad, según sostuvo.
Incluso comentó que además, en uno de los documentos notariados ya se otorga poderes a la CFE para que pueda realizar los cobros del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país.
Por estas acciones, que representan un desfalco y robo a la nación, no sólo deberá dar explicaciones el director del SAE, sino que se pedirá a los legisladores que emitan un punto de acuerdo para que éste comparezca en San Lázaro, al igual que los secretarios de Energía, Georgina Kessel; Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
Reinician movilizaciones
Por otra parte, informó que en los próximos días el SME reiniciará movilizaciones. Sólo que ahora serán de trabajadores que marcharán del interior del país al Distrito Federal. Además, van a llevar a cabo una gran movilización nacional con motivo del primero de mayo, Día del Trabajo, en reclamo de que se frene la política antilaboral de este gobierno, y se respeten los derechos de los trabajadores, consagrados en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
Señaló que el SME no está solo y ahora el gobierno federal ha logrado poner más organizaciones en su contra por la reforma laboral propuesta, en la que prácticamente se reconoce que los trabajadores mexicanos se tienen que resignar a perder prestaciones, derechos, y tener malos salarios, que es lo único que puede ofrecer este gobierno.
El plan de movilizaciones será aprobado este miércoles en la asamblea general convocada por el SME, la cual se llevará a cabo por la tarde en su sede gremial.

Fuente: La Jornada 31 de marzo de 2010

Las recontrataciones de Felipe

Al flamante subsecretario de Gobierno en Bucareli, el ex diputado panista Roberto Gil Zuarth, se le ocurrió una brillante idea para estrenar el hueso: desmentir tajantemente al inquilino de Los Pinos o, si se prefiere, ubicar en la realidad a los mexicanos y recordarles que las promesas calderonistas nunca trascienden el discurso. Este esforzado ex vicecoordinador del rebaño blanquiazul en San Lázaro tiró al basurero el compromiso "social" que el pasado 11 de octubre públicamente hiciera Felipe Calderón con motivo de la "extinción" (léase el decretazo) de la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, y la cancelación, de un plumazo, de 45 mil puestos de trabajo en el sector formal de la economía.

Resulta que esta joven promesa de la política nacional (a quien el inquilino de Los Pinos organizó –erario paga– sabrosa y bullanguera "comida de despedida" como diputado, y de paso para "agradecer" al rebaño panista en San Lázaro "las decisiones responsables que ha tomado en los momentos en los que se necesita") se aventó la siguiente puntada que tajantemente contradice el "compromiso" de su anfitrión: “hago un llamado al sector privado para que contrate a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pues la solución de este conflicto le corresponde a todos y no sólo al gobierno… insisto en que el tema es una cuestión social que su solución conviene a toda la sociedad; debieron apoyar en la contratación de los ex trabajadores, pues a todos conviene que ellos encuentren un futuro y con ellos se coadyuve a la reactivación económica… un llamado a los gobiernos de los estados en los cuales funcionó LFC, para que también participen en esquema de reinserción de trabajadores”. ¡Ole!

Excelente forma de estrenar chamba como cabeza visible en la Secretaría de Gobernación y amarrar su relación con el inquilino de Los Pinos: llamarle mentiroso a su patrón, lavarle las manos al gobierno calderonista y, de plano, apostarle a la falta de memoria, echarle la responsabilidad a la iniciativa privada, en particular, y a la sociedad, en conjunto, por el descarado incumplimiento de un compromiso que ella no hizo, sino Felipe Calderón.

Para darle contexto, el 11 de octubre de 2009 (en su "mensaje a la nación" y en su papel de sepulturero de paraestatales y fuentes de empleo) Calderón se comprometió, con motivo del decretazo, de la siguiente forma: "he dado las siguientes instrucciones: a la administradora (Comisión Federal de Electricidad), para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores (de la ya extinta Luz y Fuerza del Centro), a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional". A la mañana siguiente, el nuevo "administrador", Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE, celebraba que "a finales de la próxima semana más comenzarán a abrir el servicio de contratación para los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, recientemente extinguida". Y tan vertiginoso fue el proceso, que en diciembre del año pasado oficialmente se reconoció que sólo 3 por ciento de los 45 mil electricistas que de un plumazo Calderón echó a la calle “inició ya (…) su respectivo proceso de contratación para ingresar a la CFE”. Tres de cada 100, a quienes tampoco se les garantizó la chamba.

Dos días después Calderón reiteró: "hemos tomado también las medidas para atender con justicia, con responsabilidad a los trabajadores, respetando íntegra y pulcramente todos sus derechos, y otorgando una indemnización que está sustancialmente por arriba de la ley; además de proveer las medidas para poder recontratar al máximo número de trabajadores posible, de manera directa o indirecta, una vez que esté reorganizado operacionalmente el servicio". Por si hubiera duda el 14 de octubre, ante los industriales de la radio y la televisión, repitió: “…se cuenta con esquemas, ya sea a través de la recontratación de muchos de ellos, el mayor posible, bajo un nuevo arreglo institucional, o también, a través de la organización de pequeñas y medianas empresas proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad, integradas por los ex trabajadores, o bien otras empresas, que en cualquier actividad económica que ellos deseen serán apoyadas con asesoría y financiamiento por el gobierno”. El 16 de ese mismo mes: “… proteger íntegramente los derechos de los trabajadores del organismo, en ofrecerles indemnizaciones que prácticamente doblan a las que establece la ley y, además, por encima de eso, en brindarles todas las opciones laborales y productivas posibles para una reinserción pronta a la vida productiva”. Y así por unos días más, hasta que el discurso se desvaneció a la par que la oferta de recontratación del "mayor número".

Pues bien, casi seis meses después de aquel "compromiso" público, reiterado hasta el cansancio, brinca a la palestra la nueva cabeza visible en Bucareli para desmentir al susodicho, comunicar oficialmente que todo fue una broma, una promesa más de saliva, como acostumbra, que –entiéndase bien– la recontratación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro no es bronca del sepulturero de paraestatales, sino responsabilidad de la iniciativa privada y de la sociedad, que son ellas quienes deben tapar los cráteres políticos y sociales caprichosamente abiertos por el de las promesas de humor, y que, en fin, si saben contar que no cuenten con la palabra del inquilino de Los Pinos ni con la "administradora" (Comisión Federal de Electricidad), porque están ocupadísimos en la venta de garaje, privatizando el sector, regalando el tendido de fibra óptica, y procurando jugosos negocios para los amigos de los amigos, a costillas de la nación.

Las rebanadas del pastel

En conferencia de prensa (22 de enero), los colegas preguntan al carismático secretario del desempleo: "¿y cuántos trabajadores (de Luz y Fuerza) han sido o están en proceso de contratación?" Y Javier Lozano Alarcón responde: "miren, hasta este momento tenemos 2 mil 125 personas que están en proceso y, entonces, es muy temprano para decir cuántos de ellos al final se darán". La colegiza revira: "¿entonces hasta el momento no hay ningún contratado?" Y el simpático funcionario explica: "es decir, están en el proceso. Están en proceso", lo que en castellano simple quiere decir ni uno.

Fuente: La Jornada 29 de marzo de 2010

Represión en Juandhó

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Burócratas arremeten contra la propuesta panista de reforma laboral

Transgrede la autonomía de los sindicatos la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis Rodríguez Camacho, luego de sostener que esta iniciativa propone aspectos jurídicos que afectan a los trabajadores del apartado B, es decir, a los que están al servicio del Estado.
En cambio, para el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, la reforma a la Ley Federal del Trabajo busca modernizar el marco regulatorio para los sectores laboral y productivo, para generar mejores oportunidades de crecimiento, y sostuvo que el artículo 123 constitucional es intocable.
El dirigente sindical señaló que se creó un grupo de trabajo que analizará a fondo la iniciativa, para ver el alcance de las repercusiones jurídicas que tendría para los trabajadores del sector gubernamental los cambios que plantean los legisladores panistas, y no descartó que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presente su propia propuesta de ley.
Tras informar que el ISSSTE autorizará la contratación de 2 mil 500 nuevas plazas para este año, Rodríguez Camacho expuso que no están dadas las condiciones para que la reforma propuesta por legisladores de Acción Nacional pueda discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN toca aspectos como los estatutos de las organizaciones sindicales, con lo que obviamente no estamos de acuerdo y consideró difícil que se concrete pronto una nueva reforma laboral.
Madero, por su lado, llamó a no confundir a la opinión pública, ya que, dijo, la reforma propuesta no contiene ningún apartado de modificaciones al 123 constitucional, por ello no permitiremos que los detractores de esta modificación, traten de confundir a la población con argumentos sin sustento.
La reforma laboral es precisa y transparente, los posicionamientos de los diputados federales de Acción Nacional son claros y congruentes con la propuesta y sólo se busca modernizar el marco legal para mejorar las condiciones de empleo y de competitividad”.
Sostuvo que por lo que respecta a los trabajadores sindicalizados, la reforma incluye mecanismos de transparencia para que los agremiados tengan acceso e información de la situación que guardan las aportaciones de sus cuotas y para que tengan plena certeza del destino final que se les da.

Fuente: La Jornada 30 de marzo de 2010

La CFE corrompe al SUTERM para lograr la privatización: Martín Esparza

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas contratistas, con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.
Se trata de una compensación monetaria a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub.
Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que se puede legalizar el contratismo.
El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.
Calificó de esquirolaje lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.
En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.

Fuente: La Jornada 30 de marzo de 2010

El gobierno de Calderón mantiene a la baja la generación de energía eléctrica

El gobierno de Felipe Calderón ha reducido la generación de energía eléctrica por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sólo en 2008 incrementó 6.9 por ciento la ociosidad de sus plantas instaladas en el país, mientras que los productores privados aumentaron su participación en el mercado, al generar la mitad de gigavatios distribuidos por la paraestatal, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como resultado de la revisión al Informe de la cuenta pública 2008, la auditoría encontró que, en ese año, 87.5 por ciento de la capacidad instalada de la CFE estuvo disponible para generar energía, pero sólo operó 45.4 por ciento, lo cual refleja que 42.1 por ciento no se utilizó.

Al respecto, el diputado José Narro Céspedes (PRD) refirió que la administración calderonista persiste en la práctica iniciada en el sexenio de Vicente Fox Quesada de privatizar la generación de energía eléctrica.

"De acuerdo con la capacidad de generación comprometida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el periodo 2003-2008 la capacidad de generación comprometida disminuyó 74.1 por ciento", refirió en entrevista.

En una revisión de los informes de la ASF, a partir de las auditorías practicadas a la CFE y a la extinta Luz y Fuerza del Centro, Narro Céspedes sostuvo que a pesar de la deliberada disminución en la generación de energía, el sector eléctrico mexicano "se encuentra operando con niveles altos de márgenes de reserva".

En el periodo enero-junio de 2008 se registró un margen de reserva de 42.5 por ciento, mientras que el operativo fue 15.4 por ciento, lo cual representa –dijo– un superávit en la disponibilidad de capacidad de generación de electricidad. Esa situación, explicó, implica capacidad instalada ociosa que puede representar altos costos de producción.

Sobre este punto, en la auditoría que practicó la ASF a la disponibilidad de centrales de generación de la CFE, se detalló que durante 2008 la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a las perspectivas del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual explica los márgenes de reserva.

En una gráfica incluida en el informe, el órgano fiscalizador refirió que el consumo de energía programada para ese año fue de 206 mil 704 gigavatios, y el consumo fue de 196 mil 381.

Aun así, refirió, el gobierno echó a andar la construcción de cinco proyectos más de centrales generadoras de energía, con lo cual la CFE incrementará en 2 mil 239.2 megavatios su capacidad de producción, 4.4 por ciento más, entre marzo de 2009 y junio de 2012.

Durante 2008, refirió la auditoría, la CFE contó con un presupuesto de 79 mil 36 millones 920 mil pesos, con la finalidad de "contar con suficiente capacidad de generación de energía eléctrica, mediante un adecuado mantenimiento en su infraestructura para garantizar su operación en el SEN".

En el desagregado por tipo de generación, la ASF informó que las unidades hidroeléctricas tuvieron una eficiencia de 42.6 por ciento, las térmicas de 56.1 y las eólicas 34.2 por ciento.

En el caso de las hidroeléctricas, tuvieron una capacidad efectiva de generación de 88 mil 735.5 megavatios y sólo generó 37 mil 839, por lo que sólo utilizó 42.6 por ciento de la energía disponible.

Las centrales térmicas tuvieron una capacidad de generación de 194 mil 893.3 megavatios y generaron 109 mil 267, 56.1 por ciento; las eoloeléctricas 745.3 gigavatios y sólo produjeron 245, 34.2 por ciento. En total, la Subdirección de Generación de la CFE reportó una generación de 137 mil 13.7 gigavatios.

En contraste, los productores independientes –que además de generar la energía que consumen venden sus excedentes a la CFE– contaron con una capacidad de generación de 88 mil 108.01 gigavatios y produjeron 74 mil 232, una utilización de 84.3 por ciento.

Esto representó 50.4 por ciento de los gigavatios reportados por la Subdirección de Generación de CFE.

Fuente: La Jornada 30 de marzo de 2010

Programa Bitacora Mexicana sobre el SME 5/5

Programa Bitacora Mexicana sobre el SME 4/5

Programa Bitacora Mexicana sobre el SME 3/5

Programa Bitacora Mexicana sobre el SME 2/5

Programa Bitacora Mexicana sobre el SME 1/5

Los discursos y la realidad

Varias publicaciones y sitios de Internet brasileños publicaron una tabla comparativa entre FHC y Lula, presidente de Brasil. Citan todos como fuente a The Economist. Tomamos algunos ejemplos muy ilustrativos(ver tabla).
FHC son las iniciales del ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, quien compitió contra Lula en elecciones y perdió su relección. Fue el que vendió acciones de Petrobras en la Bolsa. Pero, ¿no nos suenan los datos un poco familiares? Tal vez el salario mínimo aquí, en lo que va del sexenio, sea un poco arriba de 100 dólares, y así en otros casos, pero sigue siendo una gran diferencia y nos ponen a pensar.
Y eso que no nos estamos metiendo con China e India, los países con primero y segundo lugares en ritmo de crecimiento en el mundo. Aquí hemos oído palabras que no corresponden a los hechos. Ya hemos hablado de la nueva refinería.
El 8 de octubre de 2008, entre la crisis y las reformas legales, el Ejecutivo hizo un planteamiento público: Propongo y anuncio el inicio de la construcción de una nueva refinería en el país. Dijo que se iba, del Fondo de Estabilización para la Inversión en Pemex, a disponer de 12 mil millones de pesos para la construcción de una refinería e infraestructura de la paraestatal. Y sostuvo que con esto podremos construir esa refinería iniciando ya el próximo año. O sea, 2009, y ya estaba ahí ese dinero. Y nada de nada. Ahora, tuvimos otra promesa con menos de la mitad del dinero de la vez anterior.
Eso llamó la atención. Pero nunca hubo, ni siquiera, promesas de nuevas universidades federales, ni de ampliación de las existentes. Y algo así con otros de los renglones que mencionamos. Se anuncia el cierre de las oficinas de México ante la Unesco, y que el embajador de México en Francia se va a ocupar del trato con esa institución educativa de las Naciones Unidas, en un acto de desprecio por la educación pública.
En el Distrito Federal por lo menos tenemos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 17 preparatorias.
¿Nuevas estaciones ferroviarias? Más bien hemos tenido un proceso de desmantelamiento de los ferrocarriles.
El dinero federal se destinó a rescatar y subsidiar a los banqueros, a aceptar que las mayores empresas no paguen impuestos, a crear más burocracia con mayores ingresos y prestaciones, y cosas así.
Tal vez se consideró que eso era normal. Ya llevábamos desde 1982 con los tecnócratas. Pero también podemos decir que ya tuvimos bastante, para el fin de este sexenio se cumplirán 30 años, además con la situación agravándose cada vez más.
En cualquier caso, el cambio de fondo urge ya. Y la tabla brasileña muestra que hay muchos cambios que son posibles.

Fuente: La Jornada 28 de marzo de 2010

El plan de acción será permanente: Esparza

Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, aseguró que el gremio insistirá ante el gobierno federal en la recontratación de los trabajadores liquidados de Luz y Fuerza y anunció que en adelante su plan de acción será permanente hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva en su favor.
Informó que el próximo miércoles, en su asamblea nacional, el SME resolverá sobre un punto de acuerdo para mantener permanentemente su plan de acción en demanda de la restitución de los empleos de sus agremiados.
Entrevistado tras participar en el evento del Movimiento Nacional por la Esperanza que encabeza René Bejarano, reveló que el pasado jueves entregó la propuesta de recontratación de los trabajadores al subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, con quien los diputados que encabezan el grupo plural para mediar en el conflicto buscarán una solución.
“Le entregamos a Gobernación una propuesta que ha aprobado nuestra asamblea nacional, que es la recontratación de los trabajadores en una estructura administrativa similar a la que tiene la Comisión Federal de Electricidad en otras divisiones, con base en la estructura vigente que posee, ya está entregada por escrito, la entregamos el jueves.”
Dijo que a través del grupo plural de legisladores explicarán las violaciones a la normatividad vigente en materia laboral, y añadió que la expectativa que tienen sobre la solución del conflicto tras la extinción de Luz y Fuerza es “que tenemos la razón jurídica, de que no hay antecedentes en el país de que de un día para otro se pierdan 46 mil 600 empleos y que te saquen con el Ejército y la PF en un contrato colectivo vigente, en una privatización política”.
En su participación en el acto político del Movimiento Nacional por la Esperanza, Esparza criticó la iniciativa de reforma laboral propuesta por el PAN; dijo que lo que se requiere son empleos permanentes y no los que ofrece “el imbécil de (Javier) Lozano”.
Asimismo, aseguró que su presencia en el acto del Movimiento Nacional por la Esperanza fue por solidaridad, porque esta agrupación ha enviado los últimos meses despensas para sostener los actos de resistencia que encabeza el SME.

Fuente: Milenio Hidalgo 29 de marzo de 2010

Sólo 2 de cada 11 trabajadores contratados por outsourcing lograron su base en 2009

Durante 2009 sólo dos de cada 11 trabajadores obtuvieron su base luego de haber sido contratados bajo el esquema de outsourcing por alguna de las firmas afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), que aglutina a 18 grandes compañías dedicadas al negocio de contratar personas para que laboren en otras compañías.
De acuerdo con datos de la asociación, el promedio de duración de los contratos eventuales para los trabajadores que no lograron colocarse de manera definitiva en la compañía que los subcontrató fue de siete meses.
La Amech precisó que al cierre del año pasado 195 mil 728 trabajadores fueron dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de contratos de outsourcing. De ellos, 160 mil 47 regresaron a la calle, mientras 35 mil 231 (18 por ciento) pasaron a ser de planta en la compañía que contrató a la tercerizadora.
A través del outsourcing (también conocido como esquema de tercerización o subcontratación), las empresas contratan a un tercero especializado para realizar actividades que no forman parte de sus habilidades principales, lo que les permite enfocarse en la parte o función principal de su negocio.
De acuerdo con especialistas, muchas empresas han abusado de este esquema para utilizarlo como forma de disminuir costos, pues pagan menores prestaciones a los trabajadores subcontratados y evaden las obligaciones laborales de los patrones.
Tal es el caso de los servicios que no requieren especialización o que forman parte del proceso productivo de la empresa, pero que de todos modos se contratan por fuera.
Héctor Márquez Pitol, director comercial de Manpower en México, Centroametrica y República Dominicana señaló en entrevista que la mayoría de las empresas que se dedican al suministro de recursos humanos no están debidamente reglamentadas, porque no están registradas ante el IMSS, u operan bajo la forma de cooperativas, por lo que no hay datos confiables sobre la cantidad de trabajadores contratados a través de ellas.
Sin embargo, señaló, no todas las compañías de outsourcing operan fuera de la ley.
Entre los requisitos que deben cumplir las compañías que deseen afiliarse a la Amech, dijo, están dictaminarse fiscalmente ante la Secretaría de Hacienda y el IMSS, así como cumplir con la Ley Federal del Trabajo y contar con un mínimo de 300 trabajadores inscritos en el Seguro Social durante su permanencia.
Las cifras del organismo privado (que abarcan sólo los servicios proporcionados por las empresas afiliadas) indican que el año pasado ocho sectores económicos ocupaban por lo menos la cuarta parte de los trabajadores contratados a través del outsourcing.
Indican que en el caso de los sectores social y de servicios, administrativo, de la construcción, de la industria farmacéutica y de investigación tecnológica los trabajadores subcontratados alcanzaron entre 20 y 26 por ciento de la planta laboral.
Del total de los empleados dedicados a la agricultura, silvicultura y pesca, 39 por ciento estaban subcontratados al término de 2009. En el sector de restaurantes y hoteles la proporción de subcontratados alcanzó 42 por ciento, y entre los empleados del sector gubernamental fue de 37 por ciento.
Las entidades federativas con mayor demanda de trabajadores fueron Distrito Federal, estado de México, Guadalajara, Monterrey y Chihuahua.
Los puestos para los que las empresas requirieron más personal fueron los de demostradores (con un sueldo de entre 3 mil y 4 mil 500 pesos), promotores de ventas (entre 4 mil y 5 mil pesos), atención a clientes (entre 4 mil 500 y 7 mil 500 pesos), operativos (entre 3 mil 500 y 6 mil pesos) y puestos administrativos (donde se ofrecieron los salarios más altos, que oscilaban entre 7 mil y 12 mil pesos).
Por niveles de edad, 33 por ciento de los contratados estaban entre 21 y 25 años; 26 por ciento, entre 26 y 30 años y 24 por ciento entre 31 y 45 años.
De los menores de 21 años 10 por ciento lograron obtener empleo, y sólo 8 por ciento de los mayores de 45 años se pudieron colocar.

Fuente: La Jornada 29 de marzo de 2010

SME: avanza privatización del sector eléctrico

Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), advirtió que la expedición de tarjetas de prepago para la compra de energía eléctrica es parte del proceso de privatización del sector, y confió en que la Cámara de Diputados tomará medidas al respecto.
Adelantó que esta semana el SME impulsará un plan de acción hasta que se cumplan sus demandas, en particular la recontratación de los 18 mil electricistas que aún no han sido liquidados, y dijo que la Suprema Corte de Justicia les dará la razón.
Al asistir a una asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza, que encabeza René Bejarano, insistió: lo anterior forma parte de la política económica que se dicta desde desde Estados Unidos, la Unión Europea y la zona asiática.
Alertó a los asistentes al encuentro, realizado en el Teatro Metropólitan, que en los próximos días van a querer remplazar los medidores de energía por los de prepago, para que si tienes dinero puedas comprar la tarjeta y kilovatios. Si no tienes dinero, prácticamente no tendrás luz.

Fuente: La Jornada 29 de marzo de 2010

La reforma laboral panista aniquila derechos "que valen oro": investigador

La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón mediante legisladores del PAN legaliza la venta del trabajo por conducto de las empresas outsourcing, pone requisitos para hacer imposible el registro de nuevos sindicatos, pretende arrebatar los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, quita la estabilidad en el empleo, elimina el pago de tiempo extra y vulnera la jornada laboral de 8 horas.
Al hacer un análisis de la reforma, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la UNAM, señaló lo anterior y dijo que ésta propone que los trabajadores claudiquen en su reclamo de pago de salarios caídos durante huelgas prolongadas. Además, abundó, plantea que los empleados sólo podrán ser contratados de planta cuando cumplan tres años de servicio y viola el derecho de huelga, ya que impone tantas trabas que hará imposible un estallamiento.
Respecto de los señalamientos oficiales de que los cambios permitirán mayor competitividad y productividad, dijo: se están cambiando cuentas de vidrio por derechos que valen oro.
La intención de acabar con las conquistas laborales, opinó, es un objetivo del actual gobierno, el cual tiene planeado eliminar el seguro de maternidad por caro y enviar a todas las mujeres a que atiendan sus partos mediante el Seguro Popular.
Explicó que al parecer la propuesta tiene como finalidad poner una cama de oportunidad para atraer inversión privada ofreciendo salarios castigados y pérdida de derechos de los trabajadores. Asimismo, empleados dóciles que puedan ser fácilmente despedidos; que no puedan, por ejemplo, declararse en huelga, que no puedan crear nuevos sindicatos. Es una reforma anacrónica, sostuvo.
En su opinión, “es una gran mentira que no se reforma el 123 constitucional, ya que ese precepto sería violentado con toda la iniciativa. Muchos cambios son abiertamente ilegales.
Parece una burla la declaración de que el pago por hora se determinó para contratar estudiantes. Lo que está bajo esa propuesta es tener empleados muy baratos, sin pago de prestaciones ni seguridad social.
E. Méndez y R. Garduño
La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo es un paso a la modernidad que permitiría evitar huelgas y si éstas estallaran resolverlas lo más pronto posible, mientras en los sindicatos la elección abierta de sus dirigentes evitaría que fuera necesaria la toma de nota, aseguró el diputado José Gerardo de los Cobos (PAN).
El abogado panista, perteneciente a El Yunque en Guanajuato, quien presentó la iniciativa hace dos semanas, reconoció que el documento fue elaborado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el contenido fue informado a Los Pinos.
En entrevista, dijo: el Presidente es del PAN y esta bancada también. Tenemos comunicación, y claro que coincidimos en los criterios torales de la iniciativa.
Ante el rechazo de los principales sindicatos del país, así como de diputados de PRI y PRD que tienen a su cargo organizaciones como la CTM, la CROC y el Sindicato de Telefonistas, aseguró: entiendo que algunos líderes tienen temor y resistencia al cambio.
Sin embargo, sostuvo que en su proyecto no hay una sola propuesta que afecte a los gremios. Aseveró: “no se puede aducir que una reforma en favor de los trabajadores sea contra los sindicatos. ¡Por Dios!, si no están de acuerdo, que rebatan los cambios propuestos.
Entiendo que no les guste que los trabajadores tengan derecho a saber en qué se usan sus cuotas, pero que me lo digan, que lo defiendan en la tribuna.
–¿Su intención es democratizar liderazgos como los del SNTE y el sindicato petrolero?
–Que se renueven con el voto secreto. Es un derecho universal que los trabajadores voten en libertad. Proponemos que haya un registro público de sindicatos, de sus estatutos, de los dirigentes, para saber quién está al frente.
–¿Por qué no propone desaparecer la toma de nota, que se usa como instrumento del gobierno para chantajear a los sindicatos?
–Con la reforma no es necesario. Hay un tabú sobre la toma de nota. Es una cuestión administrativa que no tiene peso constitucional, pero que se politiza. Si llegamos a ese esquema de elección libre, esa figura ya no tendría razón de ser.

Fuente: La Jornada 29 de marzo de 2010

Especialistas, contra la propuesta panista

Especialistas coincidieron en que la reforma laboral propuesta por el PAN no busca la calidad de los empleos sino “flexibilizar” la contratación y el despido que sólo beneficia a los empresarios.
Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM, aseguró que actualmente “se contrata como sea, se les paga lo que sea, ¿dónde está la inflexibilidad? Da la impresión de lo que se trata es de darle legitimidad a lo que es una mala fantasía del sector empresarial de abaratar el despido”.
Contrario a lo que dice el secretario del Trabajo, Javier Lozano, el mercado laboral mexicano es “el más flexible”, toda vez que 30, o incluso hasta 50 por ciento de la población activa lo hace en la informalidad.
Entrevistado durante el foro Diálogos del Bicentenario hacia un México Social, realizado en la Universidad de Guanajuato, el catedrático insistió en que la reforma laboral beneficia sólo a los empresarios que “quieren todo y gratis”.
En tanto, Fernando Patrón, director del Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato, explicó que la reforma laboral del PAN tiene el objetivo de “flexibilizar la contratación y despido, las jornadas de trabajo, reducir los costos laborales, mayores márgenes de decisión de las empresas para la formación de recursos humanos”, olvidando a los trabajadores.
Aunque se diga que busca dinamizar el mercado laboral, el “problema” es que son medidas de “corto plazo” y se está olvidando discutir la política del salario, como la viabilidad de seguir teniendo una Comisión de Salarios Mínimos.
Descalificó que se piense que las reformas “por sí solas” son suficientes para estimular una mayor productividad de las empresas, porque no “sólo se trata de generar empleos, sino la calidad” de los mismos.
Patrón aseguró que la reforma impulsada por el secretario del Trabajo es un “intento desvinculado que sólo ve un lado de la moneda”.
Cordera insistió en que se requiere más bien de una economía que realmente genere empleos, e instituciones que den trabajo digno a los mexicanos o “mínimamente seguro”.
Incluso, dijo, si se busca “abaratar” el despido, una manera de concretarlo sin vulnerar la economía de los trabajadores es el seguro de desempleo, para que cuando alguien pierda el trabajo no sea como “perder la vida”.
Por otra parte, Luis Bueno Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que el outsourcing está presente en las relaciones laborales de manera ilegal y lejos de combatirlo, la reforma laboral del PAN pretende legalizarlo, lo que vulnera a los trabajadores.

Fuente: La Jornada 28 de marzo de 2010

Electricidad: servicio público o negocio de particulares

Como una forma de hacerse de recursos financieros y de lograr supuestas mejoras operativas en el suministro energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido promoviendo el lanzamiento de un sistema de prepago, que operaría de manera similar a la compra de tiempo-aire para teléfonos celulares, y para lo cual la paraestatal planea concluir, en este año, con la sustitución de un millón y medio de nuevos medidores. A lo anterior se suma la distribución, desde principios de este año, de un monedero electrónico entre los usuarios de este servicio, con el cual se podrán efectuar compras en las empresas afiliadas y acumular puntos; la mitad de éstos se destinarán de forma automática al pago del servicio, y el resto podrá ser utilizado para realizar compras en establecimientos comerciales afiliados al programa.
El mecanismo anunciado reviste aspectos por demás cuestionables. Por principio de cuentas, no pueden soslayarse los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el sentido de que la instalación de los nuevos medidores constituye una violación a los derechos de los usuarios, por cuanto implica una modificación arbitraria e inconsulta en el sistema de cobro. Es claro, por lo demás, que el cambio de estos aparatos implicará una importante erogación de recursos públicos por parte de la compañía paraestatal, y es de suponer que estos gastos habrán de ser trasladados a los usuarios, de por sí afectados en su economía por el deficiente servicio de la CFE y por el retiro de subsidios federales a las tarifas eléctricas.
Por añadidura, la sustitución de los medidores de la CFE ha provocado cuestionamientos sobre si dicha disposición se debe en efecto a un proceso de modernización y de mejora en las operaciones de la paraestatal, o bien a un designio de procurar oportunidades de negocio para empresas privadas. Son significativas, al respecto, las denuncias realizadas por el propio SME en el sentido de que el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro había concretado, antes de su extinción por decreto presidencial, la compra de un millón y medio de medidores a la compañía IUSA –asociada de la estadunidense General Electric y encargada de la sustitución de estos instrumentos de medición–, los cuales se quedaron en bodegas de la empresa que, por cierto, requería al año solamente unos 500 mil aparatos de ese tipo para hacer remplazos.
Por lo demás, la venta de publicidad en los recibos de luz, y la aplicación del programa monedero electrónico para la compra en distintos comercios, son medidas que se explican por una concepción pragmática y mercantilista de las autoridades sobre ese servicio público estratégico.
En suma, resulta exasperante que las autoridades federales se empeñen en sostener que las decisiones adoptadas en los meses recientes en el ámbito del suministro eléctrico, entre las que se cuentan la desaparición de LFC y la decisión de licitar dos hilos de la vasta red de fibra óptica de la CFE, obedecen exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan, en cambio, hablar sobre las implicaciones que esas medidas tendrán sobre un bien público que representa, según puede verse, un atractivo botín para particulares nacionales y extranjeros.

Fuente: La Jornada 28 de marzo de 2010

Acoso laboral en Francia

París. El viernes 26 de marzo, tras ocho sesiones de la cámara patronal con los cinco principales y representativos sindicatos franceses, se llegó a un acuerdo sobre el problema del acoso en el trabajo.
Los sindicatos, en orden de importancia numérica y electoral: CGT (Confederación General de Trabajadores, comunista), CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo, socialista), FO (Fuerza Obrera, radical de izquierda), CFTC (Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, centro izquierda) y CFE-CGC (Confederación Francesa de Cuadros, centro-derechista, sindicato de profesionistas) querían que se inscribiera en el acuerdo obrero-patronal que ciertas formas de organización del trabajo y de administración del personal provocan en sí mismas violencia y acoso. Hasta que la parte patronal aceptó este enfoque, aunque rechazando mencionar la “organización del trabajo “ para sustituirla por “ modos de administración y de funcionamiento de la empresa “ como responsables de los fenómenos de acoso y violencia en el trabajo, debiendo “prevenir mejor esas conductas, reducirlas y en lo posible eliminarlas “, fórmula que satisfizo en general a los sindicatos.
Cabe señalar que en Francia existen las figuras de “acoso sexual y acoso moral. Por cierto que, desde 2002, la víctima de acoso sexual no tiene que demostrar su falta de consentimiento: es el victimario quien debe demostrar el consentimiento. En cuanto al acoso moral, se considera como tal las conductas que tienen por objeto degradar las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos y la dignidad del trabajador, de alterar su salud física o mental o comprometer su futuro profesional y no puede ser sancionado, despedido, discriminado, directa o indirectamente, en su remuneración, clasificación, promoción, mutación o renovación de contrato por haber padecido, rehusado padecer, por testimoniar o delatar dichas conductas.
¿Cuándo México tendrá un abanico de sindicatos representativos que protejan además del salario y la estabilidad en el empleo, la dignidad y salud mental de trabajadores y empleados del sector privado pero también y sobre todo del público?

Fuente: La Jornada 28 de marzo de 2010

No pasará la reforma laboral del PAN: diputados priístas

Los dirigentes obreros que integran la bancada del PRI en la Cámara de Diputados colocaron una lápida sobre la iniciativa de reforma laboral impulsada por el PAN y el gobierno federal. Ya no camina. Hubo un acuerdo para que no pase. ¡Ahí se quedó! Está en contra de sindicatos y trabajadores, toda vez que violenta la autonomía de éstos. Está en contra de la contratación colectiva y el derecho de huelga.
Al suscitar controversia entre el gobierno federal, el PAN y el PRI, la propuesta fue sometida a consideración de la fracción parlamentaria que domina en San Lázaro, y quienes forman parte del sindicalismo orgánico rechazaron incluso su análisis y dictamen.
Tereso Medina, presidente de la Comisión de Trabajo, descalificó el proceso de registro de la iniciativa en San Lázaro: Esa actitud la considero muy ligera. Se presentó sin la seriedad que se debe trabajar una ley tan delicada como esa y se propuso sin estar en el orden del día.
–¿El PRI ya determinó el rechazo definitivo?
–Se ha encargado que los diputados obreros velemos por la autonomía sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga. No tenemos prisa por revisar algo tan delicado, y no vamos a trabajar al ritmo del PAN. Esta iniciativa defiende a los patrones y está contra los trabajadores.
También el dirigente cetemista por el estado de México, Armando Neyra, adelantó que su partido elaborará una iniciativa de ley distinta a la panista. Nosotros, como sector obrero, vamos a hacer la nuestra, la de la CTM, y que el PRI la haga suya, porque la que se presentó no cumplió con el procedimiento. No la recibieron la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política y la secretaría general. Además, no estaba en el orden del día. Elimina totalmente el artículo 123 de la Constitución y el acuerdo en las mesas de trabajo de la comisión fue que no se iban a tocar la autonomía sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga, y se hace.
–¿Qué temas impulsarían como dirigentes obreros?
–Primero que se cumpla la ley como está, que nos digan los más de 400 artículos que quieren reformar, en qué afecta al sector empresarial. Quieren quitar el tiempo extra, la autonomía sindical, es decir, el derecho a sindicalizarse, y nosotros preguntamos en qué afecta.
–¿Entre otras propuestas del panismo está que se regulen las empresas outsourcing, de subcontratación?
–Deben desaparecer, pues son las que han quebrado al país. Un empresario grande crea 10 empresas chicas y hace aparecer que la grandota no gana y que las chiquitas menos. Entonces subcontrata. Eso es lo que está pasando. No hay seriedad de los inversionistas.
–De los sindicatos se desprende la idea de opacidad y que no responden a los intereses de los trabajadores –se le insistió.
–¡No! A quien debemos informar es a los trabajadores. Creo que se refieren al sindicato petrolero, al de la CFE, a los que constituyen los que dan servicio al Estado, porque manejan dinero público. En serio es injusto.
Para el líder del sindicato de músicos, Armando Báez, los dados están marcados desde la CTM. De entrada no estamos de acuerdo en que se metan en la autonomía sindical, porque las cuotas no vienen del gobierno federal, sino de los trabajadores. No estamos obligados a rendir cuentas a nadie más que a nuestro gremio. El derecho de huelga también lo quieren minimizar cuando vemos que están agrediendo a los empleados y nosotros no estamos de acuerdo por el lineamiento de nuestro máximo líder en el Congreso del Trabajo, Joaquín Gamboa Pascoe.
También Isaías González, dirigente de la CROC, expresó que su partido presentará una iniciativa distinta a la panista, que contendrá un capítulo para que la capacitación sea obligatoria. Cada día los trabajadores pierden poder adquisitivo. Sabemos que desde 1982 tenemos un rezago salarial de 50 por ciento en los sueldos mínimos y de 70 por ciento en los de manufactura. Cada día se va haciendo más pobre la gente.
–¿Cómo van a responder las dirigencias obreras al reclamo de los trabajadores para que se mejoren sus condiciones de vida?
–Tenemos que dar difusión a la problemática para tener conciencia de cuál es el reto. Los trabajadores no hacen tanto caso al incremento de los salarios. Ahora lo que quieren es mantener el trabajo.

Fuente: La Jornada 28 de marzo de 2010

Sí a la reforma laboral, no a ésta

Si nos preguntáramos acerca de la necesidad de realizar cambios a la Constitución y a la legislación laboral, la respuesta sería que sí. Necesitamos una reforma estructural en el mundo del trabajo que modifique la relación de control, subordinación y simulación existente entre trabajadores, sindicatos, empresarios y gobiernos.
Requerimos de una reforma al modelo laboral que incremente la productividad, sin perder de vista que ella depende en buena parte de la inversión de capital y la introducción de nuevas tecnologías, no de abaratar aún más el trabajo. No cabe duda, es necesario generar empleos formales, con seguridad social, bien remunerados y pago de impuestos. Por esto no queremos una reforma orientada a la precarización, a la fijación unilateral de las condiciones de trabajo y a la indefensión obrera.
Urge una reforma laboral que permita mejorar los salarios, incluyendo el mínimo, por la simple razón de que son insuficientes para vivir con elemental dignidad, no una reforma que parte de la premisa de que el costo salarial es excesivo y que es necesario abatirlo aún más a través del despido libre, la reducción de estabilidad laboral, la supresión de garantías procesales y la contratación por horas, sin la obligación del pago proporcional de prestaciones.
Necesitamos eliminar la discriminación por razones de género y no aceptar cambios engañosos que afirman prohibir y castigar conductas ya tipificadas en la ley vigente (artículo 51 fracción II). La mejor manera de evitar estos abusos es permitir a los hombres y mujeres organizarse y defenderse libremente. No discriminar implica respetar el principio de igualdad ante la ley, suprimiendo los apartados de excepción que lesionan a los servidores públicos, de confianza, subcontratados, honorarios y demás indocumentados laborales.
Pugnemos por un sindicalismo democrático y autónomo que responda a la voluntad de sus miembros, a las necesidades de las fuentes de trabajo y a las exigencias del país; no por una iniciativa que preserve el corporativismo y que incremente la hegemonía del sector empresarial, diseñando medidas que buscan debilitar al sindicalismo real, como suprimir el descuento de cuotas, limitar su radio de acción y obstaculizar su registro y toma de nota; en el sindicalismo de protección patronal el empleador paga cantidades mayores que las propias cuotas. Entendemos que la suerte de la libertad sindical y la contratación colectiva están íntimamente vinculadas, que un esquema de concertación colectiva es la clave para lograr una flexibilidad laboral racional, adecuando las disposiciones generales de la ley a las exigencias particulares de la industria y los servicios; que en México, la contratación colectiva está viciada, porque los patrones deciden la organización sindical que debe existir en una fuente de trabajo, y por ello es necesario crear condiciones para fortalecer la negociación colectiva a nivel de centro de trabajo, de rama o de región, en un esquema de diálogo social, como opera en países altamente productivos y democráticos. De ninguna manera estamos de acuerdo con un proyecto que secuestra aún más estos derechos colectivos, ampliando los contratos de protección patronal e impidiendo de manera absoluta la posibilidad que tienen los trabajadores de optar por un sindicato distinto al que originalmente les impuso el patrón. Nos queda claro: la iniciativa Lozano busca que todos los contratos colectivos en nuestro país sean de protección patronal.
El país reclama un sistema de justicia sustentado en tribunales de pleno derecho, que resuelva con imparcialidad y prontitud los conflictos laborales, tanto en el plano individual y colectivo y no preservar las Juntas de Conciliación y Arbitraje que son juez y parte, son lentas y costosas y en ellas priva la voluntad del Poder Ejecutivo tanto a escala federal como local. No estamos de acuerdo con un proyecto que preserva estas instancias viciadas y parciales que generan temor entre trabajadores y patrones, sobre todo entre los pequeños y medianos empresarios. No coincidimos con el absurdo planteamiento de hacer pagar esta responsabilidad a los trabajadores con un límite de hasta seis meses de salarios caídos, cuando el problema de fondo está en garantizar que los juicios se resuelvan con rapidez, ya que la tardanza es imputable al sistema de justicia vigente.
Debemos aprender de las experiencias exitosas que se dan a escala internacional, porque han logrado sistemas altamente productivos, a partir de esquemas de protección social como el seguro de desempleo, la seguridad social universal y el derecho a la formación profesional, necesarios para compensar la flexibilidad laboral y los periodos de desempleo. Debemos escuchar a la academia, a los especialistas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha formulado severos reclamos a nuestro gobierno por no cumplir con diversos convenios internacionales, especialmente el 87 y el 98 en materia de libertad sindical y contratación colectiva. Obviamente, una ley debe atender los compromisos asumidos con la comunidad internacional. Rechazamos un proyecto elaborado por abogados litigantes del sector empresarial, que aprovechando la oportunidad que les ofreció el gobierno federal buscan imponer un modelo acorde con su reducida visión e intereses, alegando que es la única vía para lograr más empleo y productividad.
Necesitamos que el Congreso de la Unión convoque a la discusión que los autores de la iniciativa han negado, para oírnos unos a otros, dando voz a la gente. Un modelo laboral justo y competitivo, que concilie libertad sindical con responsabilidad, productividad con distribución de beneficios, y flexibilidad con protección social, es el mejor camino.
P.D. Por gestión patronal y en razón de su importancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los casos de la toma de nota de Napoleón Gómez Urrutia y la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por congruencia, debería revisar la inconstitucional resolución sobre la huelga de Cananea.

Fuente: La Jornada 27 de marzo de 2010

Preparan en el SME acción "contundente y riesgosa" para recuperar sus empleos

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) prepara para los próximos días una acción contundente, riesgosa, para avanzar en el propósito de recuperar su fuente de empleo y demostrar la ilegalidad del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Los electricistas reiteraron que su movimiento de resistencia es pacífico y respetuoso de las leyes. Sólo piden que se reconozca su contrato colectivo y se les reincorpore en sus labores.
Un censo elaborado por el gremio indica que de una plantilla de más de 44 mil trabajadores que había en el organismo, 17 mil 247 no han aceptado su liquidación, la mayoría de los cuales tenían puestos especializados en las áreas de distribución y transmisión, pero también hay una franja importante de electricistas procedentes de puestos con remuneraciones menores. En promedio –señala–, los trabajadores en lucha tienen entre 18 y 24 años de antigüedad. Todos ellos están por cumplir medio año sin cobrar salario, porque antes del decreto del 11 de octubre de 2009 les adeudaban sueldos y prestaciones.
En los documentos entregados por el SME al gobierno federal se precisa que, de acuerdo con los cálculos de la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, se adeuda a los trabajadores unos 637 mil millones de pesos.
La suma es muy alta, dijo a este diario un integrante del comité central del SME que elaboró este diagnóstico: “Imaginemos el nivel de jineteo a esa cantidad millonaria; es dinero que corresponde a los electricistas por concepto de pago proporcional de aguinaldo, fondo de ahorro y una semana con tres días devengada hasta el día del decreto ilegal, entre otras prestaciones que el gobierno se ha negado a liberar”.
En la semana que concluye, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la solicitud de amparo del SME respecto al referido decreto presidencial, al tiempo que están en curso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas por despido injustificado.
Un sector de electricistas, alterno al grupo de Esparza, promueve demandas por recontratación en la Comisión Federal de Electricidad, empresa que tomó la operación del suministro de energía en la zona central del país y, por tanto –afirman los demandantes– se convirtió en patrón sustituto, figura prevista en la ley.
En ese contexto, el pasado miércoles el SME entregó a la Secretaría de Gobernación una propuesta para que los cerca de 18 mil empleados que no han cobrado su finiquito se hagan cargo –a través de una contratación colectiva con el sindicato– del servicio público de energía eléctrica en el área señalada, como alternativa para solucionar el conflicto de manera política.
Mientras tanto, los trabajadores se reunieron ayer en asambleas departamentales, seccionales y divisionales para determinar las acciones a tomar en los próximos días. Será un paso contundente, ciertamente riesgoso, pero firme, hacia la construcción de la victoria, señalaron los dirigentes consultados.
Entre las acciones previstas se incluyen nuevas gestiones administrativas, que se sumarían a la solicitud de amparo que analiza la SCJN respecto a la ilegalidad del decreto emitido por el Presidente Felipe Calderón.

Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2010

Se extingue LyFC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una responsabilidad muy grande, esa responsabilidad es hacerle justicia al SME haciendo repestar la Constitución. Sin embargo va a ser díficil que el fallo de la SCJN sea a favor del SME los intereses detrás de la desaparición de LyFC son muy grandes, recientemente se unierón para luchar por la licitación de la fibra óptica las empresas: Televisa, Telefonica y Megacable. Además debemos de tomar en cuenta que Televisa compró el 30 % de Nextel. Las cantidades que se mueven son de miles de millones de dólares y que dichas empresas estan decididas a todo, además debemos de tomar en cuenta que deben tener algún tipo de acuerdo con la autoridad; nadie y sobre todo en México invierte tanto si no tiene algún tipo de seguridad. A esto habrá que sumarle que los Secretarios de Gobierno y del Trabajo no se han movido de su postura de que la extinción es un hecho consumado y que no se negociará. Claro que eso no es hacer política ya no digamos sus respectivas funciones como secretarios. Por último no debemos olvidar que también se privatizará CFE mediante contratos para dar mantenimiento y generar energía. Otro jugoso negocio. Por todas estas razones y por ninguna razón legal se podría dar un fallo adverso al SME. Si lo pensamos eran empleados especializados y experimentados que trabajaban con equipos obsoletos, como las empresas que ahora van a dar el servicio van a conseguir los mismos trabajadores con ese nivel de experiencia y capacitacion si no existe ninguna otra empresa que tenga empleados con ese nivel o ya están trabajando en CFE, o en algunas de las empresas que brindan servicios a CFE por lo que contratarán gente sin conocimiento y experiencia y se desperdiciará todo ese talento que se pago con recursos públicos, eso si es anti económico eso si es desperdiciar recursos y ser ineficientes. No olvidemos jamas que no es el objetivo de las empresas públicas generar ganancias sino redistribuir el ingreso brindado servicios al menor precio posible para apoyar a las familias, objetivo que venía logrando por el lado del precio aunque no del lado de la calidad. Sin embargo el estado se nego a invertir recursos a un servicio que beneficia a la población, con el argumento de siempre no hay dinero, lo íncreíble es que siempre hay dinero para salvar a los bancos o las carreteras.

Exige UNT anular la toma de nota

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) advirtió que la iniciativa de reforma laboral del PAN “no pasará”, y anunció que presentará una propuesta en la que contempla desaparecer la toma de nota y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM).
Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la organización y diputado del PRD, reveló que existe un acuerdo unánime entre la diputación obrera de todos los partidos, incluido el PRI, y dirigentes del Congreso del Trabajo para rechazar la propuesta del PAN y construir una alternativa.
Incluso, precisó que después de Semana Santa presentarán su propuesta que contempla la protección del empleo, desaparecer la toma de nota y la CNSM, así como sacar las Juntas de Conciliación de la Secretaría del Trabajo.
Dicha iniciativa, agregó, busca actualizar los más de mil artículos de la Ley Federal del Trabajo.
“Se proponen modificaciones al artículo 123, como desaparecer el Apartado B, la Comisión de Salarios Mínimos (sic), considerar los derechos laborales y los derechos humanos; un rediseño de todas las estructuras o instituciones laborales, sacar las Juntas de Conciliación de la secretaría, quitar la toma de nota que se ha utilizado como un instrumento de chantaje y represión contra las organizaciones”, puntualizó.
Hernández Juárez reiteró que la iniciativa del PAN “no pasa, pues es una fórmula que quiere insistir en el modelo neoliberal, que ha sido un verdadero fracaso. Lo de la reforma laboral es el mismo modelo, es la misma fórmula y yo no sé la necedad de insistir en un proyecto que no funciona para el país”.
Dijo que México es uno de los países con los más bajos salarios del mundo, y como ya no los pueden “exprimir” ni las prestaciones ni las jubilaciones, ahora buscan que las empresas puedan despedir a los trabajadores con hasta tres años de antigüedad sin ninguna obligación y pagar por horas, a fin de realizar contrataciones de la mitad de la jornada laboral.
“Quieren esclavos, no quieren trabajadores”, acusó.
El dirigente de la UNT expuso que la propuesta que presentarán estará basada en un proyecto que han trabajado desde hace tiempo y que fue presentada en la 58 Legislatura y que está en proceso de actualización.
“Sí ya en este momento hay (coordinación entre PRD y PRI) Se acordó, por unanimidad, rechazar la propuesta del PAN, el proyecto Lozano, y armar una propuesta alternativa. Se propuso la integración de un grupo plural, especial de la Cámara que, con los diputados de todos los partidos y dirigentes sindicales, se arme una propuesta alternativa”, reiteró.
Por separado, dirigentes y activistas de la UNT se manifestaron ayer a las puertas de la Cámara de Diputados y expresaron su rechazo a la iniciativa de reforma laboral del PAN.
Encabezados por los contingentes del SME y del STUNAM, los manifestantes advirtieron que la propuesta panista está “contaminada” con los prejuicios del secretario del Trabajo y carece de un verdadero interés para mejorar las condiciones laborales en México.

Fuente: Milenio Hidalgo 26 de marzo de 2010

Si tiene pruebas que las presente: SME

Los sabotajes denunciados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se deben a la falta de pericia de sus operadores así como por la anuencia a interconectar todo el cableado, dado que con ello potencializan al máximo el daño que debiera minimizarse a una sola zona, acusó Luis Espinosa López, dirigente en la entidad del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
“La falta de preparación la han mostrado desde el momento en que han registrado muertos por la falta de capacitación en el manejo de las corrientes. Nosotros contábamos con un sistema automatizado que definía las cargas en cada sector y que se encontraban segmentados para reducir la afectación en caso de siniestros. Los operadores de CFE han interconectado el cableado y los mismos ha provocado que se cause un mayor daño que el que debiera”, aseguró.
Dijo que el llamado por parte de su dirigencia nacional ha sido el de no realizar ningún tipo de acto que lastime a la población, situación que dijo han obedecido sus seguidores en la entidad.
“Si tiene pruebas contra alguien que realice sabotaje que las presenten y que sea castigado. Tenemos la percepción de que se nos quiere culpar de su ineficiencia cuando todavía luchamos por las alternativas que nos brinda la ley”.
Espinosa que a la CFE le fata explicar las variaciones en varios municipios.

Fuente: Milenio Hidalgo 26 de marzo de 2010

La desocupación en febrero de 2010 fue la más alta en 10 años

La desocupación afectó en febrero a 5.43 por ciento de la población económicamente activa en todo el país, la tasa de desempleo más elevada en un segundo mes de año desde que comenzó esta serie estadística en 2000, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo puntualizó que 70.2 por ciento de las personas que buscan infructuosamente empleo tienen los mayores niveles de instrucción, en tanto 29.8 por ciento de los desocupados no completaron sus estudios de secundaria. Indicó también que 90.1 por ciento de la población desempleada cuenta con antecedentes laborales, lo cual implica que tenía ocupación antes de quedar en cesantía, mientras 9.9 por ciento carece de experiencia.
La tasa de desocupación del segundo mes de 2010 fue mayor a la de 5.30 por ciento observada en febrero de 2009, cuando la economía mexicana iniciaba la fase más aguda de la mayor recesión en más de 75 años. Pero el crecimiento del desempleo en México ha mantenido una tendencia creciente desde el comienzo de este siglo, aunque se ha acentuado desde 2007.
Según los indicadores del Inegi, en febrero de 2007 al empezar del sexenio en curso, la desocupación nacional afectaba a 4.02 por ciento de la población económicamente activa en ese momento, constituida por los habitantes de 14 años o más que tienen algún trabajo o buscan una ocupación. En el segundo mes de 2008 la tasa de desempleo descendió a 3.91, pero repuntó a 5.30 por ciento en febrero de 2009 y ahora se ubica en 5.43 por ciento a nivel nacional.
En términos desestacionalizados, esto es, una vez eliminados los factores imprevistos que pudieran distorsionar la comparabilidad estadística, la tasa de desocupación de febrero de 2010 fue de 5.21 por ciento de la población económicamente activa, nivel menor al de 5.52 por ciento registrado en enero de este año.
En las 32 principales ciudades del país, indicó el organismo, la tasa de desocupación ascendió a 6.45 por ciento, mayor a la de 6.40 por ciento registrada en febrero del año pasado y 31 por ciento superior a la observada en febrero de 2007, al comienzo de esta administración.
Las personas que con un trabajo manifestaron tener necesidad y disponibilidad para laborar más horas, a las que el organismo identifica como subempleadas, registraron un crecimiento anual de 20 por ciento, toda vez que en febrero de este año 9.6 por ciento de la población ocupada se encontraba en esta condición, mientras en el mismo mes de 2009 esa proporción era de 8 por ciento, según la información preliminar captada a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Según esto, en febrero pasado 58 por ciento de la población de 14 años y más es económicamente activa (PEA) porque desempeña alguna ocupación relacionada con la producción de bienes y servicios, o busca estarlo. La población ocupada en el sector formal e informal de la economía representó 94.57 por ciento de la PEA, y de ese total 67 por ciento se desempeña como trabajadores subordinados y remunerados, 4.5 por ciento son patrones o empleadores, 22.6 por ciento laboran de manera independiente sin contratar empleados, y 5.9 por ciento operan en negocios o parcelas familiares.

Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2010

Riesgo de albazo en el Congreso para aprobar la reforma laboral panista, alertan sindicatos

Hay temor de que se dé un albazo legislativo en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa de reforma laboral PAN-Lozano mediante acuerdos por debajo de la mesa, denunciaron diversas organizaciones sindicales y académicas.
Argumentaron la necesidad de crear un frente común contra el proyecto que se busca impulsar sin consenso entre los trabajadores, sólo con el voto mayoritario en el Congreso.
En el foro Los trabajadores y la reforma laboral, los líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Enrique Hanff; de la Unión de Juristas, Eduardo Miranda, y el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Daniel Dávila, entre otros, advirtieron que es prioritario frenar dicha iniciativa antes de que los diputados la negocien. Insistieron que existe el riesgo de que esta reforma se mezcle con acuerdos políticos y electorales y se dé un madruguete.
Perverso, el pago por hora
Coincidieron en que la iniciativa tiene alcances perversos, como establecer el pago por hora, lo que significaría, por ejemplo, que tendrían que dividirse los 57 pesos de salario mínimo diario entre las ocho horas de jornada, es decir, los trabajadores cobrarían alrededor de siete pesos por hora laborada. Dicho concepto aplica en países económicamente fuertes, donde pagan salarios en euros o dólares, dijo Hanff.
En tanto, Miranda Esquivel llamó a integrar un frente común contra la reforma Lozano, cuya aprobación significaría el desmantelamiento del derecho laboral social de los mexicanos, desaparecer conquistas que costaron más de un siglo de luchas, acabar con la estabilidad en el empleo y terminar con la libertad sindical. Lo más grave –advirtió– es que hay posibilidades de que este proyecto se apruebe en un albazo, como ocurrió con la reforma a la Ley del ISSSTE.
Por otra parte, entrevistado en la Secretaría de Gobernación, Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y diputado federal, sostuvo que hay un acuerdo entre los legisladores del sector obrero del PRI y del PRD para rechazar la iniciativa de reforma laboral presentada por el PAN y, en cambio, impulsar una propuesta alterna.
Dijo que el martes pasado, diputados de oposición tuvieron una reunión conjunta con dirigentes sindicales, en la que se acordó por unanimidad rechazar la propuesta del PAN y armar una alternativa, porque es un hecho –agregó– que el proyecto Lozano no pasará, debido a que se sustenta en el modelo neoliberal, el cual ha sido un verdadero fracaso para el país.
En otro escenario, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, Alejandro Salcedo, sostuvo que dicha reforma está planteada para beneficiar únicamente a las grandes empresas, pero no contiene ningún incentivo para los micro, pequeños y medianos negocios.
Luego de su nombramiento como nueva cabeza del organismo, Salcedo llamó al Congreso de la Unión a que tome en cuenta las necesidades de todos los actores involucrados en el tema laboral, principalmente micros y pequeños empresarios, que generan 70 por ciento de empleos en el país. Propuso que se realicen foros para discutir el tema, pero no sólo con los organismos cúpula, sino que involucren asociaciones y empresarios.
Por otra parte, trabajadores del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México llevaron a cabo ayer su segunda manifestación en esta semana frente a la Cámara de Diputados para repudiar la reforma laboral. Sostuvieron que las movilizaciones irán subiendo de tono en las próximas semanas, cuando los legisladores regresen de vacaciones. El dirigente del gremio, Agustín Rodríguez, insistió en que no se debe presentar una contrapropuesta laboral, sino hacer que se cumpla la Ley Federal del Trabajo.

Fuente: La Jornada 26 de marzo

Solicita el SME a Gómez Mont solución política al conflicto por extinción de LFC

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, resolver de manera política el conflicto generado por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Para ello, este sindicato exigió el cese de las agresiones de las fuerzas federales y la recontratación colectiva de los 18 mil electricistas que no han aceptado su liquidación.
Lo anterior fue expuesto al responsable de la política interna, primero por escrito y luego de manera directa, durante una reunión en Gobernación en la que participaron líderes de organizaciones sindicales, sociales y campesinas, así como el secretario del Trabajo, Javier Lozano.
Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se integraba una comisión plural para atender el caso SME.
El intento del PAN por truncar la formación de ese grupo legislativo provocó, de acuerdo con dirigentes presentes en el Palacio de Covián, que se levantaran de su asiento los secretarios Lozano y Gómez Mont, para atender un asunto urgente.
El líder del SME, Martín Esparza, expuso sus peticiones pero no hubo réplica de los funcionarios federales. (El secretario Lozano) sólo habló para preguntar quién iba a coordinar la mesa laboral e hizo una pausa para intentar detener, en la Cámara de Diputados, la integración de la comisión plural, señaló.
El SME entregó a la oficina de Gómez Mont, en punto de las 13:13 horas, una carta en la cual propone al gobierno federal crear una estructura orgánico-administrativa para explorar la forma en que organizaríamos los trabajos de atención del Servicio Público de Energía Eléctrica en la zona central del país con los 18 mil trabajadores del SME que no nos hemos liquidado.
Los electricistas solicitan regresar a sus puestos de empleo y exigen el reconocimiento de su contrato colectivo de trabajo en LFC, con la representación del propio SME.
En términos políticos hemos buscado mantener una comunicación directa con usted y con el titular del Poder Ejecutivo para establecer una mesa de diálogo que repare el agravio más severo que generó este decreto, es decir, la pérdida de empleo de los trabajadores del SME, señala este gremio en la carta dirigida a Gómez Mont.
Le recuerda que la situación de LFC está sub judice, es decir, en suspenso, por lo que para nuestra organización es prioritario, a la par de los recursos jurídicos, realizar acciones políticas que coadyuven a resolver este conflicto.
En la reunión y luego en entrevista, Esparza exigió que la Procuraduría General de la República no se inmiscuya en asuntos laborales (supuestamente al solicitar a jueces órdenes de aprehensión en contra de los líderes del SME); pidió también a Gómez Mont que cese el hostigamiento, intimidación y represión en contra de los electricistas.
Sesión reventada
Mientras tanto, en San Lázaro, para evitar que se constituyera un grupo de trabajo de intermediación entre el gobierno federal y el SME, el encargado de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Francisco Ramírez Acuña, reventó la sesión ordinaria de ayer. Con el argumento de que la Junta de Coordinación Política modificó en varias ocasiones la orden del día, el panista decretó el fin de la sesión.
¡Así no se puede trabajar!, espetó a diputados de PRI, PAN, PRD y PT que le reprocharon haber concluido la sesión sin dar entrada al acuerdo de la Junta de Coordinación, que pretende un acercamiento con el SME para –explicó el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín– evitar enfrentamientos y tratar de crear una interlocución política.
El vicecoordinador de la bancada tricolor refirió que la integración del grupo –que se constituyó más tarde pese al veto de Ramírez Acuña– se decidió desde el lunes en la junta, pero su aprobación en el pleno se pospuso a petición del PAN.

Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2010

Salarios y lucha de clases

En 1817 David Ricardo escribió en sus Principios de economía política que la principal tarea de la economía política era determinar las leyes que regulan la distribución del producto entre las clases que componen una sociedad. Esto ya estaba inscrito en la teoría de Adam Smith, autor de la Riqueza de las naciones (1776) y por lo común considerado el fundador de la economía política. Pero al explicitar esto en el prefacio de sus Principios, Ricardo le da una nueva dimensión.
Lo cierto es que ese peculiar discurso llamado teoría económica se echó a cuestas el trabajo de definir las reglas que permiten asignar a cada clase social su participación en el producto. De aquí nació la idea de que el ingreso de cada persona está determinado por su contribución a la producción, y se construyó una teoría (con pretensiones científicas) que demostraba lo anterior. Al trabajo y al capital les correspondería un ingreso de acuerdo con su productividad.
Esa teoría se transmite todavía en las escuelas y facultades de economía en México y en el mundo entero. Sus alcances ideológicos son extraordinarios. Dice que los ingresos del secretario del Trabajo corresponden a su productividad marginal. También dice que los salarios de los ejecutivos de corporativos financieros dedicados a la especulación son altos por su contribución al PIB. En cambio, los salarios de los obreros en las fábricas, los campesinos en el campo o los profesores universitarios, por sólo citar unos ejemplos, son bajos porque su contribución al producto es pobre.
Ya de entrada, con el párrafo anterior puede uno ir pensando que algo anda terriblemente mal con la teoría de la productividad marginal. Pero si usted todavía no está convencido/a, le puedo decir que en los años setenta se desencadenó una polémica en el mundo académico sobre la validez de esta teoría. Los pormenores no los puedo exponer aquí por falta de espacio: los lectores interesados pueden examinar la literatura de lo que se llamó la controversia sobre la teoría del capital. Lo importante es que el veredicto fue clarísimo: la teoría de la productividad marginal no tiene ninguna validez. La derrota fue reconocida hasta por los seguidores más celosos de esta doctrina.
Pero como el mundo de los economistas es dado a la distracción, todo eso quedó en el olvido. Lo malo no es eso, sino el hecho de que a nivel popular, y hasta en muchas organizaciones sociales, sigue muy difundida la creencia de que, de alguna manera, el ingreso de los trabajadores está determinado por su aportación al producto social.
Las cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi para 2009 indican que la población económicamente activa es de 47 millones de personas. De ese total, 94.7 por ciento está ocupado, o sea 44 millones y 535 mil personas tienen un empleo. De ellas, 56 por ciento tienen percepciones iguales o inferiores a tres salarios mínimos. El salario mínimo es 57.46 pesos en la actualidad, o sea que más de la mitad de la población ocupada tiene una remuneración igual o inferior a los 5 mil 171 pesos, cantidad que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, noción absurda que ya se ha convertido en desiderátum.
En el estrato de remuneraciones que sigue, que percibe entre tres y cinco salarios mínimos, tenemos otros 7 millones y medio de personas. Es decir, alrededor de 72 por ciento de la población ocupada tiene percepciones que apenas alcanzan para adquirir la canasta básica.
¿Será que las remuneraciones de toda esta población corresponden a lo que contribuyen al producto? Pues la respuesta es negativa. No existe nada en el arsenal de la teoría económica que permita afirmar lo anterior. No hay razones técnicas que determinen una norma salarial. Lo miserable del patrón de remuneraciones en México es producto de dos cosas: la subordinación de la economía nacional a la lógica del capital financiero y lo que muy bien se puede llamar la lucha de clases.
Estos datos revelan el fracaso de una economía capitalista. Esto se llama exclusión y opresión. Aquí hay una política deliberada de salarios bajos porque es la única manera que el capital en México ha encontrado para mantener lo que considera ganancias adecuadas.
La obra de David Ricardo estaba marcada por serios problemas conceptuales. La solución para algunos de ellos fue aportada por Piero Sraffa en 1959, con su obra Producción de mercancías por medio de mercancías. Pero lo interesante de esa obra es que en ella la distribución del ingreso (la repartición del producto nacional en valor) se determina por fuerzas que están fuera de la economía. Es decir, al final de cuentas, el proyecto de Ricardo (y de toda la teoría económica) quedó trunco porque las ganancias y los salarios son determinados por el estado que guarda la lucha de clases, la movilización y el poder de las centrales obreras o el de las asociaciones empresariales. El espacio de la lucha política por una remuneración adecuada es mucho más amplio de lo que comúnmente se piensa.

Fuente: La Jornada 26 de marzo de 2010

El futuro: ¿obreros acasillados desde 2010?

Durante los pocos meses que van del año 2010, verdaderos flagelos se han abatido sobre distintos lugares y gentes. Terremotos, tsunami, etc., han sido de efectos devastadores para cientos de miles de hábitats, cuyos ocupantes ya no podrán hacer su vida con el mínimo de la normalidad con la que antes la hacían. Esos desastres naturales, por decir, se suman a las condiciones nada buenas en que sumió al mundo la crisis mundial de un capitalismo, cuya rapacidad semeja a su llamada acumulación originaria del SXVIII, estudiada y difundida por Carlos Marx y también documentada por la literatura, de donde emerge Oliver como el ejemplo paradigmático de cómo era permitido explotar a menores, metiéndolos en talleres o fábricas, bajo el recato legal de evitar que fueran vagabundos.
La modernidad de Calderón H., de su Gabinete y de su partido el PAN, con su propuesta de reforma laboral, hoy reeditan semejante, cuán lamentable, odisea en el plano legislativo. Con una variante, no necesitan siervos, sino esclavos, con la excepción de que los esclavistas no podían eludir enfrentar la manutención de sus esclavos y ahora sí, porque la maldad de esa propuesta radica en ofrecer a los patrones una mano de obra lo más libre posible de compromisos contractuales y organizacionales al fin de crear una vía para que la contraparte, los llamados empleadores o empresarios, obtengan, por supuesto, la mayor ganancia posible, a la que los funcionarios federales actuales son expertos en incrementar, tan sólo por contar con el suficiente poder para dictar condonar impuestos.
La sonrisa socarrona de los empresarios para congratularse por este beneficio, uno más que les ofrece Calderón H., hoy les alcanza para decir que, así sí habrá condiciones para crear empleos. ¿Cuál fue la magia para conseguir enviar al Congreso esta propuesta, a todas luces retrógrada, en lo laboral? Primero fueron las señales, un rudo y rijoso Calderón H., un obsequioso y superbien remunerado ex Secretario de Hacienda, hoy sentado en la posición de Gobernador del Banco de México, gracias al ocultamiento y al desastroso manejo que hizo de la crisis, agregar al troglodita Secretario del Trabajo, todos respaldados por la retórica y la dogmática que vomita a diario el todavía Secretario de Gobernación.
Sin olvidar el apoyo de sus principales beneficiarios de favores públicos, ejemplo de receptores de condonaciones del fisco: los dueños de la televisión en México, maquinaria dedicada a intentar hacer tragar ruedas de molino a los millones de televidentes y radioescuchas, con el encargo fundamental de orientar la opinión por los cauces convenidos y convenientes para desbrozar el camino a las políticas ultra – neoliberales del Gobierno Federal, hoy respaldado por el pionero rematador de bienes públicos Carlos Salinas, prototipo para Calderón H., hoy experto en cometer arbitrariedades públicas y su discípulo más aventajado por la presión de su urgencia hasta hoy inalcanzable como la legitimidad, cuya carencia lo arrojó a una guerra imposible para conseguirla, pero dispuesto a ello, así tenga que dejar el comando y la continuación de esa guerra en manos de la inteligencia y de las fuerzas armadas del vecino país del Norte, por su inoperancia como comandante militar a pesar de las marejadas de spots con que lo favorecen sus patrocinados, los ricos empresarios de la televisión. Expertos en fabricar mentiras con la redundancia de su comunicación y con las distintas formas ideadas por ellos para ¿atar? controlar a la opinión pública nacional. Entre otros recursos, se valen para ello, de mentiras, manipulación, miedo, odio, violencia, censura, rumores, criminalización de las luchas sociales, etc. ¿Cuál es la historia y cuál la actualidad? Antes los gobiernos autoritarios se valían de los medios, sobre todo, la televisión, para sostenerse en el poder.
Hoy los medios, la televisión, influyen ¿en tiempo real? la política y las instituciones. Por ejemplo, aún no se ha dado ante el público con la suficiente amplitud y profundidad el debate sobre la reforma política, cuando ya está el nuevo tema para incrementar la confusión. Una reforma política que no sienta las bases para reformar el autoritarismo presidencial ni suprime sus facultades discrecionales para entregar el patrimonio público, sea el petróleo o la electricidad, mediante contratos otorgados por el gobierno federal, en contra de la letra de la Constitución que sus integrantes juran respetar. O bien, una que impida la entrega del espacio radioeléctrico a monopolios nacionales o extranjeros, o que sea casi regalada la fibra óptica, sin que por ello exista o se dé la posibilidad de someter a juicio a Calderón H. o a sus funcionarios.
Acciones de gobierno punibles que quedan en la impunidad al ser sepultadas por la propaganda televisiva y radiofónica. ¿En dónde están el sustento jurídico y el fundamento real, argüidos por Calderón H. para dictar por decreto la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? Arbitrariedad sepultada por la avalancha televisiva y policial sobre el SME, sindicato emblemático a abatir porque, justamente, su política laboral, impulsada y sostenida casi durante 100 años de vida sindical organizada, no sólo era el caso opuesto a la política laboral de Calderón H., sino un mal ejemplo a seguir por aquellos que se resistan a la reforma patronal – laboral que lanzó y sostiene Calderón H. como uno más de sus frentes de batalla a favor de ahondar la rapacidad capitalista bajo el pretexto de superar la crisis. Según los empresarios, México superará la crisis y habrá empleos, si retrotraemos la condición de los peones acasillados para imponerla, como modernidad, a los obreros. Reforma calderonista que muestra, sin límites, la estupidez, la soberbia y lambisconería del secretario del trabajo, ¿qué persigue? Auto-defenestrado Nava, ¿la candidatura presidencial del PAN? Tiempo de sombras esperan a México con personajes tan siniestros que no aciertan a hacer avanzar en la superación a una Nación empobrecida, casi como totalidad, mientras abren cada vez más la puerta para que los ricos empresarios, sigan siendo cada vez más ricos, sin el mínimo cuestionamiento de las grandes mayorías, ¿acalladas por el espectáculo cotidiano de mediatización? ¿Será? Por lo pronto, si algo se inscribe en el horizonte político para los mexicanos, no es otra cosa que más de lo mismo, si regresa el PRI, un PRI, del que no sabemos si recuperará el poder formal para proceder con el mismo autoritarismo de antaño y lo reeditará. O si antes logrará modificar su autoritarismo presidencialista – gubernamentalista.
Si acaso eso fuese posible, el campo de la reforma política sigue abierto, para ellos y sus aliados. ¿Confiarán y se inclinarán más hacia el ciudadano o seguirán con la mira puesta en los amos de la televisión para promoverse, como el mal ejemplo dado por Beltrones, obsequioso – futurista?

Fuente: El sol de Zacatecas 25 de marzo de 2010

Presentará el sector obrero del PRI propuesta alterna

Los diputados del sector obrero del PRI presentarán un proyecto alternativo de reforma laboral después de la Semana Santa, confirmó el legislador y dirigente sindical Isaías González, pero aclaró que el tema se discutirá una vez pasadas las elecciones locales de julio entrante.
Sostuvo que la iniciativa del PAN será enviada directamente a la congeladora legislativa y advirtió que si los legisladores panistas quieren discutir el asunto, entonces lo tendrán qué hacer sobre la base de la propuesta del tricolor.
El presidente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) dijo que la bancada priista consensuará su proyecto con las fracciones del PRD, Convergencia, el PT y el PVEM.
Entre los principales aspectos de la propuesta alternativa, González citó la revisión de los salarios mínimos y la preservación de la jornada laboral, el establecimiento del seguro de desempleo, así como la educación y la capacitación para la productividad en beneficio de los trabajadores y de los empresarios.
Cuestionó el carácter “regresivo” de la iniciativa de reforma laboral del PAN, pues a su juicio pretende terminar con los derechos colectivos de contratación, de huelga, de libertad y de autonomía sindical.
Afirmó que la propuesta panista solamente beneficia a los grandes empresarios y a las empresas trasnacionales, en perjuicio de los derechos e intereses de los trabajadores.
Isaías González indicó por ello que los legisladores priistas del Sector Obrero alistan la presentación de su propia propuesta al volver del “puente” de Semana Santa.
Interrogado sobre la posibilidad de que la reforma laboral sea discutida y aprobada durante el actual periodo ordinario de sesiones que finaliza el 30 de abril, el líder croquista atajó:
“No. Vamos a dejar que pasen las elecciones y creo que más tranquilos vamos a atender este asunto”.
Por separado, las fracciones del PRD y del PT en el Palacio de San Lázaro refrendaron su negativa a respaldar el proyecto de reforma laboral del PAN, en plena coincidencia con el posicionamiento de los diputados del Sector Obrero del PRI.

Fuente: Milenio Hidalgo 25 de marzo de 2010

Apenas 1.25% de ex trabajadores de LFC labora en instancias creadas por el gobierno

A seis meses de que el Ejecutivo federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), apenas 1.25 por ciento de 42 mil trabajadores del organismo laboran en las franquicias o cooperativas impulsadas por el gobierno federal, según cifras de la Secretaría de Economía (SE).
Hasta el momento, la dependencia ha destinado 14 millones de pesos para tales alternativas de empleo y negocio, como las llamó Miguel Marón Manzur, subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la SE, pero sólo laboran en ellas 525 ex trabajadores de LFC.
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que se crearon 29 franquicias que emplean a 175 ex trabajadores de LFC, mientras otros 350 laboran en tres cooperativas que prestan servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aun cuando dijo que entre 60 y 70 por ciento de quienes estaba contratados ya pidieron su liquidación.
Ahora, la SE pretende que otros mil ex trabajadores sean contratados en un centro de atención telefónica que se encargará de atender las quejas contra la CFE por apagones y fallas en el suministro de energía eléctrica.
El subsecretario informó que la SE pagará un millón 300 mil pesos a la Universidad Icel para que capacite, certifique y contrate a ese millar de trabajadores.
“Iniciamos la capacitación para la contratación de mil ex trabajadores que desarrollarán nuevas habilidades para prestar servicios relacionados con tecnologías de la información…Queremos fortalecer sus competencias a fin de facilitar su reinserción al sector laboral”, precisó Marón Manzur.
Mencionó que las tres cooperativas de ex trabajadores han realizado ventas por 43 millones de pesos por servicios de proveeduría a CFE, pero se prevé que se incrementarán a más de 700 porque trabajarán con otras dependencias federales. Además dijo que en breve se abrirán otras 50 franquicias, también con apoyo de la SE. Para el nuevo proyecto de centro de atención telefónica, explicó, se pretende que la Universidad Icel capacite a mil ex trabajadores durante 108 horas (cinco horas y media por día), mediante una beca individual de mil 300 pesos que pagará la SE.
Una vez que concluyan y aprueben el curso, todos los trabajadores podrán incorporarse al centro de atención telefónica que maneja esta universidad. Ya tienen garantizados en ese proceso mil puestos de trabajo para ellos y depende de su esfuerzo para que sean ocupados, indicó Marón Manzur. Incluso si algún trabajador no aprueba la certificación, tendrá una segunda oportunidad para hacerlo.
Según Jorge Nacer Gobera, presidente del Patronato de la Universidad Icel, un operador de centro de atención telefónica no sólo responde las llamadas de los clientes, sino que tiene la capacidad de asesorar y atender cualquier inquietud que le planteen para lograr su satisfacción y mantener su fidelidad, pero no informó cuánto ganarán los trabajadores que sean contratados.

Fuente: La Jornada 25 de marzo de 2010